viernes, 31 de enero de 2014

Debe de decretarse "alarma social": el Fiscal Zubía anda suelto



El Fiscal Zubía que llenó titulares hace un tiempo atrás en el sonado caso de "los siete", es decir el repugnante y fascista intento de encarcelar a siete bien conocidos militantes sociales, sindicales y ambientalistas, por el "delito" de aplaudir a la Jueza Mota en la sede de la SCJ cuando ésta iba a ser sacada de su cargo y de las más de 50 causas de criminales de lesa humanidad que estaban (y están) prontas para sentencia. En la oportunidad el Fiscal Zubía que se crió en un cuartel militar, hijo y sobrino de dos de los principales ejecutores del golpe militar de 1973, exigió cárcel para "los siete" bajo las rúbricas de "asonada", "toma", "ocupación". Cuando lo tuvo que fundamentar sostuvo que si bien no habían pruebas concretas lo que contaba para hacerlos merecedores de una condena de cárcel era "lo que pensaban", es decir el aplauso de ese día según él tenía implicaciones futuras, lo que él basaba, en lo que los acusados habían pensado en el pasado. Calificamos entonces ese tipo de "fundamentación jurídica" como salida de los "tribunales" nazis. La presunción de algo que no ocurrió pero que podría ocurrir y como fundamento dió que -según el- los acusados pensaban así para de futuro aplicar esas figuras delictivas, ya qué, ellas estaban en lo que eran los pensamientos del pasado de estos acusados.
Hoy en día, y para que NADIE SE LO OLVIDE, el mismo Zubía reclama "ALARMA SOCIAL" ante un incidente entre jugadores de fútbol en el Estadio Centenario, incidente filmado, televisado y fotografiado a todo el país. Según el esos golpes entre los jugadores eran JUSTIFICATIVO SUFICIENTE PARA DECRETAR LA "ALARMA SOCIAL". 

Como se ve Zubía no se ahorra figuras jurídicas de extrema gravedad apenas le dan la oportunidad. El problema es que se le vienen dando esas oportunidades perfilándolo como el Fiscal "de hierro" dispuesto a promocionar  situaciones jurídicas y penales extremas ante lo que comúnmente se denominan conflictos de menor trascendencia. Para agravar la situación ahí está Zubía un verdadero radical y extremista de ultraderecha dispuesto a avivar las confrontaciones, lo que se dice uno que promueve conflictos a nombre de la "seguridad" de las bayonetas y pistolas encubiertas en giros jurídicos.
No lo habría hecho si la Suprema Corte de Justicia no hubiese echado a la valiente Jueza Mota, si no hubiese (único caso conocido en el mundo) decretado que los crímenes de lesa humanidad son "delitos comunes" y si la SCJ no hubiese ya excarcelado a notorios criminales de lesa humanidad. Tampoco lo hubiera hecho si el Gobierno y su partido el Frente Amplio se hubiesen plantado firmes antes esta brutal arremetida contra las libertades públicas. No lo hubiese hecho si se hubiera dado una contundente respuesta a estos primeros intentos de ir paso a paso a la restitución de violaciones a la democracia tal cual se hizo en el pasado reciente. 

Qué se entienda, el dejar pasar las agresiones de "tanteo" de estos militantes ultraderechistas no hace más que estimularlos. Estos ultras "dejan de lado el sentido común" y no consideran "la proporcionalidad" con el objetivo de radicalizar la represión estatal, hoy amparados en el aparato judicial dada la línea de la SCJ gran promotora de "alarma social" ya que decretar que tan luego que los crímenes de lesa humanidad son delitos comunes es un claro estímulo a los criminales, que están en las sombras pero no inactivos, solo esperan el momento para su anunciado "volveremos". Si porque unos jugadores de fútbol se golpean mutuamente se va a decretar la "alarma social" que va a ir quedando para el día que estalle una huelga general y el aparato represivo dispare a mansalva contra los trabajadores. Porque la única "alarma social" que viene creciendo es la de un aparato policial militarizado de acuerdo a los cánones de los EE.UU. e Israel, con la práctica asesina del "gatillo fácil" como se ha verificado, por ejemplo en Santa Catalina.


No tolera que pasen estas cosas
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jue ene 23 2014 17:53
El abogado y delegado de Nacional ante la AUF, Alejandro Balbi, hizo saber su “profundo desacuerdo” con la decisión del fiscal penal Gustavo Zubía de apelar la autorización otorgada por la jueza de 9° Turno, Blanca Riero para que los cinco jugadores de Nacional procesados por los incidentes del clásico del lunes pasado puedan viajar a Bolivia a jugar un partido de la Pre Libertadores.

El partido con el equipo boliviano Oriente Petrolero se jugará el próximo martes. El que gana clasifica a la Copa Libertadores de América.

“En 20 años de actividad profesional, observé que solo en casos extremadamente graves se impidió a procesados viajar al exterior. Y los cinco futbolistas de Nacional fueron procesados sin prisión; son personas que viven de su trabajo”, indicó Balbi a El País.

El delegado tricolor, al igual que su colega aurinegro, Jorge Barrera, anunciaron que no apelarán el fallo de la jueza Riero.

Balbi dijo que coincide con la tipificación penal otorgada por la magistrada, pero aclaró que está en desacuerdo con la prohibición de que los futbolistas procesados no participen en espectáculos públicos durante dos meses. “Creo que se debió aplicar medidas sustitutivas como tareas comunitarias y no afectar las fuentes de trabajo de personas que tienen un contrato para cumplir”, señaló el delegado tricolor.

Por su parte Barrera dijo a El País: “tampoco voy apelar la decisión de la jueza. En mi alegato señalé que un buen mensaje sería que los jugadores enseñaran fútbol en canchas de la Intendencia ubicadas en barrios carenciados. Hay niños y adolescentes que nunca fueron al Estadio Centenario. Con esas tareas comunitarias, el bochorno que hicieron los jugadores tendría una contracara positiva. Sería algo beneficioso para la sociedad y no se coartaría la fuente de trabajo del jugador. Lamentablemente no fue tomada en cuenta por la magistrada del caso”.

ANDRÉS ROIZEN27 ene 2014
Al procesar a los nueve jugadores de Nacional y Peñarol por la riña en el clásico del lunes pasado, la jueza Blanca Rieiro estampó en el auto de procesamiento su coincidencia con el fiscal Gustavo Zubía en relación a que los indagados "ocasionaron alarma social por la inusitada intensidad" de la violencia.
Tal concepto está contenido en el artículo 3º de la ley 15.859 (Código del Proceso Penal) que establece que "se decretará la prisión preventiva del procesado cuando el hecho que se le imputa hubiera causado o pudiera causar, a juicio del magistrado, grave alarma social".
Sin embargo, tal concepto no tiene una definición propia y con el caso de los futbolistas, aunque no recibieron pena de prisión, legisladores de los distintos partidos comenzaron a mostrar su voluntad para derogar dicho artículo y criticaron al fiscal por haberlo aplicado.
En ese marco, Zubía defendió la utilización de tal concepto. "Es ley en vigencia y su aplicación es perfectamente válida. Se critica a la alarma social porque es un concepto vago, pero en Derecho Penal está lleno de conceptos iguales que el operador tiene que integrar. Esa idea de vaguedad no tiene sentido", afirmó a El País.
El fiscal dijo que discutir sobre cómo se mide la alarma social es "como ponerse a discutir sobre el sexo de los angelitos, es una cosa tan traída de los pelos...". "Dicen que la alarma social no se puede medir, mi respuesta entonces es ¿cómo se mide la alevosía en un asesinato si no es por una apreciación que hace el operador?", señaló Zubía ante las críticas.
En tal sentido, afirmó: "Admito que hay casos en los cuales la alarma social puede ser discutible, pero el partido clásico se celebró ante miles de personas presentes, y miles, capaz que llegamos a un millón, de personas por televisión. Si eso no tiene alarma social, si eso no genera indignación, entonces no sé qué". Así, subrayó: "Es derecho positivo, está en el ordenamiento jurídico y mientras esté, nadie puede decir ni pío".
Zubía explicó que "más que en el partido del lunes pasado, la alarma social no creo que se dé en ningún otro ilícito, salvo que rapiñen al presidente en un desfile cuando la cámara lo están enfocando. Si algún profesor en facultad quiere dar un ejemplo de lo que es la alarma social, probablemente tenga pocas opciones mejores que la que tuvimos en el estadio el otro día", comentó.
El fiscal entendió que un hecho tal como la batalla campal desatada en el clásico del lunes pasado la cual "ve todo el mundo, todo el mundo se escandaliza y todo el mundo se indigna", no puede dejar lugar a dudas de que genera "alarma social".
DEROGAR. El primero en plantear la derogación de este artículo fue el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, quien anunció días atrás un proyecto para modificar el Código del Proceso Penal (CPP).
"A esta altura es necesario derogar una norma de corte fascista como lo es la alarma social". Al amparo de esa figura una persona que tiene cierta notoriedad pública recibe un tratamiento distinto del Derecho Penal con respecto al resto de los ciudadanos. El Derecho Penal no puede aplicarse de dos maneras según quien sea el involucrado", explicó.
El planteo del legislador recibió el apoyo de otros diputados, como el oficialista Jorge Orrico, quien además criticó especialmente al fiscal por recurrir a tal concepto. "La rigurosidad del fiscal Zubía ya pasa de castaño oscuro, a esta altura del siglo invocar la alarma social es de alguien que está estudiando muy poco. Ese es un concepto que rechazan desde hace años todos los catedráticos", opinó.
Además, la diputada socialista Daisy Tourné, que integra la Comisión Permanente y también la comisión de Constitución y Código de la Cámara Baja que analiza actualmente la reforma del Código del Proceso Penal, dijo que el debate sobre la eliminación de tal figura es "por demás interesante" y corresponde analizarlo.
También el diputado blanco Gustavo Borsari, que es vicepresidente de la comisión de Constitución y Código, afirmó estar a favor de derogar dicha figura y dijo que el tema podría incluirse en el debate que se lleva adelante por el CPP.
Mientras tanto, en la jornada de hoy en el Parlamento se darán las primeras discusiones vinculadas a la pelea ocurrida en el clásico y al posterior procesamiento de los futbolistas.
En concreto, Posada anunciará en la sesión de la Comisión Permanente la presentación de un proyecto para modificar la ley de Violencia en el Deporte y excluir a los deportistas de la pena que les impide concurrir a espectáculos deportivos si se los procesa. Esa pena se aplicó a los nueve procesados y levantó amplia polémica.
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