domingo, 22 de junio de 2014

La impunidad permite seguir violando hoy los derechos humanos a menores y adolescentes

La puerta de hierro de la vieja Colonia Berro, una imagen que dice mucho

17 de junio de 2014

CRÓNICAS DE 30 AÑOS EN PERIODISMO


Hace 10 años, el 14 de junio de 2004, publicamos en el diario La República (ver nota al pie) un documento reservado que tres reconocidas Ongs habían entregado a la Suprema Corte de Justicia para denunciar las "prácticas de torturas" que habían confirmado en la Colonia Berro del entonces Instituto Nacional del Menor (Iname). Aquel informe fue corroborado cinco años después, en 2009, por Manfred Nowak, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El escándalo provocó una serie de cambios (en particular en el nombre de las instituciones y establecimientos) para que mucho se modificara y algunas cosas siguieran como estaban.
Hace 10 años, las organizaciones "Oficina Internacional Católica de la Infancia", "Infancia y Adolescencia Ciudadana" y "Vida y Educación" le decían a los ministros del máximo órgano judicial de Uruguay que en la Colonia Berro se torturaba, que los desnudaban por la noche, que había omisión de asistencia, que existía consumo y tránsito de drogas con colaboración de los funcionarios, que se promovían las agresiones y la intimidación entre los jóvenes, que vivían en condiciones sanitarias deplorables y carecían de un eficiente programa educativo y de reinserción social. Esos eran los ingredientes que habían llevado a la explosión de una serie de motines en los últimos años.
Diez años después, en 2014 se sigue denunciando la existencia de malos tratos en el ahora Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (Inau). El problema sigue estando en el Hogar Ser de la Colonia Berro, donde hace solo un año, en junio de 2013, el Instituto Nacional de Derechos Humanos confirmó "una grave situación" en la que los menores pasaban "entre 20 y 23 horas encerrados", por lo cual el Inau estaba incumpliendo un sentencia judicial que en 2008 exigió la reducción de los tiempos de encierro. El INDH describió que las celdas no tenían baños, que los jóvenes no tienen acceso a lectura u otras actividades educativas, y que "un alto porcentaje es medicado" con psicofármacos.
Semanas atrás, se denunció "malos tratos" en la Colonia Berro. Intervino la jueza Letrada de Pando, quien interrogó a funcionarios del Ser y entre ellos a su directora, quien ha sido sumariada y separada del cargo (aunque otras versiones dicen que se le concedió la licencia anual). Esta semana, un adolescente hizo público que recibió una "paliza" por funcionarios encabezados por el subdirector del Ser para que "se dejara de denunciar". Luego de la golpiza lo dejaron en una celda de aislamiento con un colchón y lo trasladaron luego al hospital psiquiátrico por un "desborde" emocional en el que se puso a golpear la puerta de la celda... El presidente del llamado Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) dijo que investigará...
El rebrote de denuncias sobre golpizas a menores y adolescentes ocurre cuando en el escenario político (apenas terminado el Mundial Brasil 2014) se lanzarán las campañas a favor de la baja de la imputabilidad o en contra de ella, por el plebiscito de reforma constitucional que se votará junto a las elecciones presidenciales y parlamentarias del octubre próximo. Unos, encontrarán en los nuevos incidentes material para demostrar la peligrosidad de la "minoridad" (a la que a diario muestran, captados por las cámaras de seguridad, robando estaciones de servicio). Otros insistirán en que si se baja la imputabilidad, los robos los harán menores de 15; y defenderán el sistema que en los últimos años se ha implementado para recuperar a los adolescentes, víctimas de la grave crisis del años 2000, entre otros argumentos.
El problema, sin embargo, sigue siendo el de la cultura de impunidad en que vivimos desde la salida de la dictadura. El no castigo a las crímenes cometidos por policías y militares en el marco del terrorismo de Estado impuesto desde las medidas prontas de seguridad en 1968, hace parecer "insignificantes" estas gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han estado cometiendo en todo el sistema de seguridad del Estado uruguayo, ya sea en la represión sobre adultos (mujeres y hombres) o sobre menores de edad.
El Artículo 22 de la Ley 18.026 (que incorporó al sistema jurídico uruguayo el Tratado de Roma) establece: "El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o a una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría".
Y agrega: "Se entenderá por "tortura": A) Todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales. B) El sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. C) Todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor ni angustia física o cualquier acto de los previstos en el artículo 291 del Código Penal realizado con fines indagatorios, de castigo o intimidación".
No importa que haya ocurrido en los años de gobierno del pachecato, de la dictadura bordaberrysta, de la dictadura militar, del sanguinettismo, del lacallismo, del jorgismo o del frenteamplismo. No importa que el lugar se denomine Establecimiento Militar de Reclusión Nº 1 o Instituto Nacional de Rehabilitación-Unidad N° 3 "Libertad". No importa si lo llaman Establecimiento Militar de Reclusión Nº 2 o Unidad Penitenciaria de Punta del Rieles. No importa si le dicen Instituto Álvarez Cortéz del Consejo del Niño, Colonia Berro del Iname o Centro Ser del Inau. Por más impunidad que la cobije, la tortura seguirá siendo tortura: un imprescriptible crimen contra la humanidad.

Roger Rodríguez
(17 de junio de 2014)


-------------------------------------------------------------------
(A continuación, el artículo publicado en el 
diario La República el 14 de junio de 2004)


"...YO ANTES NO ME DROGABA Y EN LA BERRO ME EMPEZARON A CONVIDAR Y AHÍ ME EMPECÉ A ENGANCHAR"...

Informe ante Suprema Corte de Justicia denuncia

violación de Derechos Humanos en Colonia Berro


"Prácticas de torturas", los desnudan por la noche, omisión de asistencia, consumo y tránsito de drogas con colaboración de funcionarios, promoción de las agresiones entre adolescentes, intimidación a los internos, condiciones sanitarias deplorables e ineficiencia de los programas educativos, fueron señalados en un documento reservado por las ONG Oficina Internacional Católica de la Infancia, Infancia y Adolescencia Ciudadana y Vida y Educación a la Suprema Corte de Justicia.


Escrito por: ROGER RODRIGUEZ

Tres reconocidas organizaciones no gubernamentales enviaron un informe reservado a la Suprema Corte de Justicia en el que denuncian violaciones a los derechos humanos contra los menores internados en dependencias de la Colonia Berro, perteneciente al estatal Instituto Nacional del Menor (Iname).
El documento, fechado en marzo de 2004 y firmado por técnicos de las organizaciones “Oficina Internacional Católica de la Infancia” (BICE), “Infancia y Adolescencia Ciudadana” (IACI) y “Vida y Educación” (VYE), se elaboró a partir de diversos informes, entrevistas y expedientes de juzgados de menores.
“A partir de diversas denuncias y la información obtenida (…) se han detectado violaciones de derechos humanos” en el Departamento de Rehabilitación Juvenil (Interj) del Iname, y particularmente en el Centro SER-Berro, dice el informe que señala su alarma y temor por la vida de los jóvenes allí internados.
Según las ONG, se está violando el “Derecho a la vida y la salud por prácticas de torturas y por falta de atención médica oportuna” y el “Derecho a la integridad personal, por la práctica de torturas y por malos tratos físicos y psicológicos”, indica el documento al que accedió LA REPÚBLICA.
También se vulnera el “Derecho a la vida familiar, comunitaria, social y a la educación, por el grado de encierro que se les impone, sumando a la ausencia o ineficacia de programas que aborden las diversas áreas del desarrollo personal y por la falta de técnicos especializados”, se agrega.

Amenazas veladas o explícitas

El documento indica que desde setiembre de 2003 se sucedió una cadena de denuncias por malos tratos que llevó al procesamiento de un funcionario, lo que sumado a las condiciones de hacinamiento,“colocan a los adolescentes allí internados en una situación extrema de vulnerabilidad de derechos”.
“El motín en el SER-Berro llevó a la adopción de medidas inadmisibles: el traslados de algunos de los adolescentes a la Cárcel de Libertad durante siete días, la suspensión en el ejercicio de sus funciones del director de Ser-Berro (quien ha venido denunciando los malos tratos desde que ocupa el cargo en julio de 2003) y la permanencia en funciones –subrayan– del funcionario procesado”, dice el informe.
“Queremos dejar asentadas –agrega el documento– las dificultades encontradas para avanzar en recabar esta información, así como en darla a conocer, debido al clima de tensión e incertidumbre reinante entre los funcionarios que no aprueban estas situaciones”, se afirma.
“Las amenazas veladas o explícitas, hacen temer por la integridad física y psíquica de quienes se oponen a estas prácticas”, destaca.
Paralelamente, explica que “los adolescentes que ingresan al sistema de privación de libertad son –principalmente– aquellos que han nacido y crecido con mayores desventajas: pobreza y falta de oportunidades de desarrollo humano”.


Acoso de policías y funcionarios

“Asimismo,los adolescentes y jóvenes que han sido atendidos en Iname son muchas veces blanco de maltrato y persecución policial”, lo que “genera un círculo de violencia que los devuelve al sistema de Iname y a la privación de libertad”, sostiene.
“En algunos casos, los Programas de Libertad Asistida han comunicado a la sede judicial que los adolescentes, durante el cumplimiento de las medidas alternativas, son acosados por la Policía”.
“Muchas denuncias de malos tratos en los centros de privación de libertad han derivado en investigaciones administrativas y sumarios en Iname, sin que posteriormente se apliquen sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos que se corroboran”, explican. En el año 2001, el Juzgado de Menores de 2º Turno (Ficha D/62/01) agregó a sus actuaciones denuncias por malos tratos en el Interj en las que desde 1996 venía participando un grupo de funcionarios que en su mayoría provenían del ex Centro Miguelete y La Tablada.
Durante los años 2003 y aun en los primeros meses de 2004, los Juzgados de Menores y el Juzgado Penal de Pando han recibido nuevas denuncias concretas de malos tratos, pero según el documento: “escasísimas situaciones han derivado en decisiones de la Justicia penal, muchos funcionarios fueron trasladados de establecimiento y algunos hasta ascendidos en el escalafón funcional”.

Las torturas de la Colonia Berro

En uno de los capítulos, el documento de las organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncia la práctica habitual de torturas en la Colonia Berro desde 1996 y aporta testimonios obtenidos en expedientes radicados en juzgados y en la sede administrativa del Iname.
Entre los malos tratos, se incluye una práctica denominada los “cinco minutos” que un interno explica: “Consiste en darle cinco minutos para pelear con sus compañeros. Todo comienza con que algunos de estos funcionarios incitan a que los jóvenes internados se agredan mutuamente, ya sea de un nivel a otro, y que los funcionarios miran cómo se pelean los jóvenes, esto sería el divertimento nocturno”.
Otra de las prácticas es conocida como “celda oscura” que, según el relato de un adolescente que en varias ocasiones fue víctima de esta agresión, implica que se le apague la luz de la celda para ser agredido por los propios funcionarios.
En ocasiones las golpizas son ordenadas por la guardia y los jóvenes se constituyen en una “patota” que es obligada a escarmentar a uno de los internos. El hostigamiento de los funcionarios del turno nocturno llevó a un joven a intentar autoeliminarse el 18 de agosto de 2003.
Otra de las violaciones a los derechos humanos constatadas por las ONG es la omisión de asistencia, que ha sido denunciada en diversos expedientes y este año ante el Juzgado Letrado de Menores de 1er. Turno (ficha 84/026/04) en un caso que fue luego derivado al Juzgado Letrado de Pando de 1er. Turno.


Tránsito y consumo de drogas

El informe presentado a la Suprema Corte de Justicia dedica uno de sus capítulos a la confirmación de que existe “consumo y tránsito de drogas entre los adolescentes y jóvenes internos con conocimiento y/o colaboración de algunos funcionarios”.
La denuncia quedaría demostrada en actuaciones administrativas y judiciales que son de conocimiento de las autoridades, al punto deque uno de los adolescentes declaró que el funcionario Heber Bentancour negocia con los jóvenes adictos e “intercambia championes por droga”, según denuncia ante el Juzgado Letrado de Menores de 2º Turno (ficha D/1/03).
En sede judicial, un adolescente declaró en el mismo juzgado, según el acta judicial de fecha 18 de marzo de 2004: “Yo antes no me drogaba y en la Berro me empezaron a convidar y ahí me empecé a enganchar en el SER, ahí me convidaron unos pibes, yo veía fumar y pedía…”
Las organizaciones no gubernamentales agregan un anexo íntegro (Expediente del Iname 687/99) para confirmar la existencia de “intimidación por parte de los funcionarios hacia los internos, para que éstos no denuncien los malos tratos recibidos, asegurándoles que si denuncian, las represalias serán mayores”.
El documento señala las condiciones sanitarias deplorables en las que viven los internos, la existencia de una epidemia de sarna en el año 2002 y el hecho de que los adolescentes conviven con ratas, según relato de los jóvenes, confirmado por funcionarios y abogados defensores.

Incumple tratados internacionales

Los técnicos de las ONG firmantes dedican otro capítulo del informe a la responsabilidad que el Estado uruguayo tiene en la situación que se vive en la Colonia Berro y afirman que “sin duda hay omisiones e ineficiencias desde todos los ámbitos”
El informe subraya que “de existir programas educativos adecuados, la aplicación y eficacia de los mismos se pone muy en duda frente al clima de relacionamiento que se viene detallando y con la práctica habitual de tortura que se denuncia, queda claro que las prácticas de control de la mayoría de los funcionarios constituyen un obstáculo insalvable para que los adolescentes y jóvenes internos puedan reelaborar un proyecto de vida con vistas a una reinserción social exitosa”.
La investigación, en la que participaron la asistente social Lourdes Díaz (VYE), la licenciada Alejandra Arena (BICE), el doctor Juan Pablo Monteverde (VYE y BICE), la doctora Diana González (IACI) y la doctora Susana Falca (IACI), destaca las obligaciones que del gobierno frente a las convenciones y tratados internacionales que el Estado uruguayo ha firmado.
“Si bien Uruguay no ha adecuado su legislación para tipificar los delitos de tortura como están previstos en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fuera ratificada por Ley 15.798, no está eximido de actuar en casos de denuncias por torturas sufridas por las personas que están privadas de libertad,bajo custodia de sus agentes, especialmente tratándose de niños y adolescentes”, sentencian.


-----------------------------------------------------------
TESTIMONIOS

Menos los viernes
Peleando, si me relajan a mi madre, con los pibes de otras piezas llamás al llavero y le decís que querés los cinco con tal pibe, pero los viernes no porque hay visita y la visita te pregunta ¿qué te pasó te peleaste con el llavero o con un pibe? Los viernes no se piden los cinco minutos”.

Desnudos de noche
Esa noche me sacaron los colchones y nos dejaron desnudos, ese día (…) se quiso ahorcar y (…) pateó las puertas y los demás empezaron a patear puertas para que lo atendieran al chiquilín que se estaba ahorcando… Vino el coordinador (Mazzeo) y abrieron la puerta y salieron los pibes y le sacaron las cosas para que no se ahorcara, fueron a mi pieza me pidieron la ropa, la frazada y quedé desnudo”… ”Cuando se le pide algo al llavero y ellos se aburren y piensan que les están tomando el pelo por eso, te sacan la ropa”.

“Patoteo” instigado
Antes de entrar al nivel tres me tiraron una puñalada (un adolescente) y salí corriendo para afuera y llegué al portón, y me agarraron los funcionarios y me llevaron para adentro, me llevaron al Nivel 3 y esta él (mismo adolescente) suelto y me golpeó, en realidad no me llegó a golpear, me separaron los funcionarios… y me llevaron al Nivel 2, a la Pieza 2 del ala derecha entrando por el multiuso, entonces el funcionario me dijo: “Si no caminarás con los putos allá arriba, menos vas a caminar acá”, y el funcionario de lentes le hizo una seña a los pibes para que me patotearan y dejó la puerta abierta y los gurises y el funcionaro me pegó de vuelta… y me dejaron hasta hoy ahí en la pieza”…

“Tenía olor a vino”
El pibe (refiriéndose al adolescente lesionado) venía entrando por la puerta de entrada y después vimos que pasó corriendo para el portón, después venía todo ensangrentado, lo traía Osvaldo (de los Santos) y Cañete y el funcionario Siri estaba abriendo el portón, yo lo vi porque salí a llamar por teléfono, sentimos en mi pieza unos relajos y era el pibe que estaba subiendo al Nivel 3. El funcionario tenía olor a vino, y le decía a los pibes que le pegaran porque el pibe era violeta…”

“No puse nada…”
“… me han abierto la puerta para darme la comida y tenía los ojos peor de lo que los tengo ahora. (…) Quien me dió más palo fue el gordo (refiriéndose al funcionario Osvaldo de los Santos) creo que fue el que le dijo a los gurises”. El funcionario Miguel Cañete, ante la pregunta de por qué no le prestaron asistencia responde: “No había médico allá arriba”…”No tenía el teléfono” (de la División Salud)…”No puse nada” (en el cuaderno de novedades).

Informe Médico
El día 6 de enero del presente año sufre agresión dentro del hogar, lo cual no trasciende hasta el día de hoy (…) Presenta lesiones equimióticas de aspecto evolucionado en ambas regiones palperales superiores e inferiores. No hay disminución de la agudeza visual. Conjuntivitis hiperémicas. (…) No lesiones erosivas. No se constatan resaltos óseos ni signos fracturativos. En suma: Agresión.Lesión equimiótica. Conducta: debe ser valorado por perito forense a solicitud del juez actuante. Consulta con oftalmólogo. (…)Firma: doctora Raquel Costa. Médico general”.

“No te la bancás”
Yo había caído enfermo y no me atendían y tuve problemas y me intenté matar y en vez de llamar al médico, me bajaron para abajo arrastrando, me sacaron toda la ropa y me dijeron que no te bancás la cana y me pegaban, me encerraron en una pieza donde (es) tuve toda la noche. Después a las seis de la mañana me dieron la ropa y me subieron para arriba, me acosté a dormir y esperé al otro día, me cambié de pieza, tuve problemas con unos pibes, me sacaron la ropa los chiquilines, esperé, no dije nada, hasta que vino la jueza y le comenté lo que pasó, digo la abogada defensora… Le dije si no me podía cambiar de Hogar para no lastimar a nadie y no me lastimaran a mí, y ahí le dije todo y me trajeron para acá al Piedras”.

“Cagar a puntazos”
“…el Osvaldo (de los Santos) le pegó dentro de mi pieza en la cara y le dio una patada en la cara y mi tío lo vio también y después lo encerró en la pieza. Después vinieron los gurises y le mostraban puntas, le mostraban varillas y le decían que lo iban a cagar a puntazos, que no saliera para afuera. Después vinieron los funcionarios Cañete y Osvaldo y lo pasaron al Nivel 2. El pibe me contó ahora que en el Nivel 2 lo cagaron a palos el Osvaldo y Cañete, y no vi más hasta anoche que lo pasaron a mi pieza”.

(Diario La República, 14 de junio de 2004)


Nacional 19.6.14

La pereza de pensar

Es curiosa la manera que tenemos de razonar ante un conflicto que trastoca los roles habituales. En este caso, una cárcel en la que se tortura, durante un gobierno de izquierda, en un país en que la tortura se asocia a la extrema derecha. Me estoy refiriendo a algunas dependencias del INAU que vienen siendo noticia últimamente, pero podría estar hablando de la situación de casi cualquier preso.
Entendámonos: los lugares donde están encerrados los menores que cometieron delitos son, lisa y llanamente, cárceles, por más que utilicemos la expresión "centros de rehabilitación" u otros eufemismos. Y cuando se menciona la tortura, no hay por qué estar hablando de submarinos, picanas eléctricas o métodos más sofisticados importados por algún enviado de la CIA. Dejar a alguien semidesnudo en invierno, encerrado en una habitación helada, o darle una paliza porque se atrevió a decir algo por televisión, ya son claras formas de tortura. Nada de "a un funcionario se le fue la mano, y vamos a hacer la denuncia". ¿Se le fue la mano en qué, digo yo? ¿Le fue a llevar la comida y sin querer terminó matándolo a golpes?
Pero la parte más maravillosa es cuando se dice "sí, hay cosas que están mal, pero no hay que ver sólo el lado negativo", y te entran a enumerar detalles para demostrar que están mejor que antes; el primero de los cuales, curiosamente, suele ser que hoy hay menos fugas, como si eso mejorara la situación de las víctimas. ¿Y a mí qué me importa? Estamos hablando de tortura, repito, no de una ventana que no cierra bien, o de una gotera en uno de los salones. Tortura sistemática utilizada como método de control. Demencia de funcionarios cuya ideología y filiación sindical deberían importarnos un pito, volcada sobre personas indefensas en reiteración llamativamente real. Intento de destrucción de la personalidad que lo único que puede generar es odio, y con él, conductas que justifiquen, a posteriori, la severidad de los tormentos aplicados. Y eso es inadmisible desde todo punto de vista, independientemente de lo que esas personas hayan hecho antes en su vida y de las explicaciones que elijamos dar a ese proceder.
Y aquí es cuando la cosa se pone grave: "Se preocupan más por esos atorrantes asesinos que por la gente que trabaja". Es increíble la capacidad de negación que tienen algunas personas. Porque si a uno lo ponen frente al peor asesino serial y el tipo está en calzoncillos en una noche polar, y tenemos una frazada, no sé quién tendría el estómago para negársela. Pero claro, eso queda lejos; el cerebro es capaz de bloquear esa información y sustituirla por razonamientos abstrusos. Se podría agregar que los que están ahí detenidos no necesariamente asesinaron a alguien (algunos simplemente robaron una moto), pero eso es intrascendente: los derechos humanos no son para los "humanos derechos", sea lo que sea que esto signifique, sino para todos. Hoy en día hay quienes parecen cuestionar esta verdad universal, aceptémoslo. Discutámoslo si quieren, pero mientras no se modifique ese aspecto de la Constitución (lo cual pondría al país en una comprometidísima situación), seguirá vigente. Por lo tanto, si lo violamos, estamos delinquiendo, y pasamos automáticamente a merecer -siguiendo el razonamiento- el mismo trato que pretendemos para los demás delincuentes.
La situación sin salida a la que conduce esta paradoja es bastante clara. La ley pasa a ser algo que se aplica a los otros, pero no a mí. El problema es que ese "mí" cambia, por definición, según quién sea el sujeto, lo cual conduce a que la ley pase a ser la ley del más fuerte, o, siendo precisos, de quien está más cerca del poder. Y el poder, en situaciones particulares, puede detentarlo alguien que nos está apuntando con un arma. En ese caso clamaremos por nuestros derechos constitucionales; eso se llama hipocresía, y lo peor es que parece ser una hipocresía bastante generalizada.
Hay que tener en cuenta que ése es el mismo criterio que parece aplicarse cuando un tribunal de apelaciones deja libre a alguien que, de no estar tan cerca del poder, sería considerado simplemente un pedófilo, un viejo bufarraco, un violador de menores, etcétera, e iría a parar a una cárcel común donde sus colegas habitacionales le harían experimentar algo parecido a lo que probablemente habrán sentido sus víctimas.
Podrá ser duro, pero es así: no sólo la sociedad, sino el mismo pensamiento, deben regirse por ciertas reglas, ciertos principios generales que no cambien según la propia conveniencia en cada caso. Da pereza, pero ¿cómo podríamos acusar a alguien de atorrante que no quiere trabajar, si no somos capaces de realizar ese mínimo esfuerzo mental? En medio de esta hipocresía vivimos, y parece que seguiremos viviendo por muchos años más. Tal vez sea un rasgo inherente a nuestra condición humana; sería buenísimo poder creer que no.

0 comentarios:

Publicar un comentario