miércoles, 3 de julio de 2013

Se reabrió el caso Perrini


Declararon 2 militares y se pide que Barneix sea conducido

La Suprema Corte de Justicia devolvió el expediente al Juzgado Penal de 7mo. Turno y ahora deben decidir la fiscal Ana María Tellechea y la jueza Beatriz Larrieux.

 El lunes Piero Perrini informó a EL POPULAR que la Suprema Corte de Justicia había devuelto el expediente al Juzgado Penal de 7º turno por el asesinato de su padre Aldo en el Batallón de Infantería No 4 de Colonia de Sacramento el 4 de marzo de 1974.

En aquella ocasión Susana Santamaría Galeano quedó viuda con tres pequeños hijos: Piero de un año, Aldo de cinco y Dino de seis.

El menor de los Perrini hizo la denuncia penal con el auspicio del doctor Oscar López Goldaracena.

Por estos días se cumple un año de que la defensa del general Pedro Barneix –el abogado Julio Suárez Franco- llegó al juzgado de la calle Misiones y le entregó un certificado médico a la entonces jueza penal Mariana Mota: el general no podía declarar porque estaba internado en el Hospital Militar aquejado de un agudo pico de estrés.

En aquel junio del año pasado los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad increíble. El ex juez Ruben Eguiluz, anterior abogado de Barneix, había interpuesto un recurso por su defendido y la jueza Mariana Mota no lo aceptó. La fiscal Ana María Tellechea había solicitado cárcel con prisión para el militar y la magistrada estaba a punto de procesarlo.

En aquel lluvioso miércoles 13 de junio, el abogado Ruben Eguiluz se trasladó hasta el Palacio Piria donde casualmente estaba reunida la Suprema Corte de Justicia. Sus ministros por unanimidad resuelven hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad y la jueza Mota debe entregarles al expediente. El juicio se suspendió y la noticia fue filtrada a Búsqueda, que al día siguiente le dedicó su contratapa. Ahora la historia comienza a dar un vuelco.

Se retomaron las actuaciones a 39 años del crimen del heladero de Carmelo

“Se está haciendo todo bien –nos comenta con entusiasmo Piero Perrini- pero comunicate con Oscar”. Eso hacemos.

El Juzgado Penal de 7º Turno está a cargo de la jueza Beatriz Larrieux –quien ocupa el lugar de la desplazada Mariana Mota- y la fiscalía sigue en manos de Ana María Tellechea.

“El expediente hoy lo tiene la fiscal Ana María Tellechea – nos comenta el doctor Oscar López Goldaracena- y el paso es que al volver al juzgado hemos presentado un escrito con los fundamentos de por qué hay que seguir avanzando. Pedí que el general Pedro Barneix sea conducido por la fuerza pública. Terminada la introducción solicitamos que la jueza penal se lo pasara a la fiscalía”.

Le hacemos notar al abogado que hace un año Ana María Tellechea había solicitado el procesamiento con prisión del general Barneix y de los oficiales José Puigvert, José Baudeaun y Washington Perdomo por el asesinato de Aldo Perrini.

“Supongo que ahora hará lo mismo. Acordate que Baudean murió. Por eso pedí que fuera conducido por la fuerza pública”, expresa Oscar López Goldaracena. Corresponde destacar que la jueza Beatriz Larrieux entiende que aun cuando no sean considerados como crímenes de lesa humanidad, los delitos de la dictadura no prescriben porque no se pueden computar los años de vigencia de la Ley de Caducidad. Es un argumento compartido por otros jueces, como los actuantes en los casos de Nibia Sabalsagaray y Ramón Peré.

No hay ningún indicio que permita suponer que la jueza Larrieux y la fiscal Tellechea cambien de postura. Por lo tanto, es esperable que lo que se resolvió en junio de 2012 comience a dilucidarse en este junio de 2013. O sea que los asesinos del heladero de Carmelo marchen de una buena vez por todas a la cárcel. “Pero, ¿y la Suprema Corte de Justicia?”, puede con lógica preguntarse algún lector. Para ello consultamos a Oscar López Goldaracena. “Los jueces de 1ª Instancia tienen que marcar la cancha”.

En caso que sean condenados los tres militares por el caso Perrini, el abogado entiende que “la Suprema Corte de Justicia tiene que entender, comprender los fundamentos jurídicos por los cuales se juzga como crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.

Y si no los comprende, a contrapelo de lo que indica el Derecho, muy humildemente en mi opinión estarían incurriendo en una causal de ineptitud para seguir ocupando sus cargos.

Aspiro que la Suprema Corte cambie de postura. Te aclaro que una vez que se termina un caso de inconstitucionalidad, siempre el expediente vuelve al juzgado.

Y el que sigue el procedimiento es el juzgado. Lo que tiene que hacer el juzgado de acuerdo al fallo de la Suprema Corte es no aplicar la Ley a la que se le declaró la inconstitucionalidad para los artículos 2 y 3.

En este caso el juzgado puede avanzar sin necesidad de aplicarla si imputa conductas como crímenes de lesa humanidad. Los jueces de 1ra. Instancia le tienen que marcar la cancha. Como abogados tienen capacidad para decirles a los ministros:

“Señores ustedes están equivocados. Y es de buen profesional entender, darse cuenta y reconocer cuando uno se equivoca. Porque si no lo hace se cae en un empecinamiento que no es acorde a la amplitud y capacidad técnica que debe tener un ministro de la Suprema Corte”.

Por Walter Cruz



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