viernes, 11 de octubre de 2013

En Brasil tampoco prescriben


Nueva doctrina en Brasil sobre delitos de lesa humanidad
Rodrigo Janot. El nuevo fiscal general de Brasil se mostró contrario a la Ley de Amnistía y de la prescriptibilidad de los delitos contra la humanidad.



Procurador General de Brasil recomienda juzgar a represores de dictadura militar
Mié, 09/10/2013.
El nuevo Procurador General de Brasil, Rodrigo Janot, quien lleva menos de un mes en el cargo, recomendó al Supremo Tribunal Federal el juzgamiento de los represores que actuaron durante la dictadura militar (1964-1985), que siguen beneficiados por la vigente ley de amnistía.
"El carácter imprescriptible de los crímenes contra la humanidad constituye una norma jurídica imperativa del derecho internacional de los derechos humanos", declaró Janot.


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El jurista contradijo así a su predecesor, Roberto Gurgel, quien había rechazado juzgar a represores en observancia de la ley de amnistía, sancionada en 1979 por el entonces dictador Joao Baptista Figueireido.
La vigencia de esa norma hizo que Brasil fuera el único país del Cono Sur en no procesar ni encarcelar a sospechosos de participar en la represión ilegal de los opositores al régimen de facto instaurado tras el derrocamiento del presidente Joao Goulart.
Es la primera vez, además, que un procurador acoge el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en 2010 condenó a Brasil por no investigar ni penalizar a militares y agentes de los servicios de inteligencia, y recomendó relativizar los alcances de la amnistía.
Es la primera vez, además, que un procurador acoge el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en 2010 condenó a Brasil por no investigar ni penalizar a militares y agentes de los servicios de inteligencia, y recomendó relativizar los alcances de la amnistía.
En 2010, la mayoría de los jueces que forman el Supremo Tribunal Federal rechazó la posición de la Corte Interamericana y convalidó la vigencia de la amnistía con argumentos como la necesidad de preservar la seguridad jurídica.
Esa perspectiva de la seguridad jurídica también fue rechazada por el flamante procurador Janot en su escrito, divulgado anoche y recogido por la agencia de noticias ANSA.
Janot argumentó que "no hay ninguna seguridad jurídica que preservar cuando se trata de alguna iniciativa que se vuelve contra la ley de amnistía que fue un pilar de sustentación del régimen autoritario".
Rodrigo Janot toma poseción como Procurador-Geral da República

Internacional 11.10.13
Para hablar de justicia 
 Surgió en Brasil una voz fuerte, favorable a juzgar delitos de la dictadura. 
El nuevo fiscal general de Brasil se mostró contrario a la Ley de Amnistía y de la prescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, y se colocó así en una posición opuesta a la de su antecesor y a la del Supremo Tribunal Federal. Su opinión, que se conoció en el marco de un proceso de extradición a Argentina, no fue recogida por casi ningún medio masivo brasileño.
Argentina pidió a Brasil la extradición de Manuel Alfredo Montenegro, un ex policía argentino acusado de haber torturado a detenidos durante la dictadura en su país. El fiscal general brasileño, Rodrigo Janot, que asumió su cargo en setiembre, emitió su recomendación a favor de habilitar la entrega del imputado y de disponer su prisión preventiva en un dictamen, en el que también expuso su parecer sobre la Ley de Amnistía y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
Acerca de Montenegro, Janot apuntó que hay varios convenios entre Argentina y Brasil que permiten la extradición, que el presunto represor no está sujeto a ninguna ley de amnistía y que los delitos de los que se lo acusan no prescribieron. Subrayó que “en Argentina la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad practicados bajo un régimen autoritario fue reafirmada por la Corte Suprema”.
Janot dio un paso más al referirse al tema en general y no a lo particular de la situación argentina, considerando que “el carácter imprescriptible de los crímenes contra la humanidad constituye una norma jurídica imperativa del derecho internacional de los derechos humanos”.
El fiscal calificó de “hipócrita” el pedido de que los crímenes cometidos por la dictadura sean “dejados en el pasado”, y rebatió el argumento de preservar la “seguridad jurídica” que la amnistía da a los militares: “No hay seguridad jurídica a preservar”, cuando “uno de los aspectos autoritarios del régimen fue que, para instaurarse, tiró por tierra la propia seguridad jurídica”, analizó.
En ambos aspectos Janot contradice a su predecesor Roberto Gurgel, cuyo mandato terminó el 15 de agosto. El actual fiscal asumió el mes pasado tras un proceso que comenzó con su nominación por parte de la presidenta, Dilma Rousseff (que elige entre tres nombres propuestos por la Asociación Nacional de Fiscales de la República), y terminó con el aval de la Cámara de Senadores, que le dio su visto bueno con 60 votos a favor y cuatro en contra.
Janot también se opone a la postura del Supremo Tribunal Federal, que en 2010 ratificó la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. No se descarta que ante un nuevo proceso el resultado en el máximo órgano judicial sea distinto por los cambios que hubo en su conformación.
Según la legislación brasileña, el fiscal general de la República tiene que ser escuchado en todos los procesos de competencia del Supremo Tribunal Federal, o sea que si vuelve a tratar la Ley de Amnistía, Janot deberá dar su parecer. Por el puesto que ocupa también puede -al igual que otros organismos o altos cargos, como Presidencia o el Congreso- promover una Acción Directa de Inconstitucionalidad si considera que una ley atenta contra la Constitución. Este último es un recurso poco utilizado para leyes existentes, aunque sí se suele recurrir a él cuando se trata de nuevas normas.
Andrea Martínez
 El nuevo procurador general le recomendó al Supremo Tribunal Federal de Brasil el procesamiento de los represores que actualmente son protegidos por la ley de amnistía. En la misma línea, recomendó la prisión preventiva y posterior extradición del ex policía Manuel Alfredo Montenegro acusado de tortura durante la dictadura (1976-1983) y condenado en ausencia en Misiones. Estaría escondido en una ciudad brasileña muy cerca de esta provincia.

En un informe entregado al Tribunal Supremo brasileño, la entidad explicó que la acción procede, en vista de que el ex policía no ha sido amnistiado ni en Argentina ni en Brasil, y sus delitos no han prescrito.

Montenegro tiene prisión en ausencia decretada en febrero de 2011 por el Juzgado Federal de Primera Instancia en Materia Criminal y Correccional de Posadas. Según datos de Interpol -dice la Procuraduría- hay indicios de que Montenegro se encuentra en la ciudad de Itaqui (Rio Grande do Sul).

Entre 1972 y 1977, Montenegro fue inspector de la Policía Federal en la delegación Posadas, período en el que arrestó y torturó a Anibal Rigoberto Velázquez, Carlos Alberto Bajura y Julio Hippler.


 POR PRIMERA VEZ, UN PROCURADOR GENERAL ACEPTA LA DOCTRINA MUNDIAL

Imprescriptibles también en Brasil

Luego de décadas de negarla y de ser condenada por la Comisión Interamericana, Brasilia acepta invalidar la autoamnistía de la dictadura militar de 1964-1985.


El nuevo procurador general del Brasil, Rodrigo Janot, recomendó al Tribunal Supremo Federal que se juzgue a los represores que cometieron delitos contra los derechos humanos durante la dictadura militar. Los miembros de las fuerzas de seguridad que entre 1964 y 1985 actuaron en el terrorismo de Estado están beneficiados actualmente por la vigencia de la ley de amnistía de ese país. Janot, que lleva menos de un mes en el cargo, señaló: “El carácter imprescriptible de los crímenes contra la humanidad constituye una norma jurídica imperativa del derecho internacional de los derechos humanos”. El jurista contradijo así a su predecesor, Roberto Gurgel, quien había rechazado el juzgamiento por la ley de amnistía, sancionada en 1979 por el entonces dictador Joao Baptista Figueiredo.
Esa norma hizo de Brasil el único país de América latina que no tuvo procesos judiciales ni envió a la cárcel a policías o militares acusados de participar en la represión de la dictadura instaurada tras el derrocamiento de João Goulart. Es la primera vez que un procurador reconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que en 2010 condenó a Brasil por no investigar ni penalizar a militares y agentes de inteligencia y recomendó relativizar los alcances de la amnistía. La mayoría de los jueces que forman el Supremo Tribunal Federal desestimaron, hace tres años, la posición de la Corte Interamericana y convalidaron la vigencia de la amnistía con argumentos como la necesidad de preservar la seguridad jurídica. Esa perspectiva también fue rechazada por el flamante procurador Janot en su escrito. El funcionario argumentó que no hay ninguna seguridad jurídica que preservar cuando se trata de alguna iniciativa que se vuelve contra la ley de amnistía, que fue un pilar del régimen autoritario.
Esta semana, la Procuraduría General brasileña recomendó la prisión preventiva y posterior extradición de un ex policía argentino acusado de torturas durante la dictadura. Según un comunicado, el pedido contra Manuel Alfredo Montenegro fue planteado por un juzgado federal argentino sobre la base de convenios entre ambos países y se centra en tres casos de presunta detención y tortura perpetrados entre 1972 y 1977 por los que fue acusado en Misiones en 2011. En un documento enviado al Tribunal Supremo, la procuraduría señaló que el pedido de extradición encuentra su razón en el sentido de que el ex policía no fue amnistiado por la Justicia argentina ni por la brasileña, por lo que los delitos de los que se lo acusa se siguen cometiendo en el tiempo. “En la Argentina, la imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad practicados bajo un régimen autoritario fue reafirmada por la Corte Suprema. En Brasil, la imprescriptibilidad como norma de derecho internacional también se aplicaría”, manifestó Janot.
“El procurador general de la República, a quien tengo el honor de nombrar en esta ceremonia, es uno de los guardianes de la ciudadanía, de respeto a los principios y normas del derecho consagrados en nuestro ordenamiento jurídico”, señaló la presidenta Dilma Rousseff el 17 de septiembre, en la asunción de Janot al frente de la Procuraduría General. En esa oportunidad, la mandataria afirmó que el flamante procurador tiene la capacidad de afrontar retos y responsabilidades que conllevan ese cargo gracias a los logros obtenidos a lo largo de su carrera, su calificación profesional y el reconocimiento de sus pares, que lo recomendaron para esa función. En su discurso, Rousseff también destacó que el lugar que ocupa la procuraduría representa “un momento único” para la reafirmación de los compromisos con la democracia y el funcionamiento de las instituciones. En este sentido, la presidenta señaló: “El libre juego del Ministerio Público Fiscal es esencial para la mejora de las instituciones democráticas, la preservación del estado de derecho y la garantía de los derechos individuales y colectivos de todos los brasileños”.

Pablo De Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, justicia, reparación garantías de no repetición, cerró el viernes una visita oficial a Uruguay con la difusión de sus observaciones preliminares al informe que presentará en setiembre de 2014 en la ONU.
“El país se encuentra comprometido con los derechos humanos y el derecho internacional y está siendo noticia en el mundo por sus avances en materia de reconocimiento de derechos a diversos colectivos”, sostuvo De Greiff en conferencia de prensa.
“Sin embargo, tiene aún un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente”, añadió. “No se trata de revanchismo ni de mirar solo el pasado, sino de crear bases sólidas para una sociedad justa, equitativa”.
“Nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de justicia que decisiones recientes de la Corte Suprema de Justicia”, advirtió el relator. “Estas decisiones han despertado alarma tanto en el Uruguay como en la comunidad internacional”.
A 40 años del golpe de Estado en Uruguay, unas 15 personas han sido procesadas por crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985), y los abogados de las víctimas buscan sortear una decisión de este año de la SCJ que considera que estos delitos prescribieron.
“Es de esperarse que la Corte uruguaya vuelva a unirse a la corriente de cortes en lugares diversos del mundo donde se han enfrentado violaciones masivas a los derechos humanos y las cortes han tomado en consideración tanto las garantías debidas siempre a los imputados como también los derechos de las víctimas”, sostuvo.
El relator consideró logros significativos las leyes de reparación de las víctimas aunque consideró que no incluyen a todas y consideró “llamativo” que los esfuerzos respecto al pasado se han concentrado en los casos de desaparecidos cuando son muchas más las víctimas de detención y tortura.
“Uruguay llegó a tener el número de detenidos per cápita más alto de cualquier país de la región”, indicó. “Ese universo inmenso de víctimas merece ser escuchado y reconocido”, añadió, llamando a no postergar esa tarea debido a la avanzada edad de las víctimas.
Finalmente, llamó a invertir recursos humanos y materiales en la capacitación efectiva de jueces y fiscales en materia de derechos humanos.
5 octubre 2013






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