jueves, 22 de mayo de 2014

Instaurar punto final a la impunidad

Ejemplos de valientes juezas


Como expresó la valiente Jueza Mariana Mota los procesos contra los criminales de lesa humanidad están más avanzados en Argentina qué en Uruguay. Por haber comprobado esa realidad el Presidente Mujica (eventualmente futuro "premio Nobel de la Paz") la hizo echar. Sin embargo, semana a semana se viene comprobando que Mujica ejecutó una purga política haciendo echar a Mota para así favorecer las componendas de su gobierno con el aparato militar que ha proclamado el objetivo de "dar vuelta la página" es decir INSTAURAR EL PUNTO FINAL Y LA IMPUNIDAD para con los crímenes de lesa humanidad. Entre otros crímenes están los de desaparición forzada de personas, reclamo popular permanente en apoyo a la heroica lucha de los familiares, en cuya Marcha el pasado día 20 Mujica tuvo el cinismo de participar.
El ejemplo de los juicios en Argentina ha dado un nuevo paso al frente al comenzar a materalizar el princpio de la justicia universal para con los crímenes de lesa humanidad. En este caso tendiente al enjuiciamiento de los crímenes del franquismo. Paralelamente, este hecho de gran trascendencia, literalmente demuele la denigrante y reaccionaria postura de la Suprema Corte uruguaya dictando sentencia de que los crímenes de lesa humanidad no son tales sino "delitos comunes" que prescriben, dejando así libres de juicio a centenares de asesinos profesionales que encima cobran jugosas pensiones pagadas por el Estado. Una situación realmente inédita por la cual el pueblo resulta doblemente humillado y pisoteado porque los criminales que asolaron al país cuando la dictadura no solo que no deben de rendir cuentas de sus actos calificados como crímenes en la mayoría de los países y por todas las convenciones internacionales sobre DD.HH., sino que además, ese mismo pueblo les debe de seguir pagando por la labor criminal que llavaron adelante.

El ejemplo CONCRETO de llevar a juicio a los criminales del franquismo demuele también la perversa tesis de Mujica de que el problema de las violaciones a los DD.HH. se terminaría cuando todos los participantes estuviesen muertos. Hoy en día son hijos y nietos de asesinados por el franquismo que levantan las banderas de Verdad y Justicia y presentan los casos que afectaron a sus asesinados padres o abuelos. Mujica no lo hizo por ignorancia sino por mezquinos intereses politiqueros en beneficio de su propio período presidencial y de la  repugnante política de confraternización con los criminales. Como alguna vez fué la proclamada postura de Mujica, son los hechos los que definen y son los porfiados hechos la fuente de la verdad que hoy en día Mujica colabora en ocultar.

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El senador y jurista Oscar López Goldaracena consideró que la visita del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux, a un amigo que estaba siendo allanado, debe ser investigada, de acuerdo a lo que sostiene el artículo 91 de la Ley 15.750 de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, vigente desde 1985.

Sin juzgar la actuación de Larrieux, López Goldaracena dijo que se la debería analizar según lo que dicta la ley.
El citado artículo sostiene que “a los magistrados y a todo el personal de empleados pertenecientes a los despachos y oficinas internas de la Suprema Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados, les está prohibido, bajo pena de inmediata destitución, dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales o intervenir, fuera de su obligación funcional de cualquier modo en ellos, aunque sean de jurisdicción voluntaria. La transgresión será declarada de oficio en cuanto se manifieste. Cesa la prohibición únicamente cuando se trate de asuntos personales del funcionario o de su cónyuge, hijos o ascendientes”.
El pasado viernes, la Dirección General de Información e Inteligencia (DGII) realizó un allanamiento en una finca de Carrasco e incautó cerca de mil armas.
La jueza Penal de 8º Turno, Graciela Eustachio, ordenó al Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional que realice una pericia para certificar el origen de las armas y confirmar si se trata de material de colección. Mientras sucedía esto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux visitó al propietario de la colección el sábado, cuando aún se procesaba la intervención de los peritos.
La visita fue considerada por algunos de los presentes como una especie de presión a favor del indagado.
Consultado por el diario El Observador, Larrieux aseguró que fue a visitar un amigo con problemas de salud. Aseveró que su presencia no constituye ninguna presión sobre la jueza que lleva el caso, “yo no intervine para nada en el procedimiento, el procedimiento se desarrolló como la jueza dispuso que se desarrollara”, y agregó: “Yo no me siento impedido de visitar a un amigo. Es más, considero que sería una deslealtad de mi parte si no lo hiciera”.

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