viernes, 29 de noviembre de 2013

Viejas prácticas policiales

Que se vienen arrastrando

29 Noviembre 2013
Instituto de DD.HH considera “inaceptables” desbordes institucionales como los de Santa Catalina
El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo presentó un informe sobre los episodios de “violencia institucional e interpersonal ocurridos en Uruguay”, y asegura que en el actual estado de evolución institucional del país, donde se ha consolidado el estado de Derecho, es inaceptable que se reiteren situaciones tales como los episodios del barrio Santa Catalina, o el uso excesivo de la fuerza en las marchas ciudadanas.
El INDDHH destaca la “cooperación del Ministerio del Interior y de la Policía en la investigación

L
a Institución Nacional de Derechos Humanos presentó este jueves un pormenorizado informe sobre la actuación policial en Santa Catalina y en diversas marchas ciudadanas. En el estudio se analizó la actuación del Ministerio del Interior en las marchas del: 14 de agosto (día de los mártires estudiantiles), y 24 de agosto (en conmemoración de los sucesos del Hospital Filtro en 1994).
Asimismo indagó otros hechos de violencia, como el operativo en Santa Catalina que derivó en la muerte del joven Sergio Lemos.
Con respecto a la marcha del día de los mártires estudiantiles, la institución remitió un oficio al Ministerio del Interior, que luego amplió con los hechos ocurridos en la marcha del 24 de agosto. Pero, asegura que ninguno de ellos fue respondido.
“La falta de respuesta por parte del Ministerio del Interior no logra disipar las dudas razonables respecto a que, luego de haber sido detenidas, estas personas fueron sometidas a tratos degradantes en dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo”, expresa el Instituto de DD.HH.
Por otro lado, el organismo analizó los hechos que derivaron en la muerte del joven inocente, Sergio Lemos, el pasado 5 de noviembre, en el marco de un operativo policial en Santa Catalina.
En cuanto a este suceso la institución remarca como un hecho positivo la “cooperación del Ministerio del Interior y de la Policía en la investigación de las circunstancias que rodearon la muerte de Lemos”.
También destaca que aportaron “elementos probatorios que permitieron a la Justicia contar con elementos para tomar una resolución sobre el caso”.
En el marco de dicho episodio en Santa Catalina, la institución analizó una denuncia que presentó la joven Lorena Fagúndez, por “un golpiza recibida, cuando intentó conocer las circunstancias de la muerte de su amigo, Sergio Lemos”.
La institución también analizó dos denuncias de “malos tratos por parte de la policía” en Santa Catalina. Una de ellas ocurrió el 3 de setiembre contra un joven que fue detenido y trasladado a la seccional 19, en la que el propio Ministerio “reconoció irregularidades en el procedimiento”.


Conclusiones

El Instituto de DD.HH plantea una serie de conclusiones, a partir de los hechos denunciados e investigados.
Destaca especialmente la actitud del Estado uruguayo, a través del Ministerio del Interior, de “reconocer públicamente, e incluso realizar un pedido de disculpas a toda la sociedad, por intervenciones policiales que, a su juicio, han vulnerado derechos humanos de personas sujetas a protección estatal en diferentes procedimientos policiales”.
“Este tipo de reconocimiento no es común en la historia del país ni en nuestra región, lo que constituye un paso adelante en la asunción, por parte del Estado uruguayo, de su responsabilidad en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de toda la población”, resalta la institución, aunque aclara que ello “no es suficiente”.
A la vez, expresa que “en el actual estado de evolución institucional del país, donde se ha consolidado el estado de Derecho, es inaceptable que se reiteren situaciones como las que se analizan en este informe”.
En el estudio también se aclara que la institución “no considera que la Policía sea una fuerza policial de ‘gatillo fácil’, dado que para ello fuera así debería darse tres elementos: tratarse de una práctica institucional que tolera la comisión de violaciones masivas y sistemáticas al derecho a la vida de parte de la población, que cuente con la aprobación de las autoridades y que esté consolidada la impunidad de los responsables”.
También se expresa en el informe que los “hechos de violencia institucional no pueden desvincularse del clima general de violencia e intolerancia que se ha incorporado a la rutina diaria de gran parte de la sociedad uruguaya”.
En tal sentido, enumera como preocupante “la aceptación de todo tipo de violencia, el desprecio a los medios pacíficos para la resolución de conflictos, la falta de respeto por la vida humana y la integridad de las personas”.


Recomendaciones

Asimismo, el Instituto de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, presenta en su informe una serie de recomendaciones.
Con respecto al uso legítimo de la fuerza, señala que el Estado democrático es el depositario de la fuerza legítima, sin embargo, fuerza no equivale a violencia.
En ese marco, considera que el Estado tiene el “debe de prevenir ese tipo de situaciones, y, cuando ello no es posible, investigar; poner a los responsables a disposición de la Justicia y reparar íntegramente a las víctimas”.
Por otro lado expresa que es “inaceptable que se reiteren situaciones de mal trato o trato degradante respecto a determinadas personas en cualquier dependencia pública y en particular en las dependencias policiales”.
“Una amenaza, un pequeño golpe, un insulto, pueden abrir las puertas a hechos de mayor gravedad, donde los tratos inhumanos o crueles y la misma tortura pueden estar demasiado cerca”, advierte el Instituto de DD.HH.
En tal sentido expresa que “una policía moderna profesional y democrática debe actuar de forma tal que, cuando una persona está bajo custodia, debe ser tratada con respeto a su dignidad, sin importar la gravedad de la falta o el delito que pueda o no haber cometido”.
También menciona que es necesario que “el Ministerio del Interior implemente las medidas necesarias para la incorporación de nuevos métodos de formación y capacitación continua sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego para todo el personal que cumple funciones ejecutivas en la Institución Policial, así como para la evaluación periódica desde el punto de vista teórico y, especialmente, práctico”.
La institución pide revisar “el marco doctrinario policial, estableciendo claramente como finalidad institucional el respeto de la vida humana en cualquier circunstancia; el rechazo a la llamada ‘obediencia debida’ frente a ordenes ilegales; y la excepcionalidad del uso de la fuerza y las armas de fuego como principios fundantes de la Institución”.
También remarca la necesidad de “contar con medios de prueba eficientes, no ‘contaminados’ y, en consecuencia, judicialmente válidos para determinar responsabilidades penales, es esencial para una adecuada administración de justicia”.
Al respecto recomienda una “mayor coordinación entre la Dirección Nacional de Policía Técnica del Ministerio del Interior y el Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, con el objetivo de extremar medidas para preservar la escena del hecho y los medios de prueba que puedan ser hábiles para fundamentar resoluciones judiciales que imputen o no responsabilidad a una persona en la comisión de un delito”.
Por otro lado, la Institución de DD.HH la reconoce a Inteligencia como actividad “esencial para la prevención de actos violentos o delictivos”, de todas maneras aclara que es necesario una “legislación adecuada para que esta actividad no afecte los derechos humanos de la población”.
En tal sentido recomienda que la actividad de inteligencia de las agencias estatales “esté claramente reglamentada y sometida a controles regulares, en especial por comisiones especiales del Parlamento, a los efectos de que una actividad esencial para la operativa policial, se desarrolle dentro de los límites que establece el Estado de Derecho y los compromisos asumidos por nuestro país en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Entierro de Sergio Lemos asesinado por la policía
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Política 29.11.13
Arrancar el problema de raíz
 Institución de Derechos Humanos recomendó mejorar formación y reforzar controles para “erradicar” malos tratos policiales. 

La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó ayer un informe sobre “casos de violencia institucional e interpersonal verificados”. Se refirió a las denuncias de maltratos policiales luego de las marchas del 14 de agosto (Día de los Mártires Estudiantiles) y 24 de agosto (aniversario de los hechos del hospital Filtro) y a los abusos policiales en el barrio montevideano de Santa Catalina. En algunos de estos casos actuó de oficio, y en otros en base a denuncias de las víctimas o de organizaciones.
En un informe con varias referencias a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la INDDHH comenzó valorando positivamente la actitud del Ministerio del Interior (MI) por “reconocer públicamente” y pedir “disculpas a toda la sociedad” por intervenciones policiales que, a juicio de la cartera, “han vulnerado derechos humanos de personas sujetas a protección estatal”. “Este tipo de reconocimiento no es común en la historia del país ni en nuestra región, lo que constituye un paso adelante en la asunción, por parte del Estado uruguayo, de su responsabilidad en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos ”, destaca la INDDHH. 
No obstante, alerta que esto “no es suficiente”.
En el caso de la manifestación del 14 de agosto, la INDDHH “no logró resultados en sus investigaciones” como para pronunciarse sobre si la Policía hizo un “uso abusivo de la fuerza”, consigna el informe. Distinto es el caso de la manifestación del 24 de agosto, en el que hubo denuncias de abusos y “la falta de respuesta por parte del MI” no logró “disipar las dudas razonables respecto a que, luego de haber sido detenidas, estas personas fueron sometidas a tratos degradantes en dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo”. La INDDHH recuerda que en materia de derechos humanos se entiende que “existiendo una duda razonable, debe decidirse en favor de la parte más débil en la relación”. “El Estado tenía la capacidad, a partir de una investigación conforme a Derecho, de demostrar que la versión de los denunciantes no era correcta, cosa que no hizo, a pesar de las reiteradas solicitudes de la INDDHH”, señala.
En el caso de los malos tratos y del asesinato de Sergio Lemos en Santa Catalina, se destacó la actitud del MI de instruir una investigación y aportar elementos probatorios a la Justicia. La INDDHH niega que la Policía nacional sea “de gatillo fácil”, ya que para eso debería haber una aprobación implícita o explícita de las autoridades y “la consolidación de la impunidad de los responsables”, hechos que hoy no se constatan, según la institución. Atribuye lo sucedido, en cambio, a “carencias en la formación y capacitación de algunos funcionarios policiales, así como a viejas prácticas corporativas, que se vienen arrastrando desde hace décadas y que, a la fecha, el sistema político en su conjunto no ha sido capaz de erradicar”.


Por hacer

Recomienda que el MI “incorpore nuevos métodos de formación y capacitación continua sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego”, así como “revisar el marco doctrinario policial, estableciendo claramente como finalidad institucional el respeto de la vida humana en cualquier circunstancia”. “Los malos tratos en dependencias policiales deben ser erradicados, no solamente porque constituyen hechos delictivos y graves faltas disciplinarias, sino porque también lesionan seriamente la confianza entre la Policía y las personas, y degradan la imprescindible función que la fuerza pública desempeña en una sociedad democrática”, sostiene la INDDHH.
El organismo también considera necesario fortalecer la Dirección de Asuntos Internos con recursos para investigar este tipo de hechos, y mantener “informadas a las víctimas y a los familiares sobre el resultado de las investigaciones”.
En cuanto a las denuncias de que la Policía “infiltró” las marchas del 14 y 24 de agosto, la INDDHH señala que “es imposible que la Policía desarrolle su rol preventivo sin contar con la información pertinente y oportuna”. No obstante, acota que esta actividad tiene que tener “una adecuada regulación de su ejercicio y fuertes mecanismos de control para evitar posibles excesos o ilegalidades”. En ese sentido, recomienda reglamentar “claramente” la actividad de inteligencia y someterla a controles regulares por parte del Parlamento.


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Los gráficos de "Saracho"







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