miércoles, 18 de abril de 2012

Mariana Mota, Mirtha Guianze: puntadas con nudo


 La proscripción no encubierta de la fiscal Mirtha Guianze para integrar la Comisión Directiva de la INDDHH, por parte de algunos parlamentarios de la oposición, ha hecho naufragar la constitución de la misma en la sesión de la Asamblea General del pasado 12 de abril. 
 Su candidatura fue presentada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, el Pit – Cnt, Serpaj y  nuestra organización, Crysol. Cuenta con el respaldo de más de 20 organizaciones sociales que públicamente lo han señalado en reconocimiento a su trayectoria en la vida del país.
 
  La Dra. Mirtha Guianze cumple con todos los requisitos formales establecidos por la Ley 18 446 que creó la Institución Nacional de DDHH. Ha tenido un rol destacado  en defensa de las disposiciones constitucionales y promoviendo el accionar de la justicia por las atrocidades cometidas durante el terrorismo de Estado.
 
  Por el momento solamente cuenta con el respaldo de la bancada gubernamental que unánimemente se ha pronunciado a su favor. Ha declarado, además, que su designación es innegociable.
 
 
Hemiplejia y desconocimiento de las normas de DDHH.
 
  Según trascendidos de prensa, hay parlamentarios que no respaldan su designación por entender que la Dra. Mirtha Guianze tiene una visión hemipléjica con respecto a los DDHH. Increíble.
 
  Afirmar que la Dra. Guianze tiene una visión hemipléjica acerca de los derechos humanos es inadmisible. Muestra cabalmente que quienes la impugnan con tales argumentos no tienen la más mínima idea acerca de la temática involucrada.
 
  Es una verdadera paradoja que algunos de quienes tienen la facultad de participar en la designación de los integrantes del órgano que ha de promover, proteger y defender los DDHH estén demostrando, de una manera ostensible, su desconocimiento de los principios básicos y esenciales que los regulan y les dan sentido.
 
 
Solo el Estado viola los DDHH
 
  Las normas de DDHH, desde su lejano antecedente del 12 de agosto de 1789 en Francia, Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano, surgen para poner freno al descontrol y la arbitrariedad del poder estatal, para proteger a los ciudadanos frente a él. Los Derechos Humanos solamente son violentados por los órganos, los agentes o los funcionarios del Estado.  Son los agentes y funcionarios del Estado quienes vulneran los derechos humanos.
 
  Cuando se equiparan las conductas de los civiles con las de los funcionarios del Estado se desconoce que algunos de ellos, los militares y los policías, cuentan con el privilegio exclusivo de portar armas con la finalidad, entre otras, de garantizar el pleno goce de las libertades fundamentales y de los derechos esenciales al resto de la población. En este campo no existe hemiplejia posible. Lo que existe es desconocimiento de los principios fundamentales de la temática y una muy poca identificación con ellos.
 
 
Mirtha Guianze y Mariana Mota: piezas del ajedrez nostálgico
 
 El rechazo a la candidatura de la Dra. Mirtha Guianze es parte del mismo plan orquestado por los terroristas de Estado contra la Dra. Mariana Mota.
 
 Por diferentes medios, criminalizan a dos mujeres que han jugado un papel decisivo en el esclarecimiento y sanción de las graves violaciones a los DDHH cometidas durante el terrorismo de Estado. Se las castiga personalmente por su conducta y su compromiso con la justicia para intimidar a los fiscales y a los jueces que han de intervenir en los procesos en curso.
 
 Al mismo tiempo se presiona a la Suprema Corte de Justicia para que no cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman que tiene carácter vinculante para el Estado uruguayo. Pero la maniobra va mucho más lejos. Apunta a crear las condiciones socio políticas destinadas a que el máximo órgano declare la inconstitucionalidad de la Ley 18.831, muy especialmente, en lo referido a los plazos de prescripción y a la tipificación de los delitos cometidos. Hacia ese objetivo transitan desde su centro de operaciones en Domingo Arena. Ya han presentado formalmente un recurso en tal sentido.
 
 
La ley 18.831: un gran avance en la lucha contra la impunidad
 
 Cumpliendo con lo dispuesto por la Corte IDH en el caso Gelman, el pasado 26 de octubre, el Parlamento restableció la pretensión punitiva del Estado. Al mismo tiempo señaló que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado son crímenes de lesa humanidad. Por lo mismo, imprescriptibles e inamnistiables.
 
  La eliminación de los obstáculos legales que impedían al Poder Judicial llevar a cabo sus cometidos constitucionales sin contar con la autorización expresa del Poder Ejecutivo fue un enorme avance en todos los planos. El Poder Judicial, que ya en octubre de 2009 había declarado que la Ley de Caducidad era inconstitucional, recobró plenamente su independencia en lo referido a los temas del pasado dictatorial.
 
 La plena independencia de los tres poderes del Estado es uno de los principios básicos del sistema republicano uruguayo que fue vulnerado por la Ley de Caducidad en el afán de consagrar la impunidad para los golpistas y perpretradores de graves violaciones a los derechos humanos.
 
 La aprobación de la Ley 18. 831 restableció el derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo de Estado. Fue un acto militante por parte del Parlamento, de reafirmación democrática, de afirmación de las normas internacionales de DDHH en el camino de evitar que los hechos repudiados por la inmensa mayoría de los uruguayos vuelvan a ocurrir.
 
 
Resolución 60/147 de la ONU: estándar de la calidad democrática.
 
 La implementación a cabalidad y en profundidad de las directrices de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas en todos los planos: restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición es el camino a transitar por Uruguay para superar las heridas y los sufrimientos ocasionados por el terrorismo de Estado.
 
 Las ex presas y los ex presos políticos seguiremos demandando a todo el sistema político comprometido con un futuro de paz, de justicia social, de plena vigencia de las normas constitucionales y democráticas, al gobierno y a los poderes del Estado la implementación de ellas. Las directrices de la Resolución 60/147 son el único camino que asegura el Nunca Más terrorismo de Estado.
 
 En lo inmediato, llamamos a la defensa de la Dra. Mariana Mota, convocamos a todos los parlamentarios, a todo el sistema político, a votar a la Dra. Mirtha Guianze y a constituir a la mayor brevedad la Comisión Directiva de la INDDHH con integrantes que se hayan caracterizado por su trayectoria y compromiso con las grandes causas de la vida nacional junto a las organizaciones de la sociedad civil.
 
 
 
 
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