lunes, 18 de noviembre de 2013

Entrevista a Mirtha Guianze

Uruguay observado por Naciones Unidas por perpetuar la impunidad ante la violación de los DDHH durante la dictadura

Uruguay: Entrevista a Mirtha Guianze directora del Instituto de DDHH y Defensoría del Pueblo 


El Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró que el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya que declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos claves de la norma que permitía juzgar los crímenes cometidos en la dictadura  es “contrario” a la legislación internacional sobre los derechos humanos. El jurista de ese organismo de Naciones Unidas afirmó que la sentencia de la SCJ “contradice las obligaciones del Estado de investigar, juzgar y condenar graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar”.  Consultada sobre el tema la Directora de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Dra. Mirtha Guianze,  dijo que “esta Suprema Corte ha sido la más retrógrada de los últimos años”.

José Luis Vázquez entrevistó para InSurGente a la Doctora Mirtha Guianze, directora en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Guianze fue Fiscal Letrada del Ministerio Público durante 45 años. Y cuando pasó a este Instituto seguramente muchos se alegraron. O mejor dicho; se alegraron porque dejó la Fiscalía.
Ya no ejerce su función como fiscal penal. Dejó atrás 45 años de fiscalía -interrumpidos por una destitución en 1980- para volcarse a una tarea que quizás sintetiza lo más reconocido de su labor.
Antes, durante los últimos lustros, se transformó en el principal dedo acusador para los militares del proceso y algunos de sus cómplices, y fueron suyas las diligencias que llevaron, entre otros, a los dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry a prisión. Dos de los poquitos que están presos en una cárcel VIP con computadora, TV, Teléfono y comida calificada. Eso seguramente no lo quería así Mirtha Guianze.
Con un gesto  que refuerza la imagen de una mujer de mucho carácter y que se metió allí donde otros no pudieron o no se animaron, esta abogada que fue fiscal durante la mayor parte de su vida optó en el ocaso de su carrera por refugiarse en una tarea menos expuesta y, por tanto, más amable. Pero ni así se ahorró la querella. Cuestionada por haber aceptado, en el gobierno anterior, un interinato como Fiscal de Corte que la oposición calificó como "inconstitucional", Guianze accedió al Consejo Directivo de la Institución de DDHH con votos exclusivamente oficialistas.
Para ella no es muy comprensible: "Yo suponía que a alguien le podía gustar que me fuera de la fiscalía", dispara con ironía.
Por esos 45 años y sobre todo por los últimos ocho o diez, es improbable que un diálogo con esta señora se interne en los asuntos de esa Institución de DDHH, que ni local tiene, y no haga pie en su otro, antiguo trabajo. El del dedo acusador. Pero de todas maneras hablaremos de ambas cosas.


Buenos días Doctora ¿Cómo le va?
Mirtha Guianze: Buenos días. ¿Qué tal?

JLV: ¿Qué opinión tiene con respecto a las críticas que hace Naciones Unidas en primer término?
MG: Bueno, yo creo que era esperable, Uruguay hace su informe y después es sometido, todos los países son sometidos a un escrutinio en Naciones Unidas con respecto al cumplimiento del pacto.

En la parte que estuve viendo ahí en un canal de televisión, yo no he visto el informe. Estuvimos siguiendo por internet las preguntas que le estaban haciendo a Uruguay pero se cortó la transmisión y entonces no vi lo que contestó Uruguay.

Pero aparentemente, por lo que leí, como era lógico Uruguay fue observado por el no cumplimiento de las garantías de verdad, justicia, memoria y no reparación justamente por lo que la Corte hizo con su sentencia número 20 y las subsiguientes.
O sea que los juicios están virtualmente paralizados y en este momento hay una situación que es muy singular, en la región y en el mundo. Como que Uruguay en ese aspecto retrocedió bastantes casilleros.

JLV: ¿Qué papel le compete a la Institución que usted integra?
MG: Bueno, nuestras herramientas son las recomendaciones, las observaciones y en ese sentido hicimos dos observaciones, dos declaraciones públicas y después hablamos incluso con la Suprema Corte de Justicia o por lo menos nos entrevistamos con ellos, no puedo decir que hubo un diálogo muy profundo, pero fuimos a entrevistarnos con ellos para explicarles nuestra posición y que nosotros no podemos incidir, de acuerdo a nuestra ley, en los aspectos jurisdiccionales.
Hay organismos del Estado que tienen esa función y nosotros lo único que podemos hacer es hacer una recomendación. No debería decir “lo único” porque en otros países del mundo lo que las Instituciones de Derechos Humanos estudian y dictaminan, se tiene en cuenta. En la Suprema Corte de Justicia, en este caso, no.

Nosotros hicimos dos declaraciones puntualmente sobre estos temas. Una fue cuando la corte se expidió con la primera sentencia de inconstitucionalidad, la número 20 de este año y después otra que era referida a la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional y su vinculación con el derecho internacional.

Y la segunda se hizo cuando el traslado de Mota, pero no simplemente referida al traslado de Mariana Mota sino a toda la organización del sistema de justicia y las reformas que hay que introducir necesariamente para que nuestro país se adecue a los estándares internacionales. Modificación de la adjudicatura, creación de un consejo superior de la adjudicatura o de la magistratura para que los jueces tengan auténtica tarea judicial.

También sería interesante, pero ya es un proyecto más ambicioso, reformar la Constitución para que hubiera un Tribunal Constitucional como en muchísimos otros países para que el control de la constitucionalidad no quede en manos del mismo órgano que decide todo. Que decide los nombramientos, los ascensos, los traslados, que administra el dinero, que hace función jurisdiccional y que además dice si las leyes son constitucionales, y en este momento se está dirigiendo prácticamente a una función de colegislador.

JLV: ¿Usted quedó conforme con la reunión o las explicaciones?
MG: No, la Corte no da explicaciones, vamos a empezar por ahí.

JLV: Bueno, pero nunca fue muy claro el fundamento del traslado de la jueza Mariana Mota, por ejemplo.
MG: Sí, para mí en lo personal no tiene fundamento, no tiene ningún fundamento porque tiene que haber una posibilidad de que -aun sin considerar los temas que ella estaba tratando- tiene que haber una posibilidad de que los jueces se especialicen y para eso está la capacitación continua y todas esas cosas que se dicen en el discurso están presentes pero después...

En el caso de Mariana Mota, por ejemplo, es una Juez que además de actuar en forma correcta y haciendo las cosas que tenía que hacer de acuerdo a las normas vigentes, tanto en el orden nacional como internacional, se había capacitado. Y de pronto esa capacitación se deja de lado y se la envía a la materia civil para que empiece de nuevo, digamos.

Eso quiere decir que se estatizan recursos humanos, recursos humanos que todos nosotros, los contribuyentes, estamos en eso de decir: bueno, dónde ponemos el dinero de nuestros impuestos. Bueno, para que tengamos funcionarios capacitados en todos los órdenes.

Y acá no, acá cuando alguien se capacitó y a la Corte no le gustó, lo cambió y nada, no hay que dar explicaciones, aparentemente es eso.

JLV: Bueno, pero yo no me imagino a un ministro de la Suprema Corte de Justicia tratando de explicar por qué se viola el derecho internacional que Uruguay firma.
MG: Bueno, basta con leer la sentencia. La sentencia tiene citas del Derecho Canónico, por ejemplo. Yo creo que el libro más moderno es del siglo pasado.

No hay una fundamentación adecuada y acá en Uruguay estuvo, por ejemplo, el relator últimamente, De Greiff, ha opinado el Alto Comisionado, ha opinado Amnistía Internacional, han opinado los juristas internacionales, vinieron acá y no se les dio una entrevista de repente. A excepción de los juristas, la Corte no dio entrevistas.

Entonces, es una situación como que Uruguay se está convirtiendo en una isla en ese aspecto. Por un lado hay una cuestión de dar una imagen hacia el mundo que realmente puede existir de consagrar determinados derechos de otro tipo como podría ser el matrimonio igualitario, el aborto, todo eso que Uruguay esgrime en el exterior. Pero de parte de la Suprema Corte de Justicia realmente hay una posición que no se ajusta a ninguno de los parámetros, nacionales ni internacionales.

Y no hablamos de gobiernos de derecha ni de izquierda porque en Chile el gobierno de derecha se está juzgando, en Perú se está juzgando. Es decir, no es una cuestión del signo político del gobierno sino que esta Corte realmente tiene una posición retrógrada.

JLV: El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, dijo que hubo ejecuciones extrajudiciales en democracia, cuando informó sobre lo ocurrido en el Comcar. ¿Cómo puede explicarme esta figura?
MG: Bueno, aparentemente hubo un uso indebido de la fuerza.

En realidad la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un mandato y dentro de sus múltiples mandatos y sus pocos funcionarios, somos el mecanismo nacional de prevención de la tortura.

En realidad estamos recién empezando con el sistema penal juvenil, porque hasta que, por lo menos el Comisionado Parlamentario sigue en sus funciones hasta el 2015 y nuestra función nos da también el mandato de coordinar con el Comisionado.

No está claro qué es coordinar pero de hecho coordinamos con el Comisionado y cuando recibimos alguna denuncia de ese tipo preguntamos.

En este caso todavía no ha llegado ninguna denuncia a nosotros sobre el hecho porque es muy grave y se está investigando. Pero creo que está comprobado por lo que dice Garcé y por lo que está en las autopsias, incluso el Ministerio del Interior está haciendo una investigación porque hubo balas letales, no eran balas de goma. Una bala de goma también puede matar pero en este caso no eran sólo balas de goma.

Bueno, nosotros vamos a seguir con atención esta situación, nosotros tenemos muchos temas. En este momento nosotros estamos más bien abocados a controlar una cuestión que no tiene mucho control en este momento que es el Sistema en el área de reclusión juvenil, que no es tampoco respetuoso de los derechos humanos ¿no? Por lo menos en muchos aspectos, en muchos establecimientos. No vamos a generalizarlo pero hay situaciones realmente muy complicadas.

JLV: Mirtha Guianze, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y fue Fiscal Letrada Nacional en lo Penal; todo el mundo la conoce por ese trabajo importante también que hizo allí.
MG: Hace 44 años que estoy en el Ministerio Público, pero desde que era niña.

JLV: Muchísimas gracias por este tiempo.
MG: Por nada. Buenos días.

 Por: José Luis Vázquez para InSurGente

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