lunes, 28 de julio de 2014

Almorzaron sin hablar en Anchorena

Un almuerzo sospechoso, rodeado de corrupciones, en período electoral, y nadie dice nada. Extraño, no? son cosas de la vida.

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COLONIAPedro Clavijodom jul 27 2014 13:13
Desde las 11:30 el presidente de la República, José Mujica, se encuentra reunido con cuatro de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en la estancia de Anchorena, Colonia.

Mujica dijo en Radio Monte Carlo que no hay temas previstos y que el almuerzo "es cortesía presidencial. Hace mucho tiempo había estado conversando con ellos, los había invitado a venir a Anchorena y hace pocos días cuando vino de visita el presidente de Armenia porque siempre se estila, se invita al presidente de la Alta Corte de Justicia, que estuvo presente en una cena, me recordó eso y decidimos invitarlos porque no conocían".

Los ministros también afirmaron a El País que no tienen una agenda definida. No se descarta que el tema de la corrupción en el Estado esté sobre la mesa. El fiscal Gilberto Rodríguez declaró a la prensa que la Justicia va a tener "tolerancia cero con la corrupción". 

Los primeros en llegar al almuerzo, antes de las 11:00 horas, fueron los ministros de la SCJ Ricardo Pérez Manrique, Jorge Larrieux y Jorge Chediak.

Jorge Ruibal arribó a la estancia presidencial sobre las 11:20 horas. Ruibal está de licencia, pero concurrió de igual manera a la cita.




VIVIANA RUGGIEROdom jul 27 2014
Después de pedir el procesamiento con prisión del exdirector de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alfredo Silva, el fiscal Gilberto Rodríguez declaró a la prensa que la Justicia iba a tener "tolerancia cero con la corrupción".
El mensaje no fue aislado. Si bien no hay una directiva, hay consenso entre los fiscales para aplicar la ley sin que el pulso tiemble ante cargo o poder. "El sistema ha demostrado en el último tiempo que actúa así", aseguró a El País el fiscal de Corte, Jorge Díaz.


En los últimos diez años, cada tres días se cometió un delito contra la Administración Pública y en el último año, seis jerarcas y exjerarcas fueron procesados por la Justicia por distintos delitos vinculados a la corrupción.
Además de Silva, el exintendente de Treinta y Tres, Gerardo Amaral, fue procesado sin prisión por el delito de "conjunción de interés personal y público"; el intendente de Colonia, Walter Zimmer y su director de Hacienda, José Aunchain, fueron procesados con prisión por abuso de funciones al igual que el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el expresidente del Banco República, Fernando Calloia.
En los últimos diez años fueron procesadas 29 personas por conjunción de interés público y privado y 101 por el delito de abuso de funciones.
"Si hay pruebas se condena y se terminó la historia. La corrupción causa daños de todo tipo, desde la imagen de la administración pública, genera problemas de lavado de activos, provoca desconfianza y corroe la esencia de la democracia", dijo Díaz, y aclaró que no puede dar directivas jurídicas a los fiscales, pero asegura que le consta que todos están de acuerdo y actúan bajo la premisa de tolerancia cero.

¿Judicialización?

Los últimos procesamientos son, según el fiscal de Corte, ejemplo de un "funcionamiento regular de las instituciones democráticas" y descarta que haya una "judicialización de la política" o una "politización de la Justicia". Reconoce que el límite "es muy sutil" y que la posibilidad de que ocurra siempre está.
"Puede pasar que el poder político intente dirimir sus diferencias a través de los juzgados. Puede pasar que haya algún operador judicial que tenga la tentación de incidir en el debate político a través de un enjuiciamiento. Lo que no puede pasar es que no se haga lo que se tiene que hacer: si hay un acto de corrupción que se denuncie, que se investigue y se llegue hasta el fondo. Yo no creo que haya una intromisión indebida, reconozco que puede haber límites difusos", indicó. El razonamiento del fiscal de Corte continuó: "Si no hubiesen enjuiciamientos por corrupción nos preguntaríamos: ¿no hay porque no hay o porque no se investiga?".
Díaz dice desconocer qué opinión tienen los uruguayos de la Justicia, detalla virtudes y recuerda procesamientos de operadores. Sin embargo, politólogos coinciden en que se viene dando una caída en la imagen que tienen los uruguayos de la Justicia. Hace algunos meses, la consultora Interconsult presentó una encuesta en la que el 64% de la población dudaba sobre la independencia del Poder Judicial.

Corrupción y lavado.

La corrupción y la debilidad institucional traen de la mano el lavado de dinero, un delito que sigue en auge en el continente y que no escapa a Uruguay.
Díaz advierte que esta relación directa que tienen es otro de los motivos por el cual hay que tener "mano dura con la corrupción".
"Evidentemente hay un vínculo directo y si una crece aumenta la otra. El dinero que se obtiene mediante un acto de corrupción después hay que insertarlo en el mercado legal de capitales y, además, puede servir para seguir corrompiendo".

DELITOS CONTRA EL ESTADO

Entre 2003 y 2013, fueron procesadas 1.092 personas imputadas por delitos contra la Administración Pública, es decir que se cometió un delito cada tres días, de acuerdo con un estudio que divulgó el viernes la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Según el relevamiento, en los diez años que abarca el estudio, los delitos más recurrentes son los de peculado (apropiación de dinero del Estado) 26,5%, fraude en el 20% y cohecho simple (coimas) en el 15,1% de los casos. En números absolutos, el primer ilícito se imputó en 289 causas, el segundo en 218 y el tercero en 165.
Además, hubo 116 procesamientos por concusión (funcionario que exige una coima para hacer o no hacer determinada cosa) lo que representa el 15,1% del total de procesamientos, al tiempo que se dispusieron 101 enjuiciamientos por abuso de funciones, cifra que es el 10,6% del total. Por este delito fueron procesados cuatro jerarcas y exjerarcas: el intendente de Colonia, Walter Zimmer, su director de Hacienda, José Aunchain, el exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el presidente del Banco República (BROU), Fernando Calloia. En los últimos dos casos los procesamientos fueron sin prisión.
El delito de conjunción del interés personal y del público (por el que fue procesado esta semana el exdirector de ASSE, Alfredo Silva), el delito de omisión contumacial de los deberes del cargo y utilización indebida de información privilegiada, supusieron 29, 16 y 9 procesamientos.
El informe de la SCJ destaca que 2008 fue el año en que se registraron más procesamientos por delitos contra la Administración Pública, llegando a 137. En 2006 fueron 128 y en 2003 se dieron 123.

Delitos de corrupción que se registraron 2003 -2013 .






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