jueves, 7 de noviembre de 2013

Se les fue la mano

Los métodos que el gobierno usa para contener conflictos, protestas y descontentos en un estado policial desbocado genera indignación.


Desmantelar el aparato policial de la dictadura



Juan Pablo Correa
La represión de un motín en el Comcar y actuaciones policiales en el departamento de Canelones y en Santa Catalina derivaron en cuatro muertes en menos de un mes que llevaron a que estén siendo investigados diez agentes.
El lunes el joven Sergio Lemos, de 18 años, fue muerto por un agente policial de la Guardia Republicana que le disparó nueve veces. El efectivo investigaba una rapiña en el "Almacén 28" y disparó luego que el joven, que se desplazaba en moto, no hiciera caso de su voz de alto. El joven estaba desarmado y no había participado en la rapiña.
Por otro lado, el martes 5, un policía dio muerte a un delincuente que huía en una camioneta robada. El agente fue enviado a prisión por la Justicia de Pando. El fallecido es un joven de 20 años que el domingo 3 junto a otros dos hombres, habría robado a mano armada a un hombre una camioneta, una notebook y algo de dinero, dijeron a El País fuentes policiales. Este joven muerto tampoco estaba armado
El 22 de octubre murieron dos reclusos del Comcar por disparos hechos por siete miembros de la Brigada de Traslados de la Guardia Republicana. Los funcionarios son investigados por la Justicia. El comisionado parlamentario, Álvaro Garcé, dijo que "pudo ser una masacre".
En el caso de Santa Catalina y en el del Comcar el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, debió modificar su versión inicial de los hechos.
En el primero de los casos manejó inicialmente que Lemos estaba armado y disparó al policía que lo mató. Luego admitió que estaba desarmado y que los policías "plantaron" un arma, aunque la Justicia, si bien el revólver existe, no confirma aún que hubiera una intención por parte de los policías (ver nota página A7).
Y en el caso del Comcar la primera versión desde la Policía aseguraba que las muertes de los presos se debían a "ajustes de cuentas" entre los reclusos. Luego se demostró que las muertes fueron causadas por munición policial.
Instituciones que defienden los derechos humanos hablan de un "estado policial desbocado". El Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) emitió un comunicado en el que afirmó que el operativo policial en Santa Catalina se caracterizó "por la desproporción" y alertó sobre "lo paradigmático que resulta este procedimiento realizado en un barrio montevideano que denunció y demostró abuso policial recientemente". La institución consideró "una ejecución" la muerte el lunes por la noche de Lemos. Luis Pedernera, de Ielsur, dijo a El País que en agosto fueron detenidos tres jóvenes por la policía, conducidos a la seccional y sometidos a malos tratos. Uno de los jóvenes recurrió a Ielsur y presentó una denuncia penal. El forense confirmó que había sido golpeado. El Ministerio del Interior aún no terminó con el sumario correspondiente y la investigación administrativa, pero trasladó a otras tareas a los policías involucrados.
"Ese no fue el único caso que involucra a policías en abuso hacia vecinos. También está el caso de unos vecinos que prestaban asistencia a accidentados en una moto e intervino la Policía, disparando e hiriendo a una niña que recibió un impacto en una pierna. La familia denunció a los policías y desde ese momento ha recibido amenazas muy graves. Son casos que demuestran un accionar policial basado en el abuso", sostuvo Pedernera.
"Siempre la versión policial difiere de lo que luego los hechos demuestran. En el caso de los muchachos golpeados se había tratado de desacreditar su versión y hacer pesar la oficial. Lo más grave es que todavía, en el fondo, subyace la idea de que si es un delincuente les está todo permitido. La Policía no puede ejercer la violencia como se le antoje", advirtió.
El integrante de Ielsur dijo que es llamativo que el asesinato de Lemos ocurre "en la misma comunidad que hace dos meses denunció el maltrato policial". "Esto lo encadenamos con una lógica represiva que pide mano dura, y detrás de la mano dura se legitiman ciertas prácticas policiales como estas que terminan con una persona muerta", agregó el activista.
Enfatizó en que el rol de la policía "debe estar subordinado al control civil y político" y señaló que la sociedad "debe debatir cómo debe gestionarse la seguridad pública".
Ielsur había sostenido en un comunicado conjunto con el Servicio Paz y Justicia que "algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que asistimos".
En la oposición, algunos líderes consultados hablan de una situación de descontrol en la policía. El diputado nacionalista y precandidato presidencial Luis Lacalle Pou pidió "serenidad" al gobierno, "respeto al dolor de los familiares" y que el ministro Bonomi "actúe profesionalmente y no siembre dudas dando versiones que cambian". También pidió investigar "al máximo", la actuación policial y separar a quienes protestan legítimamente "de otros grupos ajenos a reclamos legítimos". "Hay que actuar con mano firme contra la delincuencia pero la mano debe ser justa y hay que tratar de evitar excesos", sostuvo el legislador.
El senador Jorge Larrañaga, también precandidato blanco dijo que quiere "delincuentes presos y no inocentes muertos" y atribuyó lo ocurrido a que la policía "no ha sido profesionalizada, está mal pagada y sin contralor". Y el gobierno "no tiene ideas, no sabe buscar el orden con rigor y con la Constitución en la mano".
"Al presidente le pasa que habla apresuradamente y también eso le pasa al ministro. Esto no va precisamente en la línea de calmar los ánimos", comentó. Pero se abstuvo de pedir la dimisión de Bonomi. "Queremos cambiar al gobierno, que no sabe conducir la seguridad pública y que se vaya un ministro no es enteramente relevante", explicó. Pero lo acusó de "hablar sin conocer exactamente los hechos".
Otro precandidato blanco, el senador Sergio Abreu, consideró que "hay un problema interno fuerte en la policía porque hay una ruptura de la cadena de mando". En su opinión, "sería bueno" que el ministro Bonomi dejara su cargo para "oxigenar" el gabinete y "porque está muy desgastada la situación interna".
"Falta capacitación adecuada y la policía actúa sin mucha orientación y sin mucho control. La policía debe tener respaldo pero también exigencia", consideró. Y advirtió que en Santa Catalina "hay elementos que potencian la confrontación y se había preparado una situación de enfrentamiento". Atribuyó responsabilidad al ex dirigente tupamaro Jorge Zabalza.

 Rata de caño

Balas de plomo en el COMCAR: Dos muertos .

"Que dejen entrar a la Policía"

"Queremos pedirle al barrio que para mañana (por hoy) dejen entrar a la Policía para que realice la reconstrucción y se aclare lo que le hicieron a mi hijo", pidió ayer Enrique Lemos, padre del joven ultimado en Santa Catalina por un agente.
En una concentración de unos 300 vecinos portando velas encendidas frente a la Terminal de Santa Catalina, López señaló que esa era la única forma que se podía hacer justicia.
La madre del Sergio Lemos, Graciela López reiteró los dichos de su esposo. "Queremos que entre la Policía para que se resuelve toda y los testigos sean notificados. Están diciendo cosas que no son. A mi hijo le pegaron un tiro y dice que él disparó primero", dijo.
La manifestación aplaudió a la madre y luego corearon la palabra Justicia por unos minutos.
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mié nov 6 2013
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Ante el aumento de la gradación de la violencia estatal en Procedimientos Policiales
07-11-13

AMPARADO en la Ley de Procedimientos Policiales -aprobada en el año 2008-, el Estado viene desarrollando, operaciones y procedimientos que exacerban el poder punitivo y la violencia institucional, limitando y anulando garantías establecidas en la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

La expansión de la vigilancia policial –simbólica e instrumentalmente-, se materializó en las manifestaciones políticas realizadas el 14 de agosto y 24 de agosto, y también en los hechos ocurridos recientemente en el barrio Santa Catalina.

Estos hechos se integran a una construcción en movimiento de políticas más punitivas y represivas, entre las cuales se cuentan la aprobación de la ley 19.120 (que modifica las faltas establecidas en el Código Penal), el aumento de mínimos de privación de libertad para delitos gravísimos y nuevas tipificaciones en la Justicia Penal Juvenil, y los anteproyectos de Internación Compulsiva y Código Infraccional Juvenil, la aplicación de las medidas de seguridad curativas y educativas previstas en el art. 92 del Código Penal en casos de consumo de alcohol en espacios públicos.”

Algunos errores legislativos y de gestión en el Ministerio del Interior son los que han fortalecido las bases de este estado policial desbocado al que venimos asistiendo.

Sin embargo, también asistimos a duros golpes contra espacios históricos de corrupción policial (Cayma) lo que evidentemente afecta muchos de sus intereses y quizás sea una más de las razones de esta escalada represiva.

Todos estos mecanismos solo refuerzan e instalan la nueva economía política del miedo surgida en los años noventa, y por ende, del castigo.

Controlar a los “peligrosos”, contribuye –junto a otros factores- a sostener el discurso perverso del poder punitivo y por consiguiente el de la seguridad, donde se exige y consigue que sus controlados (nosotros) demanden mayor control y que, cuanto más discriminatorio, arbitrario y brutal sea el poder que sufrimos por parte de los delincuentes, más poder sea el que reclamemos en contra de ellos (los otros).

Esta lógica coloca a la víctima en el lugar del victimario, invirtiendo los papeles, convenciendo incluso a los victimarios como causantes de su desgracia, y por lo tanto, de la legitimidad que se actué sobre ellos, para corregirlos y castigarlos.

La construcción de una sociedad, basada en el pleno acceso a los derechos, supone un proyecto común a todos y todas. Para lograr esto no se debería aplicar una política de amortiguación.

Por un lado se aprueban y promueven políticas de inclusión y derechos ( d e s p e n a l i z a c i ó n del aborto, matrimonio igualitario, y media sanción de ley de regulación de la marihuana), y por otro lado, se continúa criminalizando a los grupos y poblaciones más vulneradas (en particular a los adolescentes y jóvenes).

Convocamos a la reflexión y discusión de todos estos acontecimientos.

De ello dependerá de que nos acerquemos a un Estado Social, evitando que el Estado Policial se siga expandiendo.

COMUNICADO DE IELSUR -SERPAJ


"Que paguen por lo que le hicieron a mi hijo"
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Bonomi: "Hay manija"




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