sábado, 12 de abril de 2014

Reclusión inhumana de botijas



No es humano

La situación llegará hasta ámbitos internacionales. Se conoció públicamente a partir de la denuncia, la semana pasada, de la Institución Nacional de Derechos Humanos ante el Parlamento. Pero hace ya muchos meses que los familiares de los jóvenes recluidos en el centro Ser de Colonia Berro denuncian ante el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) las torturas a las que son sometidos sus hijos, sin respuestas institucionales. la diaria accedió a las actas de esas denuncias.

Informes de visitas a los centros de privación de libertad .
Informe del MNP sobre la visita al CEMEC | 31/3/2014 .

Algunas imágenes de Centros de detención SIRPA:
Las autoridades dicen que esto es mentira


Nacional 11.4.14

Joven en la Colonia Berro, del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, en el departamento de Canelones. /Foto: Pedro Rincón (archivo, noviembre de 2012) .


Botijas rapados

Familiares de internados en la Colonia Berro denunciaron malos tratos y torturas ante las autoridades del Sirpa.
La situación llegará hasta ámbitos internacionales. Se conoció públicamente a partir de la denuncia, la semana pasada, de la Institución Nacional de Derechos Humanos ante el Parlamento. Pero hace ya muchos meses que los familiares de los jóvenes recluidos en el centro Ser de Colonia Berro denuncian ante el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) las torturas a las que son sometidos sus hijos, sin respuestas institucionales. la diaria accedió a las actas de esas denuncias.

En la Justicia

Además de las denuncias presentadas ante el Sirpa, hay tres denuncias penales por el mismo tema, dos ante el Juzgado de Pando y una ante el Juzgado Penal de 2º turno en Montevideo. Giménez sostiene que las familias no denuncian más por temor a que sus hijos sean identificados y se adopten represalias contra ellos. Una de ellas es de un funcionario que filmó una golpiza y luego denunció en el Juzgado de Pando, en noviembre de 2013, que ésa era la forma habitual de trato a los jóvenes en el centro. El 17 de febrero fue la audiencia por este caso y ya declararon los jóvenes. Otro caso es el de una madre que denunció, también en Pando, que a su hijo le quebraron la mandíbula. El tercer caso es en Montevideo; la denuncia la presentó la propia abogada Giménez en noviembre de 2013, luego de que un joven declarara en el juzgado que fue golpeado en el centro Ser.
El 21 de marzo, la abogada Sandra Giménez fue recibida por la secretaria letrada del Sirpa, Mónica Rodríguez. Giménez representa a 17 familias de internos y ex internos del centro Ser de la Colonia Berro. Le presentó un escrito donde constaban las denuncias formuladas por los familiares de los menores, así como la falta de respuesta de la institución. Se labró un acta firmada por ambas profesionales.
Entre julio y noviembre de 2013 se realizaron por lo menos cuatro denuncias de malos tratos y torturas a jóvenes ante el Sirpa. El 15 de julio, un grupo de madres de internos denunció que el 9 de julio sus hijos fueron sacados al patio en ropa interior. “Les pegaron, les hicieron picana, los insultaron y les sacaron fotos con los celulares”, indican las denunciantes, según el escrito. Ese mismo día, un grupo de tres familias de internos denunció ante el Sirpa que el 10 y 11 de julio sus familiares recibieron “golpizas con palos de goma y picanas eléctricas”. “Estuvieron dos horas desnudos haciendo lagartijas un día de lluvia en el patio”, señalan los familiares.

“Ha habido sumarios”

Las autoridades del centro Ser están en conocimiento de la situación debido a las denuncias presentadas, pero niegan que estas cosas sucedan. La directora del Ser, Jessica Barrios, declaró este lunes a la diaria que “los jóvenes están bárbaros” y que “no pasan ese tipo de cosas que dicen”. Dijo que en el centro se “prioriza mucho la seguridad, y que no entren drogas ni haya armas blancas es una prioridad”. Eso determinó que a los jóvenes “se les cortaran un montón de cosas que antes sí hacían”, indicó. Especuló que ésta puede ser la razón de las denuncias, ya que la gente “a veces se resiste a los cambios, y la forma de tirarlos abajo es ésta”. En cambio, el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, Javier Salsamendi, dijo a la diaria que “ha habido sumarios” a raíz de estas denuncias. Se excusó de dar mayores detalles, y aseguró que en una semana estará pronto un informe del Sirpa que contesta “cada una de las denuncias”. “Efectivamente han existido problemas”, manifestó. Aseguró que todas las denuncias fueron procesadas “por la vía que corresponde” y que “si surgieran elementos nuevos, también van a ser procesados”. Dijo que espera que el Parlamento reciba al Sirpa para presentar su informe, al igual que lo hizo con la INDDHH.
Según relata la abogada en el acta del 21 de marzo, a los jóvenes los patearon en el piso, los colgaron, y una funcionaria, cuyo nombre consta en el escrito, les aplicó picana eléctrica en los genitales. Esta funcionaria habría sido luego trasladada a Montevideo. Otros seis funcionarios también participaron en la golpiza. Luego de la denuncia, las madres sostienen que se golpeó a sus hijos con más saña. Una madre también denunció el 15 de julio que sólo les dan pan a la hora de la comida y que su hijo le dijo que pasaba hambre, y que tienen miedo de hablar porque “al estar encerrados pueden tener represalias”.

La espera

En reiteradas ocasiones las madres reclamaron una respuesta al Sirpa y se les respondió que se estaba investigando. En el acta del 21 de marzo, la abogada de estas familias reclama que se le indique el número de expediente administrativo de la investigación, para poder seguirla. Pese a que la administración pública tenía diez días hábiles para contestarle, todavía no ha tenido una respuesta. Recién el lunes después de Semana de Turismo está previsto que la secretaría letrada reciba a Giménez.
La segunda denuncia que consta en el acta se presentó el 9 de setiembre de 2013, en forma anónima, ya que las madres no quisieron identificarse por temor a represalias contra sus hijos. En la denuncia, una madre relata que a su hijo en la visita no lo pudo “ni tocar, porque salvo las manos, le dolía todo el cuerpo”, que los internos piden que “las madres denuncien y se unan, porque no aguantan más”. La abogada relata en el escrito que cuatro madres denunciaron que a sus hijos se los sacaba a los pasillos a altas horas de la noche, sin ropa, y los hacían limpiar el pasillo de rodillas, luego los llevaban a las duchas y eran reiteradamente golpeados por los funcionarios. “A los que quedan muy marcados los llevan a un sótano que tiene agua estancada, fétida, donde hay ratas, les tiran los colchones ahí y automáticamente llaman a los padres y les dicen que están sancionados y que no van a tener visitas”, relata la abogada, según consta en el acta.
El 11 de noviembre, la madre y el padrastro de un joven denunciaron que los tres primeros días que pasó en el Ser “le pegaron permanentemente patadas y piñazos en el estómago”.
En las denuncias se repiten en varios casos los mismos nombres y apellidos de funcionarios identificados como responsables de los golpes, que no son más de siete. En la denuncia de setiembre, una madre dice que tiene “miedo de que un día maten a los chiquilines, porque un día pegando así se les va a ir la mano”, y sostiene que los funcionarios amenazan a sus hijos con pegarles si cuentan estas cosas.
En denuncias que recibió la abogada este año, pero que aún no se formalizaron ante el Sirpa, familiares sostienen que a sus hijos los golpean porque sus familias les llevan un gorro Nike o remeras, que a un joven lo golpearon reiteradas veces en el abdomen, del que había sido operado recientemente; que otro intentó suicidarse en dos oportunidades, que una de ellas lo golpearon después de reanimarlo y volvió a perder el conocimiento.

Más allá de fronteras

El Comité de Derechos del Niño -una coalición de organismos no gubernamentales creada para monitorear el cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño- se sumó a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a Ielsur en las denuncias sobre el centro Ser. El coordinador del Comité, Luis Pedernera, dijo ayer a Montevideo Portal que llevarán el caso en mayo ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y en junio ante el Comité de los Derechos del Niño del mismo organismo. Además, piden revisar la conveniencia de que Ruben Villaverde siga al frente del Sirpa.

Venga después

Además de las denuncias, en el acta labrada el 21 de marzo la abogada da cuenta de otra situación que vivió personalmente. El 23 de diciembre de 2013 fue al centro Ser a ver a tres jóvenes. Uno de ellos, que estaba “claramente lesionado”, le dijo que otro de los jóvenes que la abogada quería ver estaba en el sótano. Pidió para verlo, y el funcionario que la atendió le dijo que volviera en dos horas. A las tres horas, el funcionario le da un teléfono y le dice que por disposición de la directora tiene que llamar a ese número tres días antes para pedir día y hora para ver a los jóvenes. “Este chico se encuentra en muy mal estado y su madre [nombre] está muy preocupada por su salud, no sólo física sino psíquica, ya que debido a las golpizas comenzó a tener convulsiones que antes no tenía, no recibe tratamiento y solicita la atención médica debida y que se le informe sobre el estado de salud de su hijo”, indica en el escrito.
Además de los golpes, las madres denuncian en algunos casos que sus hijos sólo comen pan, o “siempre fideos con tuco, pegados, prácticamente comida de chancho”. Sostienen que estuvieron casi un mes sin papel higiénico, y en otra ocasión sin jabón, por lo que tuvieron que romper un libro y usar trapos para limpiarse, ya que a las familias no les permiten darles a sus hijos jabones. La abogada Giménez relató la situación de un joven al que le suministraban 16 pastillas por día, lo que motivaba que se orinara encima, y no tenía jabón para limpiarse. Tampoco tienen champú ni desodorante. Una madre, en la denuncia de noviembre de 2013, explicaba así lo que quería para su hijo: “Yo pido que le den la oportunidad de trabajar, porque sólo está llenándose de odio. La palabra educador es de educar, y así no se puede educar”.
Natalia Uval

Ruben Villaverde a favor de perpetua o pena de muerte para menores 'irrecuperables' - Ruben Villaverde .

Villaverde nunca debió dirigir el Sirpa 

En noviembre de 2010, Ruben Villaverde, actual director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), dijo: “Hay que dejarse de embromar. Hay que asumir que hay tipos que no tienen recuperación. Si alguien les quiere dar una chance, entonces una chance tenés y si no, fuiste, viejo.” Villaverde hablaba de menores infractores. También dijo: “Sería bueno que una nueva discusión fuera sin jugar a las barbies, como venimos haciendo de un tiempo a esta parte.”



Al referirse a un muchacho cuyo derrotero delictivo alimentaba entonces al periodismo caníbal, dijo: “La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no puede formar parte de la misma. Lisa y llanamente, hay que erradicarlo de la sociedad, y hay dos fórmulas: una es la [cadena] perpetua, y la otra habría que ir a Irán, China o algún estado de Estados Unidos [donde rige la pena de muerte, incluso a menores de edad] para ver cuál es la solución. Pero [este botija, al que aludió por su apelativo] no tiene recuperación, y la izquierda se merece un profundo debate sobre qué es lo que se hace con los que no tienen recuperación.” (Léase un detalle de las declaraciones, formuladas en La Tertulia de CX 14 El Espectador, en http://on.fb.me/1oUuIcT y http://bit.ly/1sNCg0u.)



El gobierno le encargó a Villaverde la delicada tarea de rehabilitar a los y las menores en conflicto con la ley penal aun cuando él no creía que esa misión fuera posible. Cuarenta meses después de que Villaverde dijera eso, y 32 después de su designación al frente del Sirpa, hay tres denuncias penales por torturas, golpizas y otras formas de maltrato en el Centro Ser de la Colonia Berro, y la Institución Nacional de Derechos Humanos elevó al parlamento un informe sobre la situación (léase la nota de Natalia Uval en la diaria, en http://bit.ly/1qIZocu). Las condiciones de vida en los centros de reclusión del Sirpa son penosas, como lo documentó con fotos la coalición de la sociedad civil Comité de los Derechos del Niño en Uruguay (véanse las fotos al respecto en http://on.fb.me/1ewY7jj).



En conclusión: qué al pedo asignarle a alguien un laburo en el que no cree y que no tiene intenciones de cumplir. La culpa es de Villaverde, sí, pero también de quien le sigue rascando el lomo después de tanto fracaso previsible.



Marcelo Jelen
"El hacinamiento, el tiempo de encierro excesivo, la falta de actividades estables y sostenidas, la falta de educación permanente, la ineficiente e incompleta registración de actividades, la heterogeneidad de criterios sancionatorios, la inexistencia de criterios uniformes con respecto a la atención medica de los adolescentes, la insuficiente formación de las personas que están en contacto directo con la población internada, tratos abusivos por parte de algunos funcionarios y la discrecionalidad procedimental, son algunas de las deficiencias más relevantes que se han detectado", señala el informe del INDDHH presentado ante la Comisión de Desarrollo Social del Parlamento.
El Comité de los Derechos del Niño - Uruguay publicó un comunicado apoyando el contenido de este informe. Además, rechazó "las afirmaciones realizadas por diferentes operadores que dicen que el informe contiene mentiras".
"El SIRPA no tiene un plan con objetivos claros y una estrategia general, por centro y por adolescente. La política -si existe- depende de la voluntad de quien la lleva adelante y son esfuerzos aislados que no se inscriben en ningún proyecto ni en una lógica de sistema", agrega.
El comité criticó al presidente del SIRPA, Ruben Villaverde, exhortando al sistema político a "rever" su rol, ya que es "una persona no idónea para el trabajo con adolescentes". Según el comité, Villaverde se ha expresado en medios descalificando a los adolescentes, sus familias, y ha "formulado afirmaciones indirectas de apoyo a la pena de muerte".

Condiciones "intolerables"
En total el INDDHH realizó 25 inspecciones desde mayo de 2013 a marzo de 2014.
En el Hogar Ser "el trato personal hacia los adolescentes ha empeorado haciéndose frecuente la amenaza, la intimidación y la represión con uso de la fuerza".
En el centro Burgues "el hacinamiento e instalaciones son intolerables y
coliden con la finalidad perseguida en un sistema de responsabilidad penal juvenil propio de un Estado Social de Derecho". En este hogar "el encierro de los jóvenes durante la mayor parte de las horas del día es la regla general".
En la mayoría de los centros es insuficiente la cantidad de duchas y sanitarios. En el Hogar Piedras, por ejemplo, hay 46 internos que cuentan "con un solo baño con seis duchas".
En el Hogar El Hornero la forma en que revisan a los adolescentes luego de las visitas "es denigrante e inaceptable". El INDDHH recomienda "utilizar mecanismos electrónicos para la revisión corporal".
En el centro Medidas de Contención una "gran cantidad de jóvenes no tiene camas y duerme en colchones en el piso. El hacinamiento es evidente y, por ende, colide y vulnera el derecho a la dignidad humana", dice el informe.
El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) cuenta con 17 establecimientos ubicados en la ciudad de Montevideo y en la localidad de Suárez, Canelones, más algunos establecimientos de internación ubicados en el interior del país como Mercedes y Lavalleja. 
El Instituto Nacional de DD.HH denunció ante el Parlamento que en el Hogar Ser de la Colonia Berro se constataron condiciones que “vulneran el derecho a la dignidad, integridad, salud, educación, recreación, cultura y participación” de los menores allí internados.
En tal sentido, la directora de la INDDHH Mirtha Guianze informó que el organismo realizó la denuncia correspondiente ante la Justicia por una golpiza a un joven.
Por su parte, el Comité de Derechos del Niño aseguró que el caso será llevado a Naciones Unidas, y denunció que el director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), Ruben Villaverde “no es idóneo”.
Ante estos hechos, el Sindicato del INAU emitió un comunicado de prensa en el cual expresa que no puede dejar de mencionar con “gran preocupación y dolor”, que en el informe “nada se menciona acerca de las situaciones que día a día deben atravesar los funcionarios que trabajan con las y los adolescentes infractores que se encuentran privados de libertad”.
“Trabajadores que también son sujetos merecedores de derechos porque los mismos son inherentes a su condición de personas”, expresa el sindicato del INAU.
Critica que el informe del INDDHH “está basado en declaraciones hechas por internos y sus familias sin tener en cuenta también a los principales actores, que comparten el día a día con los adolescentes, es decir los funcionarios”.
“No merece al menos la calificación de informe completo a no ser que se pretenda suponer que todas y todos los funcionarios que trabajan en el hoy sistema SIRPA son partícipes de las presuntas violaciones de DDHH denunciadas”, cuestiona el gremio.
También se preguntan: “¿Qué validez como instrumento tiene el trabajo del INDDHH si el mismo únicamente hace un corte sesgado en el tiempo y no da cuenta de un proceso? ¿Qué utilidad tiene un informe que pretende dar un estado de situación ignorando nada más y nada menos que los antecedentes de tal situación para al menos ver si tiempo después se ha evolucionado o involucionado al respecto? A nuestro juicio un tema tan importante como la presunta vulneración de derechos humanos merece por parte de ésta u otra institución mayor seriedad a la hora de elaborar sus informes”.
En tal sentido, el sindicato de INAU solicita “con carácter de urgente que la INDDHH se instale en la Colonia Berro con una oficina a modo de observatorio directo”.
“Así podrá comprobar el trabajo cotidiano, el desempeño de todas y todos los trabajadores del SIRPA y recabar sus testimonios, sin los cuales insistimos, es absolutamente injusto y a todas luces parcial el informe en cuestión”, expresan los funcionarios.

Pedido de informes

En tanto, el diputado colorado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Gustavo Espinosa, presentó un pedido de informes al SIRPA/INAU a efectos de conocer los “alcances y situaciones” que llevaron a la denuncia penal realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos respecto de un caso de maltrato físico a un interno del Hogar SER en Colonia Berro.
“La historia se repite y las violaciones a los derechos humanos en el Hogar SER siguen siendo una afrenta a nuestra democracia”, asegura Espinosa.
Expresa que la reciente denuncia penal presentada por la INDDHH a efectos de investigar el maltrato al que fuera sometido un menor internado en dicho hogar, “confirma una vez más lo señalado por relatores de Naciones Unidas, por diversas actuaciones judiciales y denuncias desde varios ámbitos, que desde hace mucho tiempo advierten de las condiciones infrahumanas de ese Hogar”.
Asimismo, remarca que “aún hoy se repiten además, episodios de maltrato, golpizas y practicas muy similares a la tortura”.
“¿Qué más necesita el SIRPA y el INAU para admitir que incluso hoy las condiciones del Hogar SER, verifican la vulneración de derechos humanos como la integridad física, salud y recreación en el marco de una modalidad de encierro excesivo que ha sido denunciada hasta el cansancio?”, pregunta el legislador colorado.
Espinosa asegura que “lejos de rehabilitar, quienes egresan de ese infierno, seguramente engrosen las cifras de reincidentes de un sistema que además de violentar los derechos humanos de sus internos, expone a la sociedad toda, en mayores índices de inseguridad y violencia”.
El legislador no descartar citar a las autoridades del INAU y del SIRPA a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento.




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