martes, 31 de mayo de 2011

La cuenta regresiva





Solo faltan 5 meses. ¡Estamos llegando! A partir de noviembre se acabarán las posibilidades de revancha de éstos resentidos y recalcitrantes izquierdistas y los pupilos del Super Ratón quedaran impolutos de cualquier "presunta" responsabilidad por apremios físicos e ilegales.Las "presuntas" boletas de los PRESUNTOS desaparecidos,(fiambre en Brasil) acaban de ser blanqueadas por la muy fiel Suprema Corte de...¿Justicia? en una forma más potable que las "presuntas" violaciones a los derechos humanos en su modalidad de desaparición forzada.-


Nadie tuvo la lúcida profundidad de análisis y la brillante , valerosa decisión del compañerito Víctor que con su inquebrantable militancia rectilínea , vió la importancia que el tema siguiese sobre el tapete (aunque más no sea hasta noviembre) y no extinguirlo dándo vuelta la página como quieren los milicos y la derecha.-
Es - como yo - un incomprendido más.-
MAU-MAU




Crimen contra la humanidad
La definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad. Leso significa agraviado, lastimado, ofendido: de allí que crimen de lesa humanidad aluda a un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la Humanidad en su conjunto.

Corte ratifica que delitos no son considerados de lesa humanidad

Prescripción. Delitos de la dictadura no podrán juzgarse desde noviembre | Piden anulación de lo actuado en el caso Gelós Bonilla
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ratificó que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad. Ello es de vital trascendencia jurisprudencial para los casos, que prescribirán el próximo 1° de noviembre.

En una sentencia emitida el pasado 6 de mayo, la Corporación condenó a los militares José Gavazzo y Ricardo Arab a 25 años de prisión como responsables de 28 homicidios muy especialmente agravados, descartando la imputación realizada por la fiscal Mirtha Guianze quien los acusó de ser autores de ilícitos de desaparición forzada.

La diferencia entre una imputación y otra radica en que la visión de la mayoría de la SCJ -que aprobó la sentencia por cuatro votos a favor y la discordia de un ministro- implica que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes para los cuales se computa plazo de prescripción y no de lesa humanidad, que se consideran imprescriptibles.

Sin embargo, Guianze presentó un recurso de aclaración ante la Corporación ya que entendió que si bien la SCJ descartó la imputación de desaparición forzada, no se pronunció respecto a si los homicidios muy especialmente agravados pueden ser considerados o no delitos de lesa humanidad.

La respuesta de la Corporación ante ese planteo ratificará la posición de los ministros en cuanto a que se trata de ilícitos comunes. Los ministros de la SCJ acordaron ayer el texto de la contestación que enviarán a Guianze, el cual será firmado en las próximas horas, dijeron fuentes judiciales a El País.

De esa forma, el máximo órgano del Poder Judicial deja asentado un importante antecedente jurisprudencial de cara a la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura que, según la tesis jurídica mayoritaria, no podrán ser juzgados después del próximo 1° de noviembre.

Eso debido a que el Código Penal prevé 20 años de prescripción para los delitos de homicidio. El plazo puede ser ampliado en un tercio en función de las agravantes del caso, lo que establece un máximo de 26 años y ocho meses.

Así, como a nivel judicial no se computa el tiempo transcurrido en el período de facto (1973-1985), la prescripción debe ser contabilizada desde el retorno a la democracia el 1° de marzo de 1985, lo que arroja la fecha definitiva del próximo 1° de noviembre.

Le tesis de la prescripción es avalada, incluso, por varios de los abogados denunciantes de casos de derechos humanos, que si bien están a favor de la postura de Guianze, admiten que jurídicamente es muy difícil imputar el delito de desaparición forzada.

En la vereda contraria, varios de los abogados defensores de militares denunciados -entre ellos el catedrático penalista Miguel Langón, abogado del general Miguel Dalmao- sostienen que la mayoría de los casos ya prescribieron, porque no computan las agravantes.

LOS ARGUMENTOS. El fallo de la SCJ que condenó a Gavazzo y Arab como responsables de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravados explica que al momento de los hechos no existía el delito de desaparición forzada y por eso no puede imputarse ese ilícito.

La sentencia señala que la figura delictiva que pretendía aplicar Guianze se creó por ley en octubre de 2006 cumpliendo con lo que prevé la legislación de la Corte Penal Internacional, pero no puede ser aplicada en función del principio jurídico que prohíbe la "irretroactividad de la ley penal", previsto en el artículo 15 del Código Penal.

Para la mayoría de los ministros de la Corporación, "al no existir la norma al momento de ejecutarse los hechos a juzgar, no corresponde su aplicación en forma retroactiva...".

Además, la sentencia, firmada por los ministros Jorge Ruibal Pino, Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Daniel Gutiérrez, explica que una norma penal no puede ser aplicada con criterios retroactivos en función de la existencia del "principio de legalidad", establecido en la Constitución.

Según los ministros de la Corporación, la única situación en la que se podría aplicar una ley penal en forma retroactiva es cuando ésta favorezca al imputado, como por ejemplo, la derogación de un delito o la reducción de su pena.

La resolución de la SCJ tuvo el voto discorde del presidente del máximo órgano judicial, Leslie Van Rompaey, que se pronunció a favor de la postura de la fiscal Guianze, y consideró que sí es posible imputar el delito de desaparición forzada.

Para Van Rompaey, aunque el ilícito no existiera al momento de los hechos, sí puede ser aplicado en la actualidad porque "se sigue consumando en la actualidad, día a día, hasta la aparición de los cuerpos de quienes fueron ultimados por los agentes estatales".

"Las víctimas estarán muertas, pero igualmente continúan desaparecidas, por lo que el delito se sigue consumando", opinó Van Rompaey en su voto discorde a la posición mayoritaria de la Corporación.
El País Digital 


Nuevo revés para juicios sobre dictadura

Dunas del Polonio y el chiste de Mujica



Para evitar capitales 'privados' que quieran construir hoteles 'cinco estrellas' en Cabo Polonio, Mujica cederá tierras al Ejército (2006)
Impedir que se instale un "hotel cinco estrellas" en la zona de Cabo Polonio fue una de las razones aducidas por el Ministerio de Ganadería para anunciar que cederá al Ejército un millar de hectáreas de su propiedad en ese lugar. Pero la iniciativa generó "malestar" en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que acusó a la cartera que encabeza José Mujica de no haber coordinado su plan con los demás integrantes del Poder Ejecutivo y con la Intendencia de Rocha.

En medio de esa polémica sobre el futuro de Cabo Polonio-un balneario rochense que a fines de los sesenta fue refugio del  líder tupamaro Raúl Sendic-
Una Organización No Gubernamental (ONG) que integran habitantes, vecinos y pescadores del lugar, entregó ayer a la entidad Uruguay Transparente una serie de "denuncias sobre el manejo estatal del Polonio para confirmar si efectivamente se está ante la presencia de irregularidades que configuren algún delito".

Los planes y proyectos para Cabo Polonio fueron objeto de consideración pública la semana pasada. El jueves 25, Búsqueda difundió que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca transferirá cerca de 1.000 hectáreas de su propiedad ubicadas en la zona costera de ese balneario al Ministerio de Defensa para que en ese lugar se instale un espacio de esparcimiento público similar al "Parque Nacional Fortaleza de Santa Teresa".

Mujica señaló en esa oportunidad que tenía previsto reunirse con el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales. El ministro explicó que la idea es crear "un parque para que los pobres puedan ir a poner sus carpas" como en Santa Teresa. La extensión de tierras que posee Ganadería en el Cabo Polonio comprende algunas viviendas y una franja costera deshabitada.

El ministro informó que a cambio de esas tierras, el Ministerio de Defensa cederá cerca de 3.000 hectáreas que tiene distribuidas en diferentes puntos del país. Esta semana, al ser consultado por Búsqueda, Mujica informó que se reunió con Rosales.

"Agarró viaje con la idea", dijo.

o "Cinco estrellas". El jueves 25 y el viernes 26 en su audición "Hablando al sur" en la FM M24 Mujica defendió su iniciativa. Argumentó que "ese territorio es codiciado por proyectos de hoteles cinco estrellas, con la promesa de generar fuentes de turismo, de trabajo".

Considerando que "la inmensa mayoría de los terrenos aledaños de la costa están privatizados", dijo que "sería bueno que con un sentido de justicia social también los débiles tengan derecho a pasar unos días lindos en el Este".

Insistió en que las Fuerzas Armadas cuiden ese territorio, mediante la creación de un parque público similar al Santa Teresa, porque advirtió que "de lo contrario los más audaces se van a ir quedando con esas cosas y después hay que hacer pleito para sacarlos".

Mujica enfatizó que esa decisión también apunta a "entorpecerle las posibilidades de algunos intereses privados importantes que van a querer hacer hoteles cinco estrellas en semejante belleza de la naturaleza".

En línea con esta idea, la semana pasada, Mujica le transmitió a vecinos del Cabo Polonio que rechazó ofertas para que inversores extranjeros levanten hoteles en la zona.

Ayer miércoles, en el informativo "Subrayado" de canal 10, Mujica relató que su idea cuenta con el respaldo del presidente Tabaré Vázquez. "Hace seis meses en el Consejo de Ministros lo dije y el presidente me apoyó y bueno, es probable que alguna gente no estuviera enterada, pero había ministros, entre ellos la ministra de Defensa, Azucena Berrutti y el ministro (Mariano) Arana", afirmó.

 Video y malestar. El lunes 29 de octubre "El Observador" publicó que el cantautor francés Manu Chao compuso e interpretó un tema en defensa de Cabo Polonio y en rechazo a los planes del Ministerio de Vivienda y de la Intendencia de Rocha para ese lugar.

"El Cabo es un lugar único. (...) Espero que nunca consigan aquí construir ningún hotel de mierda", dice el músico en un video que se encuentra en "Youtube" desde el lunes 29.

En ese video se muestran imágenes del ministro de Vivienda, Mariano Arana, de la directora de Medio Ambiente, Alicia Torres, y del intendente de Rocha, Artigas Barrios, mientras suena de fondo la melodía "Mentira, la mentira".

Desde el Ministerio de Vivienda, la movida de Mujica "no cayó nada bien", según dijeron a Búsqueda altas fuentes de esa cartera.

El diario "La República" dio cuenta ayer miércoles de esa situación e informó que se puso de manifiesto en la reunión que Mujica y Arana, Berrutti, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, y el intendente de Rocha, Artigas Barrios, mantuvieron el martes 30 para abordar la situación.

"Existe un convenio firmado entre todos los ministerios que participaron en la reunión con respecto al área protegida de Cabo Polonio. Mujica se cortó solo pero en la reunión se le explicó y se le mostraron planos que muestran que no todo el Cabo es del Ministerio de Ganadería, allí hay predios privados", dijo un jerarca de Vivienda.

Otro informante de esa cartera fue más enfático a la hora de dejar en evidencia su "malestar" con la actitud de Mujica. "No entiendo porqué 'el Pepe' se mete en estos temas si yo a él no le digo que pinte a las ovejas de rosado", relató.

o Las denuncias. En tanto, ayer los vecinos de Cabo Polonio denunciaron a Uruguay Transparente una serie de hechos que consideran "irregulares" y que aspiran a que se indaguen para corroborar si "hay delito", según supo Búsqueda.

Los pobladores quieren saber cómo la Intendencia de Rocha dio en concesión a "un privado para que se instalara en la Playa de los Pescadores y en Playa Sur, con un quiosco en cada playa, el arrendamiento de reposeras y sombrillas".

"La instalación la hicieron (...) sin permiso escrito. Existe denuncia penal en Rocha sobre este asunto con un expediente levantado por Prefectura tomando testimonio a quien estaba al frente de los quioscos y en su respuesta, que está en el expediente, dice que llamen a Pablito... a lo cual los de Prefectura le preguntan que Pablito y el señor (César) Hutton dijo Pablito Barrios, el hijo del intendente", dice el escrito presentado ayer miércoles.

Señala que también se dio en "concesión el servicio de transporte en lancha a los turistas a las islas que están frente a Cabo Polonio".

"No existe permiso escrito por parte de la empresa que da el servicio ni aclaraciones en cuanto a la venta del servicio que hacían los guardaparques empleados de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama)", agrega.

Además, señala que "la empresa que da este servicio, que no la integra ningún poblador de Cabo Polonio, en estos momentos está gestionando una donación ante dos entidades italianas como si fueran pescadores de Cabo Polonio".

El enfrentamiento de los pobladores y vecinos de Cabo Polonio con las autoridades nacionales y departamentales, en este caso con Barrios, no es novedad. La saga incluye duros cuestionamientos que los pobladores realizaron a Barrios y a jerarcas del Poder Ejecutivo en la audiencia pública que se realizó en Cabo Polonio el 31 de agosto pasado.

"Innumerables veces hemos solicitado como Comunidad al Ministerio de Vivienda reuniones, nunca nos recibieron. El actual intendente de Rocha nunca vino formalmente a reunirse con los pobladores. La mayoría de nosotros no le hemos visto la cara. (...) Pero bueno, tan solos no estamos. Debemos reconocer que el Ministerio de Ganadería a través del director Daniel Montiel es con quien solemos tener un tiempo para repasar algunas de las situaciones más complicadas que nos tocan vivir", dice el texto que los pobladores del Cabo Polonio leyeron aquel día.

En Cerro Largo, el Presidente Mujica comentó sobre el Proyecto de Ley para traspasar inmuembles (terrenos), que son del Ministerio de Agricultura y Pesca, al Instituto de Colonización.
Habla de terrenos que están en Cabo Polonio, Área Protegida, y en otras zonas de Rocha.
El Instituto de Colonización puede disponer a su antojo de estos terrenos, y el Presidente no solo nos cuenta cómo, sino que además critica a los ecologistas que se oponen a esto.

 Mas burro que nunca (2011)



Videoclip de Manu Chao: "SOS Cabo Polonio".


Recogida de firmas Las Dunas del Cabo Polonio no se venden, Sr Presidente

Para:comunicacion@presidencia.gub.uy

Recogida de firmas para que el presidente de la Republica Oriental del Uruguay, Jose Mujica abandone su proyecto de venta del patrimonio natural de las Dunas del Cabo Polonio a los capitales privados.

Carta abierta al Señor Presidente de la República José Mujica, 30 de mayo de 2011.

Estimado Señor Presidente:

Mi padre me enseñó que los buenos servidores públicos debemos defender siempre los intereses y fines del Estado y de la Nación y es por eso que he decidido escribirle. Quienes defendemos el Patrimonio del Estado no debemos darle ganas de llorar al Sr. Presidente.
Hace pocos días Usted habló públicamente defendiendo la idea de que las Dunas del Parque Nacional Cabo Polonio sean vendidas para recaudar fondos con los cuales proveer tierras productivas a los colonos.
Los objetivos del Instituto Nacional de Colonización son muy importantes, pero su cumplimiento no debe ser hecho en detrimento de otras obligaciones que tiene el Estado, porque el Estado tiene múltiples funciones que cumplir.
Su error es el de considerar improductivas a las Dunas del Cabo Polonio. Aparte de la arena que usted ve, esas dunas tienen para muchos ciudadanos ya nacidos como yo, un altísimo valor estético, histórico, geológico, biológico y espiritual que Usted no debe negar por el hecho de no reconocerlos.
Del mismo modo que Usted fue perseguido en el pasado por quienes no comprendían su lucha, Usted, quien ha sufrido tal persecución, debería estar mas atento a los reclamos que hacemos quienes ahora somos tildados de ecologistas. Tal adjetivo a mi no me molesta, como sin duda a Usted no le molestó en el pasado haber sido tildado de izquierdista.
Usted y nosotros, con prioridades distintas, luchamos contra la ceguera. Le suplico que abra los ojos y note que la mitad de las cosas de la vida no giran en torno al dinero.
¿Qué tendría de bueno vivir en un país donde el Patrimonio Nacional al cual pertenecen esas dunas ya no existiera?
¿Se ha puesto a pensar que las dunas que sirvieron para demarcar los límites entre los territorios de los reinos de España y Portugal en 1750 no solamente no necesitan, sino que no deben tomar parte en el desarrollo agropecuario del país y por ende no debe pedírseles que sean productivas?
¿Acaso piensa luego poner a la venta las obras de Torres García que hay en nuestros museos porque son improductivas?
¿No es también improductiva la casa Presidencial de El Prado? ¿Qué produce el Estadio Centenario?
Si usted lograra que se vendieran esas dunas que son sagradas para mi y para muchos mas, la contribución que se haya hecho para la compra de tierras que beneficien a colonos será olvidada pronto, pero ¿Qué decirles a los que vendrán? Me refiero a las generaciones de uruguayos que aun no han nacido y cuyo patrimonio habrán perdido.
La peor crisis, mucho peor que la crisis económica, es la crisis de confusión de valores.
Piense que el criterio de improductividad fue el utilizado para traicionar e intentar borrar definitivamente a la etnia Charrúa, quienes no eran productivos. Pero un gobierno impulsivo erradicó esa cultura indígena y con ellos el país perdió buena parte de su identidad, la cual algunos, quizás también entre ellos Usted, aun estén buscando.
Recapacite y lejos de vender esas dunas haga que el Parque Nacional Cabo Polonio cuya inauguración tuvo repercusión internacional, sea un parque nacional de verdad y ¿sabe una cosa? Se sorprenderá por la productividad que tendrán esas dunas que Usted quiere vender.
Atentamente
Juan Carlos Gambarotta
C.I. 1.711.527-6

Firmantes

Esta recogida de firmas se encuentra en el sitio web Petición Pública España que proporciona alojamiento online gratuito para recogidas de firmas públicas.
Si usted tiene una pregunta para el autor de la petición puede enviar a través de esta página de contacto 


Dunas del Polonio Zona protegida Monumento Natural

Una cosa es vender tierras improductivas del latifundio (intocable), y otra la venta del patrimonio nacional.

Esta es la carta con la que contestamos al presidente desde valizas votada en cabildo abierto x unanimidad. Difundir!

de Comando Valizas, el miércoles, 01 de junio de 2011
Barra de Valizas, 31 de mayo de 20011
Sr. Presidente del pueblo uruguayo:
Nosotros, representantes del cabildo popular de Barra de Valizas hacemos a través de este medio, uso de nuestro derecho a réplica en respuesta a las declaraciones emitidas por ud, el pasado 27 de mayo, en cuyo discurso se nos alude directamente.
Nos reunimos hoy, en este lugar, movidos por la sorpresa y la indignación pero sobre todo movidos por nuestra necesidad de luchar a favor de la libertad, y de otra visión de país; bastante diferente de la que en este momento se plantea y lleva adelante por nuestros servidores públicos.
Sorpresa es habernos enterado del proyecto de ley que pretende privatizar el patrimonio del estado, sorpresa es darnos cuenta cuan mal informados están los de allá arriba de la realidad de los de la base de la estructura
Sorpresa e indignación fue haberlo escuchado a usted, presidente, allá por Melo, mandándose un discurso de lo más gracioso, acerca de ecologistas  y del pobrerío de los arenales de la costa atlántica.
Le paso a explicar algunos detalles de su discurso, que están completamente y repito, COMPLETAMENTE equivocados.
Allá lejos, aquellos arenales de la costa atlántica forman para que lo sepa, el Parque Nacional de Cabo Polonio, que hace escasísimos 2 años fue creado y publicitado con bombos y platillos a nivel mundial, por un gobierno del cual ud formaba parte. Forma parte del sistema nacional de áreas protegidas,  y si, sabemos que un área protegida es compatible con privados, pero está claro que si los terrenos del área protegida son propiedad del estado…. no debería existir una mejor garantía para su conservación. Usted dice: “… no sirven para ganadería, no sirven para agricultura…”, muy bien, ¡Vaya novedad! Claro que no sirven para eso! Si son arenales!!!!
Ahí usted revela señor presidente, un modelo de Uruguay Productivo que pertenece a otro paradigma de productividad, un paradigma pasado….pasado.
Productivo ya no solo significan, vacas y cultivos…. Si se queda en esa…. Suceden estas cosas en donde podemos verlo ciego a apreciar todo lo que significan estos arenales para los que vivimos y disfrutamos en este lugar. TODO, lo que produce esta zona no se mide en cantidad de vacas.
Pensamos que usted entregó en allá en Melo 800 has. Para 2 grupos de 5 colonos y acá tenemos 2000 has. Para 250 grupos de al menos 3 colonos turísticos por grupo, por familia. Haga números; deje contentos a 10 y descontentos a 750 y vea donde lo lleva la ecuación.
Luego usted continúa y dice “…qué vengan turistas, que hagan su casa, y que el pobrerío les arregle el jardín y les cuide la casa…” respecto a eso 2 cositas: en el área protegida, por ley, no se puede clavar ni un palo. Y 2 …. ¿de dónde sacó usted que arreglar jardincitos e irla llevando es lo que queremos para nosotros y para nuestros hijos?!. Linda imagen del Uruguay productivo nos presentó: con ejércitos de jardineros, mucamas y mayordomos para limpiarle el culo a los ricos!.
Tenemos otra noticia: usted hace referencia a que han logrado pasar esto al Instituto de Colonización, y nosotros le recordamos que... Eso es un proyecto de ley que aún no ha sido aprobado por el parlamento, y de paso le decimos que, ver firmado ese proyecto de ley por TODOS sus ministros revela que visión tiene el gobierno respecto del cuidado de su patrimonio, y también revela la calidad de asesoramiento que tiene usted, señor presidente, de todo su equipo. ¿No ha habido ninguno de su equipo que le haya dicho que están por cometer una locura de las malas?.
Luego en su discurso usted dice…. “Aparece un movimiento ecologista que dicen: que No! Que cómo vas a privatizar eso!”. Nuevamente mal informado, no somos un grupo de ecologistas, señor presidente, nuestra bandera es otra que sí incluye la ecología, pero sabe? Somos mucho más que eso: somos el cabildo de Barra de Valizas y en este corto tiempo nuestra causa ha recibido el apoyo de los cabildos de otros pueblos vecinos y de muchas organizaciones sociales, e incluso usted no se enteró que el comité de base dirigido por la mesa política del FA de nuestra vecina ciudad de Castillos se pronunció por unanimidad en contra de la privatización?. Entonces le decimos a usted: “No! Como vas a privatizar eso?” y ahí está su respuesta que condensa cuantos años de lucha, de sueños, de ideales, de muertes de horror… una cantidad de años para que usted, si! Justamente usted diga con tanto énfasis: ¡Pero claro que vamos a privatizar!.
Para colmo, después agrega, “…que los que tengan “lana” paguen, y podamos comprar tierras para nuestros colonos…” Usted ya debería saber, señor presidente cuantas atrocidades se han cometido con una “buena causa” como bandera. Guerras santas, inquisición, conquista de América, exterminio indígena en Uruguay y más recientemente la guerra contra el terrorismo llevada adelante por los presidentes de EEUU y sus socios. ¿Qué los diferencia a ellos de usted con esa bandera que está levantando por el Instituto de colonización? Nosotros apoyamos a los colonos, esto tiene que quedar clarísimo, lo que no queremos, es que se desvista a un santo para vestir a otro. Además, señor presidente, esa estrategia de ponernos en contra de los colonos, como opuestos incompatibles…. Vamos! Es el clásico divide y reinarás. No se va por ahí, señor presidente.
Pero este discurso suyo siguió y recuerdo esa parte donde dice  “… y me llegaron a decir que van a pescar por ahí y veo a los venados atrás” de esto tenemos también un par de cosas que decir: 1) utiliza usted un tono tan despectivo que aborrecemos y nos preguntamos si cuando usted estaba en la lucha, y le hablaban desde el poder usando ese discurso… ¿como se sentía? (aquí me viene a la mente la “Pedagogía del oprimido” del célebre Paulo Freire, cuando dice que los oprimidos cuando llegan al poder…. Se vuelven opresores) Como dijo alguien por acá: “se ha convertido en una macabra negación de sí mismo”. Y 2) eso de ir a pescar con los venados corriendo por ahí, es uno de los valores que queremos mantener para el disfrute de todos los uruguayos. TODOS eh? Libres en ese lugar.
Y termina diciendo que le dan ganas de llorar, no sabe cuántas lágrimas de indignación y decepción generó con ese discurso, muchas y de muchos. A nosotros nos da vergüenza ajena, la verdad!.
Una cosa cierta sin embargo hubo en su discurso, luego de esas pausas en donde toma aire para decir algo trascendental, uste dijo que “lo único permanente es el cambio” y que “no hay que tenerle miedo al cambio”, le tenemos una noticia más lo que usted quiere hacer no es un cambio, eso ya está hecho en muchos lados y tiene nombre bien conocido: se llama PRIVATIZACIÓN (le suena de alguna lucha antes de llegar al poder?) No es lo que queremos, ni cerca!, y no somos sólo nosotros, que eso quede claro.
Cambie para bien presidente, anímese a cambiar y no siga siendo un servidor de los ricos y poderosos, ni pretenda convertirnos en esclavitos.
Ultima noticia: Riqueza es eso que tenemos ahí natural y del pueblo como es y el poder no está allá afuera, el poder está en nosotros y  se lo prestamos, señor presidente, hasta el final del partido.
Salú!
Cabildo Abierto de Barra de Valizas


Estos son los padrones de area protegida que van a pasar a manos privadas....
los que hayan subido al buena vista, uno de ellos es por donde pasamos para ir de Valisas al cabo...
Parte de uno de los padrones que quiere vender mujica, con su respectiva playa por supuesto.... pondrán peaje para pasar pal Cabo?....

Don José Artigas, protector de los pueblos libres

>



















Video sobre el Gral. Don José Gervasio Artigas, emitido en la serie Caudillos del canal argentino Encuentro, y más allá de algunas omisiones o errores, contiene importantes y valiosos testimonios de historiadores uruguayos, como el Prof. Gonzalo Abella entre otros
Es a través de estos testimonios que se puede reconstruir una imagen de ese hombre que fue el Gral. Artigas, sus orígenes, infancia, juventud en el campo...sus años "charrúas" conviviendo con sus hermanos como un igual y reconocido por éstos como un líder...el Karai Guazú...

De allí surge esa relación especial de Artigas con la macro-etnia charrúa como con las otras culturas que poblaron estas tierras hasta el Paraná, incluyendo los guaraníes, chanás, guenoas, todos partícipes junto a los afro-orientales, y los criollos, de esa multiculturalidad que protagonizó una de las epopeyas de mayor singularidad, tanto por el sueño de una Confederación de estados como forma organizativa de las Provincias Unidas, como por la característica esencial de la lucha independista liderada por Artigas: la de ser un pueblo en armas y en asamblea, que defendía las libertades y derechos de los que ya gozaban, y se consagraban con el proyecto artiguista...

Que los más infelices fueran los más privilegiados...Artigas resumía el proyecto federal, la integración multicultural, la justicia y la dignidad. Eso es lo que fue reconocido en su proclamación de Protector de los Pueblos Libres y lo que explica la conformación de la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres o Protectorado de Artigas, y que reunía a la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, las Misiones Orientales y Córdoba...

Enfrente de este conglomerado de hombres libres, que peleaban por mantener una forma de vida y plasmar un tipo de organización que consagrara sus libertades y si integración multicultural, se posicionaba claramente el proyecto unitario de la oligarquía porteña, plasmado el 9 de Julio de 1816, pero que ya había sido hecho a saber a Artigas en 1813, cuando en Buenos Aires se rechazan sus diputados en una reunión de representantes de todas las provincias, estos diputados orientales portaban las llamadas "Instrucciones del año XIII", resultado de una consulta entre todas aquellas culturas discriminadas por el proyecto unitario y reafirmada frente a los muros de Montevideo, y en donde el 4 de Abril de 1813 Artigas definirá con claridad:

"Ciudadanos: el resultado de la campaña pasada me puso al frente de vosotros por el voto sagrado de vuestra voluntad general (...)"
"(...) La Asamblea general tantas veces anunciada empezó ya sus sesiones en Buenos Aires. Su reconocimiento nos ha sido ordenado. Resolver sobre el particular ha dado motivo a esta congregación porque yo ofendería gravemente vuestro carácter y el mío (...) si pasara a decidir por mí una materia reservada sólo a vosotros (...) Examinad si debéis reconocer la Asamblea por obedecimiento o por pacto (...)" y si bien recomienda lo segundo, aclara: "(...) Esto ni por asomo se acerca a una separación nacional; garantir las consecuencias del reconocimiento no es negar el reconocimiento"
Los orientales deciden mandar a sus diputados, pero con instrucciones a las que deberán ajustarse...De esas "Instrucciones del año XIII" se resalta:
"Art 1. Primeramente pedirá la declaración de la Independencia absolutas de estas colonias, que ellas serán absueltas de toda obligación a la Corona de España y familia de los Borbones y que toda conexión política entre ellas y el estado de España es y debe ser totalmente disuelta.
Art.2. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que forman nuestro estado (...)
Art 3. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable (...)"
Los diputados orientales no son aceptados...

"(....) Artigas va fortaleciendo las redes de las culturas discriminadas y para ello tiene sabios asesores entre los caiques charrúas, los jefes tapes, los gauchos y los afro-orientales como Joaquín Lencina. Luego del segundo sitio "el Montevideo español se derrumba. Primero entran los porteños, luego éstos son derrotados por Artigas en Guayabos y Fernando Otorgues (uno de los lugartenientes de Artigas) irrumpe con sus gauchos dentro de las murallas de la ciudadela. Artigas no entra. En realidad, desde los catorce años de edad, las pocas veces que José Artigas se aproxima a alguna ciudad es para sitiarla (...)"

Como dato adicional, la bandera artiguista que se enarbola en Montevideo en ese momento, tiene una disposición diferente de las franjas, y llega a nuestros días como "la bandera de Otorgués", bandera que el Frente Amplio en 1971 toma como distintiva de la fuerza política hasta nuestros días.

Próxima reunión anual de Bilderberg 2011

El misterioso grupo  Bilderberg se reunirá este año para su cónclave anual en la turística ciudad de St. Moritz, en el sureste de Suiza, entre el 9 y 12 de junio, pero tendrá mucha compañía. St. Moritz está a poca distancia de Davos, el sitio de la reconocida reunión regular de miles de banqueros, líderes políticos y otros notables del llamado Foro Económico Mundial. Pero, a diferencia de Davos, donde la prensa es siempre bienvenida, Bilderberg todavía trata de mantener un secreto absoluto.

Bilderberg se ha reunido en Suiza cuatro veces en los últimos años, pero nunca en la misma ciudad. Normalmente, cuando su hermano de crímenes, la Comisión Trilateral (TC), se reúne en América del Norte, Bilderberg también lo hace. Este año, la TC se reunirá en Washington del 8 al 10 de abril, pero el Club Bilderberg está evitando los Estados Unidos, en lo que puede ser un esfuerzo por engañar a la prensa.

Como ha sucedido desde hace varios años, el Club Bilderberg se lamentará el cómo los "malvados nacionalistas" están bloqueando sus esfuerzos para alcanzar el un gobierno mundial. Ordenarán el alza de los precios del petróleo para que los estadounidenses desesperados puedan estar más proclives a ceder soberanía a un gobierno mundial. Se promoverán guerras con fines de lucro, y avanzar en los llamados por un gobierno mundial para imponer la paz, como si la paz se pudiese imponer.

Es irónico que los asistentes de Bilderberg adoren tanto a Suiza ya que son el polo políticamente opuesto a Suiza, que se ha declarado como país neutral no intervencionista desde hace cuatro siglos. No ha participado en ninguna de las sangrientas guerras del mundo desde entonces.

El Club Bilderberg puede esperar ser recibido fuertemente por la AFP, y medios de comunicación europeos y algunos de medios independientes estadounidenses. En Europa, los principales periódicos metropolitanos de París, Londres y otras ciudades le dan mayor cobertura a Bilderberg. Sin embargo, The Washington Post, The New York Times, Los Angeles Times y sus numerosas cadenas estarán amordazados porque sus mismos representantes son participantes de Bilderberg.






Bilderberg se reunirá en Suiza

Bilderberg St.Moritz Schweiz 11.06.2011



(solo en alemán)



Llaman a “indignación” mundial


El grupo español Democracia Real Ya (DRY) realizará una convocatoria mundial para el próximo 15 de octubre en la que buscan unir voces para manifestarse en contra de los sistemas gubernamentales que “usan a los ciudadanos como mercancía”.

El colectivo cuenta con cinco voceros que explicaron en rueda de prensa en la sala principal del centro sociocultural autogestionado Tabacalera en Madrid, un balance de las repercusiones desprendidas de las protestas del domingo 15 de mayo.

Los dirigentes Paco López, Olga Mikailova, Iván Olmedo, Aída Sánchez y Chema Ruiz, recordaron que tras los hechos de la acampada realizada en la Puerta del Sol en Madrid, los indignados decidieron impulsar el movimiento político Democracia Real Ya para reclamar los derechos ciudadanos de manera independiente.

Democracia Real Ya es un “movimiento político, en el sentido que quiere influir en política” pero “apartidista y asindicalista”, aseguraron los portavoces quen apoyan la acampada que se mantiene en el kilómetro cero de Madrid.

Defienden una constante lucha contra “el capitalismo mercantilista que ha convertido a los seres humanos en mercancía”.

Los manifestantezs aseguran: “podemos hacerlo mucho mejor sin los políticos, pero necesitamos empezar de cero”.

Entre algunas de sus ideas destaca la de derrocar al Gobierno y crear un comité de sabios para que redacten una nueva Constitución.

La organización prepara una manifestación para el venidero 15 de junio, previa a la convocatoria mundial de octubre.

Aratirí y las maravillas del BID




El informe no nombra a quien perjudica


Martes 31.05.2011
Aratirí retiró su estudio de impacto

Ambiente. Observaciones de la Dinama llevaron a la minera a dejar sin efecto el trabajo que hizo Gobierno pide que profundice detalles sobre cómo afectará a los 5 departamentos que involucra
R. ROSSELLO Y J. LYONNET


Medio Ambiente formuló varias observaciones al estudio de impacto ambiental presentado por la Minera Aratirí. La compañía, en tanto, se comprometió a presentar un nuevo informe, más completo. La polémica sigue rodeando al proyecto extractivo.

La Evaluación de Impacto Ambiental es un paso clave para la aprobación del proyecto. Sin embargo el informe presentado por Minera Aratirí fue objeto de numerosas observaciones por parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). En ello incidieron tanto razones formales como "sustantivas", según reconoció el organismo.

"Efectivamente, Dinama hi-zo una serie de observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental presentada por la empresa", expresó a El País Jorge Rucks, director de Dinama.

"Hay aspectos formales y aspectos sustantivos, nosotros formamos un grupo de análisis específico para el proyecto Aratirí, integrado por técnicos de la Dinama, pero también de la Dinot (Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial) y de Dinagua (Dirección Nacional de Aguas)", explicó.

La legislación en materia medioambiental exige a las empresas que para el estudio de un proyecto se presente un informe de impacto ambiental y uno socioeconómico, como requisito excluyente. En el caso del Proyecto Valentines de Minera Aratirí dicho estudio es de gran complejidad. Cabe recordar que el mismo tendrá localización en cinco departamentos del país, lo que supone un amplio ecosistema con zonas bien diferenciadas.

El proyecto en sí mismo tiene, a su vez, varias áreas: el distrito minero propiamente, un mineroducto que atraviesa buena parte de la zona de influencia, y un puerto. Ello implica, según explicó el jerarca medioambiental, distintos tipos de impacto en cada una de las zonas afectadas por cada tramo de la producción.

"El informe tiene, formalmente una serie de carencias que hicimos ver a la empresa, dado que no sigue los requerimientos que establecen las guías para la presentación de Evaluaciones de Impacto Ambiental. Y por otra parte, el nivel de generalidades de ciertos aspectos de la evaluación hacen imposible el estudio en detalle de los impactos en líneas de base. De manera que se le ha pedido que profundicen los estudios", señaló Rucks.

La petición del organismo oficial fue plenamente aceptada por la empresa que, de hecho, pidió que se archivara el informe anterior.

"Se le plantearon a la empresa estas observaciones en la última reunión que tuvimos y ellos plantearon que en este tiempo reunieron mayor información, por eso es que la propia empresa pidió que se archive el informe para presentar uno más completo", dijo Rucks.

El jerarca tuvo ocasión de debatir en torno al proyecto el sábado pasado en un encuentro organizado en Punta del Diablo, Rocha. Allí Rucks fue invitado a compartir una mesa redonda con Eduardo Gudynas, del Centro Latino Americano de Ecología Social (Claes).

OTRO INFORME. Durante el Consejo de Ministros del lunes 23 de mayo fue repartido entre los integrantes del gabinete un informe titulado "Mitos y errores sobre el proyecto de Minera Aratirí".

El mismo niega o desmiente una serie de afirmaciones que han circulado públicamente en torno al proyecto. Este informe, empero, no proviene de la Dinama tal como su propio titular puntualizó. De todos modos señaló que el presidente de la República, quien se encargó de difundir ese informe entre sus ministros, "puede asesorarse y pedir información de estos temas a quien considere. Nosotros no lo hicimos, no nos lo pidieron", indicó.

De todos modos, como aún no se estableció la procedencia de ese informe su existencia motivó la inquietud de un legislador de la oposición. El diputado nacionalista Jorge Gandini elevó un pedido de informes al Poder Ejecutivo en el que solicita: "El informe completo, denominado "Mitos y Errores sobre Proyecto de Minería Aratirí", tal como lo distribuyera el Sr. Presidente de la República en el Consejo de Ministros"; "se indique el autor del mismo, sea persona física, equipo, consultora o empresa"; "especifique por disposición de quién se realizó y cuál fue la fuente de financiamiento de ese, sin duda, costoso estudio".

El informe en cuestión respondía, por ejemplo, a afirmaciones tales como que el proyecto haría perder 2.600 puestos de trabajo, que dejará sólo unos US$ 60 millones al año, que ocupará hasta 150.000 hectáreas. "Mitos y realidades..." responde a cada uno de estos puntos y asegura además que no ocasionará contaminación ambiental.

FORTALECIMIENTO. La Dinama, en tanto, encara un proyecto de fortalecimiento de su capacidad de contralor con apoyo del BID. Por este mecanismo el organismo oficial espera pasar de controlar un total de 1.000 empresas a hacerlo con más de 10.000. "Se está ejecutando y estamos terminando primera etapa, que es fortalecimiento de los procesos; modificamos estrategia y metodología de emisiones y que modifica el concepto de control que se hacía", precisó Rucks a El País. (Producción: Eduardo Delgado)
Datos

El proceso que derivó en el proyecto Valentines se inició en 2008 cuando un grupo de geólogos halló trazas de un yacimiento importante de hierro en esa zona.

Minera Aratirí es parte de la empresa Zamin Ferrous Group, una compañía de capitales indios con sede en Londres, Reino Unido. El proyecto de extracción minera supone una inversión global de unos US$ 2.800 millones.

El complejo productivo tendrá localización en Durazno, Florida, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres. La planta se ubicará en Durazno, sobre la ruta 19 y Camino de Las Palmas. La terminal portuaria se ubicará en la zona de La Angostura, sobre el kilómetro 288,500 de ruta 9. El proyectado mineroducto tendrá un recorrido total de 212 kilómetros desde la planta hasta llegar a la costa de Rocha.
Los mitos sobre aratirí

En una presentación hecha en mayo por Minera Aratirí, el último capítulo está titulado: "Mitos sobre el proyecto. Preguntas Frecuentes", responde a 11 interrogantes.

"¿Explotación de 120.000 hectáreas? Falso. Operaciones serán en 14.000 ha.".

"¿Exportación de 18 millones de toneladas de hierro por año? Correcto."

"¿Minería a cielo abierto prohibida en la Unión Europea? Falso, solo con cianuro."

"Se usarán químicos? Falso, (se hará mediante) trituración y separación magnética".

"Se gastará mucha agua? Falso: el consumo anual de agua de Aratirí equivale al usado en 90 hectáreas de cultivos de arroz. Sólo en Treinta y Tres hay 48.300 hectáreas cultivadas de arroz."

"¿Hay valor agregado? Bajo: del mineral al concentrado. Potencial mayor".

"¿Cómo impactará el mineroducto? Como el gasoducto".

"La minería no puede convivir con otras actividades. Falso. En Uruguay ya hay otros casos".

"¿Central a carbón? Falso"

"¿Cuánto empleo directo e indirecto habrá? 1.500 empleos directos y 15.000 empleos indirectos".

"¿Cuánto dinero quedará en el país por año? Más de 400 millones de dólares".

El País Digital

* El director de Medio Ambiente, Jorge Rucks, dijo que la empresa Aratirí "empezó mal": inició los trabajos de prospección del mineral sin solicitar una autorización. Se le aplicó una multa y cumplió.



El BID y lo que queda
Las explicaciones sobre pobreza
y desigualdad del BID

América Latina posee la peor distribución de la riqueza en el mundo. La distancia entre los ricos y los pobres es abismal, y mucho más alta que la registrada en los países industrializados o en otras regiones del Tercer Mundo. El continente posee el dudoso privilegio de tener personas muy ricas junto a indigencia en condiciones extremas. Si bien en algunos países la proporción de pobres se ha estabilizado, el número absoluto no ha dejado de crecer.

Por Eduardo Gudynas


El problema de la mala distribución de la riqueza en América Latina está en el centro de las discusiones sobre las políticas de desarrollo. Tanto los centros académicos como las organizaciones ciudadanas, los gobiernos o los sindicatos, lo discuten y analizan. A ellos se han sumado los bancos multilaterales de desarrollo y agencias internacionales de cooperación, donde las asistencias que ofrecen siempre dependen de sus concepciones sobre el desarrollo y la pobreza.

Entre estos organismos se destaca el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Si bien los programas de este banco son objeto de polémica, las concepciones del desarrollo que sustentan su estrategia son menos conocidas. El objetivo de este artículo es precisamente dar a conocer las recientes ideas del BID sobre las limitaciones al desarrollo en América Latina, especialmente a partir de sus reportes anuales para 1997 y 1998-99. En especial se busca presentar y describir las ideas del banco, rastreando sus orígenes, y ofreciendo en forma preliminar algunos comentarios críticos.

Sorpresivamente, el banco postula que la alta desigualdad del ingreso en América Latina se debe a varios factores, en especial la riqueza en recursos naturales. A juicio del BID, los países tropicales tienden a ser más pobres y desiguales. En su modelo, el banco defiendo un determinismo geográfico y ecológico, donde la inequidad se correspondería con la latitud, y bajo una mayor riqueza ecológica más se deterioran las opciones de desarrollo. Estas ideas han pasado casi desapercibidas, aunque merecerían detallados estudios, en especial por sus implicaciones sobre las políticas del banco, así como sus repercusiones en los gobiernos de la región.

La desigualdad geográfica

El BID en su informe de 1998-99 afirma que la dotación de recursos naturales, especialmente los minerales y la disponibilidad de tierra para cultivos y ganados, está fuertemente asociada con la inequidad. La relación que defiende indica que a medida que aumenta la disponibilidad de esos recursos naturales, aumenta la desigualdad y la pobreza. La contracara de esta vinculación, y que el banco ejemplifica varias veces, se observa en países templados y fríos que poseen dotaciones reducidas en recursos, pero que han ganado en riqueza y equidad. A juicio del BID, cuanto más rico sea un país en recursos naturales, más lento será su desarrollo, y mayores sus desigualdades internas.

La explotación de los recursos naturales, sigue explicando el BID, genera una renta que va a unas pocas personas, se desenvuelve por prácticas que requieren empleo reducido y una mínima educación, lo que junto con el concurso de otros factores termina desencadenando la situación de pobreza y desigualdad actual. El banco defiende un determinismo geográfico, donde los países tropicales, más cercanos a la línea del Ecuador, al poseer comparativamente mayores dotaciones de recursos naturales, terminan degenerando hacia condiciones de pobreza.

La forma en que se distribuye la propiedad de los bienes productivos es tan importante para la distribución del ingreso como lo son los volúmenes de esos recursos. En este terreno, según el BID, América Latina está en desventaja ya que la propiedad sobre los recursos naturales y las oportunidades para la educación están muy concentradas. Entonces el crecimiento económico y las nuevas oportunidades económicas que se brindan no están equitativamente disponibles para todos los grupos de población. Muchos coincidirían con esa afirmación, y de hecho eso es parte del problema. Pero el razonamiento del BID da pasos en otro sentido.

América Latina tiene aproximadamente la misma cantidad relativa de capital físico que otras regiones del mundo, pero se diferencia a la vez por una mayor abundancia en recursos naturales y por menores indicadores en capital humano. Esos dos extremos se asociarían para explicar la gran concentración del ingreso. El BID realiza una serie de análisis, donde correlaciona los niveles de desigualdad (medidos por el coeficiente de Gini), con la disponibilidad de recursos. Encuentra que la mayor correlación se da entre la latitud y la desigualdad, afirmando que "Los países cercanos al ecuador poseen sistemáticamente mayores inequidades en el ingreso, incluso después de tener en cuenta el hecho que los países en los trópicos tienden a ser menos desarrollados que los países en otras regiones templadas. Esto es verdad a nivel global, y también en América Latina". El análisis del banco avanza todavía más: los "países tropicales, especialmente cuando sus economías son intensivas en tierra y recursos minerales, tienden a ser más desiguales", ya que éstos usan intensivamente la tierra, una mayor proporción del ingreso se acumula en ella, y tiende a convertirse en un bien con una propiedad más concentrada. Las tierras tropicales y sus cultivos ofrecerían la posibilidad de grandes economías de escala bajo condiciones climáticas más adversas y con menores innovaciones tecnológicas que en zonas templadas. El resultado ha sido, según el BID, una baja productividad relativa del trabajo en los trópicos. que ha deprimido los salarios fomentando empleos sin calificación. A todo esto, el banco agrega que los recursos naturales son "sumideros de capital" en tanto succionan capitales intensamente, haciéndolo todavía más escaso para otros fines (por ejemplo, la industrialización), y generando poco empleo.

Una vez establecido el marco general de las ideas del banco, pueden comenzarse a analizar los conceptos que lo fundamenta. Estas posiciones se presentan en los reportes anuales de 1997 y 1998-1999, los que a su vez reproducen secciones de un artículo de Michael Gavín, investigador del banco, y Ricardo Hausman, economista jefe del BID y una de sus jerarcas más influyentes. También debe destacarse otro estudio, por Juan Londoño y Miguel Székely, integrantes de la Oficina del Economista Jefe. Estos análisis a su vez deben mucho a Jeffrey Sachs y sus colaboradores del Harvard Institute for International Development (uno de los más recientes es Sach y Warner, 1997).

La difícil vida en el trópico

Una de las principales causas de las condicionantes negativas de los trópicos sobre la igualdad y el desarrollo se debería, a juicio del BID, a que la vida en esas áreas es complicada por las enfermedades, las pestes, los problemas con el clima y la calidad del agua. Estos factores han limitado la productividad del trabajo y en especial minan la eficiencia productiva de la agropecuaria (BID, 1998). El banco afirma que "el esfuerzo físico que un individuo puede hacer cuando está a merced de los trópicos es substancialmente menor que en un país con estaciones moderadas". Este sorprendente análisis de las condiciones ambientales parecería indicar que los técnicos del BID creen que en las regiones templadas no existen también condiciones adversas, como el frío, las nevadas o una caída en la disponibilidad de recursos durante el invierno, por lo que podría cultivarse la tierra o criar ganado sin mayores problemas. De la misma manera, tampoco existirían importantes enfermedades o "pestes" en esos países (por ejemplo, las recurrentes epidemias de influenza que azotaban a los países boreales no existen en el modelo del banco). Finalmente, cuando el banco sostiene que una persona en los trópicos hace esfuerzos físicos menores, si bien no lo dice, parecería aludir a que allí se trabaja menos.

El modelo del BID indica que el proceso de industrialización de América Latina fue defectuoso, contrastándolo con la exitosa marcha de Estados Unidos. La diferencia sería, según el banco, que los trabajadores rurales estadounidenses recibían sueldos que permitían una buena vida en el campo, de donde era necesario elevar a ese nivel los salarios industriales urbanos para atraer mano de obra. Bajo esas condiciones la industrialización tiene lugar con salarios altos, y supuestamente eso fue lo que ocurrió en Estados Unidos. En cambio eso no sucedería en América Latina, ya que en el trópico los trabajadores rurales reciben bajos salarios, de donde la industrialización tiene lugar en una oferta de salarios bajos. Esas fuentes de trabajo no son atractivas y los potenciales obreros deciden quedarse en el campo.

Nuevamente este modelo lleva a la sorpresa, y parece olvidar los bajos niveles de vida de la población rural en Estados Unidos y Europa continental durante buena parte del siglo XIX y principios del XX, la expulsión masiva de inmigrantes desde Europa hacia América, así como las migraciones internas hacia las ciudades. Asimismo, en el caso latinoamericano tampoco da cuenta de la expulsión rural por falta de trabajo, que nutrió los cinturones de pobreza de las urbes, donde esos recién llegados tampoco encuentran empleo. Esas personas no condicionan el ingreso a un empleo por el nivel salarial, tal como indica el banco, sino que están a la busca de cualquier trabajo.

El BID también considera que otras limitaciones se deben a los caracteres de los cultivos tropicales, como el algodón, azúcar y tabaco, los que se producen con eficiencia en plantaciones de gran escala, y que ello es menos verdad en cultivos templados como trigo o maíz. Por lo tanto esos cultivos refuerzan la concentración, mientras los cultivos templados la revertirían. Este tipo de afirmaciones igualmente parecen olvidar que no existe una condición agronómica o ecológica que obligue al maíz a ser cultivado por pequeños o grandes propietarios. De la misma manera, las condiciones ambientales no imponente contextos económicos, y son éstos los que determinan cuáles son las superficies más ventajosas para un propietario. La aproximación del BID insiste en que la concentración de la tierra tiene una condicionante ambiental, donde únicamente se pueden cultivar especies que sólo pueden ser manejadas bajo grandes propiedades, se "facilita una extrema concentración de la propiedad de la tierra". Es un fatalismo ambiental que hecha por tierra los determinantes históricos en campos económicos y políticos que determinaron ese patrón de propiedad.

Sumideros y volatilidad

En una línea argumental paralela, el banco retoma las propuestas de algunos investigadores que postulan que algunas explotaciones minerales o agropecuarias requieren mucho capital físico pero poca mano de obra. En países con disponibilidad de capital reducida, el derivarlo a esos sectores reduce su disponibilidad para utilizarlo en otros rubros. Por lo tanto se utilizaría el capital en actividades esencialmente ligadas a los recursos naturales, y no en industrias manufactureras, aunque estas últimas lograrían promover con más efectividad el crecimiento económico. Por lo tanto, los sectores primarios de la economía se convierten en "sumideros" de capital, que terminan succionándolo, pero arrojando beneficios comparativamente menores a los que podrían lograr otros sectores, como los manufactureros.

Finalmente, el banco también relaciona las dotaciones de recursos naturales con la volatilidad macroeconómica,. Los choques externos a los que ha estado expuesta América Latina tienen mucho que ver con la dependencia sobre "exportaciones de productos primarios volátiles". Bajo este argumento, las economías dependerían mucho de un puñado de recursos muy abundantes, cuyo precio se mueve al vaivén de los mercados internacionales. En aquellas circunstancias en que esos precios caen, habrán consecuencias proporcionalmente mayores en los países tropicales, manteniendo o agravando sus condicione de inequidad.

Bajo esta hipótesis parecería defenderse la sorprendente idea que en la crisis mexicana del tequila o del real brasileño no actuaron otro tipo de factores, como la acción de especuladores, los malos términos de intercambio de los recursos naturales que se exportan o la gestión de los gobiernos: el factor determinante es el trópico.

Frías cooperaciones versus cálida esclavitud

El análisis del banco da otros pasos extendiendo la determinación geográfica para explicar también relaciones sociales y condiciones políticas. Por ejemplo, afirma que "mientras que las tierras templadas históricamente han promovido establecimientos familiares e instituciones que buscan promover la cooperación, las grandes economías de escala y severas condiciones de trabajo típicas de las tierras tropicales han generado una agricultura de plantaciones y promovido la esclavitud". En el reporte del banco de 1998 incluso se insiste que esas "condiciones tropicales" promovieron "relaciones verticales, jerarquías y divisiones de clases antes que los vínculos horizontales que construyen el capital social y contribuyen al desarrollo y la equidad".

El documento reconoce que si bien parte de la inequidad en el continente pudo haber sido heredada de su pasado colonial, ese pasado en sí mismo "pudo haber sido determinado por su geografía y sus acervos de recursos". El banco considera que la esclavitud es la manifestación extrema de un mercado con baja competencia entre empleadores y gran poder sobre los empleados. Según este análisis, la esclavitud fue "un fenómeno que se desarrolló exclusivamente en los climas tropicales y subtropicales, éstas siendo partes del Nuevo Mundo donde la tecnología agrícola presumiblemente la hacía más provechosa". (BID, 1998).

Estas afirmaciones del BID no sólo son sorprendentes sino que parecen olvidar la evidencia histórica. Tanto las "plantaciones", como la esclavitud que brindaba la mano de obra que les permitía funcionar, no surgieron de las tierras tropicales de América Latina. Fueron impuestas en la colonización europea, y en especial por la promoción británica e ibérica de ese tipo de explotación. Es obvio que esos colonizadores no provenían de países tropicales, y muy por el contrario su cultura se desarrolló bajo fríos inviernos septentrionales. También se olvida la larga historia de la esclavitud, comenzando en Medio Oriente, y siguiendo por Grecia y Roma. Contrariando el modelo simplista del BID, en la colonización latinoamericana los traficantes ingleses tuvieron papeles destacados en el tráfico esclavista, así como sus imitadores portugueses, franceses y españoles, quienes no nacieron en países tropicales pero promovieron y defendieron la esclavitud y el sistema de grandes propiedades.

El análisis del BID no rechaza los factores históricos, pero se pregunta si esas políticas fueron accidentes de la historia o ellas en sí mismas resultan determinadas por las dotaciones de recursos naturales. Todavía más: esas políticas así como los aspectos institucionales que han sido indicados como causas de la mala distribución, tendrían sus raíces en las dotaciones de factores que encontraron los españoles y los portugueses, y no en lo que hicieron los colonizadores (primero) y los criollos imitadores de la intelectualidad europea (después).

Asimismo, las ideas del BID promueven una contracara con implicaciones muy serias, y que merecen ser consideradas. En efecto, mientras los males tenían lugar en los trópicos, los países templados aparecen con sociedades idílicas y horizontales que apuntaban al progreso y la igualdad. El determinismo geográfico de este modelo ingenuo presenta a las sociedades de los países industrializados del hemisferio norte como un modelo a imitar. Deberíamos entonces olvidar los hechos contrarios a esas aseveraciones y que tuvieron lugar en tierras templadas, como las guerras intestinas en Estados Unidos, las interminables guerras europeas o las diferentes revoluciones de caudillos y doctores en las pampas del Río de la Plata. En el mismo sentido, el BID sostiene que las sociedades de latitudes templadas y extremas promoverían la cooperación y los establecimientos familiares, y por lo tanto dejarían de ser relevantes los ejemplos históricos de latifundios patagónicos o la segregación contra los inuits y otros pueblos originarios de Canadá. Finalmente, habría que preguntarse si deberíamos desechar las experiencias de fuerte crecimiento endógeno en un país tropical, como la que vivió Paraguay durante un tramo del siglo XIX, y que fue aplastada tras la guerra encaminada por países templados (Argentina y Uruguay) y tropicales (Brasil), gracias a los buenos oficios de otro frío y brumoso (Inglaterra).

La excepción a la regla

Si existiera una regla determinista donde la geografía tropical condicionara las posibilidades de desarrollo, este mismo proceso se debería repetir en las regiones tropicales en los demás continente. Asimismo, todos los países ubicados en las zonas templadas y frías serían más desarrollados e igualitarios.

El BID ha realizado esas contrapruebas y concluye que existen "importantes excepciones". Una de las excepciones se observa en los países del sudeste de Asia, donde a pesar que se ubican sobre el ecuador poseen bajos niveles de concentración en la propiedad de la tierra, pero según el banco ello no basta para poner en duda el modelo, y sería "una de esas raras excepciones que en realidad prueban la regla" (BID, 1998). O sea que el modelo tropical del BID sería válido, a pesar de que la situación en todo un continente demuestra lo contrario.

Otra evidencia en contrario son los países templados que cuentan con una alta dotación de recursos naturales, los usan intensivamente y no han degenerado hacia la desigualdad, como Australia o Nueva Zelanda. Finalmente, la situación de empobrecimiento y desigualdad en países templados a fríos (el estancamiento en Uruguay y el agravamiento en Argentina y Chile), también contradicen el modelo. Ninguno de los dos casos es analizado adecuadamente en los estudios del BID.

Naturaleza abundante y personas perezosas

En el pasado, la alta dotación de recursos naturales y la pobreza latinoamericana se explicaban por un determinismo que era a la vez geográfico y social. Su dimensión social se basaba en considerar a los latinoamericanos como holgazanes y perezosos. La idea es que la alta disponibilidad de recursos en el trópico lleva a la pereza, ya que los alimentos eran fáciles de encontrar y no existían necesidades fuertes para viviendas o vestimentas elaboradas. Por el contrario, en las latitudes extremas, la rigurosidad climática y la escasez continuada o estacional de recursos obligaba a desarrollar el ingenio y la predisposición al trabajo. Los informes del BID no presentan explícitamente esta idea pero ella se insinúa en todo momento. Además, los estudios de J. Sachs, reiteradamente citados por el banco, enfocan ese punto recordando las tempranas expresiones de esas ideas en el siglo XVI. Citan por ejemplo al francés Jean Bodin (1576) quien sostenía que "los hombres de los suelos gordos y fértiles, son comúnmente afeminados y cobardes", mientras que los sitios áridos hacen a los hombres "por necesidad y por consecuencia, cuidadosos, vigilantes e industriosos".

Esas ideas también eran frecuentes en América Latina entre los siglos XVI y XIX, tanto entre visitantes e inmigrantes europeos, así como entre muchos intelectuales criollos, quienes insistían en el desapego por el trabajo de los latinoamericanos, su falta de disciplina y su tendencia a dejarse llevar por interminables fiestas. La implantación de los modelos de desarrollo europeo se asociaban por igual a modificaciones tecnológicas y productivas, como a transformar ese carácter, lo que se llamaba "civilizar" la cultura bárbara. Los diarios de viaje de Félix de Azara, Alcides d'Orbigny o Charles Darwin tienen múltiples pasajes sobre la supuesta pereza local. José Pádua (1987) ha presentado ejemplos de intelectuales brasileños que desde fines del siglo XVIII promovían usos más eficientes de los recursos naturales a la vez que reclamaban generar una nueva cultura del trabajo. En Argentina, también en el siglo XIX, se consideraba a los gauchos como carne a sacrificar en las guerras a la vez que se intentaba atraer a inmigrantes europeos, considerados más trabajadores. Intelectuales criollos o extranjeros se sorprendían por la distancia que existía entre la enorme disponibilidad de recursos (tierras fértiles, agua) y el atraso del desarrollo de las nuevas naciones, criticando el desaprovechamiento de esa riqueza y responsabilizando a una supuesta cultura perezosa. La abundancia sería la causa de la haraganería. Por esa razón, en distintos países de América Latina se buscó la "civilización" del indio, y el reemplazo del criollo haragán por el inmigrante trabajador. Una relectura de esos modelos encontrarán muchas similitudes con las propuestas actuales del BID. Por ejemplo, tal cual el banco en el día de hoy promueve programas educativos con fines productivos, de la misma manera a fines del siglo XIX, José Pedro Varela en Uruguay afirmaba: "tenemos, pues, una naturaleza virgen que domeñar, una sociedad entera que organizar, una nación nueva que hacer surgir de entre el caos de la primitiva ignorancia", y para ello el principal papel lo desempeñaba la educación para lograr nuevos obreros.

El fin de la historia

El determinismo geográfico negativo del BID anula, o reduce a su mínima expresión, los componentes sociales, políticos y culturales. Aparece como una superación de las posturas de la Teoría de la Dependencia y ni siquiera se entretiene en rebatir ideas como las determinantes externas al desarrollo, los términos de intercambio desventajosos, el control extranjero del capital y los medios de producción o las intervenciones militares o políticas. Pero incluso aparece como una superación del liberalismo contemporáneo en tanto deja en duda si los individuos son capaces de labrar su propio destino. En ese sentido, la historia se desvanece, los hechos que sucedieron en el pasado pierden su significancia y deja de ser relevante para explicar las situaciones actuales.

Sin embargo esas cambiantes condiciones sociales y políticas han tenido un impacto enorme en condicionar las estrategias de desarrollo latinoamericanas. Tan sólo a manera de ejemplo para poner en evidencia un problema de gran complejidad, y que el BID reduce exageradamente, es bueno recordar los estudios clásicos de Ciro Cardoso y Pérez Brignoli, quienes advierten que en las colonias americanas ibéricas y francesas, la propiedad sobre la tierra tenía un fuerte carácter patrimonial que le ofrecía vallas de contención frente a los embates mercantilistas. En cambio, las colonias de Inglaterra y Holanda "habían evolucionado rápidamente hacia una concepción más capitalista de la propiedad de la tierra, y la impusieron igualmente a sus colonias, en las cuales el suelo pasó a ser una mercancía". Buena parte de las expresiones capitalistas de fines del siglo XX observadas en los países industrializados son continuación de esas tendencias históricas, y en particular la mercantilización de los patrimonios. El BID olvida cuestiones como ésta, suponiendo que no existía una postura ibérica que condicionó el manejo de la tierra en el continente, sino que ello se debe a la latitud.

Pobreza y reformas

Esta perspectiva de un determinismo geográfico tiene consecuencias perversas tanto en el análisis como el diseño de estrategias de acción. Ello se debe a que ese determinismo desemboca en un mecanicismo fatal que impide cualquier análisis crítico de las reformas económicas y políticas de los últimos años: América Latina sería pobre y desigual por sus condiciones ambientales, y no por los programas de reformas o por las malas prácticas de personas o instituciones. Todos los aspectos negativos se deben a la geografía y no a esas reformas encaminadas por los gobiernos, y animadas por los bancos multilaterales o el FMI. Pero sorpresivamente allí donde pueden observarse mejoras, o al menos enlentencimiento en el deterioro, se debería a esas reformas, según el banco, y no a la geografía.

Las relaciones entre la distribución de la riqueza y las limitaciones geográficas se presentan en el estudio de los economistas del BID Londoño y Székely (1997), quienes admiten que la opinión negativa de las personas y las denuncias por la creciente desigualdad y la pobreza son confirmadas por los datos analizados por el banco. Pero rechazan la vinculación que hace la opinión pública y algunos analistas entre las reformas estructurales y ese deterioro, considerando que si no se hubieran hecho esas reformas la situación actual sería peor. En otras palabras, el sentido común funciona para corroborar que nuestra situación empeoró, pero la coincidencia con la implementación de estas reformas es solamente eso, una casualidad.

Debe reconocerse una importante diferencia entre el análisis de estos economistas y los de Gavin y Hasumann, o los informes del BID. Si bien apuntan a alta incidencia de la desigualdad en el acceso a los recursos naturales sobre la equidad, las mayores responsabilidades se deben a los déficits en el capital humano. Asimismo, Londoño y Székely advierten que el énfasis de estos últimos años en los sectores productivos primarios, la inversión extranjera asociada a los sectores agroforestales y mineros, y los estímulos fiscales para la explotación intensiva de los recursos naturales "podrían ser contraproducentes para el crecimiento conjunto de la economía y el bienestar de la población".

En cambio, las implicaciones políticas defendidas por Gavin y Hausmann, y en esencia seguidas por el banco, son heterogéneas. Mientras insisten en continuar la liberalización del comercio, reconocen que ello se puede asociar con un aumento de los sectores primarios basados en recursos naturales, lo que los llevaría a una contradicción, ya que bajo su modelo de desarrollo esa estrategia incrementaría o mantendría la inequidad. Pero los analistas de BID consideran que medidas proteccionistas tendrían como saldo neto efectos negativos, indicando que los proyectos basados en recursos naturales no deberían recibir tratamientos tributarios beneficiosos, incentivos o subsidios (aunque es dudoso que el banco esté cumpliendo esta recomendación). Finalmente, subrayan la necesidad de políticas compensatorias y focalizadas para atacar la pobreza, especialmente para quebrar el nexo que transmite las condiciones de pobreza de una generación a otra.

Reforma económica y reforma cultural

Pero estas políticas están condicionadas a no interferir con los mercados, de hecho son subsidiarias y secundarias a ellas, y deben ser focalizadas. Su propósito es volcar a las personas al mercado, el que las obligaría a trabajar y las recompensará según sus capacidades. Nuevamente asoma el estigma del haraganismo tropical, de donde el mercado sería el acicate para el trabajo. En este caso las reformas del banco, en línea con otras corrientes de pensamiento, no son únicamente económicas, sino que deben atacar la esencia cultural latinoamericana, ya que no es posible mudar de domicilio a nuestros países para alejarlos de los trópicos.

La reformas, tanto las de primera y segunda generación, a juicio del BID no pueden restringirse al campo económico, y por ello avanzan en el terreno cultural. Las actuales líneas de acción del banco promueven la desregulación de varios sectores económicos, la privatización de servicios públicos, y nuevos vínculos con el mercado en los más diversos sectores (desde el manejo de recursos hídricos a centros de promoción de la sociedad civil, desde las asociaciones de consumidores a las estrategias en ciencia y tecnología) y por lo tanto son consistentes con este modelo. Pero el determinismo geográfico también lleva a un fatalismo, ya que no se pueden modificar las latitudes donde se encuentran nuestros países.

En esa contradicción se encuentran las mejores posibilidades para remontar este tipo de determinismo, ya que tanto en los trópicos como en las regiones templadas de América Latina todavía hay mucha gente que labra sus destinos, e imagina nuevos destinos, sin sentirse amenazada por la latitud en la que vive.

BIBLIOGRAFIA

BID. 1997. Latin America after a decade of reforms. Economic and social progress in Latin America, 1997 Report. IADB, Washington.
BID. 1998. Facing up to ineaquality in Latin America. Economic and social progress in Latin America, 1998-1999 Report. IADB, Washington.
Cardoso, C.F.S. y H. Pérez Brignoli. 1979. Historia económica de América Latina. I, Sistemas agrarios e historia colonial. Crítica, Barcelona.
Gavin, M. y R. Hausmann. 1998. Nature, development and distribution in Latin America. Evidence on the role of geography, climate and naturales resouces. BID, Oficina Economista Jefe, Documento Trabajo 378.
Londoño, J.L. y M. Székely. 1997. Distributional surprises after a decade of reform: Latin America in the ninities. BID, Oficina Economista Jefe, Documento Trabajo 352. Reproducido en Pensamiento Iberoamericano, "América Latina después de las reformas", volumen extraordinario, 1998, pp 195-242.
Padua, J.A. 1987. Natureza e projeto nacional: as origen da ecologia política no Brasil, pp 11-62, En: Ecología e política no Brasil. Espaco e Tempo e IUPERJ, Rio de Janeiro.

Este artículo es parte de una revisión de las actividades del BID en el continente realizado para el Bank Information Center (Estados Unidos).

Nos sobra una ley





lunes, 30 de mayo de 2011

El cordobazo


29 mayo 1969, Agustín Tosco











Los contratos "confidenciales" de Montes del Plata


Tierra Libre con el fiscal Enrique Viana

Una producción de El Potrillo rezano

Montes del Plata y los contratos "confidenciales" de las multinacionales.



El contrato confidencial de Montes del Plata

Por Daniel Roselli
El contrato de inversión que Uruguay realizó con la empresa Montes del Plata está bajo el rótulo de “Confidencial”. Saber qué dice y qué no dice ese contrato, así como mantener el derecho de acceso a la información y a la soberanía del país, es el objetivo del fiscal Enrique Viana, quien realizó una serie de intimaciones para que el mismo salga a la luz pública.
Cuando el capital obtiene privilegios y concesiones que van más allá de los derechos y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, las negociaciones se tornan exclusivas y corruptas. Así es el contrato de inversión que el gobierno uruguayo realizó con la empresa Montes del Plata, que comenzará a construir la planta de producción de celulosa en Punta Pereira, Conchillas.
Cabe recordar que de acuerdo a un decreto presidencial del ex mandatario Tabaré Vázquez, aquellas inversiones que superen determinado monto, se tratarán directamente por la Presidencia de la República y con el rótulo de interés del país.
Este decreto también fue utilizado por la administración de José Mujica para la negociación del  Estado uruguayo con la empresa Montes del Plata y al igual que el gobierno anterior cuando acordó con Botnia (hoy UPM), el tratado se mantuvo en el mayor de los secretos.
Por ello, el pasado 25 de abril, el fiscal Enrique Viana presentó un recurso ante la Justicia donde argumenta e intima a los ministerios del Exterior, de Economía y Finanzas y de Viviendas, a la Presidencia de la República y a la empresa Montes del Plata a que den a conocer el contrato de inversión que suscribieron. EL ECO accedió a la demanda presentada por el fiscal de la Nación.
Argumentaciones de Viana
Para Enrique Viana los contratos de inversión son ilícitos por contrarios al orden público constitucional y, en consecuencia, absolutamente nulos. También consigna que ha requerido información pública a diversas entidades estatales en relación a la construcción y  posterior puesta en funcionamiento de la fábrica de celulosa en el paraje Punta Pereira, sobre costas del Río de La Plata, vecino a la localidad de Conchillas, pero que se le ha negado, bajo el argumento de confidencialidad. Viana, en su escrito, indica que éste “consiste en un nuevo emprendimiento industrial, a cargo de un conjunto de multinacionales, Stora Enso y Arauco, que, a nivel nacional, operan con el nombre de Montes del Plata. La actividad industrial anunciada refiere a la producción de pasta de celulosa a partir de la madera proveniente de plantaciones forestales (eucaliptus y pinos), con destino a la elaboración de papel. Implica variados procesos químicos para el blanqueo respectivo en los que se emplean diversas substancias peligrosas para el ambiente (azufre, dióxido de cloro, óxido de sodio, etc.). Y sabido es que la industria de la celulosa es generadora de diversos y significativos impactos ambientales negativos, tanto directos: emisiones atmosféricas, contaminación de las aguas por efluentes tóxicos, residuos sólidos, mal olor, potenciales afectaciones de la salud humana, etc., como indirectos: degradación de recursos naturales por el aumento de la forestación, perturbaciones a otras actividades productivas y al turismo, etc. Inclusive, a la fecha, también se anticipan graves y variados impactos sociales: desempleo, exclusión, pobreza, prostitución, prostitución infantil, etc.”
El contrato confidencial
Ante esto, el fiscal solicitó información; el Ministerio de Economía y Finanzas contestó el requerimiento judicial, pero en los siguientes términos: “Por Resolución de 18 de enero de 2011, el Poder Ejecutivo aprobó el proyecto de contrato de inversión celebrado en esa misma fecha entre el Estado y Montes del Plata. En el numeral 5º de dicho contrato se estableció una cláusula de confidencialidad, por la que se declaró que se consideraban confidenciales, tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas por el co-contratante. Las partes se obligaron a no divulgar ni total ni parcialmente ninguna información que se relacione con dicho convenio, salvo de común acuerdo expreso. En virtud del tenor de dicha cláusula, el Poder Ejecutivo está impedido por Derecho a proporcionar la información que fuera intimada”.
La experiencia dice que estos contratos de inversión son una continuidad de los Tratados de Inversión, que, de por sí, habilitan la renuncia de la soberanía y “la cesión de la jurisdicción y de la potestad normativa para el otorgamiento de estatutos de privilegio o de islas normativas singulares en favor de las Corporaciones Multinacionales Privadas, contrariándose el principio de igualdad de las personas ante la ley y atentándose contra los mismísimos conceptos de República y de Estado independiente. El propio Código Penal sanciona como delito contra la patria la ejecución de actos directos para someter el territorio nacional, o una parte de él, a la soberanía de un gobierno extranjero, o con el fin de menoscabar la integridad o alterar la unidad del Estado”, expresa el escrito de Viana.
Además, recuerda que una gran voz de alerta ya fue pronunciada por el egregio constitucionalista argentino German Bidart Campos: “Impedir que la economía trasnacionalizada despoje al Estado de su capacidad de reaccionar para supervisar y controlar y, a la inversa, fortalecer las competencias estaduales para regular la irrupción en el mercado interno desde el propio Derecho Constitucional, es difícil, pero no imposible. Si el colapso que los condicionamientos provenientes de un poder económico multinacionalizado significan para la política interna e internacional del Estado no consigue superarse, el espacio de la política socio-económica del Estado quedará acotado en desmedro de derechos primarios de los seres humanos, arrasados por el furor lucrativo y transgresor de la globalización económica. Habrá que rescatar, aunque cueste, la noción básica de que en cada Estado democrático, y en todos, la economía, la hacienda pública, la actividad financiera, y los particulares que operan en sus áreas deben subordinarse solidariamente a una inesquivable finalidad pública: hacer efectivos los derechos y las instituciones de la Constitución”.
En estos días, Hebert Gatto se ha pronunciado en similar advertencia: “Importa con todo recordar que los países pequeños deberíamos ser muy cuidadosos con las entregas incondicionadas de soberanía. No es placentero, en un mundo de gigantes, ser juzgados en el exterior por tribunales internacionales que ordenan conductas como amos a sus súbditos. Es cierto que los tratados tienen rango constitucional, pero eso no deroga nuestra Constitución que los contempla. Otra cosa es que, como se anuncia, demos muestra de sumisión”. (Gelman vs. Uruguay, El País, 30 de marzo de 2011).
“Se ven seriamente conmovidos los conceptos de República y de Soberanía Nacional, habilitándose aquella presión chantajista de los monstruos, tal cual se ha advertido con alarma que viene aconteciendo con la multinacional del tabaco, Philip Morris Internacional. El múltiple abandono de soberanía que suponen los Tratados de Inversión y sus sucedáneos, los contratos de inversión, conducen, inexorablemente, a que el Estado deje de ser independiente, a su deconstrucción como tal, mutándolo en una mera cáscara o apariencia, o convirtiéndolo en un simple fenómeno de ventriloquia (síndrome de Mr. Chasman y Chirolita). Va de suyo, entonces, que la antijuridicidad o ilicitud de estos contratos de inversión refieran nada menos que a la violación del orden constitucional”.
Derecho – Deber
Viana también afirma que con lo que se viene explicando, queda claro que el contrato de inversión cuyo conocimiento se deniega por el MEF es un asunto de interés general o público, de acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República y en la Ley; por tanto, sobre el mismo no puede operar secreto, ni reserva, ni confidencialidad alguna; por el contrario, rige la regla de su publicidad o, en términos más actuales, del libre acceso a la información pública, derecho – deber (derecho de todo ciudadano, deber del funcionario público), derivado de la libertad de expresión de pensamientos, consagrada en la Constitución de la República.
Intimación
Con estos antecedentes, el fiscal Enrique Viana realizó la correspondiente intimación ante la Justicia el pasado 25 de abril:
“1º) Que se le tenga por presentado, con la documentación adjunta.-
2º) Se INTIME al MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES, a que, en un término de SEIS DÍAS, INFORME sobre los hechos denunciados al inicio de este escrito y con la incorporación de copia, debidamente certificada, de todos los antecedentes administrativos que posea, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
3º) Se INTIME al MINISTERIO de ECONOMIA Y FINANZAS, exigiéndole que, en un plazo de SEIS DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
4º) Se INTIME a la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con la firma Montes del Plata, con más todos los antecedentes administrativos que posea al respecto, bajo apercibimiento, cometiéndose.-
5º) Se INTIME a la firma MONTES DEL PLATA, exigiéndole que, en un plazo de VEINTE DÍAS, suministre copia, debidamente certificada, del contrato de inversión acordado con el Estado – Poder Ejecutivo, bajo apercibimiento, cometiéndose”.



Capital extranjero y soberanía nacional

En paralelo con el procedimiento de autorización ambiental previsto por la ley vigente, las autoridades uruguayas están negociando un memorandum de entendimiento con la empresa Zamin Ferrou (Aratirí). El contrato de inversión firmado para la planta de celulosa en Conchillas puede servir de ejemplo del procedimiento y de los temas en discusión con la minera

Publicado el

TRANSPARENCIA DE LA INTRANSPARENCIA
La firma en ceremonia pública de un contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y la empresa internacional Montes del Plata fue solo la fachada de un compromiso que pretende sustraerse del dominio ciudadano pero, de confirmarse los trascendidos en la prensa, estaríamos ante una renuncia sin precedentes de la soberanía del país, así como de sus normas de protección social y ambiental
Víctor L. Bacchetta
El 18 de enero pasado fue firmado el contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y la empresa Montes del Plata, una asociación del grupo sueco Stora Enso y el chileno Arauco, para la construcción y operación de una planta de producción de pasta de celulosa en el departamento de Colonia. El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, puso la firma en nombre del gobierno y explicó a la prensa el motivo de la ceremonia.
Breccia dijo que “se llegó a este acuerdo luego de un largo proceso de negociación que llevó nueve meses” y explicó “que este tipo de emprendimientos requiere una normativa especial”. Agregó que “se tomaron todos los recaudos” para garantizar el cuidado del medio ambiente y la calidad de vida de los uruguayos. Por último, destacó que el hecho ratificaba “la política del gobierno en materia de inversiones extranjeras”.
Tan calificado esfuerzo y loables fines justificaban, sin duda, la ceremonia y el festejo, con la condición de que la población pudiera conocer el contenido de ese acuerdo. Pero he aquí que, pese a los esfuerzos de algunos ciudadanos –tales como el fiscal Enrique Viana y el periodista firmante de esta nota–, ni a través de la Justicia ni de una solicitud de acceso a información pública es posible ver el documento.
“Deniégase (…) el acceso a la información relativa al contrato firmado el 18 de enero de 2011 entre el gobierno uruguayo y las empresas Eufores S.A., Stora Enso Uruguay S.A., Forestal Conosur S.A., El Asparragal Asociación Agraria de Responsabilidad Limitada, Zona Franca Punta Pereira S.A., Celulosa y Energía Punta Pereira S.A. y Terminal Logística e Industrial de M’Bopicuá S.A., todas ellas identificadas como “Montes del Plata”, en razón del carácter confidencial del referido contrato”, reza la resolución firmada por el presidente José Mujica y ocho de sus ministros.
Viana recibió la misma respuesta. Veremos a continuación cuáles son los fundamentos de esa resolución y las implicaciones para el fiscal de tal procedimiento. Paralelamente, el Semanario Búsqueda publicó el 12 de mayo último, reservándose sus fuentes, unos fragmentos del referido documento. Dada la importancia de las citas y que esa versión no ha sido desmentida, incluiremos una valoración de su contenido.
La ley y la trampa
La negación del acceso al contrato se fundamenta en un artículo de la Ley Nº 18.831 de Derecho de Acceso a la Información Pública, en nombre de la cual se hizo la solicitud. El artículo 8 de esta ley establece que “Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial”.
Hasta aquí puede parecer razonable la reserva, pero cuando se va a la definición de lo que se debe considerar información confidencial, el artículo 10, establece:
“I) Aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:
A) Refiera al patrimonio de la persona.
B) Comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor.
C) Esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.
II) Los datos personales que requieran previo consentimiento informado.”

El dicho popular ‘hecha la ley, hecha la trampa’ advierte a la sociedad sobre la necesidad de vigilar a los tramposos. Pero aquí la trampa está en la misma ley que, por una parte, se propone “promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público, sea o no estatal, y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública” y, por la otra, posee un mecanismo que la anula.
En efecto, el amparo por una cláusula de confidencialidad del inciso C queda en manos de los firmantes del contrato y, como se ve por los otros incisos, no se trata de defender un patrimonio o los datos de una persona ni el secreto comercial. Se trata simplemente de salvaguardar un secreto que las partes se reservan por si y ante sí, vedando en ese mismo acto todo control externo. Es decir, legitima la posible arbitrariedad.
Así nos enteramos que el numeral 5º del contrato entre el gobierno y Montes del Plata estableció que “se consideraban confidenciales, tanto el contenido del convenio, como todas las informaciones adicionales presentadas por el co-contratante” y que las partes firmantes “se obligaron a no divulgar ni total, ni parcialmente, ninguna información que se relacione con dicho convenio, salvo de común acuerdo expreso”.
Por lo tanto, debemos creer que el señor Breccia, el presidente y los ministros firmantes consiguieron salvaguardar nuestros intereses tras una ardua negociación con la empresa de marras. Los uruguayos deberíamos agradecer y dar loas al Señor, sin preocuparnos por el procedimiento tan poco republicano o democrático. Lamentablemente, algunos espíritus incrédulos y las indiscreciones públicas no nos lo permiten.
Legalidad del contrato
En una nueva acción ante la Justicia, el fiscal Enrique Viana afirma que, con la negativa de acceso a la información solicitada, “se hace evidente la antijuridicidad del contrato de inversión en cuestión; ilicitud, que explica su aducida confidencialidad; secretismo, significativamente demostrativo de opacidad por actuaciones que lesionan los conceptos de Soberanía y de República y el principio de igualdad ante la ley“.
De acuerdo con la información de la Presidencia, en dicho contrato se define el marco legal aplicable al proyecto de inversión, el plazo para su presentación, las obligaciones de las partes, las eventuales contrapartidas especiales, el plazo para su cumplimiento y el alcance de los beneficios especiales a otorgar. Para el fiscal, estos contratos son contrarios al orden constitucional y, por lo tanto, ilícitos y nulos.
Viana fundamenta su afirmación en que “en el derecho constitucional contemporáneo “nadie” – ni particulares, ni órganos de poder – pueden hacer prevalecer su voluntad contraria al orden público. La constitución – el “derecho de la constitución” – es “derecho” público, y es de orden público, todo lo cual significó en la concepción romanista, derecho imperativo y forzoso, no dispensable ni derogable por nadie”.
Para el fiscal, la inconstitucionalidad deviene del intento de establecer una norma por encima del orden público ambiental estampado en la Ley Fundamental. Y agrega que “toda actuación funcional que se sumerja por debajo de los umbrales de tutela jurídica ambiental, que se ha dado la Nación, es repudiable, deviene antijurídica” y habilita al Ministerio Público y a la Justicia a actuar para restaurar el orden público.
En la medida que la Constitución uruguaya asigna a la Administración Pública el deber fundamental de protección del medio ambiente, el Poder Ejecutivo no puede ser juez y parte frente a Montes del Plata, como se convierte al firmar un acuerdo con la empresa responsable del emprendimiento, reforzado por el secreto del mismo, que lo inhibe aún más para ejercer la imparcialidad u objetividad necesaria para fiscalizarla.
Estos contratos, afirma Viana, son “un sucedáneo de los Tratados de Inversión, que, de por sí, habilitan la renuncia de Soberanía y la cesión de la jurisdicción y de la potestad normativa, para el otorgamiento de estatutos de privilegio o de islas normativas” en favor de empresas trasnacionales, contrariando el principio de igualdad de las personas ante la ley y vulnerando los conceptos de República y de Estado independiente.
Implicaciones múltiples
La intransparencia del procedimiento utilizado y la ausencia de un desmentido oficial de lo trascendido públicamente en torno a un tema de esta envergadura, habilitan a plantear adicionalmente — es decir, más allá de los cuestionamientos jurídicos ya referidos — las mayores interrogantes que se abren ante un acto justificado por el fin de “dar certeza y previsibilidad” a la política del gobierno en materia de inversiones extranjeras.
La primera que surge y se refuerza con la revelación de Búsqueda, nada inocente y con todo derecho, es que ninguna empresa extranjera que venga a instalarse o se encuentre en el país va a aceptar beneficios inferiores. Con mucho más derecho aún, tampoco se justificaría dejar al margen de esta “normativa” a las empresas nacionales. Si no fuera así, ¿adónde quedaría la mentada equidad y seguridad jurídica del Uruguay?
Con respecto a las fuentes de trabajo que justifican habitualmente a estas inversiones, la segunda interrogante es cuál será la posición de las organizaciones sindicales ante unas cláusulas que violarían derechos establecidos por ley, tales como el porcentaje de mano de obra nacional en zonas francas, así como las reiteradas referencias a medidas para garantizar las condiciones económicas o de rentabilidad del emprendimiento.
En este sentido, las disposiciones del contrato de inversión irían más lejos aún de las contenidas, por ejemplo, en el Tratado de Inversiones firmado con Finlandia en 2002, donde el artículo 6 referido a la Compensación por Pérdidas de la inversión incluyó aquellas ocasionadas “por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones” (sic).
En este nuevo acuerdo, el medio ambiente sigue siendo invocado con frases elocuentes, que se desvirtuarían de inmediato con los compromisos asumidos por el gobierno para garantizar la rentabilidad de la inversión. Citando al fiscal Viana, sería “una asociación, no clandestina, y por dicha razón, sólo en apariencia legítima, pero absolutamente contraria al deber fundamental de protección del medio ambiente”.
LA CHANCHA Y LOS CUATRO REALES
Así titula el Grupo Guayubira un análisis de los comentarios de Búsqueda y de las citas textuales atribuidas al documento confidencial, del cual presentamos un resumen:
1. Beneficios tributarios. La planta industrial y el puerto operarán bajo el régimen de zona franca y con los beneficios de la ley de inversiones. Además, las plantaciones y faenas asociadas de manejo, cosecha y transporte, reciben todos los beneficios de la ley forestal vigente. En cuanto a la zona franca, según el documento, la empresa podría solicitar la ampliación de la superficie para aumentar su capacidad de producción o incorporar industrias conexas, hasta el doble de la superficie otorgada (361 hectáreas). Por si fuera poco, dice Guayubira, el Poder Ejecutivo se comprometió a autorizar a Montes del Plata a emplear un porcentaje mayor de personal extranjero que, según la Ley de Zonas Francas, es de hasta un máximo del 25% de la plantilla.
2. Rentabilidad blindada. Si hubiera “cambios significativos en el régimen tributario o en materia de permisos y autorizaciones que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto”, el gobierno y la empresa “revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar” los eventuales perjuicios. (Con comillas las que serían citas textuales del contrato.)
3. Reclasificación de suelos. De acuerdo con Búsqueda, el gobierno y Montes del Plata acordaron hacer los “los mejores esfuerzos para encontrar soluciones alternativas para lograr una superficie forestable de 100.000 hectáreas, con posibilidad de ser plantadas dentro del radio de 200 kilómetros de Punta Pereira”. Entre tales esfuerzos se menciona un estudio de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) “que permitirá el enriquecimiento de la cartografía de suelos y una subdivisión de los categorizados como 5.02b”.
“Hasta ahora no se había logrado por parte del movimiento ambiental y por sectores académicos — afirma el Grupo Guayubira –, que el Poder Ejecutivo revisara la definición y extensión de los suelos de aptitud forestal por argumentos de interés público, como otros criterios técnicos adicionales al tipo de suelos que se habían utilizado tradicionalmente, incluyendo características del ecosistema y de los otros recursos naturales, sus relaciones con el ciclo hidrológico, etc. Pero, por los intereses de una empresa – que ya maneja más de 200.000 hectáreas en propiedad y otras formas de tenencia – rápidamente se pone a trabajar al MGAP, y se obliga a plazos terminantes para cumplir el condicionamiento establecido.”
De este capítulo se derivaría el compromiso de ampliar, a solicitud de la empresa, los suelos categorizados de aptitud forestal, sin tomar en cuenta a la población local y su gobierno. El Intendente de Colonia, Walter Zimmer, que había dicho “es un asesinato forestar en esta parte del país”, el 18 de enero se mostró feliz.
4. La ley de seguridad fronteriza. El contrato establecería asimismo la realización de “un análisis de los eventuales impactos del proyecto de ley de seguridad fronteriza y en caso que dicha norma establezca restricciones a la actividad de esa empresa, ambas partes buscarán en forma conjunta las alternativas que permitan evitar perjuicios a ese proyecto de inversión”. Esa iniciativa propone fijar una franja de 20 kilómetros de distancia de las fronteras seca y fluvial del país con los países vecinos, en la que los propietarios de los campos no podrán ser ciudadanos extranjeros.
5. El Instituto de Colonización. El gobierno habría asumido además el compromiso de que el Instituto de Colonización no ejercerá la opción de compra de las tierras que serán transferidas por las empresas Eufores y El Esparragal – vinculadas a Ence – a Montes del Plata, en la medida que se manejen ‘valores de mercado’.
6. Más beneficios aún. El MGAP había autorizado a El Esparragal S.A. a ser titular del derecho de propiedad de inmuebles rurales. Por el contrato de inversión, el gobierno se habría comprometido ahora a exonerar del Impuesto al Patrimonio a las explotaciones agropecuarias de sociedades vinculadas a esa empresa, cuyos accionistas son personas jurídicas autorizadas expresamente a ser tenedoras de inmuebles rurales, otorgándole el mismo tratamiento que a las sociedades cuyos accionistas son personas físicas. Según la versión de Búsqueda, “el gobierno aceptará como válidas esas autorizaciones para las compras futuras de tierras necesarias para el proyecto de Montes del Plata”.

El orgullo presidencial
video
Con una inversión de 1900 millones de dólares, la empresa Montes del Plata finalmente confirmó la instalación de una planta de celulosa en Conchillas, Colonia.
Teledoce 18.01.2011





.