miércoles, 24 de abril de 2013

Los muertos de La Plata

Informe: muchísimos mas que 52


La Plata: serias irregularidades en el conteo de las muertes por el temporal



La gobernación provincial asegura que no existen más de 52 fallecidos, pero el Juez Luis Arias –ahora apartado de la causa– identificó 3 más y denunció a la Policía bonaerense por fraguar actas de defunción. Además, hubo impedimentos para dejar entrar a funcionarios judiciales a la morgue, y se dieron a conocer otros casos de muertes que están fuera del listado oficial. En todos los barrios de la ciudad se descree de las cifras que dio a conocer el gobierno de la provincia. Por ANRed La Plata.
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¿Cuantos muertos?
El gobernador Scioli ratificó el lunes pasado que la lista oficial que confeccionó el Ministerio de Seguridad (a cargo de Casal) se cerró en 51 muertos. En esa lista figuran únicamente las muertes denunciadas por los familiares a la justicia penal, no al 911 que se acercan al número de cien. En estos casos la Policía Bonaerense actuó con los mimos métodos de la dictadura, de forma deliberada permitió que los familiares enterraran los cuerpos, incluso que los inhumaran, sin que se haya podido constatar judicialmente las causas de la muerte y sin informar a la justicia como deben hacer cuando se trata de muertes traumáticas.
Tampoco figuran en la lista menores de edad, lo que choca con los testimonios de varios vecinos que han visto niños arrastrados por el agua y que están muertos o desaparecidos. No figuran Ada Teresa Rodríguez de Castro, Edgardo Reguera y Nélida Reyes, que si están en la nómina de la Policía Científica.
Scioli tuvo que reconocer la existencia de 37 muertos más, pero adjudicó la causa de esas muertes a circunstancias ajenas a la inundación (muertes naturales). Con total impunidad niega la relación que existe entre esas muertes y el temporal. Prometieron asistencia sanitaria, pero hubo personas que murieron esperando atención médica. Hubo muertos en los mismos hospitales afectados por el temporal, paros cardiorrespiratorios producidos por el frío, o por la falta de luz y de gas.
En el Hospital Español hubo tres fallecidos entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles, en el Hospital San Roque de Gonnet hubo cinco que tampoco están en la lista oficial. En el Hospital San Martín el número aún no está claro, pero sería más elevado. El sistema de Salud debe informar en detalle las causas de esas muertes y el Ministerio de Seguridad debe actualizar la nómina de muertos. Le caben responsabilidades políticas en este punto.

Los desaparecidos

En un país donde hablar de desaparecidos es hablar del terror, de la persecución, volvemos a enfrentarnos a esta palabra que nos recuerda lo peor que hemos vivido en el último tiempo: la dictadura. Parece mentira que de nuevo haya que recorrer los ministerios, las comisarias para saber algo de un amigo, un hermano.
Según la versión oficial hay un desaparecido. Según los vecinos y las denuncias hechas al 911 hay cerca de veintitrés personas que aún no han sido encontradas. El defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, inició un requerimiento a la justicia para que se aclare la situación. Él mismo recorrió los barrios más afectados, habló con vecinos que aún están buscando familiares. El juez Luis Arias tomó el reclamo, ordenó la inspección de la morgue del cementerio local para identificar los cuerpos, pero negaron el ingreso. Por otro lado constató la veracidad de las denuncias hechas al 911 que desconoce el Ministerio de Seguridad. En el marco de esta investigación, Arias recogió testimonios de vecinos que suman por lo menos 12 nombres más a la lista de muertos.

¿Por qué ocultar la realidad?

Los gobiernos quieren dar vuelta la página, decir ya está, son 51 muertos y 1 desaparecido y a otra cosa. En un año electoral nadie quiere pagar el costo político de un desastre que puedo haberse evitado, de una ayuda que no llegó.
Familias enteras esperaron toda la noche y toda la mañana la asistencia de bomberos o policías que las rescatara del agua y las evacuara. Hubo ineficiencia, abandono, desidia. En esas horas de espanto la única salida fue la autorganización de los vecinos.
Desde todos los niveles del Estado deberían dejar de falsear el asunto y declarar la emergencia nacional, constituir un fondo de crisis, asistir a todas las zonas afectadas, indemnizar íntegramente los daños sufridos, no cobrar impuestos. Así lo exigen las circunstancias, y la legislación vigente en materia de inundaciones del campo (Emergencia Agropecuaria Ley 26.509/2009). Sin embargo Cristina Fernández, Scioli, Macri, Bruera, que deberían construir de forma urgente las obras y desagües necesarios para que esto no vuelva a suceder con la próxima lluvia, se pelean entre ellos (lo que confirma las responsabilidades políticas que tienen) y ofrecen créditos a la gente que perdió todo y que no puede ni piensa en endeudarse. Para recibir los subsidios que anunciaron el viernes, se requieren trámites burocráticos insufribles. Hay que obtener el “certificado de damnificado”, con la certificación de domicilio y DNI, cosas que la mayoría perdió en el temporal. Además hay que hacer largas colas para recuperar documentación del trabajo, justificar ausencias. No hay nadie en los ministerios, gran parte de los trabajadores estatales también están sufriendo las consecuencias del desastre. El retorno a las clases es una ilusión. Muchos colegios han sido inundados y funcionan como centro de asistencia, así como casas particulares de vecinos, centros sociales, facultades. El Estado está desbordado, las ambulancias móviles no llegan a los barrios y la distribución de las donaciones esta desmadrada entre los punteros oficialistas. Algo parece haber explotado. La ayuda que prometieron tiene que ser inmediata, con la sola comprobación del domicilio. Estamos frente a un verdadero desastre social y los gobiernos se muestras incapaces de dar una salida.
Han sido los vecinos y las organizaciones sociales, los que han puesto el pecho, solidarizándose con los damnificados, yendo a los barrios a colaborar en la reconstrucción de las casas, a llevar agua, comida, colchones, abrigos. Saben que eso no es suficiente, que es el Estado el que tiene que ofrecer salidas de fondo. Hay un punto de inflexión en la conciencia colectiva, un fuerte lazo une a la población como paso con Cromañón y la masacre de Once. Hay bronca, mucha bronca, un hartazgo infinito y ganas de esto cambie. No tienen nada que perder.


Testimonio de los vecinos

El juez Arias habló de "tremendas irregularidades" - Inundaciones en La Plata

Inundaciones: no otra cosa que la lógica del capital

 Las aguas han bajado, en muchos sentidos más que turbias, dejando expuesto el saldo en pérdidas humanas y materiales. La histórica desidia del Estado encuentra sus orígenes en la voracidad del capital, que contrasta notablemente con la solidaridad y cooperación de la sociedad civil. Empieza ahora la reconstrucción, inversiones estructurales y la prevención. ¿Quién debe pagar los costos? Por Eduardo Lucita.
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Los fabricantes de desastres “naturales”
A raíz de los fallecidos en el marco de las recientes inundaciones y rememorando la Masacre de Cromañón y de Once, Guillermo Almeyra reflexiona sobre las causas de las mismas: "¿Qué hay de ’natural’ en todos estos delitos y crímenes, en esta utilización clasista de los bienes públicos, en esta total despreocupación por la naturaleza y por los trabajadores y los pobres? Los muertos han sido asesinados por un sistema criminal, los destrozos que ascienden a varios miles de millones de dólares (entre 5 y 6 mil millones, se calcula) fueron causados por ineptos, especuladores, corruptos. Lo ’natural’ es político".
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La Plata: La gestión de los cuerpos

Por Julián Axat
 Hermetismo en la morgue


 Durante 1976 y 1980 las Morgues judiciales tenían la práctica de extender certificados de defunción y ordenaban la inhumación de cadáveres de personas detenidas-desaparecidas, por orden de las fuerzas militares-policiales, y sin la intervención de un juez competente. Los procedimientos buscaban fraguar casos de tortura y posterior ejecución sumarias, certificadas bajo el rótulo de “muertes por paro cardiorespiratorio no traumáticos”, en casos donde lo que existía era un tiro en la nuca. El libro “Poder Judicial y Dictadura- El caso de La Morgue”, de la antropóloga María José Sarrabayrouse de Oliveira (Edit del Puerto-Cels, 2012) es una obra capital para entender las formas del encubrimiento y gestión de los cuerpos de las personas desaparecidas por policías, médicos forenses, médicos particulares y la trama que le permitía al dispositivo genocida funcionar a la par del poder judicial que se apartaba, y así los cuerpos desaparecían, se enterraban NN, osarios, o aparecieran arrojados en falsos enfrentamientos o accidentes de autos.

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