miércoles, 6 de junio de 2007

Investigación historica "detenidos y desaparecidos"

EDICIÓN COMPLETA DE LA INVESTIGACIÓN "DETENIDOS DESAPARECIDOS"



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Fuente: http://www.presidencia.gub.uy/_Web/noticias/2007/06/2007060509.htm


De La República


El informe oficial sobre los Detenidos Desaparecidos, cinco tomos y 173 fichas personales de desaparecidos

El informe establece la existencia de 5 unidades militares que funcionaron como centros de reclusión, 8 centros clandestinos de reclusión y 9 lugares de presuntos enterramientos.

El informe establece por primera vez, la magnitud de la represión contra el pueblo uruguayo y la extensión de la misma desde 1971, aún en democracia, hasta 1983, con la última operación represiva masiva contra la Juventud Comunista (ver nota aparte).

El informe también prueba y documenta la participación de las fuerzas represivas uruguayas en la Operación Cóndor y el conocimiento completo que de esto tenía Estados Unidos.

Finalmente también prueba la estrecha coordinación existente entre las fuerzas represivas, al documentar que tanto la Policía como otras dependencias militares informaban de todas sus operaciones al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas y a la Junta de Comandantes en Jefe, lo que cuestiona el supuesto desconocimiento de las situaciones señalado, entre otros, por el dictador general Gregorio Goyo Alvarez, ante la Justicia.

En la presentación que realiza del informe, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, afirma que "no es un punto final ni pretende generar unanimidades respecto a lo acontecido, pero lejos de alentar rencores y reabrir heridas ha de servirnos para honrar la memoria de las víctimas y asumir con más fuerza aún el derecho y la responsabilidad de la democracia como forma de gobierno y de convivencia" (ver nota aparte).

La investigación

El grupo de investigadores de la Universidad de la República, que realizó el trabajo durante más de un año, con acceso a documentos confidenciales del Estado, que ordenó y agrupó para explicar la represión de la dictadura, jerarquizó la dimensión humana del desaparecido y la dimensión institucional del terrorismo de Estado, según se explica.

"La recuperación de la dimensión persona del detenido desaparecido, en tanto el delito de la desaparición forzada implica el absoluto desprecio por el individuo, su identidad y su cuerpo, incluso más allá de la misma muerte", enfatiza el trabajo publicado al que accedió LA REPUBLICA.

"La dimensión institucional del terrorismo de Estado, en tanto las desapariciones le ocurrieron a personas que fueron antes detenidas y resultaron consecuencia directa del trato inhumano dado por las fuerzas de seguridad que representaban las políticas del Estado", agrega el informe.

En el extenso trabajo, calificado como inédito por su carácter técnico y no político, se destaca que no se recibió ninguna directiva o sugerencia por parte de la Presidencia de la República, aunque la labor se restringió a la documentación explícitamente autorizada por el Poder Ejecutivo (actas de la Comisión para la Paz) y archivos de la Cancillería y el Ministerio del Interior.

El equipo de investigación

La Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos fue efectuada por un equipo técnico de la Universidad de la República, coordinado por el investigador Alvaro Rico y con la supervisión académica de los historiadores José Pedro Barrán y Gerardo Caetano.

Para la elaboración se constituyó un "equipo de Historia" en la Facultad de Humanidades, se elaboró un plan de investigación, se relevaron archivos estatales y privados, nacionales y regionales, en un trabajo que se inició el 5 de setiembre de 2005 y finalizó en noviembre de 2006.

El trabajo inicial de 14 libros encuadernados, fue luego reorganizado por un grupo reducido de investigadores y el coordinador Alvaro Rico en la obra de cuatro tomos sobre los desaparecidos y la inclusión de un quinto ejemplar con el informe de la investigación arqueológica del profesor José López Mazz.

El costo del equipo de investigación histórica en sus trece meses de trabajo, implicó un gasto presupuestal en salarios de 639.465,66 pesos uruguayos, en tanto que los gastos de papelería y encuadernación fueron canalizados a través de la actual Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

El método de trabajo

"La investigación fue realizada sobre criterios estrictamente académicos, con la finalidad de estudiar profesional y documentalmente el período a efectos de contribuir al proceso de construcción de un conocimiento histórico, político y social más público, plural y democrático de nuestra historia reciente", se afirma.

"No resulta ocioso el advertir que esta tarea le pertenece al conjunto de la sociedad y, por supuesto, no se resuelve ni se agota con la finalización de una investigación universitaria. La misma no admite "puntos finales", subraya el trabajo que adelanta la creación de una ley de archivos para el acceso público responsable a la documentación utilizada.

La investigación se concentró en los casos de desaparición forzada ocurridos en el período 1973- 1985, pero se incluyeron los casos de desaparición desde 1971 y se registraron documentos y acontecimientos ocurridos con posterioridad a la etapa histórica reseñada.

La represión dictatorial

El primer tomo corresponde a la reconstrucción del contexto represivo en los casos en que la detención, desaparición y eventual traslado de ciudadanos respondió a operativos planificados y ejecutados por las fuerzas de seguridad uruguayas y/o en coordinación con otras de la región entre 1975 y 1982

En particular, ese primer libro incluye las acciones contra militantes del Partido Comunista del Uruguay (PCU), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), los Grupos de Acción Unificadora (GAU), la Agrupación de Militantes Socialistas (AMS), el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T).

En su contexto, también se incluye la coordinación represiva regional conocida como "Plan Cóndor", en la que se incorporó documentación desclasificada proveniente de los archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Archivo del Terror de Paraguay, y otros documentos.

Finalmente, el tomo incluye el testimonio de 20 personas, víctimas y victimarios, quienes a través de sus relatos dan cuenta de las formas que adquirió el terrorismo de Estado en Uruguay, la violación de los derechos humanos y, en particular, el fenómeno de la desaparición forzada.

Los documentos hallados

El segundo y tercer tomo contienen datos de las víctimas a través de fichas individuales, en las que se incluyeron los datos que el Estado y sus organismos de Inteligencia habían acumulado sobre cada persona, de acuerdo a los archivos que pudieron ser encontrados en dependencias ministeriales.

En el tercer tomo se incluyen los casos de secuestro y desaparición de niños y adolescentes, hijos de uruguayos desaparecidos, algunos nacidos en cautiverio dentro de centros clandestinos de reclusión. Así mismo, están los datos sobre los cuerpos "NN" encontrados en las costas uruguayas entre 1976 y 1978.

El cuarto tomo pretende ilustrar lo avanzado por la sociedad uruguaya, desde 1985 hasta el presente, a través de comisiones investigadoras del Parlamento y el Ejecutivo, informes de las Fuerzas Armadas, leyes y convenios internacionales, resoluciones del gobierno y sentencias del Poder Judicial.

El quinto tomo, anexado al trabajo de los historiadores, incluye el informe completo del arqueólogo José López Mazz y reseña las denuncias, testimonios y trabajos de excavación realizados en los batallones de infantería 13 y 14 y en la chacra de Pando.

A lo que no se accedió

El equipo de investigación tampoco pudo acceder a documentación localizada en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional, con excepción al Centro de Altos Estudios Militares (Calen), es decir a los archivos existentes en oficinas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Los documentos de esa secretaría de Estado y de las oficinas o dependencias de las Fuerzas Armadas fueron obtenidos de copias enviadas en su momento a Inteligencia Policial del Ministerio del Interior o a oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El su informe, los técnicos universitarios explican que tampoco pudieron acceder a otros archivos, como la Oficina Laboral del Estado Mayor Conjunto (Esmaco) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ni al Archivo de la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo).

Tampoco se les facilitó regionalmente el acceso al Archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), de la ciudad de La Plata, dependiente de la Comisión Provincial por la Memoria en la República Argentina.

Lugares de enterramiento

En el Tomo 5 que presenta el informe final de las investigaciones y excavaciones realizadas, por el equipo de antropólogos de la Facultad de Humanidades, se establecen 9 lugares como centros de enterramiento: el Batallón 13 de Infantería, el Batallón 14 de Paracaidistas, una chacra en Las Piedras, la Cantera de Ancap, el centro clandestino La Casona, una chacra militar en Piedras Blancas, un lugar ubicado en el departamento de Maldonado, el Batallón de Artillería Antiaéreo Nº 1 y el Parador Tajes. *

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