La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reclamó dejar sin efecto la ley de Caducidad, por violentar las obligaciones internacionales adquiridas por el país en materia de Derechos Humanos, al mismo tiempo de asegurar que las dos consultas populares promovidas contra la norma no derogan dichas obligaciones adquiridas.
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