viernes, 22 de junio de 2012

El fin de la educación de mercado

Estudiantes marchan en Chile para denunciar lucro en universidades privadas
19 Junio 2012
Camila Vallejo compara a las universidades privadas con lavado de dinero 

La líder estudiantil chilena Camila Vallejo comparó hoy el lucro de las universidades privadas con el lavado de dinero, en medio de una creciente polémica en su país sobre el tema.
“Aquí no hay delincuentes comunes, hay grandes mercenarios de la educación y entre ellos hay autoridades de la misma coalición gobernante. No puede ser que haya casos incluso que se asemejen a una especie de lavado de dinero”, subrayó la dirigenta.
Vallejo, quien lideró una huelga de siete meses en 2011 por educación pública gratuita y de calidad, hizo las afirmaciones luego de que una comisión de diputados revelara cómo ocho universidades privadas obtienen ganancias, a través de empresas ligadas.
“Esto debe fiscalizarse y sancionarse de manera urgente”, sostuvo Vallejo.
A su vez, la diputada del Partido Regionalista Independiente (PRI) Alejandra Sepúlveda criticó como presidenta de la comisión ivestigadora las palabras del ministro de Educación, Harald Beyer.
El funcionario, quien restó importancia al informe, señaló que la autoridad debía “actuar sobre la base de denuncias serias y no sobre afirmaciones que muchas veces no tienen mucho sustento”.
En Chile, debido a una reforma instalada en la dictadura del fallecido general Augusto Pinochet (1973-1990), toda la educación superior es pagada, incluso en las universidades públicas.
La mitad de los hogares en Chile recibe ingresos mensuales inferiores a los 800 dólares, pero la educación superior demanda pagos por hasta 12.000 dólares anuales.
Como resultado, el sistema educacional ahonda las diferencias sociales, según diversos estudios.
Las universidades privadas, que ampliaron fuertemente la matrícula desde los años 1980, deben ser por ley instituciones sin fines de lucro, lo que no fue respetado.
Los dueños de estas instituciones, entre ellos parlamentarios, ministros y empresarios, crearon sociedades inmobiliarias que a través del pago de arriendos retiraban sus ganancias.
Los estudiantes piden acabar con esas prácticas, el respeto a la ley y que al menos las universidades públicas sean gratuitas, demandas apoyadas por un 90 por ciento de la población, en sondeos.





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