sábado, 13 de febrero de 2010

De torturador a profesor


MARTIN RODRIGUEZ, CAPITAN DEL EJERCITO, DECLARO Y FUE PRESO
“Su nombre de guerra era Toro, pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos”, contó hace años el ex sargento Víctor Ibáñez. El capitán se había reciclado como docente de la Universidad Católica de Salta. Quedó detenido en Marcos Paz.

Por Diego Martínez
dmartinez@pagina12.com.ar

Hace treinta años, como capitán del Ejército, Martín Rodríguez interrogaba a secuestrados en Campo de Mayo. Tras el retiro se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Universidad Kennedy y se radicó en Salta. Fue entrenador de rugby del Jockey Club y dirigió la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica, que encabeza el arzobispo Mario Antonio Cargnello. Una investigación de Pablo Llonto, abogado de los hijos del ex diputado Diego Muniz Barreto, permitió identificarlo. Ayer, con 63 años y media vida impune, se presentó bolsito en mano en el juzgado de San Martín, a cargo de Juan Manuel Yalj. Dos horas después salió con esposas, que mostró con odio ante el fotógrafo de Página/12, y ya pasó su primera noche en el penal de Marcos Paz.

“Su nombre de guerra era Toro, pertenecía a uno de los grupos de tareas más temidos”, contó el ex sargento Víctor Ibáñez años atrás. “Terminó procesado por un asunto de robos de autos. Entre sesión y sesión de tortura les hacía firmar a los prisioneros un formulario de transferencia para quedarse con los vehículos”, recordó el ex guardia de El Campito.

La segunda pieza la aportó Juan José Fernández, secuestrado junto a Muniz Barreto en febrero de 1977. Ambos pasaron por las manos de Luis Patti y luego fueron trasladados a El Campito. El 6 de marzo, adormecidos, fueron arrojados al fondo de un arroyo en el interior de un Fiat 128. Fernández sobrevivió y, antes de exiliarse, declaró ante un escribano. Dejó constancia de un diálogo telefónico que escuchó en cautiverio:

–Habla el capitán Rodríguez, comuníqueme con el coronel Sambrano –grabó en su mente.

Luego el capitán transmitió información arrancada bajo torturas. Con esos datos, Llonto preguntó al Ejército cuántos capitanes Rodríguez había en Campo de Mayo en 1977. Respuesta: uno. Citado a declarar, Ibáñez no dudó al ver la foto del represor. “Era el más salvaje”, agregó.

Ayer a las once, con barba crecida, remera y saco gris, Rodríguez se presentó ante el juez. Ante la ausencia del fiscal Jorge Sica, declaró sólo ante Yalj y su secretario. Tres horas después salió esposado. “No vas a tener perdón”, le gritó Juana Muniz Barreto, que perdió a su padre cuando tenía quince años. Rodríguez se subió al patrullero y, a diferencia de Luis Patti, que se cubría las esposas, mostró las suyas para la foto.

“El corazón me latía fuerte –contó luego Juana–. Ahora siento paz: la satisfacción de haber logrado algo por lo que venimos batallando hace tiempo, la tranquilidad de saber que ya no está entre nosotros como un profesor respetable. Siento haber cumplido con mi deber de hija. Pensé todo el tiempo en mi papá, en lo feliz y agradecida de haberlo tenido quince años, en el orgullo que siento por su valentía, y estoy segura de que él estaría orgulloso de su hija”, confesó. “También pensé en mis hijos: éste es el mejor legado que puedo dejarles”, concluyó. Llonto se mostró satisfecho “porque en un mes, después de años de investigación, cayeron dos de los torturadores más salvajes de Campo de Mayo”. El otro es Carlos Somoza, alias Gordo, ex interrogador del Batallón 601.

Rodríguez nació el 14 de marzo de 1946 en Posadas, Misiones. Cuando se produjo el golpe de Estado era teniente primero. En diciembre de 1976 ascendió a capitán, grado que anteponía a su apellido y que permitió identificarlo. En 1976 y 1977 alternó destinos entre la Escuela de Servicios General Lemos y el Comando de Institutos Militares. Sus calificaciones a fines de 1977 demuestran que tenía un óptimo concepto por parte de sus superiores. “Un brillante oficial que prestigia al instituto”, escribió el coronel Eugenio Guañabens Perelló, que ahora afronta su primer juicio por crímenes de lesa humanidad.

El decano de la Facultad de Derecho de la UCA salteña, Armando Isasmendi, se enteró de la detención por Página/12 y dijo ignorar la citación judicial. “Sabíamos que estaba por declarar y estábamos a la expectativa de ver qué sucedía”, admitió segundos después Martín Andrés Rodríguez, homónimo y director de la carrera de Relaciones Internacionales.

–¿Lo sorprende la noticia?

–Y... sí, uno sabe que son militares de esa época, pero dice “son profesores”, mejor no meterse en esos temas.

–¿Muchos militares como profesores?

–Sí, la UCA tiene relación con Ejército y Gendarmería. También por el perfil de las materias: geopolítica, estrategia.

Un ex alumno consultado por Página/12 recordó a Rodríguez como “una persona querida, muy correcto”. “No era un defensor de los derechos humanos pero tenía posiciones racionales –recordó–. Muchas veces comentaba cosas de la dictadura pero nunca hablaba de su propio rol. Sólo decía que debía actuar la Justicia.”


Impune desde 1987

Luego de años burlando con éxito a las fuerzas de seguridad, la Policía Federal detuvo ayer en Santa Teresita al ex agente penitenciario Néstor Norberto Cendón, que tenía pedido de captura del juez Daniel Rafecas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Como suboficial de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal y con el alias “Néstor Castro”, Cendón actuó como guardia y como miembro de los grupos operativos que actuaron en el centro clandestino La Ponderosa, más tarde Vesubio. También formó parte del Grupo de Tareas 2 del Batallón de Inteligencia 601. Un antecedente lo diferencia de la mayor parte de los represores: con el retorno de la democracia, preso por delitos comunes, Cendón admitió su participación en la represión ilegal y aportó información valiosa ante distintos emisarios de la Conadep. Sus declaraciones permitieron confirmar el paso de varios secuestrados por el centro de exterminio ubicado en la Autopista Ricchieri y Puente 12, y también identificar a muchos de sus pares, unir grados militares y apellidos con los apodos que recordaban los sobrevivientes, dato no menor con vistas a su seguridad a cuatro días del comienzo del primer juicio oral y público a un grupo de torturadores encabezados por el coronel Pedro Durán Sáenz. Vivió impune desde 1987, cuando se sancionó la ley de punto final, hasta ayer.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-140207-2010-02-13.html

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