sábado, 9 de abril de 2011

La cura, la enfermedad, las causas y el porqué


7 de abril, 2011
Mujica consideró que no existen soluciones fáciles para mejorar la seguridad
“No habrá resultados milagrosos, con ninguna ley ni con ningún plebiscito”,





La cura, el barrio se llenó de milicos
 El día depués del megaoperativo en Chacarita de los Padres


Mujica dijo que la senda trazada es positiva, ya que se apunta a mejorar las cárceles y el instrumento policial.
En referencia a las cárceles, dijo que la primera tarea es “agrandar la capacidad y apartar las categorías de los distintos presos”.

Informe sobre Derechos Humanos en Uruguay 2010

c. Tortura y otros casos de tratamiento o castigo cruel, inhumano o degradante

La ley prohíbe tales prácticas. Sin embargo, el relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, informó que durante su visita al país en el mes de marzo, recibió "denuncias creíbles de maltrato y uso excesivo de la fuerza en prisiones, estaciones policiales y centro de detención juvenil."

- Condiciones de las prisiones y centros de detención

Las condiciones de las prisiones continuaron siendo insuficientes, ya que las envejecidas instalaciones no fueron mantenidas adecuadamente. La superpoblación continuó siendo un problema a pesar de los esfuerzos del gobierno para construir más locales carcelarios. De acuerdo con cifras del gobierno, la población total de prisioneros al 31 de julio excedía la capacidad prevista en 1.289 prisioneros, llegando a una densidad de población del 137 por ciento del límite recomendado (el informe del ombudsman definió como "crítica" una densidad del 120 por ciento). La superpoblación y la insuficiencia de personal tuvieron como resultado problemas sanitarios, sociales y de salud.

Muchos prisioneros dependieron de los visitantes para tener suficiente alimentos para llegar al consumo diario mínimo de calorías. Aunque una nueva clínica en el complejo carcelario Comcar mejoró mucho los servicios de salud durante el año, el acceso a la atención médica y odontológica, esparcimiento y capacitación continuaron siendo insuficientes. Un informe de la Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa confirmó 85 casos de tuberculosis en la población carcelaria en el 2008. Según se informó, un alto porcentaje de prisioneros consumió drogas. Un programa gubernamental de rehabilitación capacitó a 40 reclusos de dos cárceles para prepararlos a efectos de capacitar a otros reclusos en temas tales como salud y tratamiento para el abuso de drogas. Funcionarios del Ministerio manifestaron que no hubo quejas de abuso policial en las cárceles durante el año. Esto fue atribuido por algunos observadores al temor a represalias del personal carcelario. Sin embargo, el ombudsman del sistema carcelario recibió denuncias no oficiales de malos tratos.

La violencia entre los prisioneros continuó siendo un problema cotidiano, especialmente debido a la falta de una cárcel separada de alta seguridad para los delincuentes violentos. En el mes de agosto, cinco prisioneros murieron en un incendio. El gobierno consideró que la respuesta del personal carcelario había sido rápida y adecuada, pero el ombudsman del sistema carcelario puso en duda si el incidente había sido suficientemente investigado. Se informó que 22 prisioneros murieron durante el año. En el mes de octubre, un motín en la cárcel y un posible intento de fuga causó la muerte de dos prisioneros. El juez resolvió no procesar al oficial policial sospechoso de ser responsable de una de las muertes.

En el mes de diciembre, las autoridades detuvieron al jefe de la comisaría y tres policías en relación con la muerte por estrangulamiento en octubre de 2008 de un detenido; para fin de año, estaban a la espera del respectivo juicio.

Las cifras del gobierno desde fines de julio mostraron que había 7.796 hombres y 607 mujeres recluidos, de los cuales el 35 por ciento había sido sentenciado, mientras que el 65 por ciento aguardaba sentencia. Los detenidos que se encontraban a la espera de sentencia estuvieron recluidos junto a los prisioneros que ya tenían condena, pero las prisioneras y los prisioneros estuvieron recluidos en instalaciones separadas. Durante el año, 32 niños vivieron en instalaciones carcelarias con sus madres recluidas.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que supervisa la detención de jóvenes y protege a niños abandonados y huérfanos menores de 18 años, también mantuvo instituciones para recluir a detenidos menores. Los jóvenes que cometieron delitos graves fueron encarcelados en centros de detención juvenil, que se asemejan a las cárceles tradicionales y tienen celdas. INAU informó que en noviembre fueron encarcelados 250 jóvenes. Las condiciones en algunos de estos locales fueron similares a las cárceles para adultos, y las condiciones en otros empeoraron como resultado de frecuentes intentos de fuga y motines. Los jueces enviaron a otros delincuentes juveniles a centros de reinserción cuya finalidad es la rehabilitación. Estos centros, que albergaron a 145 jóvenes, ofrecieron oportunidades educativas, de enseñanza técnica y otras, y los residentes podían entrar y salir sin restricciones. Un Ombudsman del sistema carcelario elegido por la Asamblea General es responsable de hacer el seguimiento e informar sobre las condiciones carcelarias en los 29 centros de detención en todo el país.

Durante el año, el gobierno permitió a observadores independientes de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG), congregaciones religiosas y diplomáticos extranjeros que realizaran visitan generales a las cárceles. En marzo, en respuesta a la invitación del gobierno, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura visitó varias cárceles. El relator especial informó que encontró algunas secciones inhumanas y degradantes, con condiciones que incluyeron un severo hacinamiento y falta de agua, saneamiento y acceso a atención médica. Muchos de los problemas, afirmó el relator especial, "fueron un resultado directo de la falta de una política penal o penitenciaria integral".

En respuesta a las conclusiones del relator especial, el gobierno aceleró y amplió los planes existentes para aliviar el hacinamiento crónico del sistema carcelario y duplicó la asignación presupuestaria para mejoras en las cárceles. La construcción comenzó en una serie de proyectos para crear entre 1.500 y 1.600 lugares adicionales en el sistema carcelario para el segundo semestre del 2010. Estos esfuerzos incluyeron la construcción de un establecimiento con 312 lugares (cuyas obras comenzaron en el año 2008) y la conversión de una vieja barraca para crear espacio para aproximadamente 500 prisioneros que se acercan al fin de sus condenas. Además, el gobierno procuró reubicar a aproximadamente 30 reclusas con hijos menores.

A pesar de resumir muchas preocupaciones, el informe de 2009 del ombudsman del sistema carcelario identificó buenas prácticas en algunas prisiones. El informe destacó un aumento de prisioneros en las prisiones abiertas donde los detenidos participaron en mantener pequeñas propiedades de tierra, un exitoso dispensario en una de las cárceles más grandes del país, y avances en ofrecer enseñanza primaria a los reclusos.

Lo dicho por el presidente:


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