lunes, 11 de noviembre de 2013

Mientras el FA sale a respaldar a Bonomi y a Jorge Vàzquez

El silencio te hace còmplice.


Política 11.11.13
En reiteración real
 Institución Nacional de Derechos Humanos presentó denuncia penal por golpiza policial a una joven de Santa Catalina. 

Lorena Fagúndez tiene 20 años. Era amiga de Sergio Lemos, el joven asesinado por un policía en el barrio Santa Catalina el lunes 4. Como otros jóvenes y vecinos del barrio, ese lunes fue hasta el Centro de Salud del Cerro a reclamar información sobre Lemos. Al llegar no sabían si el joven estaba vivo o muerto; cuando se enteraron de que había fallecido, exigieron que les mostraran a los padres su cuerpo.
Según relataron a la diaria varias personas que estuvieron presentes allí ese día, en el lugar había varios patrulleros, una camioneta de la Guardia Republicana y dos autos de policías de Investigaciones de la Seccional 19ª vestidos de particular. Se formó un cordón policial para impedir el ingreso al centro de salud. En determinado momento, una mujer que los vecinos no conocían rompió un vidrio del policlínico. Esto determinó que la Guardia Republicana y los oficiales actuaran y empezaran a golpear a varios de los jóvenes que estaban en el lugar.
Un policía vestido de particular, que los presentes identifican como perteneciente a Investigaciones de la Seccional 19ª, le pegó un puñetazo a Lorena en el ojo. Cuando caía, otro policía le pegó un palazo que le abrió la nuca. Cayó desmayada, y tres policías siguieron golpeándola en el piso. La esposaron y querían llevarla a la comisaría, mientras otros jóvenes intentaban impedirlo. Una mujer embarazada agarró de los tobillos a Lorena para impedir que se la llevaran, y les avisó a los policías que estaba embarazada. “Mejor, un pichi menos”, comentaron los funcionarios. “Llevá a esta perra al calabozo”, comentó otro.


En ese momento intervino una doctora del centro de salud y les reclamó a los policías que la dejaran, que Lorena no había hecho nada. Los policías le dijeron que la joven estaba detenida. La doctora continuó exigiendo que le sacaran las esposas y la dejaran allí, para que pudiera curarla. “Ahora es mi paciente”, les remarcó a los oficiales. “Si no se la sacaban, la mataban ahí en el suelo”, aseguró una mujer que presenció el hecho.
En el Centro le cosieron la nuca y la atendieron por el traumatismo en el ojo; luego la joven fue atendida en el Hospital Maciel. Pese a que los policías habían afirmado que estaba detenida, en ningún momento intentaron localizarla luego para proceder a su detención.
Los jóvenes que concurrieron al centro de salud no tenían armas, no arrojaron piedras ni atacaron de ningún modo a los policías, según relataron los presentes. Investigaciones de la Seccional 19ª también fue protagonista de los abusos policiales a jóvenes en el mismo barrio a principios de setiembre. Un policía de la Guardia Republicana fue el que asesinó a Sergio Lemos el lunes.
El viernes, la familia y vecinos de Lorena presentaron la denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), con el apoyo de Ielsur. Lorena Fagúndez tiene un traumatismo en el rostro, varios golpes en la cabeza y un tajo en la nuca. Hasta hoy sufre mareos y dolores de cabeza. El mismo viernes, autoridades de la INDDHH se presentaron ante el Juzgado Penal de 14º Turno, a cargo de la jueza María Helena Mainard -la misma que falló en el caso de Sergio Lemos-, y presentaron una denuncia. El escrito está firmado por la presidenta de la INDDHH, Mariana González Guyer, y por la ex fiscal Mirtha Guianze, también integrante de la institución, según confirmaron ambas jerarcas a la diaria. “Intentamos facilitar que la gente tenga acceso a la Justicia”, explicó Guianze. A Lorena la vio el forense y también la jueza que estudiará el caso.
El viernes, la INDDHH se comunicó con el Ministerio del Interior (MI) para informarle que formularía la denuncia. Fernando Gil, director de la Unidad de Comunicación de la cartera, dijo a la diaria que todavía no manejan una versión de la Policía de lo que pasó el lunes en el Cerro. Consultado respecto de si se instruirá una investigación interna, respondió que esta semana se tomará una decisión al respecto.
Otros seis jóvenes que recibieron golpes ese día se presentarán probablemente hoy ante la INDDH
para concretar la denuncia. Los agredidos no concurren a la Justicia ni a la Policía por desconfianza y miedo, y optan por acudir a las organizaciones de derechos humanos. “Hay algunos gurises que tienen miedo a represalias”, admitió un vecino. La presidenta de la INDDHH informó que todavía no recibieron una respuesta por escrito del MI sobre lo acontecido en Santa Catalina, aunque algunas preguntas ya fueron respondidas públicamente. Con estos elementos y las nuevas denuncias, la institución “seguramente” formulará recomendaciones, señaló González Guyer.
Natalia Uval



Absolutos y relativos

La Mesa Política del Frente Amplio expresó el viernes el “más absoluto respaldo político” al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, ante lo sucedido en Santa Catalina y en el Comcar, así como su “apoyo” al proceso de reestructura policial que está llevando adelante la cartera. Al mismo tiempo, expresó su “confianza” en que las autoridades del ministerio “seguirán trabajando para velar por el celoso cumplimiento de los marcos de actuación policial”. “En tal sentido, manifestamos nuestra preocupación por el accionar por fuera de los protocolos establecidos de algunos integrantes de las fuerzas policiales y sus lamentables consecuencias”, indicó el órgano de conducción de la coalición de izquierda. La Mesa Política también expresó su “preocupación” por el procesamiento por asonada de siete de quienes se manifestaron en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el traslado de la jueza Mariana Mota, en el entendido de que “este tipo de dictámenes podría llegar a lesionar el legítimo derecho a manifestarse que debe ser garantizado en una sociedad democrática”. Esta última declaración no fue votada por el Frente Liber Seregni ni por el Partido Socialista. Argumentaron que precisaban “tiempo” para consultar con sus sectores antes de votar una resolución de este tipo, y que todo el proceso les dejaba “dudas”.
Hoy a las 17.00 los abogados de los siete procesados por la jueza Gabriela Merialdo -Jorge Zabalza, Irma Leites, Aníbal Varela, Patricia Borda, Diego, Eduardo y Álvaro Jaume- presentarán en el juzgado de la calle Misiones los escritos de apelación y un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ del artículo 145 del Código Penal, que tipifica el delito de “asonada”. Los abogados de los procesados argumentan que ese delito es inconstitucional porque “afecta la libertad de expresión”, explicó a la diaria Juan Fagúndez, abogado de Zabalza.
El viernes, un conjunto de organizaciones sociales -entre ellas, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la asociación de ex presos políticos Crysol, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y Serpaj- rechazaron “enfáticamente” los procesamientos, que calificaron como “desmesurados”, “gravísimos” y que “vulneran la libertad de expresión”. “La democracia se fortalece con la participación de cada uno de sus ciudadanos y el derecho a manifestarse. Cualquier acción que persiga y condene ese derecho va en su contra”, señalaron las organizaciones. Culminan el comunicado recomendando al sistema judicial que “dedique su tiempo y esfuerzo a lograr los cambios necesarios para que los ciudadanos confiemos en él” y a buscar “la manera de resolver las demandas del pueblo que necesita más y mejor justicia”.


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