domingo, 25 de mayo de 2014

La baja y la tortura



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La tortura es un crímen de lesa humanidad cuando es el Estado el que la lleva adelante. La tortura es siempre tortura y no esta condicionada al tipo de partido o gobierno que está al frente del Estado en un momento dado. Y no prescribe. 

Los malos tratos, denigrantes y violentos son también tortura de acuerdo a la Convención Internacional contra la Tortura. 

El hecho de que Uruguay dice comprometerse JUNTO CON LOS EE.UU. en la defensa "común" de los DD.HH. no hace más que empeorar las cosas. Solo Mujica puede creer que es un "éxito" el escribir una Declaración común sobre el tema. Precisamente junto a los mayores violadores de los DD.HH. de todo el mundo.
Colectivo Noticias Uruguayas


GABRIELA CORTIZASsáb may 24 2014
"El Comité expresa su seria preocupación por los informes recibidos en los que se denuncian casos de malos tratos a menores internados en los centros de menores del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes (Sirpa)", señala el informe del Comité de ONU hecho público ayer.
Según la información que manejó el Comité -informes, entrevistas y visitas- "los casos de malos tratos documentados consisten en palizas, posiciones de estrés como `el paquetito` -atar a las personas de pies y manos enganchando los grilletes por detrás-, castigos de carácter vejatorio y humillantes incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa e invasivos y el uso de medios de coerción en el interior de los centros".
Se conmina a la suspensión de funciones a los funcionarios acusados y que se proteja e indemnice a las víctimas.
El informe se publicó luego de que el Sirpa contestara en Ginebra 87 preguntas formuladas por el Comité contra la Tortura, varias de ellas expuestas en base a las denuncias de golpizas y maltratos presentadas en el informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) el pasado mes de abril.

Villaverde.

El informe de ONU pone en una difícil situación al director del Sirpa, Ruben Villaverde, a quien se cuestionó duramente por estas situaciones denunciadas.
Cuando el Sirpa hizo públicas la situación de reclusión, fuentes del Frente Amplio habían adelantado a El País que quedaron en una posición "difícil" porque no se quiere debilitar a Villaverde en un año electoral, y se pretende evitar confrontar con las organizaciones de derechos humanos.
Además, "dolió" que se denuncien "torturas" en un gobierno frenteamplista y les resulta difícil aludir a los derechos humanos de los menores como argumento para no bajar la edad de imputabilidad y, al mismo tiempo, recibir cuestionamientos sobre la vulneración de estos derechos en los centros de reclusión que tiene el propio Estado.
"Exhortamos al sistema político a rever el rol del actual presidente del Sirpa (Villaverde), a quien consideramos una persona no idónea para el trabajo con adolescentes, teniendo en cuenta especialmente sus apreciaciones en diferentes medios de prensa descalificatorias de los adolescentes detenidos, sus familias, los defensores de derechos humanos y por haber formulado afirmaciones indirectas de apoyo a la pena de muerte", sostuvo en ese momento el Comité de Derechos del Niño.
El escenario empeora para Villaverde, quien ahora tiene que enfrentar las críticas del organismo internacional.
"Preocupan los informes recibidos en los que se señala que el endurecimiento de la legislación penal aplicable a los menores infractores habría supuesto un aumento significativo en el número de menores privados de libertad", señala el informe del Comité.
El aumento de la población de menores recluida, continúa el informe, contribuiría al "deterioro en las condiciones de detención del Sirpa".
La ONU criticó que Uruguay no facilitara datos sobre la tasa de ocupación de los centros de reclusión para menores.
"Según la información que dispone el Comité, los centros Ser y Piedras, de la Colonia Berro, registran situaciones de hacinamiento agravadas por el hecho de que los menores permanecen hasta 23 horas al día confinados en sus celdas", dice el informe.
El Centro de Ingresos de Adolescentes Femeninos (CIAF) y el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) también presentan condiciones precarias, en particular deficiencias en los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.
Además, la ONU manifiesta preocupación por la supuesta administración de psicofármacos "con fines de control" aunque esta información fue refutada por la delegación que viajó a Ginebra para contestar las preguntas de ONU. "El Comité sigue preocupado por los informes que indican irregularidades en este sentido, en particular respecto de las menores internadas".

Tareas.

A su vez, el Comité contra la Tortura criticó que el Inddhh carezca de autonomía presupuestaria y de "todos los recursos necesarios para un funcionamiento plenamente adecuado".
El Inddhh fue el encargado de elaborar el lapidario informe sobre las condiciones de reclusión de los menores infractores en la mayoría de los centros del Sirpa.
La polémica sobre las condiciones de reclusión en el Sirpa detonó en medio de una campaña electoral que incluye un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años que el Frente Amplio rechaza. El plebiscito será en octubre.
Esta campaña también es criticada en el informe de ONU. "El Estado debe garantizar que su sistema de justicia de menores respete los estándares internacionales", apuntó.

Críticas a cárceles

El Comité Contra la Tortura criticó las condiciones en los centros penitenciarios. La separación entre procesados y condenados, el hacinamiento y la dilatación de los juicios son las principales preocupaciones. Se aconsejó "redoblar los esfuerzos" para que se apliquen medidas sustitutivas. Además, ONU pidió información precisa sobre muertes en cárceles.

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viernes 23 de mayo del 2014 a las 12:52 hs
El Comité de Naciones Unidas sobre la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos solicitó este viernes a Uruguay que vele por que la edad mínima de responsabilidad penal establecida sea acorde con las normas internacionales y manifestó su preocupación ante su posible rebaja.

"El Comité expresa su preocupación ante el llamamiento a una consulta plebiscitaria el 26 de octubre de 2014 sobre la propuesta de rebaja de la edad mínima de responsabilidad penal a los 16 años y el enjuiciamiento de jóvenes en conflicto con la ley como adultos en casos de delitos graves, como forma de luchar contra la criminalidad en el Estado parte", según unas conclusiones presentadas hoy.

Añade que "preocupan también al Comité los informes recibidos en los que se señala que el endurecimiento de la legislación penal aplicable a los menores infractores habría supuesto un aumento significativo en el número de menores privados de libertad, con el consiguiente deterioro en las condiciones de detención en los centros del Sistema de Responsabilidad de Adolescentes (SIRPA)".

Este comité analizó el 29 y el 30 de abril pasado la aplicación por parte de Uruguay de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Inhumanos o Degradantes y, ya entonces, varios miembros mostraron su preocupación por el plebiscito.

Ese proyecto recabó más de 350.000 firmas ciudadanas, muchas más de las necesarias, y surgió tras años de quejas por el paulatino deterioro de la seguridad pública, tras la crisis económica de 2002.

Ante la proximidad del referéndum, el comité recuerda que "el Estado parte debe garantizar que su sistema de justicia de menores respete los estándares internacionales en la materia, especialmente las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil".

En particular, los expertos "urgen" a Uruguay a "velar por que la edad mínima de responsabilidad penal establecida sea acorde con las normas internacionales" y a "aplicar la privación de libertad a menores infractores como último recurso y por el periodo más breve posible, y que se revise periódicamente con miras a eliminarla".

Instan a que Montevideo "adopte medidas sustitutorias de la prisión preventiva, siempre que sea posible", y "vele por que las condiciones de detención en los centros de internamiento de menores sean compatibles con la Convención y otras normas internacionales de derechos humanos, garantizando su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional".

Respecto a la situación actual, el comité refleja con pesar las cuotas de hacinamiento en los centros de menores y solicita que se "redoblen los esfuerzos" para evitarlo.

Asimismo, pide a Uruguay que "establezca un mecanismo de queja eficaz, independiente y accesible que garantice la investigación pronta, exhaustiva e imparcial de las denuncias de tortura y malos tratos a menores internados en centros del SIRPA".

El comité llama explícitamente a que se vele por que en los presuntos casos de tortura o malos tratos se "suspenda inmediatamente" de sus funciones a los sospechosos mientras dure la investigación.

Asimismo, demanda que se investiguen las presuntas irregularidades que se hayan podido producir en la administración de medicamentos a menores internados.


Barrer para abajo de la alfombra
“La gran impunidad”.
Las violaciones a los derechos humanos en el Sirpa; el pit-cnt y el debido proceso

El discurso de la comisión delegada del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), encabezada por Ruben Villaverde, y el del sindicato de trabajadores del inau (suinau), en manos de Joselo López, ha permeado a los integrantes del secretariado ejecutivo del pit-cnt, que rechazó sumarse al pedido de renuncia de la dirección del Sirpa.
Hay dos coincidencias centrales en ambas posiciones: que el informe de la inddhh es “incompleto” porque “no ha contemplado la voz de los trabajadores”, y que el pedido de renuncia de la dirección del sistema planteado por el grueso de las organizaciones de la sociedad civil –que se robusteció con el apoyo de la feuu la semana pasada y de Crysol, en ésta– desconoce “los avances” logrados. Confluyen así en una tercera cuestión: quitar del centro de la discusión las denuncias de malos tratos y torturas sufridos por los pibes presos. En eso se muestran cautos. “Hay que esperar los resultados de las investigaciones”, dicen casi al unísono, respetar “el debido proceso” y dar garantías a los acusados.
Mirtha Guianze llega de una nueva visita a un centro de reclusión juvenil, respira hondo y explica a Brecha: “Somos un mecanismo de prevención de la tortura, vamos a seguir haciendo informes en todos los lugares donde haya personas encerradas”. El de la inddhh “es un mecanismo preventivo, no reactivo. Tenemos que monitorear, y cuando tenemos elementos hacemos un informe a las autoridades primero, para entablar un diálogo”. Eso fue lo que sucedió en este caso. “Cada informe se fue poniendo en conocimiento de la dirección del Sirpa. Fueron enviados desde acá, pero además hemos tenido reuniones.”
Guianze relata que fueron tres las situaciones prioritarias en esta etapa de control del sistema penal adolescente: la de las mujeres “que muchas veces no se les da mucha bolilla, y hay muchas de ellas presas con sus hijos”, la del Hogar Desafío, que debería albergar menores entre 13 y  15 años pero, según comenta, “estaban mezclados con los mayores”, y la del Centro Ser, ese sí de la Colonia Berro, “en el que no hay hacinamiento pero sí una situación de violencia institucional que es palpable y de la que sabemos por distintas vías: por funcionarios actuales, organizaciones sociales instaladas allí, familiares, e incluso trabajadores de otros hogares”. Explica que según el protocolo que guía su tarea, el equipo se reparte para entrevistar a la dirección del centro visitado y a los funcionarios. “Hay conversación formal e informal con los funcionarios.” La fiscal cuenta que “se obtuvo un relato coherente que nos dio la certeza de que los castigos continuaban.”
Lo afirmado por la titular de la inddhh se condice con lo denunciado públicamente por un grupo de familias de internos de ese mismo centro. Los episodios de violencia se incrementaron una vez que la nueva dirección, encabezada por Jessica Barrios, tomó control del Ser en julio de 2013. Ella misma ha sido denunciada por maltrato, y según pudo saber Brecha, continúa en su puesto.
Puerta giratoria. “La institución tiene los mecanismos para deshacerse de los funcionarios que hayan incurrido en faltas graves, y eso es lo que debe dictaminar si realmente todas estas cosas que salen a la opinión pública se concretan.” Las palabras, que bien podían haber sido dichas ayer o la semana pasada, están publicadas en un artículo de este semanario fechado el 24 de junio de 2005. Pertenecen a Joselo López. Una rápida revisión del archivo permite identificar otro mecanismo que también se ha reeditado como un loop en esta nueva ola de denuncias: desacreditar a los denunciantes –el argumento clásico es “miren que éstos no son nenes de mamá”– y confiar en la capacidad del sistema para investigarse a sí mismo.
“En los últimos dos años ha habido 26 denuncias por malos tratos. Se resolvió investigar en todos los casos y hacer la denuncia penal cuando correspondía”, aclara a Brecha Mónica Rodríguez, asesora letrada de la Comisión Delegada del Sirpa. “En cinco de los casos surgieron elementos delictivos”, aclara. Tres terminaron en procesos penales y dos se encuentran aún en etapa de presumario. Sólo uno de los acusados fue condenado a prisión. Los otros dos fueron procesados sin prisión y “están trabajando en el Sirpa”. “Estuvieron sancionados, cumplieron la sanción y el procesamiento. Cuando cumplen con la medida impuesta pueden volver a su lugar de trabajo, en la medida en que eso no afecte el servicio”, afirma Rodríguez.
Las 21 investigaciones que restan aún no han concluido. Brecha requirió información a la abogada sobre la fecha de presentación de esas denuncias, la cantidad de funcionarios involucrados y el estado actual de las mismas. Esa información no estaba sistematizada. Un pedido similar fue realizado por la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, que viene estudiando el tema. Los datos debían ser presentados en la mañana de ayer, pero la sesión fue cancelada.
El “proceso administrativo” en que todos confían es el que rige las faltas de todo funcionario público, el del decreto 500. En el Sirpa está a cargo del departamento de Jurídica, del que Rodríguez es parte. “Dependiendo de la complejidad que tenga el caso puede demorar de dos a cuatro meses”, declaró la abogada.
Las cifras citadas corresponden sólo a los dos años de vida que lleva el Sirpa. ¿Hubo alguna depuración de funcionarios con antecedentes de violencia en el traspaso del Semeji al actual Sirpa? “No, no podemos hacer eso. Si el funcionario está trabajando y si algún día tuvo una sanción y cumplió con su sanción, sigue trabajando.
No todos los casos en los que hay malos tratos tienen una entidad gravísima, y no en todos los casos es necesario separarlo del cargo o pedir la destitución. Es Jurídica la que estipula la gravedad y el plazo. Con base en esos elementos, la comisión delegada toma la resolución. Si lo que surge es que el hecho es gravísimo, se da paso a la justicia y ésta resuelve”, concluye.
Hay al menos dos casos conocidos públicamente en que funcionarios sumariados por hechos graves pasaron a integrar la dirección de alguno de los hogares. El primero fue el del ya famoso “Popeye”, “que estuvo a cargo de la dirección del Ser”, según confirma Rodríguez, y el otro, más reciente, fue la designación de Francisco Ponce al frente del Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (ciedd), inaugurado a fines de abril de este año. Ponce estuvo involucrado en el caso de Fabián Tomé, el chico que denunció al funcionario José Albín –uno de los procesados por la justicia que ya está en libertad– por haber abusado sexualmente de él. Según consta en el expediente judicial, Ponce le tomó declaración al chico abusado en frente del funcionario denunciado. Cuando en la inauguración de este centro el periodista de La Diaria Federico Zugarramurdi consultó a Jorge Gago, integrante de la dirección, por los antecedentes del director, éste respondió: “ese sumario se terminó hace largo rato” (La Diaria, 23-4-2014).
El debido proceso. Ahora bien, si de lo que se trata es de garantizar el debido proceso, ¿cuál es el mecanismo de protección para quienes denuncian maltratos estando dentro del centro de reclusión? La pregunta se trasladó tanto a Edgardo Oyenart como a Fernando Pereira, ambos integrantes del secretariado ejecutivo del pit-cnt. Ninguno de los dos supo contestar. ¿Cuál es entonces el protocolo que limita el uso de la fuerza? Tampoco. “Entiendo que esas preguntas hay que hacérselas al cuerpo especializado, a Joselo López”, responde Pereira. López, por su parte, dice a Brecha que lo que rige su actividad son las “directrices de Riad”: “es la capital de Arabia Saudita”, instruye. Lo cierto es que esa norma no dice una sola palabra del uso de la fuerza en los centros de reclusión.
La que sí logra responder a esa pregunta y a la anterior es Mirtha Guianze. “Afirman que tienen un protocolo, que siguen las reglas, que lo tienen todo escrito. Ese protocolo no lo hemos visto. Desde el principio pedimos que hubiese un reglamento para que los muchachos pudieran conocer sus sanciones y les fueran notificadas y tuvieran manera de recurrirlas. Eso así no funciona, no hay nadie que recurra sanciones. En algunos lugares se los han dado para leer y en otros no.”
Y esto no es de ahora. En el año 2000, hace 14 años, la Suprema Corte de Justicia ordenó a dos jueces de menores pronunciarse sobre la situación relevada por el Comité de los Derechos del Niño, durante 1999. Una de ellas, Graciela Berro, señalaba entonces: “Merece un renglón aparte el tema de las sanciones que puedan llegar a ser aplicadas por un educador. (…) El trabajo del Comité de los Derechos del Niño observa que ‘las reglas no son claras y que cualquier funcionario puede establecer sanciones en forma arbitraria’. Por otra parte, expresa que dichas sanciones no se notifican al menor ni a su defensor y no hay derecho a efectuar descargos o recurrir contra las mismas. (…) Este tema es sumamente delicado y se encuentra estrictamente vinculado con el ejercicio del poder y sus límites en un Estado de derecho, estimando la sede que deben incrementarse los controles sobre el funcionariado no técnico”.
La norma, según las múltiples fuentes consultadas, es la falta de criterios claros, generales y públicos, tanto para el uso de la fuerza,  para los llamados “criterios de seguridad”, así como para los que determinan que un chiquilín acceda a planes de estudio y trabajo.
“Lo que estamos reclamando son registraciones independientes y fiables. Nosotros hacemos recomendaciones, pero no tenemos ningún método coactivo. Este mecanismo es disuasivo, no es que hayamos hecho esto y ahora vamos a parar. Es un tema de voluntad política”, insiste Guianze. “Es la gran impunidad de la gente que es intocable. Si no deshacen ese núcleo… El mejor control para los derechos humanos es el de los propios trabajadores, que a su vez temen perder el trabajo si denuncian. Hay una gran dificultad para conseguir pruebas en los contextos de encierro, eso sumado a la vulnerabilidad de los que están adentro, ¿cómo hacer?”
La discrecionalidad de las direcciones es la marca del sistema. La multiplicidad de situaciones según la dirección que se tenga, también. Si, como se sostiene, las direcciones de los hogares son elegidas por la comisión delegada del Sirpa ¿hasta dónde llega, entonces, su responsabilidad?







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