miércoles, 14 de diciembre de 2011

Informe de Serpaj 2011

Fueron detenidos en la calle, por su aspecto, y destratados física y verbalmente



Denuncian maltrato menores infractores detenidos por la Policía, según un informe del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), ONG especializada en derechos humanos.

13 de diciembre 2011
El informe anual de DD.HH. cuestionó el “formato de espectacularidad mediática” en la búsqueda de delincuentes
Serpaj objetó megaoperativos
y las cárceles “inhumanas”

Serpaj presentó ayer su informe anual sobre derechos humanos. Allí realizó una fuerte crítica a las políticas de seguridad implementadas por el gobierno, en particular los megaoperativos y las condiciones en los centros carcelarios, que calificó como “inhumanas”.

La organización social Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó ayer su informe anual sobre "Derechos humanos en el Uruguay", en el marco de su 30º aniversario. El texto analiza a lo largo de 280 páginas distintos aspectos de las políticas llevadas a cabo por el gobierno, entre las que se destacan la resolución de los crímenes cometidos en dictadura, la situación carcelaria, la educación, la economía y la minoridad infractora.

"La interpretación lineal de la inseguridad y la focalización en el delito contra la propiedad cometidos por los adolescentes, son la base de sustento de una hegemonía conservadora en el ámbito de la seguridad", expresa el informe al que accedió Ultimas Noticias. Esto refiere a la implementación de los megaoperativos por parte del Ministerio del Interior, los cuales fueron duramente criticados por la organización.

En un artículo escrito por el sociólogo Rafael Paternain se acusó a la cartera ministerial de utilizar como excusa la "actuación en espacios feudalizados", lo que genera "procesos de segregación" en la población. Del mismo modo, se cuestionó la "viabilidad" de sus resultados y se lamentó que "una fuerza policial militarizada se lance a la búsqueda de delincuentes requeridos por la Justicia bajo un formato de espectacularidad mediática". En ese sentido, se consideró que se incurre en el riesgo de "vulnerar" derechos con el argumento de luchar contra la delincuencia".

"Los adolescentes y los jóvenes más postergados socioeconómicamente, se constituyeron en el blanco recurrente de la acción policial", agregó el documento. Asimismo, expresó que "el consenso conservador en el Uruguay actual se asienta en la representación de centralidad de los adolescentes como protagonistas de la violencia y criminalidad".

También se acusó al ministro Eduardo Bonomi de implantar el término de "lumpen-consumidor" para "justificar" con esto sus acciones.

Las campañas publicitarias contra la estigmatización de los barrios lanzada por el MI fueron tildadas de "lamentables" y también se objetó que se lleve a cabo una política de "tolerancia cero para imponer el orden".

Por otra parte, se destaca también la situación actual de las cárceles al considerar que el Estado actúa de forma "pasiva y omisa" en la mayor parte de las denuncias por irregularidades en los centros.

Al respecto, se menciona la falta de habilitación de Bomberos en gran parte de las cárceles y se objeta el cumplimiento de condenas en calabozos de seccionales policiales. Por último, respecto a la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la situación de la Cárcel de Rocha luego del incendio que se cobró la vida de doce reclusos, la abogada Gianinna Podestá expresa que el Estado incurre en una "constante justificación de incumplimiento" y "ocultamiento de su responsabilidad". Asimismo, se habla de "la evidente contradicción" entre los constantes anuncios de reforma del sistema penitenciario y los escasos "resultados tangibles en los hechos".

También agrega que las políticas anunciadas "siguen teniendo más de represivo que de garantista y resocializador al permitir condiciones de privación de libertad tan inhumanas como degradantes" en gran parte de los centros de reclusión.

En tanto, Ana Juanche, coordinadora de Serpaj, advirtió sobre los resultados que pueda tener la implementación de cárceles en la órbita privada. Consideró que "no hay nada que una cárcel pública no pueda lograr si tuviera los mismos recursos económicos que una privada. Además, ambos sistemas son pasibles de cometer los mismos errores".

“Idas y venidas” en búsqueda de desaparecidos

En su informe anual sobre derechos humanos, el Servicio de Paz y Justicia expresó que las investigaciones por esclarecer los delitos cometidos en dictadura, sufrieron "demasiadas idas y venidas" a lo largo del año, lo que a entender de la organización perjudicó las investigaciones.

El documento mencionó como "altamente productivo" el hecho de que el comandante en jefe del Ejército, Pedro Aguerre, haya manifestado su rechazo hacia quienes incurrieron en la violación de los derechos humanos. "Esas son las señales que necesita la lucha contra la impunidad. La institución castrense es hermética, necesita sanearse y abrirse a toda la sociedad", expresó ayer Ana Juanche, coordinadora de Serpaj.

En tanto, se mencionó como negativo el hecho de que no existan "instrumentos" que obliguen a los uniformados a aportar información sobre los delitos cometidos en dictadura (1973-1985) así como el destino de los desaparecidos. El informe, al que accedió Ultimas Noticias, también lanzó duras críticas hacia la ley marco de Defensa, que propuso numerosas implementaciones para modernizar las Fuerzas Armadas. Responsabilizó a la clase política por su "falta de acuerdo" y de estudio sobre el proyecto lo que vislumbra, en su opinión, que generará "tímidos avances o retrocesos" en las fuerzas al no aprobar la normativa.

Advierten carencias en educación



"Ni las políticas públicas de inclusión educativa que, en la mayoría de los casos, no han trascendido el asistencialismo pedagógico, ni la búsqueda de participación de todos los actores involucrados, han sido suficientes para que se realicen cambios sustanciales en la enseñanza formal uruguaya", expresó el informe anual de Derechos Humanos de Serpaj. La asociación realizó observaciones sobre las políticas de educación implementadas, las cuales consideró "insuficientes" a pesar de tener "mayores recursos económicos destinados a la enseñanza". También instó a trabajar con "compromiso", "rigurosidad en la construcción de conocimientos" y "respeto desde el lenguaje" y en la "relación con los estudiantes y la comunidad". Asimismo, reclamó el "cumplimiento de los horarios y jornadas laborales establecidas.

En busca de la paz

El Servicio Paz y Justicia (Serpaj) es una organización no gubernamental que promueve "los derechos humanos, la solidaridad y la no violencia" a nivel latinoamericano. Fue fundada en 1974 en Buenos Aires, entre otros por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien actualmente preside su filial Argentina. La oficina en Uruguay comenzó a trabajar en 1981, en plena dictadura militar. Según sostiene, su misión se asienta en una "visión integral de los derechos humanos y en la concepción de estos como un horizonte ético". La acción desde una inspiración cristiana, ecuménica y humanista, la no violencia activa como forma de construir una sociedad solidaria, participativa e igualitaria, la educación para una cultura de la paz y de los derechos humanos y la convicción de que la paz duradera sólo resultará de la justicia y de una redistribución equitativa de la riqueza son los objetivos que promueve la organización.

"Enlatando" en contenedores

Piden al gobierno reforma penal para bajar hacinamiento carcelario

Tras una visita en 2011 a todos los centros penitenciarios del país incluidos los de menores, el Serpaj consideró que "corre riesgo de caer" la proyección del gobierno de que se superará el hacinamiento en 2014 si no se hacen cambios en los códigos Penal y de Proceso Penal.
Según el organismo, el actual sistema jurídico genera "una Justicia vetusta, lenta y selectiva, que entre otras serias deficiencias, hace un uso de la prisión preventiva como norma, en lugar de excepción".
Con respecto al proyecto del gobierno de crear cárceles gestionadas por privados, el Serpaj alerta que "no hay ninguna evaluación concreta que haya demostrado que quienes egresan de esos penales presenten bajos índices de reincidencia, lo cual es crucial al momento de evaluar el impacto real de la cárcel privada sobre la rehabilitación y los índices de criminalidad.
En su informe, el Serpaj criticó que la cárcel de Rocha tenga actualmente un hacinamiento de un 250% pese a que luego del incendio ocurrido en 2010 "todas las recomendaciones" de distintos organismos "señalaban que debía ser cerrada".


 Demasiadas "idas y venidas" perjudican la lucha por los DD.HH. en Uruguay
Montevideo, 12 dic (EFE).- Los temas relativos a los Derechos Humanos en Uruguay han vivido un último año marcado por "demasiadas idas y venidas" que no ayudan al proceso de restablecer la verdad y la justicia sobre lo sucedido en la dictadura (1973-1985), denunció hoy en su informe anual la ONG Servicio Paz y Justicia (SERPAJ).

La organización, fundada en 1981 por el premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel, considera que las tensiones en el seno de los partidos políticos sobre cómo afrontar el reciente pasado del país hizo que el año fuera "particularmente sinuoso", lo que "no hace bien a la lucha" de los defensores de los derechos humanos, apuntó a la prensa Ana Juanche, coordinadora de SERPAJ para América Latina y editora del informe.

Juanche se refirió así al intento desarrollado en el Parlamento e impulsado por el oficialista Frente Amplio para anular la ley que impide juzgar a los uniformados que violaron los derechos humanos durante el gobierno de facto, y que fracasó por la abstención de un diputado oficialista.

En ese sentido, la dirigente de la ONG apuntó que los diversos sectores políticos del país deben alcanzar un posicionamiento común sobre este asunto que sea "medular y decisivo".

"Hemos hecho un énfasis interesantísimo en el análisis de la impunidad, que arroja una mirada en perspectiva histórica y augura cosas para el futuro, sobre todo dada la falta de compromiso político que vemos desde algunos sectores de nuestro país", dijo Juanche.

Asimismo, la ONG lamentó que en Uruguay no exista "ningún instrumento" que obligue a los militares que tienen información sobre lo ocurrido durante la dictadura a declarar y dar "datos fidedignos, por ejemplo sobre el paradero de las personas detenidas desaparecidas".

Juanche reclamó así a las fuerzas políticas que inicien un diálogo para obligar a las instituciones castrenses a "socializar los datos" que poseen y sostener así la lucha "por la verdad, justicia y contra la impunidad realmente existente".

De todas maneras, la responsable de la ONG consideró como "algo altamente productivo" el anuncio realizado por el Comandante en Jefe del Ejército Pedro Aguerre el pasado día 5, quien señaló que su institución no iba a encubrir a los violadores de derechos humanos.

"Esas son las señales que necesita la lucha contra la impunidad. La institución castrense es hermética necesita sanearse y abrirse a toda la sociedad, no ya para limpiar las secuelas de los delitos de lesa humanidad, sino también para formar parte de una sociedad democrática, respetuosa de los valores ciudadanos y el estado de derechos", añadió.

El extenso informe de la ONG también se refirió a la situación del modelo educativo uruguayo, que a su juicio afronta problemas y supone una amenaza al cumplimiento de los derechos sociales de la ciudadanía por su bajo presupuesto y por falta de una necesaria "actualización" tanto en el currículo como en la formación docente.

Además, SERPAJ reclamó un plan estratégico para eliminar los problemas de hacinamiento carcelario, otro de los mayores problemas que afronta el Uruguay actual en cuanto a derechos humanos.

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