viernes, 22 de junio de 2012

De la Mesa Permanente contra la Impunidad


La Suprema Corte de Injusticia


A LOS PODERES DEL ESTADO y A LA OPINIÓN PÚBLICA.

La Mesa Permanente contra la Impunidad desea expresar algunos puntos de opinión sobre el giro que ha sufrido el tramite judicial de la denuncia por el homicidio político mediante torturas de Aldo Perrini, ocurrido en 1974 en el Batallón de Infantería Nº 4 de la ciudad de Carmelo durante el Terrorismo de Estado ocurrido en nuestro país entre los años 1973 y 1985.

Aldo “Chiquito” Perrini fue asesinado en el año 1974 luego de haber sido detenido por efectivos militares y conducido junto a otros ciudadanos de la Ciudad de Carmelo al Batallón de Infantería Nº 4.

La denuncia de su asesinato fue efectuada por uno de sus hijos en el año 2011, y la causa recayó en el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7º Turno a cargo de la Jueza Dra. Mariana Motta, siendo la Fiscal actuante la Dra. Ana María Telechea.

Luego de exhaustivas investigaciones ordenadas por la Sede sobre archivos de la época y de recibir numerosos testimonios de compañeros de prisión de la víctima, se concluyó en que la responsabilidad en el asesinato de Aldo Perrini recaía en los militares actualmente retirados: Pedro Barneix, José Puigvert, José Baudean y Washington Perdomo, responsables de los interrogatorios y de los suplicios a los que fuera sometida la víctima luego de intentar defender a una prisionera que estaba siendo violada por los captores y, en consecuencia, la fiscalía solicitó el procesamiento con prisión de los imputados bajo la figura de “homicidio político” (artículo 20 de la Ley Nº 18.026).
El pasado 13 de junio los cuatro militares con pedido de procesamiento fueron citados al Juzgado para audiencia ratificatoria.

En el acto de comparecencia el ex juez penal Dr. Rubén Eguilúz, abogado patrocinante del Gral.(r) Pedro Barneix, en una clarísima maniobra dilatoria tendiente a ganar tiempo ante el inminente dictado del auto de procesamiento de su patrocinado, renunció a la defensa de su cliente, solicitando entonces el militar un plazo de 24 hrs. para designar nuevo defensor, plazo que le fuera otorgado por la Sede. Una vez finalizada la “puesta en escena”, el renunciante Dr. Eguilúz se presentó ante la Suprema Corte de Justicia requiriendo la intervención de la Corporación para que analizara la denegación por parte de la Magistrada de un recurso de “queja” presentado por su defensa, alegando “denegación de justicia”.

El día 14 de junio nos enteramos que Pedro Barneix, que debía presentarse a la audiencia suspendida con nuevo defensor, se encontraba “internado” en el Hospital Central de las FF.AA. aquejado de un pico de “estrés” y que los médicos militares tratantes no le permitían recibir visitas, por tal razón no podía autorizar nueva defensa a pesar que su familia había designado a un nuevo abogado.

Como puntillazo final de toda esta trama, ese mismo día se supo que la SCJ había accedido a lo solicitado por el Dr. Eguilúz, ordenando la remisión del expediente para analizar la actuación de la Jueza Dra. Mariana Motta.

El inmediato pronunciamiento de la Corte, provocó la suspensión indefinida del proceso quedando los asesinos libres y el caso totalmente paralizado.

Como en un relato del célebre Macondo, asistimos perplejos a una curiosa sucesión de lamentables hechos que, a ojos vista, solo lograron dilatar el procesamiento de Pedro Barniex y los demás asesinos de Aldo Perrini, a partir de una “chicana” con la que el Dr. Eguilúz logró impedir que se aplicara el castigo a estos delincuentes y paradójicamente, mientras los asesinos permanecen libres la Corte investiga la actuación procesal de la Jueza Motta.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de los DD.HH. a que se mantengan en estado de alerta ante lo que pudiera ocurrir en el caso del asesinato de Aldo Perrini, como así también en todos los demás casos por violaciones de los Derechos Humanos que aun restan dilucidar ante la Justicia.

Esperamos que todos los poderes del Estado actúen con claridad, honestidad y transparencia, respaldando el legítimo derecho de las víctimas del Terrorismo de Estado; dando así cabal cumplimiento a lo que ordena la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH que el Estado Uruguayo se comprometió públicamente a acatar.
Queremos creer en el avance de la Justicia y también en la plena independencia del Poder Judicial para ejercerla. Estaremos atentos.


Montevideo, 22 de Junio de 2012.

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