sábado, 26 de julio de 2014

Vivir en peligro

Enviado por Colectivo Noticias Uruguayas

Otro escándalo: ADEOM y los trabajadores municipales TENÍAN RAZÓN!. Se repite algo que viene siendo una constante bajo el gobierno del mujiquismo: insultar y denigrar a los trabajadores y sus sindicatos, negar y mentir ante los reclamos aunque después se verifica que tenían razón los trabajdores. La Intendenta del FA/PCU negó lo afirmado por el Sindicato. Ahora es solo silencio y el camarada obrero municipal muerto lo fué por la desidia de las cúpulas que nunca llegan a los lugares de trabajo. Qué infamia!.

ANDRÉS LÓPEZ REILLY   jue jul 24 2014
Un informe realizado por un técnico prevencionista para la Intendencia de Montevideo, fechado el pasado 1° de julio, señala que la Usina 3 de Limpieza, ubicada en Camino Corrales y Callao, tiene "importantes carencias" y problemas de seguridad en muchas de sus áreas.
El documento, al cual accedió El País, señala que "hay algunos sectores que, lentamente, debido a su deterioro, se han tornado inhabitables y hasta se producen desprendimientos de los mismos".
"Se puede decir que es un edificio vetusto, no planificado para la tarea actual, al que se le han realizado innumerables adaptaciones a fin de que el mismo pueda contemplar la tarea tal y cual se realiza en la actualidad", añade el informe.
El técnico prevencionista advierte que "el mismo edificio y su entorno ofrecen gran variedad de peligros derivados de la propia situación edilicia. Uno de los riesgos que se considera importante, por sus consecuencias, es el eléctrico. Este riesgo debe ser valorado específicamente; para ello es necesario su evaluación mediante informe de la situación del estado de la red en general".
En la pista principal, por ejemplo, se observó que "es uno de los sitios que presenta mayor riesgo como espacio de trabajo" y que esta situación "se profundiza en los horarios en que no hay luz natural". El técnico recomienda pavimentar la pista, extenderla, mejorar su iluminación, colocar un lomo de burro a la salida y vallas de seguridad, así como "eliminar restos de vehículos contenedores rotos que no pertenezcan a la pista y su funcionalidad" y "generar vías de tránsito seguras para sus funcionarios".

Peligro eléctrico.

El informe advierte sobre problemas con la red en muchos sitios, hasta en el despacho del director, donde "se encuentra el aire acondicionado con conexiones eléctricas expuestas".
En el depósito, en tanto, se observó la red de UTE "en muy mal estado, con cable añadido y suelto entre los archivos y otros materiales".
En los vestuarios de hombres se detectó la existencia de un "tomacorriente irregular a nivel del techo" y en el de mujeres, "cables sueltos en caja dentro de la ducha". También en la "Sala Cantonero" se advirtió una "red eléctrica irregular".
El documento agrega que en la Sala de Espera también hay un "tomacorriente suelto" y que en las pistas de estacionamiento existen cables con empalmes "en mal estado".
En esta dependencia de la Intendencia de Montevideo, en la que se encuentra la flota de camiones "de recolección trasera", trabajan unas 250 personas en tres turnos, de las cuales 60 son mujeres.

Más observaciones.

El informe redactado por el técnico prevencionista detalla otras observaciones que también atañen a las condiciones laborales.
En la central telefónica "falta ventilación"; en el vestuario de damas "la puerta de acceso se encuentra sin cerrojo", y en el de hombres "falta orden, limpieza y calefacción".
También en la "Sala Cantonero" falta "espacio, orden y limpieza". Y en la Sala de Espera hay una ventana sin vidrios, "falta orden y limpieza" y no hay calefacción.

Observaciones están en juicio contra IMM


Poco después del fallecimiento del funcionario José Luis Bustabad, en la Usina 3, una inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) concurrió al lugar y verificó la existencia de "una importante cantidad de irregularidades e incumplimientos relativos a las medidas de seguridad", según se desprende del escrito de la denuncia penal realizada por Adeom contra la Intendencia.
Concretamente, respecto al área de mantenimiento de vehículos, el MTSS señaló: "A) No se visualiza llave disyuntora diferencial. B) Tableros eléctricos sin tapa o abiertos. C) Llaves con contactos eléctricos expuestos. D) Instalación precaria con llaves sueltas y cables sin conductos. E) Falta orden y limpieza en general, con acumulación de residuos, restos de materiales de construcción, chapas de fibrocemento, tanques de lubricantes y repuestos de vehículos. F) Pavimento roto con pozos donde se acumula agua con restos de fluidos (aceites, combustibles) de los vehículos. G) Fosas de mantenimiento sin barandas que impidan el riesgo de caída cuando no están en uso. H) Compresor junto a gomería sin protección de correas y con contactos eléctricos expuestos (…)".
En el escrito de la denuncia, al que accedió El País, se agrega que tras la inspección del MTSS "se intimó a las autoridades competentes de la Intendencia a efectuar las reparaciones y adecuaciones imprescindibles, a efectos de prevenir el acaecimiento de accidentes laborales y evitar que los trabajadores continuaran desempeñando sus tareas en condiciones de serio riesgo para su integridad física y su vida misma".



LA ÉLITE CORROMPIÓ LOS VALORES QUE SOSTUVIERON HISTÓRICAMENTE LAS BASES DEL FRENTE AMPLIO: COMO TE DIGO UNA COSA TE DIGO LA OTRA, LA VALORACIÓN DEL EMPRESARIO EN DETRIMENTO DEL ASALARIADO, LA IMPUNIDAD DE LOS CRIMINALES RESPALDADOS POR EL PODER MILITAR O POR LA PLUTOCRACIA HASTA QUE … FINALMENTE, DA LO MISMO ABRAZARSE CON CULEBRAS QUE SER HONESTO Y RESPONSABLE Y TODOS TIENEN DERECHO A SU “PIÑATITA” PERSONAL ¡¡TODA LA ÉLITE ES SILVA Y TEXEIRA!!

Jorge Zabalza

PABLO MELENDREZ jue jul 24 2014
Las irregularidades y los hechos de corrupción en dependencias de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) parecen no tener fin, y en las próximas semanas la Justicia dispondrá nuevos procesamientos en el marco de una causa que indaga maniobras relativas al recambio de equipamientos de ambulancias de Salud Pública.
La investigación, a cargo del Departamento de Delitos Complejos de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol, probó la existencia de una maniobra en la que, en un proceso de recambio de la flota de ambulancias, se reemplazó parte del equipamiento de los vehículos nuevos por el de las unidades viejas que a su vez fueron entregadas al proveedor como parte de pago.
El caso se inició a fines de 2012 tras una denuncia que presentó un funcionario de ASSE. La jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Gilberto Rodríguez dispondrán la citación de los indagados para la primera quincena de agosto, informaron a El País fuentes vinculadas a la investigación.
Los informantes aseguraron que la maniobra está plenamente probada en al menos siete ambulancias y están seriamente implicados jerarcas de la división talleres de ASSE y también un mecánico.

Investigación.

Por otro lado, la Gerencia General de ASSE inició una investigación administrativa "para analizar los procedimientos de todas las empresas" que tenían contratos con centros públicos de salud y cuyos responsables fueron procesados el viernes 18, informó ayer la presidenta del organismo, Beatriz Silva.
ASSE también realizará "una auditoría general para saber si se están cumpliendo en cada uno de los lugares que se contratan servicios terceros las pautas y los procedimientos que han sido diseñados y comunicados", dijo Beatríz Silva.
Junto con el exintegrante del Directorio de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, fueron procesados sin prisión los responsables de la asociación civil Buena Estrella (que sobrefacturó horas de limpieza en el Hospital Maciel) y otras cuatro personas que pagaron coimas para lograr más contrataciones.
Esos sobornos eran pagados al dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública Heber Tejeira (conocido por el apodo de "Toshiba") que recibió diversos giros de dinero de parte de empresarios, según indica el auto de procesamiento dictado por el juez especializado en crimen organizado, Néstor Valetti.
El magistrado imputó a Tejeira por el delito de conjunción del interés personal y público, razón por la que dispuso su procesamiento con prisión, ya que concluyó que su responsabilidad fue superior a la de Alfredo Silva y a la de los otros procesados que no fueron enviados a la cárcel.
Por otra parte, en un comunicado que emitió ayer, ASSE señaló que la prestación de los servicios es "normal" en todos los centros de salud del país y destacó "la fidelidad institucional y dedicación manifestada por la gran mayoría de los funcionarios al servicio de la población usuaria".

Sumarios.

ASSE también informó que se abrió un sumario administrativo contra Alfredo Silva y Tejeira, como corresponde en todos los casos en los que un funcionario público es procesado por la Justicia.
El proceso disciplinario puede terminar, eventualmente, en la destitución de ambos. Alfredo Silva integraba el Directorio de ASSE desde 2008 en representación de los trabajadores y es funcionarios presupuestado de la Colonia Etchepare, al tiempo que Tejeira tiene un cargo en el hospital de Artigas.

Juez indaga contratos del hospital de Young

El juez de Young (Río Negro), Fabricio Cidade, tramita una denuncia sobre posibles irregularidades en contrataciones del hospital de esa ciudad que podrían implicar al exdirector de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Alfredo Silva, quien fue procesado sin prisión el viernes 18 por el juez especializado en crimen organizado, Néstor Valetti.
La denuncia había sido presentada el miércoles 16. Pero ayer, una abogada de Young que representa a un importante estudio jurídico de Montevideo, amplió la acción aportando nuevos elementos probatorios.
"Tras del procesamiento de Silva, varias personas se acercaron dispuestas a brindar su testimonio por lo que hoy (por ayer) ampliamos esa denuncia", expresó a El País la abogada que pidió mantener su nombre en reserva.
Una de las irregularidades denunciadas está relacionada con el trabajo de una cooperativa que presta servicios tercerizados en el hospital de Young y que presuntamente se habría conformado a instancias de las autoridades del centro asistencial.
Según la denuncia, la cooperativa dio trabajo a personas que integraban una lista del Ministerio de Desarrollo Social aunque sin tener la formación para desarrollar la tarea ni tampoco necesidades básicas insatisfechas.
Otro aspecto de la denuncia apunta a que el hospital de Young tiene un contrato con una empresa tercerizada para trasladar pacientes a pesar de que cuenta con ambulancias propias que podrían ocuparse de esa tarea.
El juez Cidade dio vista del expediente a la fiscalía, para luego definir los pasos a seguir en la investigación.

La corruptela y sus ramificaciones sigue creciendo. El FA trata de zafarse concentrándose en "el hombre". De la causa no dicen nada, empeorando así la situación. El movimiento sindical debe de comenzar de inmediato una completa revisión sobre su participación en las labores gerenciales y en los emprendimientos. Se está comprometiendo a la única verdadera herramienta de los trabajadores, se la está ensuciando, además de colocarla al mismo nivel que el del bandidaje burgués y el de los politiqueros insaciables. No hay controles! Entonces pululan los aprovechadores que se creen caciques y comprometen a la única herramienta auténtica con la que cuenta el pueblo trabajador. Ante lo altamente dudoso de que vayan a haber cambios sustanciales se debe de generar un masivo movimiento a nivel de base para impedir que nadie debilite, divida y ensucie al movimiento sindical. 

Ya al tanto de su citación, marcó en su teléfono. Todavía no sabía que iba a perder su libertad, pero era consciente de los hechos que investigaba la justicia. De un lado del aparato, Heber “Toshiba” Tejeira, del otro, varias personas involucradas en el caso de corrupción en la salud pública que estalló la semana pasada.
El 14 de julio, dos días antes de presentarse a declarar, habló con su concubina. Los dos ya conocían el motivo de sus citaciones y que tenían sus líneas telefónicas intervenidas. Sin embargo, dos horas después, Tejeira llamó a la directora del Hospital de Pando, María Andrea Rivero, y pactó encontrarse con ella para ponerse de acuerdo en lo que iban a declarar. La mañana siguiente volvieron a hablar, esta vez para confirmar que se encontrarían en las afueras del hospital.
Ese 15 de julio Tejeira habló además con el director de la empresa Joaka, Joaquín dos Santos, y volvió a mencionar que la citación se debía a “las coimas” que recibía de las empresas. Ya lo había comentado el 11 de julio, durante una llamada que registra Interpol y que, junto con la copia de las otras escuchas, se envió al juez Néstor Valetti, según un documento de la dirección de Crimen Organizado al que accedió Brecha.
Heber Tejeira, funcionario de asse experto en yesos y dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (ffsp), no era ni siquiera mencionado en las primeras fojas del expediente. La denuncia por sobrefacturación que hizo en diciembre de 2011 Laura de los Santos, ex funcionaria de la asociación civil Buena Estrella, fue contra los directivos de esa asociación, Rubens Rodríguez, Robert Bentos, Gonzalo Lamas y Maira Aquino. También contra Alfredo Silva, ahora ex miembro del directorio de asse en representación de los trabajadores.
Pero luego de dos años y medio de investigación se comprobó que Tejeira no sólo estuvo vinculado a la gestación de Buena Estrella, sino que también recibía coimas a través de “giros y entregas de dinero” de empresas que mantenían contratos con asse.
LOS PADRINOS. Buena Estrella se fundó el 16 de marzo de 2010, mucho antes de que la anterior empresa que brindaba el servicio de limpieza al Maciel (Clanider) fuera apartada por sobrefacturarle horas al hospital. El 1 de octubre de 2010, luego de que la justicia penal corroborara la maniobra de Clanider, Buena Estrella ya estaba pronta para entrar en acción: de mañana salía la primera y a la tarde ya estaba brindando el servicio la segunda.
En enero de 2011 Buena Estrella empezó a trabajar en el Instituto Nacional del Cáncer (Inca), en abril en el Hospital de Pando y en agosto en el de Rivera. Pese a que varias de las contrataciones directas fueron observadas por el Tribunal de Cuentas, la empresa seguía ganando terreno.
Que Alfredo Silva y Heber Tejeira estuvieron vinculados a su creación no sólo surge de la investigación judicial. Ya la prensa, y particularmente Brecha, lo habían denunciado en 2011.
Laura de los Santos brindó en su momento una grabación (véase Brecha del 2-XII-11) en donde se vincula no sólo a Silva sino también al abogado Álvaro Ferrín: “Les pedimos que esperen hasta el martes a que el abogado de Silva, Álvaro Ferrín, les aclare el tema del traspaso (...). Nos vamos a contactar con Silva (...). Hoy hay un sindicato que también fomentó una ong, y entonces entra en un doble rol. Si la situación fuera otra, nosotros nos dirigiríamos directamente al abogado de nuestro sindicato, pero también el abogado del sindicato ha asesorado a la ong y es de confianza de la gente de la ong. Entonces, que venga el abogado Ferrín, y si quieren ustedes traen un abogado que aclare los temas legales. (...) No es que yo desconfíe de Ferrín, pero está jugando un doble juego”. Como se aclaró en aquella oportunidad, las afirmaciones fueron hechas por un miembro de la Comisión Interna del Maciel el 15 de octubre de 2010, y en ellas recomendaba a los ex funcionarios de Clanider que no firmaran contrato con Buena Estrella. Ferrín era en ese momento adjunto de Alfredo Silva en su calidad de miembro del directorio de asse (dejó de serlo en setiembre de 2011), y según lo que surge del audio, también era abogado de la ffsp y de Buena Estrella. Actualmente Ferrín es abogado de la ffsp.
Otros dos documentos de Buena Estrella vinculan a la Federación y particularmente a Tejeira con la creación de la asociación civil: sus estatutos, en donde se establecía que en caso de disolución todos los bienes serían destinados a la ffsp, y el acta de una asamblea, del 3 de julio de 2010, que recoge que “antes de dar comienzo” Tejeira “realiza una síntesis del recorrido realizado y aporta una visión de la situación actual”.
Luego, la historia de Clanider se repetía. Como se manejó, y después comprobó la justicia, la sobrefacturación de Buena Estrella se hacía mediante el cobro de horas de capacitación que debería haber pagado la asociación pero fueron cobradas al hospital como horas trabajadas. Además, los encargados marcaban tarjeta, cuando esos sueldos debían ser pagados por Buena Estrella.
Por ello, Rubens Rodríguez, Robert Bentos, Gonzalo Lamas y Maira Aquino resultaron procesados sin prisión por el delito continuado de estafa. “Obviamente que éstos se valieron del descontrol e inoperancia de los sistemas de control, y principalmente de la negligencia e incapacidad en el cumplimiento de su tarea de la directora administrativa del hospital Maciel”, Luz Iguini, dice el auto de procesamiento. Sin embargo, fuentes de la investigación explicaron que no encontraron dolo en su actuación, a pesar de que, como en el resto de los casos, es pasible de seguir siendo investigada. De todas maneras la funcionaria ya había sido desplazada de su cargo en 2011 por sus errores administrativos.
Asimismo, por haber participado en la creación y facilitar la entrada de la asociación en los hospitales, Alfredo Silva fue procesado sin prisión por un delito continuado de conjunción del interés personal y el público. Según pudo saber Brecha de varias fuentes judiciales, el testimonio que más complicó a Silva lo dio la ex directiva de Buena Estrella Maira Aquino. Fue la primera en ser interrogada y, luego de su testimonio, las preguntas al resto de los directivos se tornaron más específicas. El resto de los empresarios, Rodríguez, Bentos y Lamas, declararon en la misma línea que la primera.
De acuerdo al acta de sus declaraciones, a las que accedió este semanario, Aquino señaló que Silva les suministraba datos para presentarse en licitaciones en el Inca y los hospitales de Pando y Rivera. La directiva declaró que en Pando “nos dijeron que nos hiciéramos cargo hasta que se solucionara el problema, pasó lo mismo con el Inca y el Hospital de Rivera, en el que nos hicieron ir de golpe y porrazo”. Ellos, “Silva y Tejeira, decían con cuántas horas había que presentarse y con qué valor. Como ellos eran los que estaban en contacto y sabían todo, nos decían qué hacer”. La directiva aseguró: “éramos títeres de ellos”, y relató que conoció a Silva y Tejeira cuando comenzaron a intuir que la suerte de Clanider se había terminado, ya que estaba siendo investigada por la justicia.
PRESIONES Y FAVORES. La investigación sobre Buena Estrella derivó en otra.
La justicia comprobó que Tejeira, “aprovechándose de su condición de representante de los funcionarios de Salud Pública, encargado de las empresas tercerizadas, recibió giros o entregas de dinero, de variada cuantía, de diversas empresas que prestaban servicios tercerizados en distintos centros de Salud Pública”.
Los empresarios que le pagaban eran Joaquín dos Santos (por Joaka sa), Jorge Lucero (unipersonal de igual nombre), Alejandro Servioli (Onamerica sa) y Carlos Carbone (asociación civil Apex). Según supo Brecha, el giro más alto que se encontró fue de 110 mil pesos, y la justicia detectó que Tejeira recaudaba al menos entre 30 y 40 mil pesos por mes. Lo recibía a cambio de los “favores” que hacía a las empresas: averiguaba cotizaciones, presionaba para favorecer a sus empresas “amigas” en los contratos, lograba que se adelantaran pagos del prestador público, negociaba la paz sindical.
De los testimonios dados a Interpol a los que accedió Brecha surge que Dos Santos reconoció haber concurrido a la Federación para dejarle un sobre a Tejeira. Según su primera declaración, contenía datos de un funcionario, pero las escuchas lo deschavaron: él mismo había dicho por teléfono que el contenido del sobre era “para comer un asado”. Jorge Lucero admitió los giros, pero no para Tejeira, que según él era un intermediario. El destino final sería el pago a trabajadores de su propia empresa, la unipersonal Jorge Lucero. Por su parte, tanto Carbone como Servioli confesaron que el dinero era para asegurarse la paz sindical. Carbone contó además que hablaba con Tejeira en los bares Los dos Patos y El Telurio, donde le entregaba plata para que le facilitara pagos pendientes de asse.
Sobre los giros, Interpol también recoge que la ex mujer de Tejeira dijo que recibió dinero de una empresa tercerizada, de la que no recordaba el nombre, para organizar “la fiesta del funcionario de Salud Pública, el 20 de octubre”. También su concubina declaró haber recibido giros de dinero, pero directamente de Tejeira.
Desde su lugar, Marcelo Spósito, adjunto de Alfredo Silva en el directorio, reconoce que a pedido de Tejeira hizo consultas a la secretaria del gerente administrativo de asse, María Ximena Trapani, sobre las empresas Lucero, Joaka y Apex. Por su parte, Trapani dijo que tanto Tejeira como Spósito la llamaban para apurar pagos y que Héctor Garbarino, gerente administrativo de asse, estaba al tanto y era claro que siempre se buscaba beneficiar a las mismas empresas: Joaka, Onamerica, Lucero y Apex.
Brecha detectó que Joaka tuvo y tiene numerosos contratos con diversos ministerios, intendencias y otras entidades públicas. Varios de ellos han sido observados por el Tribunal de Cuentas (tc). Respecto de asse, los contratos firmados con esta empresa durante 2014 son con asse central para el Edificio Libertad (firmado por Garbarino), con el Hospital de Mercedes (dos veces observado por el tc) y con el Hospital de Pando.
Respecto a este último, su directora, María Andrea Rivero, dijo a Interpol que no recibió ningún tipo de presión. Consultada por Brecha sobre el encuentro que tuvo con Tejeira un día antes de la declaración, se negó tajantemente a hacer comentarios. Si sabía de las maniobras o si fue presionada, es un misterio.
Luego de las actuaciones de la justicia, los únicos procesados sin prisión por cohecho simple fueron Dos Santos, Lucero, Servioli y Carbone, ya que se entendió que los empresarios buscaban “obtener determinados favores” para que Tejeira los beneficiara “utilizando indebidamente sus influencias. Tejeira fue procesado con prisión por el delito de cohecho simple en reiteración real, sumado al mismo delito por el que fue procesado Silva.
ESTRATEGIAS. En cuanto a los empresarios, el juez les imputó el delito de cohecho porque tanto ellos como Tejeira estaban “en igual posición” cuando cometieron el delito. En otras palabras, ambas partes actuaron en connivencia para pagar dinero a cambio de un acto. Según pudo saber Brecha, una posible estrategia de la defensa de los empresarios, si es que deciden apelar el procesamiento, es probar que Tejeira “presionó” o indujo a los empresarios a pagarle a cambio de paz sindical y que las coimas no se produjeron de común acuerdo.
En ese caso las situación del “Toshiba” se agravaría, porque la figura que le cabría es la de concusión, un delito más grave que el cohecho.
La defensa de Alfredo Silva se basó en que el ex representante de los trabajadores no era el “ordenador del gasto”. El delito de conjunción del interés personal y del público castiga a las personas que se interesan en cualquier acto o contrato en el que deban intervenir por razón de su cargo. Pero la defensa sostiene que su puesto en el directorio “no tiene nada que ver con la función de los directores de una unidad ejecutora que, como ordenadores de gasto, aprueban las licitaciones o los llamados a compras directas”, como los de Buena Estrella, sostiene el alegato al que accedió Brecha.
Sus abogados también se basan en que la tesorera de Buena Estrella, Maira Aquino, manifestó cierto rencor con Silva por “no estar en las malas”, en referencia a las dificultades administrativas que tuvieron una vez que se probó la sobrefacturación. Apoyándose en esa afirmación, los abogados sostienen en su alegato que “esta responsabilidad de Silva fue vivida como un abandono, cuando en realidad lo que pasa es que Silva no está para eso y no es su función interferir ante las autoridades ejecutoras”. La defensa del ex director de asse apelará el martes buscando probar que Silva tuvo un interés “legítimo” en Buena Estrella al defender puestos de trabajo. Si logran demostrar eso, sostienen, no se configuraría el delito de conjunción para el que es necesario un interés espurio.
En su fallo, el fiscal de la causa Gilberto Rodríguez hizo oídos sordos a los argumentos de Silva. En diálogo con Brecha dijo que un director de un organismo se interesa por cuestiones y lineamientos políticos generales, “no puede bajar a ocuparse del contrato de una empresa particular”.

Muchas caras
Por el juzgado desfilaron varios abogados conocidos en los pasillos del fuero penal. La doctora Laura Robatto, esposa del secretario de Presidencia Homero Guerrero, por ejemplo, defendió al ex director del Instituto Nacional del Cáncer, Mario Varangot. El ex ministro de Defensa, Gonzalo Fernández, y su esposa Cecilia Salóm defendieron al actual director del Inca, Álvaro Lungo. Víctor Della Valle y el ex fiscal Enrique Moller defendieron a los empresarios procesados. El abogado Juan Fagúndez defendió a Silva y a Tejeira.

El dilema de las tercerizadas
Propios y ajenos
En medio de la tormenta que desató el caso Alfredo Silva-Heber Tejeira, llueven denuncias. Parte de la explicación, y del problema, se encuentra en los controles que hay sobre las empresas que asse contrata, las famosas “tercerizadas”. Si bien no se conoce la cifra exacta, se calcula que el prestador público ha establecido contratos con alrededor de cien empresas para cubrir los servicios de las 70 unidades ejecutoras que tiene el país. Los rubros clásicos son los de limpieza y conserjería, pero hay otros, como los vinculados al mantenimiento de equipos. El personal de estas empresas está representado por la ffsp.
Cada unidad ejecutora de asse, por ejemplo un hospital, es responsable de garantizar que las empresas cumplan los requisitos para acceder a un contrato con el Estado. Es decir que el control está descentralizado, y quienes supervisan son los equipos de dirección de cada lugar. En el caso que terminó con el procesamiento de Silva y Tejeira, lo que señala la justicia es que hubo presiones a los directores de hospitales para que favorecieran a determinadas empresas, y por tanto incumplieran sus obligaciones.
Ante el escándalo, se anunció que la Auditoría Interna de asse comenzará una investigación para determinar “si los procedimientos de contratación con todas las empresas tercerizadas se cumplieron”, afirmó Beatriz Silva a este semanario, y explicó que el procedimiento indica “claramente y por escrito” los requisitos que deben cumplir las empresas para contratar con el Estado y para mantener personal a su cargo, además de los documentos que deben presentar. “Nosotros tenemos un procedimiento claro que define cuáles son los recaudos que deben tomar el director del hospital, el gerente financiero y el administrador”, dijo.
En cumplimiento de ese procedimiento, indicó la presidenta de asse, fue que se detectó en el hospital Maciel la falsificación de documentos por parte de la empresa que hace los servicios de conserjería, mensajería y de ascensoristas, por lo que el director del Maciel, Álvaro Villar, presentó una denuncia ante la justicia.
Otro caso es el del hospital de Young, según publicó el diario El País. Un estudio jurídico denunció a su director por participar en la conformación de una cooperativa que brinda servicios a ese hospital, además de contratar ambulancias de privados, cuando el centro asistencial cuenta con las suyas. De comprobarse, además de un delito, el caso podría configurar un incumplimiento del procedimiento para la contratación de empresas.
VIVIR DE PARO. El martes pasado autoridades de asse se reunieron con integrantes de la ffsp. Según supo Brecha, la principal preocupación de los trabajadores era conocer si se tomarían medidas administrativas contra los funcionarios implicados, y qué suerte correría Marcelo Silva, el adjunto de Alfredo Silva en el directorio. La respuesta, como se difundió luego, es que a los dos funcionarios procesados por la justicia, Alfredo Silva y Heber Tejeira, se les iniciará un sumario administrativo en asse. El resto de los funcionarios indagados no serán sumariados. Por su parte, Spósito, tal como está estipulado en términos generales cuando un director de asse renuncia o es removido de sus funciones, deberá volver a su lugar de trabajo de origen.
A la salida de la reunión los trabajadores sostuvieron que, sin Silva en el directorio intercediendo para agilizar los pagos a las tercerizadas, es probable que empiece a haber conflictos. “A los trabajadores de una empresa viene el patrón y les dice: ‘Este mes hasta el 20 o 25 no les puedo pagar’. Yo llamo al empresario como presidenta de la Federación y le pregunto por qué no paga. Y me dice que porque asse hace tres meses que no le paga. ¿Qué hacés? ¿Te sentás a esperar a ver si asse le paga o llamás para ver si asse le puede pagar?”, justificó Batriz Fajián en diálogo con Radio Uruguay. Por eso, dijo, “como las empresas nunca cumplen, vamos a vivir de paro”.
Por su parte, la presidenta de asse explicó que “los primeros trámites que se procesan para pagar todos los meses, porque les damos prioridad dentro de la larga lista de compras que hacemos para que los servicios funcionen, son los de empresas que tienen a cargo una cantidad de recursos humanos muy alta”. Aseguró que se “vigila celosamente que las empresas hayan cobrado con el tiempo suficiente para pagar a sus trabajadores antes del día 10 de cada mes. Ha habido retrasos importantes y nosotros hemos retenido la factura a la empresa y pagado desde el Ministerio de Trabajo a los funcionarios”.
Respecto a la solvencia de las empresas, otro punto que han cuestionado los trabajadores, Beatriz Silva planteó que se exige “el depósito de garantía de oferta, para que la oferta y la continuidad del servicio se aseguren y se respalden eventualidades”.
En la misma línea, otras fuentes consultadas en asse señalaron que en general las tercerizadas son empresas pequeñas que no generan grandes utilidades, por lo que dependen del pago de este prestador público. En algunos casos no presentan los comprobantes requeridos para que se autoricen los pagos, y eso genera demoras.
Consultada sobre los reclamos de directores de hospitales que ya habían denunciado las presiones o maltratos que recibían de parte de Alfredo Silva, la presidenta de asse no quiso hacer “ningún comentario”. Y sobre las medidas que se deberían tomar para evitar futuras extralimitaciones, dijo: “Es muy difícil, porque lo que ocurrió, o lo que presuntamente ocurrió, fue en paralelo a la organización. En nuestra administración no hay nada que lo pueda detectar. La justicia penal tiene instrumentos que nosotros en la esfera administrativa no tenemos, no podemos detectar cómo operan las cosas fuera de asse”.
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