viernes, 3 de enero de 2014

Escándalo advertido:

Enviado por Jorge Zabalza


Bendita TV: "Piratización" de Pluna
Bendita TV 16/11/08 - Todo el tongo de la privatización de Pluna entre el gobierno del FRENTE AMPLIO y los ladrones de LEADGATE. La joda para del grupo para quedarse con aviones nuevos y borrarse de la asociación, todo financiado por el Estado Uruguayo.


Otro vuelo tormentoso

El Estado envuelto en su propia telaraña por indemnidad a Campiani
El gobierno ha quedado preso de su propia estrategia de negociación con el ex gerente general de Pluna sa, Matías Campiani –ahora preso por estafa–, y evalúa cómo sortear la barrera de la cláusula de indemnidad que firmó a beneficio del empresario, a fin de poder recuperar parte de los más de 300 millones de dólares que implicó el vaciamiento de la aerolínea. Las expectativas de un pronto resguardo, por ejemplo a través de un embargo, resultan prácticamente nulas en tanto ya ha sido rechazado por la justicia. Pero además el Estado ha quedado expuesto a cubrir con dinero de las arcas públicas los juicios de terceros contra Leadgate Investment al haberle concedido impunidad a esa empresa ante este tipo de reclamos.
Ahora que el Ministerio de Economía ha dado un paso al costado en el llamado affaire Pluna, y la responsabilidad de llegar a una solución del problema parece recaer con todo su peso sobre el ministro de Transporte, Enrique Pintado, es este jerarca quien debe afrontar y tratar de superar los errores cometidos cuando el gobierno negoció el alejamiento de Leadgate Investment –propiedad de Campiani, Sebastián Hirsch y Arturo Álvarez Demalde, ahora todos procesados– de la administración de la aerolínea.
Brecha intentó comunicarse el jueves 2 con Pintado, pero tenía su celular apagado y desde su secretaría de comunicación se respondió que el ministro se encontraba de licencia hasta el 15 de enero.
No obstante, algunas fuentes de gobierno consultadas estimaron como “muy dificultosas” las posibilidades de tener “éxito” en un juicio civil contra Campiani, al menos en el corto plazo. Y mostraron sus reservas en cuanto a que prospere un eventual embargo contra el empresario y sus socios: “Lo vamos a evaluar, pero no sabemos si podremos (concretar un embargo) debido al contrato de indemnidad”, sostuvo una de las fuentes.
El 15 de junio de 2012 Pintado y el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, firmaron junto con Campiani un memorándum de entendimiento “con la finalidad de establecer los mecanismos que permitan buscar caminos de solución para que Pluna pueda competir como empresa viable en la región”. Muy lejos de esa meta descrita en el documento, el caso Pluna ha derivado en encarcelamientos y pedidos de procesamiento –también para el presidente del Banco República, Fernando Calloia– en el ámbito de la justicia de crimen organizado. Y la recuperación del dinero perdido por el Estado encuentra grandes escollos en este mismo memorando, puesto que en el capítulo 4 se acordó una cláusula de impunidad para Campiani y sus socios, responsables del vaciamiento de la aerolínea.
El Estado y Pluna Ente Autónomo (pea) “declaran que nada tienen que reclamar” a Leadgate Investment Corp ni a la Sociedad Aeronáutica Oriental (sao) –empresa fundada en Uruguay a los efectos de cumplir con los requisitos que posibilitaran a la empresa funcionar como aerolínea de bandera, pero en sí propiedad del grupo Campiani– “y se obligan a no promover contra ellos reclamación de ninguna especie, ni directamente ni a través de Pluna, con causa en hechos o circunstancias en relación con Pluna, salvo la eventual responsabilidad civil derivada de ilícitos penales acreditados mediante sentencia penal ejecutoriada”, señala el documento.
Y añade que, “adicionalmente”, el Estado y pea “se comprometen a mantener indemnes” a sao y a Leadgate “de cualquier reclamación de Pluna, de cualquier organismo público y/o de terceros que tuviera su causa en hechos o circunstancias en relación con Pluna, salvo la eventual responsabilidad civil derivada de ilícitos penales acreditados mediante sentencia penal ejecutoriada”.
Hoy el Estado tiene la obligación de agotar sus recursos para ir contra Campiani en un litigio civil, pero se ha puesto a sí mismo las piedras en el camino con estas cláusulas. A favor de las eventuales acciones que debería adoptar en defensa del dinero público (que recién está evaluando), se encuentra la salvedad de que es posible un juicio civil en ocasión de haberse hallado responsabilidad penal en los indemnes.
El punto es que para ello se debe esperar a que exista una sentencia firme, es decir que Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde sean condenados y que una vez revisada esta decisión sea ratificada por los órganos de alzada del Poder Judicial: tribunales y Suprema Corte de Justicia. Todo ello implica varios años por delante, tiempo en el que Campiani y sus socios pueden diseminar los bienes y fondos bancarios a su nombre por donde se les ocurra –familiares, amigos, empresas fantasmas con testaferros–, a fin de que nada se les pueda cobrar.
Previendo que estas jugarretas son moneda corriente en el mundo de los negocios, y más aun en el de los empresarios corruptos, en general los sistemas judiciales –el uruguayo incluido– han incorporado avances a favor de los demandantes para posibilitar la diligencia de embargos contra el demandado, como forma de resguardo eficaz ante maniobras de falsa insolvencia. Pero el mismo memorándum de entendimiento ha truncado esta posibilidad de embargo al no contemplarla de manera explícita en el documento. El resguardo para el Estado se ha ahogado con la firma de la declaración genérica de “no promover” contra Campiani y sus socios “reclamación de ninguna especie”. Así, al menos, ya lo entendió la justicia. En noviembre de 2012 la jueza de concurso Teresita Rodríguez Mascardi desestimó el pedido de embargo presentado contra Campiani, Hirsch y Álvarez Demalde por la Asociación Uruguaya de Peritos (Aupe), que actúa como síndico en la liquidación judicial de Pluna (debe administrar los bienes de la empresa durante el proceso concursal), como consecuencia de la impunidad que el Estado le había concedido a los socios de Leadgate.
La Aupe pretendía un embargo por 30 millones de dólares –monto negativo del último informe patrimonial de Pluna–, es decir la décima parte de lo que al menos debería reclamar ahora el Estado. Pero la magistrada lo negó al argumentar en su resolución que era imposible decretar el embargo ante la existencia de las cláusulas de indemnidad del memorando.
Las fuentes consultadas por Brecha sostienen que “si se tomara la decisión” de entablar juicio y pedir embargo, deberán hacer valer las decisiones penales –admitiendo que son provisorias– contra Campiani y sus socios, e incluso un informe del Tribunal de Cuentas que considera inválida la cláusula de indemnidad, para bregar por un cambio de postura de parte de la justicia, ahora en el ámbito civil.
“Con sinceridad, no sabemos si se puede accionar con éxito, las posibilidades son escasas”, declaró resignada una de las fuentes.
JUICIOS DE TERCEROS. Pero este no es el único problema por delante. Si los acreedores de Pluna no pueden cobrarse todo lo que le reclaman a la empresa, accionarán contra el Estado, y –resolución judicial mediante, pero con muchas posibilidades de ser aceptada, según la jurisprudencia– será éste el que deba responder para resarcir a los demandantes. Y esto porque en el memorándum de entendimiento –ratificado por el Poder Ejecutivo– el Estado le concede indemnidad a Campiani y sus socios por “cualquier reclamación”, incluso por las que provengan “de terceros”.
Es cierto que para el Tribunal de Cuentas la resolución del Poder Ejecutivo no es válida, al considerarla “insuficiente desde el punto de vista jurídico”, en tanto “el Ejecutivo carece de facultades para exonerar de responsabilidad civil a un tercero, sin norma legal habilitante”.
“Nuestro ordenamiento jurídico constitucional determina que es la ley el único instrumento idóneo para limitar derechos, entre los cuales se encuentra el derecho a reclamar daños y perjuicios, a su vez esa ley debe estar fundada en razones de interés general” de acuerdo a la Constitución de la República, sostuvo el organismo en su resolución de marzo de 2013. Y remarcó que “el compromiso de indemnidad suscrito implica disponer en forma actual y futura del patrimonio estatal, lo que requiere la sanción de una ley en sentido orgánico formal, con iniciativa, además, del Poder Ejecutivo, lo que hace devenir ilegítimo cualquier acto jurídico jerárquicamente inferior a la ley, que disponga un gasto sin previsión legal de los recursos para afrontarlo”.
Pero también es cierto que el Poder Ejecutivo no dio marcha atrás luego de escuchar al Tribunal de Cuentas, y en los tiempos que se avecinan deberá explicar a la justicia por qué lo desoyó, y luego –eventualmente en un futuro juicio civil– el Estado se valdrá de esa resolución para tratar de salvar parte de los cientos de millones de dólares que se esfumaron con Campiani y sus socios, y que ya son amortizados por la sociedad.



La oscura comedia de Pluna


Foto Alejandro Arigón
Bien está lo que bien acaba: hace exactamente siete años, el 4 de enero de 2007, la oscura comedia de Shakespeare, con su trama errática y confusa, parecía haber inspirado al entonces ministro de Economía, Danilo Astori, para impulsar la privatización de Pluna. 
Como se sabe, la aventura no acabó bien, pese a los pronósticos del ministro. Aquel 4 de enero Astori anunciaba la privatización en estos términos: “Quiero decirles que el Ministerio de Economía ha venido trabajando permanentemente en este proceso, y quiero destacar cuatro características sobre las que me parece conviene poner énfasis. En primer lugar la profesionalidad con la que se ha manejado el desarrollo del proceso. El hecho de hacerlo profesionalmente es muy importante, porque asegura la búsqueda y el hallazgo de un buen resultado, a la luz del objetivo que estamos percibiendo. Cuando estas cosas no se hacen de esta manera, generalmente terminan mal, terminan con problemas que surgen, a veces con previsión, a veces imprevistamente, y frustran una experiencia de este tipo. En este caso está sucediendo todo lo contrario: profesionales de primera línea están participando en el desarrollo de esta búsqueda y seguramente este es un proceso que va a culminar con buenos resultados para el país”.
Las palabras del ministro hacían inequívocas referencias a la anterior privatización de Pluna, impulsada por el presidente Luis Alberto Lacalle, aparentemente sin profesionalidad. Como se sabe, en este caso la profesionalidad no aseguró el éxito, de modo que su anuncio como algo inevitable refleja cierta soberbia. El desenlace, siete años después, cuestiona en principio aquella profesionalidad, aunque es más exacto decir que el fracaso ocurrió pese a la profesionalidad de los técnicos que intervinieron. El recurso de las comparaciones es relativo y en todo caso los fracasos se explican, siempre, y antes que nada, por causas internas.
Esos elementos son los que, desde el principio, permanecieron ocultos, inconfesos, y son, precisamente, aquellos que hubieran aconsejado un triunfalismo más prudente. De hecho están presentes en las palabras de Astori al anunciar por primera vez la operación de privatización y sus bondades: “Y finalmente el volumen de la inversión, un volumen importantísimo para, no sólo la compañía Pluna, de modo de asegurar la solidez de sus operaciones en su futuro, sino también para la propia economía uruguaya en su conjunto; una inversión de 177 millones de dólares en dos años, tenga el destino que tenga, es para Uruguay una inversión muy importante; en este caso una garantía de la fortaleza con la que operará la compañía en el futuro”. Preguntado sobre la forma en que se concretaría la inversión, Astori explicó: “Hay una suscripción de capital inmediata de 15 millones, luego otros 10 aportados mediante líneas de créditos ya comprometidas, y el resto –o sea 152 millones– es un financiamiento que está fuera de balance para permitir la incorporación de las 20 aeronaves de las que hablábamos hoy”.
Lo que el ministro no quiso explicar fue que ese “financiamiento fuera de balance” por 152 millones de dólares no era una inversión directa –como había informado el ministro de Transporte Víctor Rossi–, no era una capitalización, no era un aporte para la “fortaleza” de Pluna “y de la economía en su conjunto”, sino una garantía soberana del Estado uruguayo para que los nuevos propietarios pudieran negociar la compra de los aviones. El ministro Astori omitió deliberadamente mencionar esa garantía que –hoy se sabe– fue la piedra angular de la negociación desde el comienzo, porque de haberlo hecho el negocio hubiera sido automáticamente cuestionado, no sólo por la oposición política sino por los eventuales interesados para quienes la gestión de Pluna hubiera sido muy atractiva con la garantía del Estado sustituyendo el grueso de la inversión.
La ficción de aquella inversión por 177 millones de dólares se mantenía el 12 de febrero de 2007 cuando, con la presencia del presidente Tabaré Vázquez, Astori firmó el acuerdo de “due diligence” que concretaría la operación. En la ocasión hizo malabarismos de cifras: el gobierno aportaba el 7 por ciento del capital de la nueva empresa pero se alzaba con el 25 por ciento de las acciones. ¿Cuánto valía aquella garantía por el 100 por ciento de la compra de aviones, que se seguía manteniendo oculta? Astori habló de las salvaguardas y los poderes de la comisión fiscal que otorgaban un control excepcional, Pues bien, las 20 aeronaves –que, según Astori, “van a lograr una transformación total de Pluna, no sólo jerarquizándola como línea fundamental en la región, sino además propulsándola como línea fundamental para constituir puerta de entrada y de salida de pasajeros originados y destinados en Europa y en Estados Unidos”– fueron apenas siete, y por ellas el Estado debió asumir una deuda de 137 millones de dólares con el Scotiabank, es decir, con el principal accionista del cuarto banco en importancia en Uruguay, el Nuevo Banco Comercial. La jerarquización, en los hechos, comenzó por la eliminación de los vuelos a España; y los controles terminaron, como se sabe, en el vaciamiento que condujo al procesamiento con prisión de los principales ejecutivos de Leadgate.
Alguien podría escribir una comedia sobre la historia –la historieta– iniciada en 2007: “Termina mal todo lo que comienza mal”. Una historieta que tiene tres principales responsables: el ministro Astori, que ensayó una especie muy particular de profesionalismo; el ministro Rossi, que puso la cara sin cortar ni pinchar; y el presidente Vázquez, que otorgó expresamente el respaldo político. Resulta sugestivo que la versión de las palabras de Astori del 4 de enero de 2007 en la página web de la Presidencia contenga algunas diferencias significativas con el audio reproducido hace algunos días en los programas periodísticos de radio Sarandí. En la versión oral Astori aparece mucho más enfático en anunciar el éxito del proceso como derivación inevitable de lo bien que se había iniciado; pero también hacía referencias expresas al respaldo que la iniciativa tenía del propio presidente Vázquez. La transcripción escrita omite esas referencias; y, por otro lado, el archivo de audio de esa jornada no está, como sí lo está el archivo de las palabras de Astori del 12 de febrero.
Siete años después, el ahora vicepresidente Astori ensaya una explicación de lo ocurrido: “Las opciones eran: dejar caer por completo a Pluna; que el Estado se hiciera cargo (no nos pareció correcto, porque ya se había gastado mucho dinero); y la tercera, buscar un socio”. Aun ahora, con los resultados a la vista y las resoluciones penales, Astori mantiene una mirada inocente sobre Leadgate y Matías Campiani: “Pusimos todo el empeño en buscar un socio que pudiera llegar a un resultado positivo; la experiencia fracasó. Analizamos todas las posibilidades, Leadgate fue la única que puso 2 millones para comprar el pliego y la única que puso 15 millones de dólares” de capitalización.
Explica de una manera muy peculiar el desastroso desenlace: “La caída a mi juicio fue por tres razones: el desequilibrio entre las (pocas) frecuencias y la flota; la relación entre capital propio y financiamiento, la firma se endeudó exageradamente; el precio del combustible, que era el más alto de toda la región, mucho más alto que el de sus competidores”.
Y elude empeñosamente comprometer su responsabilidad. ¿Se siente responsable?, le preguntan. “Después de haber visto los resultados, la verdad es que la experiencia terminó en fracaso. Fue una experiencia que se hizo con la mayor buena fe por parte de todos, con la mejor intención de parte de todos, y que salió mal.”
“Salió mal” es una pobre explicación para el costo de la aventura (una pérdida de cerca de 300 millones de dólares). Es insuficiente para todos los puntos que continúan oscuros: el otorgamiento de la garantía; la elección de Leadgate a partir de la opinión de un broker; la compra de aviones canadienses (que no son usados en la región); el descarte de un negocio con Brasil, más barato y bajo el paraguas de la integración regional; el endeudamiento con un banco que decidió instalarse en plaza; la incomprensible incapacidad de los representantes estatales para enfrentar y oponerse a los negocios y negociados que terminaron en quiebra y vaciamiento.
La buena fe y la mejor intención rechazan insinuaciones de corrupción, y seguramente es correcto, aceptable. Pero no diluyen las responsabilidades políticas de decisiones que no han sido justificadas y que no se explican por ingenuidad o ineptitud.



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