miércoles, 12 de marzo de 2008

EL CAMPO PLACERES: LA “DEFORMA” AGRARIA “ALQUILADA”

A un mes de la rebelión de los aparceros del norte,
6/3/2008


Pablo Díaz

Como respuesta a la ocupación de tierras del 15 de enero de 2006, el gobierno decidió inventar un sistema innovador de “acceso” a ciertos medios de producción para trabajadores rurales de Bella Unión en 400 há de un campo privado. Pero mientras que los sindicatos rurales del norte vienen reclamando hace más de 10 años cuotas de caña, diversificación productiva y cumplimiento de la Ley Nº 11.029, que busca la radicación y el bienestar del Trabajador rural y su familia, el gobierno Progresista optó por inventar la pólvora: la aparcería para el monocultivo de la caña de azúcar. Además de “tierra para trabajar” los peludos reclamaban participación en el diseño de las políticas agrarias de la zona, demanda ampliamente negada en un comienzo. La actual rebelión2 de los 39 aparceros o parceleros del Campo Placeres es fruto directo del diseño unilateral por parte de la empresa estatal ALUR.SA, Colonización (INC) y el MGAP de las condiciones para la producción de esos trabajadores: explotación individual de la parcela de un campo privado, integración vertical a la industria, no radicación en el predio, descuento casi total de los costos de producción de la parcela adjudicada (10 há por persona). A puertas cerradas se firmó el contrato entre la empresa y el dueño del campo estableciendo un precio de arrendamiento entre 3 y 4 veces superior al que el INC está percibiendo en las fracciones cañeras de Colonia España, digamos cruzando la Ruta 3. A su vez esta “reforma agraria alquilada”, según declaraciones de Raúl Fernando Sendic, constituye un acceso a algunos medios de producción, pero no a todos. El precio de la maquinaria ha resultado excesivo para asalariados rurales zafrales y productores familiares descapitalizados que rompen sus cachilos si los utilizan en las tareas de una producción no redituable. Sumando costos que se pagan con la cosecha, al día de hoy la deuda con el banco va de 10 a 20 mil dólares promedio.

En fin el “paquete” ofrecido como “tómelo o déjelo” se armó a comienzos y mediados de 2006, y se está rompiendo ahora en pleno carnaval... También al principio de la iniciativa surgieron internas peludas: ¿aceptar el “paquete” y tratar de mejorarlo o volver al planteo colonizador inicial?, ¿arriesgarse a asumir el desafío?. La respuesta del gobierno frente a las posturas críticas de las puertas cerradas del diseño fue algo así como: "si las organizaciones gremiales asumieron la propuesta quiere decir que están de acuerdo con la misma". Lo que nos parece una mentira, obviamente.

Pero lo que también es obvio y ALUR no reconoce es el imperio de la necesidad, o en términos más finos la coerción económica que aprieta el estómago del que en algún momento de la historia fue expropiado de sus medios de producción y ahora depende de sus brazos (dispuestos a lo que el mercado del trabajo ofrezca), por tanto no se puede negar a seguir comiendo.

En el medio de este breve lapso del Proyecto “Campo Placeres” se hicieron algunas acciones remediales que fueron en parte fruto del reclamo Obrero: se comenzó a percibir un adelanto del ingreso por la producción del azúcar de las parcelas, se obtuvieron herramientas, se tuvo cierta consideración en el alargue de la deuda que generan los costos de producción, y además el gobierno implementó en negociaciones con las organizaciones gremiales una Comisión Técnica de seguimiento que abarcaba el área productiva y social. Pero también a mitad de camino el Proyecto (o “deformación” agraria alquilada, a un privado) ha tenido difusión oral y audiovisual en el exterior por autoridades del Proyecto Uruguay Rural del MGAP, como ejemplo de la atención a la emergencia social que hace el nuevo gobierno en el campo; y también "Placeres" ha sido defendido por Directores de colonización como una medida concreta del Instituto “con impacto social”, pese a señalar constantemente de que no es competencia del INC atender a los pobres sino pensar en desarrollo rural y política de tierras.

A un mes del corte de ruta es bueno recordar otra afortunada afirmación a la prensa realizada por el directivo de la empresa ALUR. SA, el Sr. Leonardo De León, quien reaccionó ante la denuncia de la situación social crítica de las 39 familias que se endeudaron con este experimento , afirmando que “es el Ministerio de Desarrollo Social al que le compete atender la situación social, no a la empresa” de azúcar. Desandando el discurso inicial del propio presidente de la República que ha subrayado que reflotar el complejo azucarero en base a materia prima nacional, era también una forma de revertir las secuelas sociales del modelo aperturista de los gobiernos tradicionales.

Si bien el gobierno está buscando inducir el desarrollo y no solo subvencionarlo como en décadas pasadas,3 el Proyecto azucarero de Bella Unión del actual gobierno no ha logrado una buena administración económica para alcanzar la mentada “sustitución competitiva de importaciones”, por lo que entre otras cosas no se comprende en que consiste la "actuación excepcional de la vicepresidencia de ANCAP" que ha señalado Vázquez durante el discurso del recambio ministerial. Por otra parte hay que señalar que constituye una gran interrogante qué rol jugará el gobierno venezolano (BANDES y PDVSA) en este partido: ¿tapará con mucho dinero y ablandamiento del endeudamiento los agujeros negros que la administración Sendic-De León está dejando, o introducirá una visión estratégica priorizando a las organizaciones sociales? . Si el primero fuera el escenario posible estaríamos ante un retroceso en las relaciones entre el Estado y la sociedad bellaunionense, ya que sería al pueblo venezolano (y el proyecto bolivariano) al que se cargaría con los errores que cargó nuestra sociedad con el hiper y millonario endeudamiento de CALNU. En el segundo caso otro gallo cantaría.

En definitiva el ejemplar Buque insignia del “País Productivo” hace agua, así como la “reforma agraria alquilada” no constituye tal cosa, porque para que exista una reforma agraria tiene que existir desconcentración de la tierra y reparto de la misma. La ley de colonización (aunque ha sido modificada hacia una mayor des-regulación de la tierra), si bien no permite una modificación sustantiva de las estructuras agrarias nacionales (salvo algunos instrumentos en desuso, como la expropiación), al menos presenta una visión integral sobre la política de tierra. 4

En fin, mientras que las dos ocupaciones organizadas de tierras de colonización en Bella Unión (VER: www.ocupacionxtierra.org) han denunciado la concentración del recurso por parte de deudores contumaces del BROU y grandes cañeros, la respuesta del gobierno lejos de encaminarse hacia la desconcentración de la tierra en la zona apunta al experimento “Placeres”, el cual ni si quiera logró contener la “emergencia social” de los aparceros que el pasado 6 de febrero cortaron sorpresivamente la ruta 3 por un par de horas, cansados de pagar la consecuencias de decisiones inconsultas sobre su propio trabajo, errores que no pueden repetirse en las próximas experiencias que se están comenzando a diseñar, como el Ex "Campo Pavanato".

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CARTA ABIERTA AL GOBIERNO

Nos presentamos ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay como voceros de UTAA/PIT-CNT (Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas), APAARBU (Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión) y Gremial Granjera, en representación de las 39 familias que desde hace un año y medio estamos al servicio de ALUR SA produciendo en 390 hectáreas aproximadamente el 7% de la caña que se destina a la elaboración de azúcar y alcohol en dicha planta industrial perteneciente al ente estatal ANCAP.

Lo hacemos para demandar una urgente rectificación de las condiciones en que hemos venido trabajando hasta ahora y que significan que al día de hoy, cada una de estas 39 familias hayamos contraído deudas que llegan pro medialmente a los 15 mil dólares, que jamás podremos pagar y que si estas injustas condiciones no cambian ya mismo radicalmente, representaría que al finalizar el contrato de trabajo de 10 años, esa deuda superaría en cada caso los 150 mil dólares o más.

Pero jamás podremos llegar a contraer esa deuda, ya que hoy mismo nuestra situación es de tal gravedad, que el único panorama que tenemos frente a nosotros es el del hambre de nuestros hijos, de nuevo la desocupación y finalmente la única alternativa de tener que abandonar el campo para buscar suerte en la ciudad como clasificadores de basura o como guardias de seguridad a 15 pesos la hora.
No detallaremos en estos renglones todas y cada una de las cosas que nos han colocado en esta situación crítica que muy pronto será de desesperación si no se toman las medidas correctivas que reclamamos como justas, legítimas y de elemental reparación moral. Todas y cada una de esas cosas son detalladamente conocidas por todos y cada uno de los jerarcas de las dependencias estatales directa o indirectamente responsables.

Solamente queremos destacar de estas abusivas condiciones de trabajo, unas pocas, las más groseras y arbitrarias de un proyecto sucro-alcoholero al que hemos respaldado porque se nos presentó, un año y medio atrás, como proyecto de contenido social, de reasentamiento del trabajador rural y su familia en el campo, de impulso de un país productivo y de justicia social, que para nosotros ha resultado ser en los hechos un proyecto de súper explotación, de liquidación del pequeño productor y el asalariado rural y su familia, y de más privilegios para los que son privilegiados desde siempre.

Ellas son:

* ALUR SA nos subarrienda la tierra a 135 dólares la hectárea, siendo que el Instituto Nacional de Colonización arrienda a 40 o 50 dólares la hectárea.

* Se nos ha negado la asistencia en maquinaria aunque más no fuera en carácter de préstamo y debimos pagar por el alquiler de tractores, sumas altísimas mediante tarifas que no bajan de los 600 dólares la hora.

* El proyecto nos prohibió vivir con nuestras familias en viviendas dentro de cada parcela. Por eso es que tenemos que caminar hasta 30 kilómetros diarios, ida y vuelta, para cumplir con nuestras tareas.

* En los predios únicamente se nos permite plantar caña, ni siquiera podemos criar animales para el sustento familiar.

Somos empleados de ALUR SA, de ANCAP, del gobierno uruguayo, del Estado, empleados que en lugar de cobrar, pagan y se endeudan. Porque esta es la verdad: pagamos y nos endeudamos para trabajar, mientras el Estado uruguayo subsidia y amnistía sin problema a los grandes capitalistas que jamás han ensuciado sus manos metiéndolas en la tierra y a las grandes empresas extranjeras que de a poco se adueñan de nuestro país.

Tenemos la esperanza de que después de esta Carta Abierta se nos demuestre que en el proyecto sucro-alcoholero hay todavía un proyecto social y que no se nos siga diciendo en cada oficina del gobierno donde vamos a reclamar justicia, que "este no es un asunto nuestro", sino del Ministerio de Desarrollo Social, para que se nos brinde asistencia a través de limosnas que como trabajadores rechazamos.
Que estos renglones sirvan también para entender que no estamos dispuestos a abandonar una tierra que es nuestra tierra y sobre la que estamos parados como trabajadores con dignidad y no como "micro empresarios" con amigos políticos.

Delegación en Montevideo de UTAA/PIT-CNT, APAARBU y GREMIAL GRANJERA de BELLA UNIÓN, Febrero de 2008



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