lunes, 4 de noviembre de 2013

Pedido de captura

LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS EN URUGUAY !!
A COMBATIR EL FASCISMO !!
La Policía esta deteniendo a los siete rehenes elegidos por el Ministerio del Interior, es decir por el Gobierno de Mujica, como represalia por el apoyo a la Jueza Mariana Mota asi como el rechazo a su traslado hecho este condenado internacionalmente y aún por el Observador de la ONU. Los siete rehenes son todos militantes sociales, sindicales y de los DDHH. No hay equívocos: el Gobierno pretende aplastar al movimiento de los DDHH con el fin de aplicar la promesa de Mujica cuando asumió la Presidencia, liberar a "los viejitos", es decir a los criminales de lesa humanidad ya condenados.

Sacaron a la Jueza Mota para frenar el que se dieran nuevas sentencias entre los 55 casos que ya estaban listos. En todas las instancias internacionales se entendió lo de Mota como una agresión a los DDHH para mantener la impunidad. Acto seguido la Suprema Corte de Injusticia decreta el que los crimenes de lesa humanidad son "delitos comunes" y que por lo tanto prescriben, lo que se enfrenta abiertamente a toda la legislación internacional en la materia, asi como también se enfrenta a diversas Convenciones Internacionales de la ONU como ser la contra la tortura y contra la desaparición forzada de personas.

Uruguay vuelve a tener PRESOS POLITICOS ya que los "elegidos" por el Ministerio de Interior irán presos por razones POLÍTICAS, no politiqueras SINO POLÍTICAS como lo es el reclamo de Verdad y Justicia y castigo a los criminales de lesa humanidad. El que Uruguay tenga hoy en día presos políticos será una mancha más, que permanecerá indeleble sobre todos los responsables en primer lugar el Gobierno y por lo tanto el Frente Amplio.

Las tareas de la hora implican:

- SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITICOS URUGUAYOS,
- RECLAMO INTERNACIONAL POR SU INMEDIATA LIBERACION
- DENUNCIA DEL CONTUBERNIO SINIESTRO PARA VIOLAR LA LEGALIDAD INTERNACIONAL EN MATERIA DE DDHH llevada adelante tanto por la Suprema Corte como por el Gobierno.

LA SOLIDARIDAD DEBE DE COMENZAR DIVULGANDO AL MAXIMO, NACIONAL E INTERNACIONALMENTE LA EXISTENCIA DE PRESOS POLITICOS EN URUGUAY, solicitando pronunciamientos y protestas. Las manifestaciones solidarias en el país deberían de ser coordinadas al nivel mas amplio posible. Las organizaciones sindicales, populares, sociales,solidarias,estudiantes,ecologistas, etc deberían cada uno por su lado expresar su solidaridad concreta, difundir al máximo esta situación y coordinar con el resto del movimiento popular.
EL FASCISMO NO PASARA !!

BLOG EL MUERTO
BLOG NOTICIAS URUGUAYAS


 En el marco de esta causa judicial, el fiscal de la misma pidió que se procesara con prisión a Leites, al ex tupamaro, Jorge Zabalza, a Borda y al ex futbolista Diego Jaume.

Por su parte, también pidió que se procesara sin prisión a Varela y a dos familiares de Diego Jaume.

“Yo estoy en la calle, yo me estoy dirigiendo a mi casa no sé si los voy a tener ahí esperándome”, manifestó Leites a UNoticias.

Según dijo la integrante de Plenaria Memoria y Justicia, el plazo que tenía la jueza del caso para fallar, venció el pasado sábado.

Montevideo, Uruguay

"Patricia Borda"
Buenos días, soy Valentin el hijo de Patricia, y sin hacer uso excesivo de las palabras les cuento, que hace aproximadamente una media hora, policías golpearon la puerta, y se llevaron detenida a mama en un auto blanco. Saludos."
Es docente de química hay que difundir


Da vergüenza solo pensarlo
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lun nov 4 2013 12:46
Hoy se espera que la jueza penal Gabriela Merialdo resuelva si procesa a las siete personas que el fiscal Gustavo Zubía acusó por el delito de "atentado" por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida en febrero. Esto es, debido a que el sábado pasado venció el plazo de 45 días de la jueza para fallar sobre el caso.
La docente Patricia Borda fue detenida esta mañana, según informó la activista de Plenario Memoria y Justicia, Irma Leites, que sostuvo que no tienen mayor información sobre el porqué. "No sabemos nada, no sé si vamos todos presos", dijo.
Según supo El País, Merialdo ordenó que la Policía conduzca a todos los implicados a su sede para comunicarles su decisión. El extupamaro, Jorge Zabalza, llegó por sus propios medios a la sede ubicada en Misiones y 25 de Mayo, en el que a esta hora se dispuso la instalación de un vallado policial. 
Zubía, en un dictamen que presentó el 16 de septiembre, pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad" de la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, Zabalza, del activista y ex preso político Álvaro Jaume y de la docente Patricia Borda. El fiscal sostiene que los cuatro fueron los "instigadores" de los incidentes del pasado 15 de febrero.
El representante del Ministerio Público también pidió los procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela.

04.11.2013, 13:01 hs - ACTUALIZADO 13:24 Texto: -A / A+

La jueza Gabriela Merialdo dio la orden de detener a la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, al extupamaro Jorge Zabalza y a la dirigente de Fenapes, Patricia Borda, para comunicarles si los procesa como solicitó el fiscal Gustavo Zubía había pedido procesar con prisión.
El abogado de Borda, Pablo Donnángelo, confirmó a El Observador que su defendida está en el DOE y que desde allí será llevada al juzgado para comunicarle el fallo.

Zubía había pedido prisión para los tres activistas y procesamientos sin prisión para otros cuatro, por cometer, según expresa en la requisitoria, un “atentado con agravantes” contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el pasado 15 de febrero, durante el acto de traslado de un juzgado penal a uno civil de la jueza Mariana Mota.

El pedido de procesamiento incluía a Leites, al extupamaro Jorge Zabalza, el expreso político Álvaro Jaume y a Patricia Borda, integrante de Fenapes, el gremio de los profesores de Secundaria. Además, pidió el procesamiento sin prisión para Aníbal Varela, sindicalista de Adeom el gremio de los municipales, y para Diego y Eduardo Jaume, hijos de Álvaro.

Según el artículo 171 del Código Penal comete ese delito quien usando violencia o amenaza contra un funcionario público pretende impedir al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo o lograr el odio o el menosprecio. La pena va de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría y se ve agravada si la ejercen más de tres personas, o si la violencia se ejecuta contra más de dos funcionarios o contra un cuerpo judicial, como fue en este caso, ya que repudiaron a los ministros de la Suprema Corte. De hecho, los magistrados de la corporación presentaron la denuncia penal ese día.

Leites había declarado que si la jueza le imponía prisión domiciliaria no acataría esa medida de privación de libertad.
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Patricia Borda



Perfil Jorge Zabalza


Perfil Irma Leites

04/11/2013 12:44

Inminente fallo sobre 7 activistas de la asonada a Suprema Corte

Esta mañana, Irma Leites confirmó que hubo detenciones. El sábado venció el plazo para que la jueza actuante de su fallo. Profesores de Secundaria de paro en solidaridad.
La Policía libró la orden de detención contra las siete personas que están siendo juzgadas por la asonada a la sede de la Suprema Corte de Justicia. Según se informó el Departamento de Operaciones Especiales detuvo a la docente Patricia Borda, una de las indagadas en el caso.
La activista de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, confirmó a Subrayado que también fueron detenidos Álvaro Jaume y el ex tupamaro Jorge Zabalza. "Acabo de llegar a mi casa, estoy esperando que me vengan a buscar", dijo Leites que también se encuentra en la lista de juzgados.
El fiscal Gustavo Zubía pidió el procesamiento para los cuatro por considerarlos instigadores del episodio ocurrido en el mes de febrero. En un dictamen que presentó el 16 de septiembre, pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad".
El representante del Ministerio Público también pidió los procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela.
El sábado venció el plazo de 45 días para que la jueza Gabriela Merialdo pronuncie su fallo.
Irma Leites confirmó a El País el pedido de captura y dijo no saber por qué. "No sabemos nada, no sé si vamos todos presos", dijo.
Leites tiene un procesamiento anterior por desacato, debido a desórdenes ocurridos durante la visita de George W. Bush a Uruguay en 2005.
PARO LICEOS. En solidaridad con los detenidos, la Asociación de Docentes de Montevideo realiza un paro desde este mediodía e invita a concentrar a los profesores en la puerta del Juzgado de la calle Misiones donde se darán a conocer los eventuales procesamientos. La medida se mantendrá hasta que culmine la instancia judicial, lo que afectará el dictado de cursos.

FOTO: Protesta en la Suprema Corte de Justicia. En la foto de archivo se ve a Irma Leites, Jorge Zabalza, Aníbal Varela y Álvaro Jaume. El hecho se originó a partir del traslado de la jueza Mariana Mota del juzgado penal a la órbita civil. Los activistas consideraron que la decisión estuvo relacionada con la decisión de la Suprema Corte de ratificar la vigencia de la Ley de Caducidad. Mota era la jueza que manejaba al menos 40 causas de violación a los Derechos Humanos en dictadura.




Lea aquí el fallo completo de la jueza Merialdo.



FISCAL GUSTAVO ZUBIA, HIJO Y SOBRINO DE DOS GENERALES GOLPISTAS. DICE ACTUAR EN NOMBRE DEL ESTADO

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lun nov 4 2013 14:07
La jueza penal Gabriela Merialdo dispuso el procesamiento sin prisión de las siete personas que el fiscal Gustavo Zubía acusó de delito de “atentado” por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida en febrero.
La jueza, no obstante, dispuso un fallo diferente al del fiscal que requería que la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, el extupamaro, Jorge Zabalza, el activista y ex preso político Álvaro Jaume y la docente Patricia Borda fueran procesados con “medidas privativas de libertad”. Los mencionados fueron procesados sin prisión por la asonada.
El fiscal sostuvo en su momento que los cuatro fueron los "instigadores" de los incidentes del pasado 15 de febrero, pero la jueza no hizo a lugar este pedido.
Por otra parte los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y el secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela fueron también procesados sin medidas privativas de libertad, tal como había requerido Zubía.
Previo a dar el fallo, la jueza libró una orden de detención para los hermanos Jaume, Varela y Borda.

lun nov 4 2013 13:46
Hoy se espera que la jueza penal Gabriela Merialdo resuelva si procesa a las siete personas que el fiscal Gustavo Zubía acusó por el delito de "atentado" por la asonada a la Suprema Corte de Justicia ocurrida en febrero. Esto es, debido a que el sábado pasado venció el plazo de 45 días de la jueza para fallar sobre el caso.
La docente Patricia Borda fue detenida esta mañana, según informó la activista de Plenario Memoria y Justicia, Irma Leites, que sostuvo que no tienen mayor información sobre el porqué. "No sabemos nada, no sé si vamos todos presos", dijo.
Según supo El País, Merialdo ordenó que la Policía conduzca a todos los implicados a su sede para comunicarles su decisión. El extupamaro, Jorge Zabalza, y Leites llegaron por sus propios medios a la sede ubicada en Misiones y 25 de Mayo, en el que a esta hora se dispuso la instalación de un vallado policial.
"Yo dije que mi casa no es una cárcel y eso lo voy a mantener", dijo Leites al llegar a la sede judicial. "La cancha la marcan ellos (los jueces) porque a los milicos no los van a buscar así a la casa. Nadie dijo que no nos fuéramos a presentar. Fue una arbitrariedad más de la jueza y la Policía", agregó.
Zubía, en un dictamen que presentó el 16 de septiembre, pidió los procesamientos con "medidas privativas de libertad" de la líder de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, Zabalza, del activista y expreso político Álvaro Jaume y de la docente Patricia Borda. El fiscal sostiene que los cuatro fueron los "instigadores" de los incidentes del pasado 15 de febrero.
El representante del Ministerio Público también pidió los procesamientos pero sin medidas privativas de libertad de los hermanos Diego y Eduardo Jaume (hijos de Álvaro) y del secretario general del gremio de funcionarios de la Intendencia de Montevideo (Adeom), Aníbal Varela.



Repercuciones internacionales comienzan a llegar
Así estaba el Juzgado de la calle Misiones
A qué hace acordar?



lun nov 4 2013 14:27
Los docentes de enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo resolvieron realizar un paro por 24 horas y anunciaron que implementarán más medidas en repudio al fallo de la jueza Gabriela Merialdo que dispuso el procesamiento sin prisión de siete personas que participaron de la asonada a la Suprema Corte de Justicia en febrero.
ADES convocó a una asamblea general con carácter grave y urgente para profundizar medidas dentro de 72 horas así como el paro.
En la asamblea, según un comunicado difundido hoy, "se discutirá la adopción de una batería de medidas de lucha sin descartar ninguna". Además prevén "promover junto a otros sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones de defensa de los DDHH, gremios estudiantiles, etc., una campaña nacional e internacional de denuncia de estos atropellos violatorios de libertades y garantías fundamentales".

El video con que quieren criminalizar la protesta por  pedido de Justicia por el traslado de la Jueza Motta que llevaba 50 casos de DDHH

Ahora los cuestionados es la SCJ ante la justicia internacional y la ONU. Los delitos de lesa humanidad no prescriben


Merialdo y Zubía configuran delito político solicitado por Suprema Corte de Justicia

ZABALZA, LEITES, JAUME, BORDA Y VARELA
PROCESADOS POR “ASONADA” EN URUGUAY


La impunidad ha dado un nuevo paso en Uruguay. La jueza penal de 9º turno, Gabriela Merialdo, convalidó al pedido del fiscal Gustavo Zubía y configuró el procesamiento sin prisión de cuatro militantes sociales por protestar contra el traslado de la jueza Mariana Mota a un juzgado civil.
En Uruguay vuelve a existir la categoría de presos políticos. Jorge Zabalza, Irma Leites, Alvaro Jaume y Patricia Borda fueron inicialmente procesados sin prisión por el delito de asonada. Aníbal Varela y dos hijos de Jaume, Eduardo y Diego, también quedaron encausados.
El delito de “Asonada” aparece en el Titulo II del Código Penal uruguayo, como “Delitos contra el Orden Político Interno del Estado” y como delito político se penaliza a través del Artículo 145: “Los que tomaren parte en una asonada serán castigados con tres a nueve meses de prisión”.
“Cometen asonada los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta”, se explica.
Zabalza, Leites y Jaume ya habían permanecido durante años como presos políticos de la dictadura militar de Uruguay entre 1973 y 1985, cuyos crimenes de lesa humanidad han permanecido impunes durante los veinticinco años en que se mantuvo vigente la llamada Ley de Caducidad.

IMPUNES

La denuncia de asonada había sido hecha el pasado 15 de febrero por los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quienes al quitar de las causas penales a la principal jueza en temas de derechos humanos, comenzaban a consolidar su “muralla” de prescripción.
El caprichoso traslado de Mota fue resuelto luego que los ministros de la SCJ no lograran encontrar argumentos para sancionar a la jueza en un par de denuncias políticas que le realizaron. “Razones de mejor servicio”, caratularon la decisión por la que la quitaron de 50 causas de lesa humanidad.
La jueza Mota fue quitada del juzgado cuando se disponía a ordenar el procesamiento con prisión del general Pedro Barneix por el homicidio en tortura de Aldo Perrini en 1974. Barneix, miembro de la masonería, fue autor del informe del Ejército sobre desaparecidos al gobierno de Tabaré Vázquez.
La investigación que Barneix y el ex comandante del Ejército, Carlos Díaz, hicieron en 2005 no aportó datos sobre los lugares donde fueron enterrados los desaparecidos de la dictadura militar y el sitio donde aseguraron se encontraba el cuerpo de María Claudia García de Gelman era falso.
El caso Gelman motivó una sentencia internacional vinculante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la que se exige el esclarecimiento de los crimenes de la dictadura. La sentencia de OEA no ha sido aceptada por los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

IMPUNIBLES
La jueza Mariana Mota. quien había ordenado el procesamiento del dictador Juan María Bordaberry por atentado a la Constitución, desapariciones y homicidios, pasó a investigar cada uno de los casos de muertes por tortura en dictadura, buscando a los responsables directos de los crímenes.
Cada una de las nuevas causas abiertas por la jueza Mota, junto a la fiscal Ana María Tellechea, podía implicar el procesamiento de varios militares. Así ocurrió con el caso de Ubagesner Chavez Sosa, desaparecido en 1976, cuyo cuerpo fue encontrado en 2009. Tres militares fueron presos.
Cuando Mota se disponía a continuar indagando más de 20 casos de muertes y desapariciones, comenzaron los ataques personales y políticos (el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre, entre otros), denuncias funcionales y administrativas, para sacarla de los casos.
El traslado de Mota se produjo luego de la polémica decisión de la Suprema Corte de Justicia que consideró inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831 con la que el Parlamento había devuelto al Estado la pretensión punitiva quitada en 1986. Así, la SCJ mantenía la prescripción de los delitos.
La sentencia judicial no fue admitida por la totalidad de los jueces y fiscales, varios de los cuales decidieron continuar con las causas de violaciones a los derechos humanos. El presidente de la SCJ declaró entonces que tarde o temprano los casos caerían en la “muralla” de prescripción decretada.

IMPUNIDORES
Fue el propio presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, quien hizo la denuncia de “asonada” a su subordinada Merialdo. La acción del ministerio público recayó en Zubía, hijo del golpista general Eduardo Zubía quien en dictadura fue carcelero de uno de los acusados, el tupamaro Jorge Zabalza.
El subjetivo antecedente no implicó que el fiscal se recusara el caso. Por el contrario. Pasó años en el juzgado de menores y recientemente había sido devuelto a la órbita penal, un escenario que había dejado en los años noventa cuando actuó en el impune homicidio del intendente Villanueva Saravia.
Entonces tampoco se recusó. Aún cuando en una denuncia policial, un mes antes de su “suicidio”, el intendente de Cerro Largó acusó al fiscal Zubía, entonces en Melo, a otro integrante del ministerio público y a dos jueces de una confabulación para encausarlo judicialmente.
Tampoco es la primera vez que Merialdo cede. Aceptó la presión del perito calígrafo Washington Curbelo (entonces jefe de policía de Soriano), para no encausar a la ex policía María Lemos como eventual autora de la nota en los vinos que en 1978 envenenaron a Cecilia Fontana de Heber.
Ruibal Pino era el juez que tenía el caso de desaparición del maestro y periodista Julio Castro, pero en 1986 lo amparó en la Ley de Caducidad. El cuerpo de Castro apareció en una unidad militar en 2012, pero el dictamen de prescripción de delitos permitió que su secuestrador quedara en libertad.

Roger Rodríguez
(Periodista)



Ante el procesamiento de 7 manifestantes que participaron de la movilización efectuada en la Suprema Corte de Justicia,


Ante el procesamiento de 7 manifestantes que participaron de la movilización efectuada en la Suprema Corte de Justicia, contra el traslado de la Jueza Mariana Motta de la justicia Penal a la Civil; el Secretariado Ejecutivo del PIT CNT quiere manifestar:

Que los ciudadanos de éste País tienen derecho a PROTESTAR pacíficamente, en contra de actitudes, hechos y resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo.

Que a nuestro entender, eso fue lo que sucedió cuando se manifestó en la Suprema Corte de Justicia, en el marco de una ceremonia protocolar que, además, es pública.

Que no se puede criminalizar la protesta y, por lo tanto, queremos manifestar nuestro desacuerdo con el procesamiento de los 7 manifestantes acusados.

Que nuestra organización siempre ha respetado a la justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas y en este caso nosotros tenemos la conviccióperfiln de que estos procesamientos configuran un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma.

MARCELO ABDALA     FERNANDO PEREIRA

04.11.2013, 18:20 hs - ACTUALIZADO 19:08 Texto: -A / A+

El PIT–CNT emitió este lunes una declaración en la que rechaza los siete procesamientos por la asonada contra la Suprema Corte de Justicia el pasado 15 de febrero cuando se realizaba el traslado de la jueza Mariana Mota.
En el comunicado la central obrera reivindica que se trató de una manifestación pacífica y que la protesta constituye un derecho de todos los ciudadanos. “Los ciudadanos de este país tienen derecho a protestar pacíficamente, en contra de actitudes, hechos y resoluciones que entiendan encierran un acto de injusticia en sí mismo”, expresa.
Advierte además “no se puede criminalizar la protesta” y señalan “estos procesamientos configuran un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma”.
Mañana en el secretariado ejecutivo del PIT – CNT este tema formará parte de la agenda a tratar. Fernando Pereira, dirigente de la central obrera, dijo a El Observador que seguramente se saque una declaración más extensa que incluya además a otras organizaciones sociales como Familiares de detenidos desaparecidos, Crysol y la FEUU.
“Es verdad que se entró a un edificio público, pero fue una protesta pacífica, donde solo hubo empujoncitos”, dijo Pereira, quien advirtió que esta resolución judicial constituye un “exceso del Poder Judicial”. “Es un paso atrás en el derecho de protestar”, reafirmó.
El dirigente sindical adelantó que probablemente mañana, el secretariado ejecutivo defina una serie de acciones “para que la protesta continúe siendo un derecho consagrado”. “Lo primero que tenemos que hacer es lograr que la gente entienda que lo que está haciendo la Justicia es injusto”, manifestó.


Procesaron sin prisión a siete activistas por asonada a la Corte .





La escalada represiva.-

 Jorge Rossi Rebufello


Es el principio. Ésto recién empieza. No sorprende,se esperaba. Viene más;no van a pagar X esperar.- Xque cómo en el ajedrez:es la única.- Es bueno que hallan comenzado la disputa X los jirones de poder un año antes. El descalabro se vá a acentuar en ese año que falta y la represión también.-

El nivel de conciencia política es bajísimo en el país. Manosiar y encanar éstos compañeros/as no es casualidad,es un mensaje.Así comienza el terrorismo de estado. No se acuerdan de Pacheco? Ahora es peor. Éstos gobiernos son representantes directos de los dueños del mundo. Son cipayos vende/patrias,traidores al pueblo que no tienen escrúpulos de hacerle costado a ese fiscal con un ácido dexoxiribonucleico reconocidamente fascista y encarnizarse con 3 héroes de la patria que en vez de ser honrados como merecen,son vilependiados X que el fascismo corre suelto e impune. No me crean: pídánles que les cuenten cómo fueron sus canas. Yo sé, X que estuve con ellos.Es una verguenza nacional. Pobre patria mía!.-

Estoy encantado con mi decisión de haber retomado mi auto-exilio X ASCO,pero = , hasta aquí me llegan los efluvios nauseabundos de la cloaca repugnante en que se permitió se convirtiese al país.- Dejemos de lado que soy compañero y amigo del ilustre tocayo,de la petisa divina puro coraje, y del sonriente Álvaro del 4º A.- Ésto es didáctico;ojalá la gente entienda el anuncio de lo que se viene,de lo que le espera. El Mundo cambió,el sistema está acorralado y en crisis. Los tiempos son otros,no se andan con chiquitas. Es el despojo desenfrenado X las buena o X las malas. X ahora caminan los versos en el caldo de cultivo propicio del analfabetismo,la desinformación,la estupidez y el tradicional conservadurismo de un pueblo pancista,simulador,cómodo,parásito e hipócrita. Pero se viene el tiempo en que las papas queman y ahí no te queda otra que peliarla o bajarte las bombachitas. No demora.-

                                                             MAU-MAU   (La flor es para el Bebe).-



 Ariel Serra
UNA VERGUENZA !!! en esta mierda se ha convertido la "justicia uruguaya", eso sí, nosotros prolijitos, calladitos, en silencio siempre, a la hora de juntar firmas nos negamos por hache o por be, es lo que tenemos y no supimos cambiar, lamentable. Hace casi 6 años los restos de mi hermano fueron repatriados http://www.youtube.com/watch?v=Sr_dcja6zMM (yo mismo me repatrié en ese mismo momento) para dar uno de sus últimos testimonios CONTRA LA IMPUNIDAD, además de ser acercados a mi madre, que nunca llegó a llevarle una flor ya que, luego de tres meses de internación, fallece... Para mi sorpresa y en el marco de la campaña de recolección de firmas para extinguir la impúdica ley que nos averguenza frente al mundo, me encontré con mucha gente que no participaba como queda dicho...veníamos de la lucha de 30 años en Bs.As. donde se toman actitudes más resueltas, no sólo testimoniales, la solidaridad con los familiares ya estaba ganada quedaba asumir un rol protagónico... Luego la desverguenza en el Parlamento de Semproni, Nin Novoa (Oscar de los Santos defendiéndolo !), Breccia, EFH....Esta "Impunocracia" de la que habla mi amigo Roger tiene padres, tíos, sobrinos y mucha parentela. Esta Corte Suprema no debe seguir avanzando ni un milímetro más sobre quienes purgan el dolor y quienes actúan en forma solidaria y militante, consecuentes con la memoria de todos los que nos faltan. Ni un paso atrás.



.Patricia detenida es conducida al juzgado

La Justicia dispuso el procesamiento sin prisión de los siete imputados por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil. Se les tipificó el delito de “asonada”. La jueza Gabriela Merialdo dispuso abrir un nuevo expediente para investigar a otros posibles participantes. Anuncian apelación y acciones en el ámbito internacional.

La jueza Penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, resolvió el procesamiento sin prisión, por un delito de “asonada”, de los siete militantes sociales imputados por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el día del traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil.
La magistrada dispuso la conducción ante la Sede de los siete imputados por el fiscal Gustavo Zubía, y les informó la decisión de procesarlos sin prisión. Los siete procesados por la jueza Merialdo son: la militante de Plenaria, Memoria y Justicia, Irma Leites, el ex militante del MLN-T, Jorge Zabalza, el dirigente de Adeom Montevideo, Aníbal Varela, la docente Patricia Borda, el ex preso político Álvaro Jaume y sus hijos, los ex jugadores de fútbol, Eduardo y Diego Jaume.


La magistrada dispuso el enjuiciamiento de todos ellos por el delito previsto en el artículo 145 del Código Penal. Son responsables de este delito “los que se reúnen en un número que no baja de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo con algún fin ilícito que no esté comprendidos en los delitos precedentes o para perturbar con delitos, injurias o amenazas una reunión pública o la celebración de algún fiesta religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta”.
La tipificación adoptada por Merialdo supone una atenuación del delito imputado por el fiscal Zubía, que pedía el enjuiciamiento de estas siete personas por un delito de “atentado”. En este sentido, el abogado Gustavo Salle afirmó que la jueza hace referencia a un delito “tumultuario” (consumado por muchas personas) y no hace lugar a la “selección” en la que incurrió el Ministerio Público.



Salle afirmó que el delito de “atentado” implicaba una “selección” de imputados por parte del titular del Ministerio Público, lo que había causado “una enorme preocupación” entre los abogados. Sin embargo, la decisión de la jueza implica, al ser imputado un delito “tumultuario”, que se indague a todos los que participaron del acto contra el traslado de la jueza Mariana Mota.
Por este motivo, la magistrada dispuso la apertura de un presumario para indagar a las personas que voluntariamente comparecieron ante la Sede para manifestar su participación en el acto, pero Salle anunció que pedirá que la investigación “se extienda a quienes no se presentaron pero que también consumaron los mismos hechos que se le imputan a mi defendida, la señora Irma Leites”.

 En tanto, el abogado Pablo Donnángelo (representante de Patricia Borda) anunció que el fallo de la jueza será apelado, ya que existe una “relación de tensión entre dos derechos”, como son el derecho a manifestarse y el de realizar un acto público en tiempo y forma. “El acto de asunción de la doctora Mota se retardó, es cierto, pero eso no es un conducta penalmente relevante, por eso vamos a apelar y estamos evaluando la posibilidad de llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA”, dijo Donnángelo.


Por su parte, el abogado Juan Fagúndez (representante de Zabalza) también anunció que apelará el fallo. Fagúndez explicó que los argumentos se centraran en que si bien la conducta de los participes pudo distorsionar un acto público “de ninguna manera hubo una intencionalidad de cometer un delito”. “Lo que se juzga acá es un delito, no que se grite”, afirmó Fagúndez.
El abogado, en tanto, adelantó que analiza presentar una denuncia administrativa ante la Fiscalía de Corte contra el fiscal Zubía, por un entredicho existen en los pasillos del Juzgado. Según pudo saber Caras y Caretas Portal, el fiscal habría increpado a Fagúndez por sus intervenciones en los medios de comunicación.




Tiro de gracia a la independencia del Poder Judicial Si todavía alguien en este país creia, con absoluta inocencia, en la independencia del Poder Judicial, este, acaba de matar esa ultima gota de fe. Siete militantes sociales y políticos, acaban de ser procesados acusados de un delito caduco (atentado), en lo que solo puede ser entendido como una persecución política a quien tenga el valor de enfrentar a quienes gobiernan. Entre los cientos de ciudadanos que manifestaron, en la Suprema Corte- frente a un acto de complicidad con los genocidas - la justicia uruguaya eligió a dedo a un puñado de estos manifestantes, por su representatividad en la lucha contra la megamineria, contra la impunidad, por su militancia sindical. La justicia (así, con minúscula) de este País, ha decidido hacer mandados, en sintonía con los aparatos que vigilan, espían y escuchan a las organizaciones de izquierda, pretenden dar un "escarmiento" . Están equivocados; nunca se paro la protesta, la disidencia, con represión. Reclamamos se retiren todas las causas contra estos militantes sociales

La Fragua

Martha Passeggi
Los DDHH pisoteados y castigado hoy.
Un castigo que atraviesa a dos generaciones de luchadores por los DDHH.
Procesados sin prisión, esta vez en plena democracia.
 
con Patricia Borda

3 comentarios:

  1. Porque llevarlos cuales son los cargos que se le adjudican a estos militantes. Fueron pacificamente, no estaban armados. Sus presencias fue dar el respaldo moral a la jueza Mota, no atropellaron a nadie, no usaron violencia fisica, no insultaron a nadie, ni usaron ningun clase de lenguaje ofensivo. Bajo que cargos? Ni siquiera llamaron a sus militantes a estorbar sino respaldar. Donde estan las evidencias de cargos contra estas personas? Y que se basan esas evidencias?. Porque son militantes no tienen derecho a respaldar y dar apoyo moral alguien que esta destituido de su cargo, tecnicamente no, porque le dan otro pase a la jueza Mota. Quienes son los que provocan o actuan con impunidad sin explicacion ni evidencias a trasladar a la jueza Mota. Que evidencia hay que la jueza Mota no era imparcial? porque dio la causualidad que pasaba por donde estaba la marcha por los desaparecidos. Pongamos un ejemplo simple: si una persona va al medico porque esta enfermo, de ahi se va a un boliche y pide algo de tomar, pasa en ese momento el jefe de donde trabaja, lo puede acusar que estaba mintiendo sin pruebas que la persona tiene certificado medico? Esto es lo mismo. Cuantas veces despues de salir del medico mucha gente va al boliche, o tomar un cafe. Lo mismo le paso a la jueza Mota, por donde iba caminando coincidentalmente pasaba la marcha por los desaparecidos. Esto deja mucha cosa entretelones, muchas preguntas por hacer al fiscal Zubia y a todo el grupo de Zubia. Parece que este caso fuera mas personal. . Adelante compas! Aunque este no de acuerdo con Leities o Zabalza no dejo de reconocer y respectar sus luchas!

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  2. la masoneria y su brazo armado pensar es siempre peligroso ////

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  3. http://empuje.tumblr.com/image/66019606548

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