domingo, 24 de agosto de 2014

La deuda de Bergoglio


Cómo un bumerang, la recuperación de la identidad biológica de Ana Libertad, la nieta 115  restituida por Abuelas de Plaza de Mayo, volvió a rozar a la Iglesia Católica, la información que guarda celosamente y, esta vez, a Jorge Mario Bergoglio, el mismo que hace más de tres décadas atrás escuchó las súplicas de los padres de Elena de la Cuadra. La joven fue secuestrada el 23 de febrero de 1977 y dio a luz a una niña el 16 de junio, en el Centro Clandestino de Detención que funcionó en la Comisaría 5ª de La Plata, bajo la órbita de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Poco después del nacimiento, Bergoglio era por entonces el joven provincial de los jesuitas en Argentina y fue una de las escalas eclesiásticas que hicieron Roberto De la Cuadra y su esposa Alicia Zubasnabar de De la Cuadra para saber el paradero de su hija. Por aquella época, "Licha" era la primera presidenta de Abuelas y había recurrido al superior de los Jesuitas en Italia para reconstruir el paradero de su hija.

El titular de la orden, Pedro Arrupe los derivó al provincial argentino. Según el testimonio que el actual Papa brindó por escrito el 23 de septiembre de 2011  en la causa federal 1351, que investigó el plan sistemático de apropiación de menores durante la última dictadura, el jesuita escuchó al esposo de Licha, le ofreció ayuda pero "no recordó que le haya mencionado que la misma estuviera embarazada y explicó que lo habitual en esos tiempos era recurrir a las autoridades eclesiásticas de la zona donde se había producido el secuestro de la víctima". La familia De la Cuadra sabía de la existencia de la niña y el embarazo gracias al testimonio de algunos sobrevivientes, pero Licha jamás alcanzó a leer las respuestas que Bergoglio le escribió al Tribunal Oral en lo Federal 6, porque el arzobispo porteño fue requerido por la justicia tres años después de su muerte y cuatro meses después de que Estela, la hija de "Licha" le reclamara al fiscal Martín Niklison que citara al cardenal primado de la Argentina. "¿Cómo es que Bergoglio dice que hace sólo diez años del robo de bebés? ¿Por qué no lo citan? ¿No amerita que diga qué pasó con Elena de la Cuadra?", bramó la mujer para convencer al fiscal.
Bergoglio finalmente contestó las preguntas por escrito. Fue la segunda testimonial que prestó ante los estrados federales, luego de declarar el 8 de noviembre de 2010 frente a  los magistrados del Tribunal Oral Nº5. En esa oportunidad dijo que hacía diez años que se había enterado de la existencia del robo de bebés, y luego habló sobre los padecimientos de los sacerdotes jesuitas Jorge Yorio y Francisco Jalics, que fueron secuestrados durante seis meses en la ESMA, luego de haber quedado completamente desprotegidos por la Compañía de Jesús. Bergoglio sostuvo que ayudó a salvarlos. Lleva más de una década negando desprotección alguna, pero una serie de testimonios y pruebas documentales ponen sus afirmaciones en tela de juicio.
"¿Recuerda que se haya hecho alguna denuncia a las autoridades judiciales?", le preguntaron los miembros del tribunal. "No recuerdo –contestó– y creo que se optó por hacerlas vía eclesiástica, en el Arzobispado, o en la Conferencia Episcopal (CEA), para que se unificaran a las otras denuncias, y fueran juntas", retrucó el prelado. Los testimonios le sirvieron al actual Sumo Pontífice para dar por terminadas las sospechas en su contra ante la justicia, pero en cada testimonial, oral o escrita, Bergoglio habló de cartas, actuaciones, denuncias y documentaciones eclesiásticas que hasta la fecha nunca vieron la luz y que en muchos casos, continúan celosamente guardados dentro de los archivos del episcopado argentino y también, entre las añosas paredes del Archivo Secreto del Vaticano, uno de los depósitos documentales más antiguos del mundo.
El primer paso para abrirlos se concretó el 6 de febrero, hace seis meses, cuando Bergoglio recibió en el Vaticano a la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó para firmar un acuerdo de cooperación judicial, impulsado por la Cancillería, la secretaría de Culto, la secretaría de Derechos Humanos y la embajada ante el Vaticano. Gracias a ese acuerdo la Santa Sede comenzará a aportar información judicial sobre los requerimientos judiciales que reciba para casos vinculados con el "lavado de activos, financiamiento del terrorismo, crimen organizado trasnacional o graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas en nuestro país durante el terrorismo de Estado". Los aportes documentales comenzarán a concretarse cuando lleguen los pedidos judiciales y oficiales por medio de la Cancillería, referidos a casos específicos. La necesidad de los archivos romanos también fue mencionada por la presidenta de Abuelas Estela de Carlotto luego de la conferencia que encabezó este viernes para anunciar el hallazgo de Ana Libertad. Sin embargo, fuentes oficiales que siguen de cerca el funcionamiento del nuevo protocolo judicial, explicaron que "sin perder de vista la importancia de los documentos vaticanos, la mayor incógnita no está en Roma, sino en Argentina, porque hasta ahora nunca se ha podido acceder a la documentación que poseen los obispados". "Las familias que buscaban a sus hijos y nietos desaparecidos muy pocas veces llegaban a la nunciatura, pero en la mayoría de los casos recurrían a los curas de sus parroquias, que luego transmitían la información a los obispados", repasó la fuente en referencia a los registros de bautismos y a las notas y pedidos que atesoran los organismos eclesiásticos.

Esas piezas, que llevan cuatro décadas sin ver la luz, incluyen a las actas secretas de las asambleas de la Conferencia Episcopal Argentina. Entre 1976 y 1983, el mando de tropa del clero concretó una docena de asambleas, donde los prelados debatían e informaban, de manera reservada, las distintas novedades referidas a la desaparición de personas y las gestiones para saber su paradero. Hasta ahora la curia jamás fue requerida judicialmente sobre esas actas secretas, pero los pocos documentos aportados por el episcopado revelan la importancia de esas pruebas. Uno de ellos fue la carta que aportó el arzobispo de Santa Fe y titular de la CEA José María Arancedo en la investigación del asesinato de monseñor Enrique Angelelli, obispo de La Rioja el 4 de agosto de 1976. En la carta el prelado le contaba al arzobispo santafesino Vicente Zaspe los peligros y amenazas que 20 días después terminarían con su vida. El otro documento no proviene de Santa Fé, sino del del Vaticano y también fue aportado este año. Se trata del informe "Crónica de los hechos relacionados con el asesinato de los padres Longueville Gabriel y Murias Carlos, dos sacerdotes riojanos asesinados el 18 de julio de 1976, un mes antes de que Angelelli apareciera asesinado al costado de la ruta 38.
Ambas piezas, confiadas cuatro décadas después de los hechos, son parte de un enorme fárrago de archivos que siguen guardados bajo siete llaves dentro del país y que también incluyen los reportes de los obispados castrenses y las capellanías policiales, un eje de información secreta que tuvo un elenco privilegiado entre la CEA y La Plata conducido por Victorio Bonamín, vicario castrense durante la dictadura; Antonio Plaza, arzobispo de La Plata y capellán  mayor de la policía bonaerense y Adolfo Servando Tórtolo, hombre promovido por Plaza, luego arzobispo de Paraná y nombrado por el Papa vicario general de las fuerzas armadas en 1975. Tórtolo fue dos veces presidente de la CEA en esa época. Los debates internos que condujo dentro de las asambleas que encabezó siguen sin ver la luz y quizás, para que la vean, haya que viajar al Vaticano con un requerimiento judicial en la mano.  «

"La búsqueda está dando frutos"
Un día después de informar la restitución de la nieta 115, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó ayer que la búsqueda de los nietos robados por el terrorismo de Estado "está dando frutos"  y confió en que este encuentro y el de su nieto Guido "ayuden a que los argentinos nos pongamos de acuerdo en la construcción de nuestra democracia".
En diálogo con Télam, Carlotto recordó la historia de la última nieta recuperada, Ana Libertad Baratti De la Cuadra, en cuya causa se evidencia la complicidad de la cúpula de la Iglesia con el última dictadura. En el expediente aparecieron nombres de representantes eclesiásticos como el cura Christian Von Wernich –condenado por crímenes de lesa humanidad– y monseñor Emilio Grasselli. "En La Plata muchas madres fuimos a ver al arzobispo Antonio Plaza (fallecido) y se burlaban porque nuestras confesiones de mujeres desesperadas servían para seguir persiguiendo a nuestros hijos", recordó Carlotto. Y  añadió: “La iglesia fue partícipe de la dictadura."

La espada y la cruz - El cura Espinal y el obispo Adolfo Arana, junto al teniente coronel Baraldini y el coronel Ramón Camps.

La apropiación de Ana Libertad Baratti de la Cuadra involucró, con distintos grados de responsabilidad y conocimiento, a los siguientes altos dignatarios eclesiásticos de entonces: Pedro Arrupe –superior general de la Compañía de Jesús–, Jorge Bergoglio –provincial de los jesuitas y actual Sumo Pontífice–, Emilio Graselli –secretario del Vicariato Castrense– y Mario Picchi –obispo auxiliar de La Plata–, entre otros.
Este último informó al padre de Elena de la Cuadra –secuestrada en febrero de 1977 con un embarazo de cinco meses– que a la niña nacida en cautiverio la había tomado "una familia de bien, y no hay vuelta atrás". ¿Acaso el obispo obtuvo ese dato por boca del padre Cristian von Wernich?
Al respecto, hay un diálogo estremecedor –según sobrevivientes del centro clandestino de la Comisaría 5ª de La Plata– que Von Wernich, en su calidad de capellán de la Policía Bonaerense, mantuvo con Héctor Baratti, quien en dicha mazmorra acababa de enterarse de que su mujer había dado a luz.
–Ustedes no deben odiar cuando los torturan –aconsejó el cura.
–¿Qué culpa tiene mi hija? –quiso saber Héctor.
La respuesta fue:
–Los hijos deben pagar las culpas de los padres.
Lo cierto es que este caso en particular pone de relieve la comprometedora sintonía de la jerarquía católica con la última dictadura.
No es un secreto que la cúpula local de aquel credo brindó un gran apoyo político y espiritual al régimen castrense, además de haber tenido un papel no menor en el ocultamiento de sus crímenes. En ello, sin ninguna duda, resalta la enorme influencia ejercida entre sacerdotes y militares por la organización ultraderechista francesa La Cité Catholique, fundada por Jean Ousset, cuya cosmovisión bailoteaba sobre la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria, el método de la tortura y su fundamento dogmático tomista. Con esa lógica, los capellanes reconfortaban las almas de los represores, a veces muy turbadas por sus actos aberrantes hacia personas indefensas. En este punto, un interrogante: ¿a semejante "asistencia" se reducía el papel de los sacerdotes en las unidades de inteligencia o acaso les tocó un rol más activo y condenable?
En la historia de Von Wernich –condenado en 2007 a reclusión perpetua por 34 casos de privación de la libertad, 31 casos de tortura y siete homicidios en el inframundo del "circuito Camps"– se desliza una posible respuesta.
En un espectro más abarcativo, sólo en el lapso de los últimos meses hubo al menos cinco noticias sobre curas seriamente implicados en la dictadura por delitos de lesa humanidad. Uno de ellos es el padre José Mijalchik, quien supo ser habitué del centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán. Otro, el padre Eduardo McKinnon, cuyas actividades inquisitoriales en el centro clandestino La Perla y en la Penitenciaría del barrio San Martín fueron notorias, según los testimonios vertidos en el juicio que ahora investiga la represión en Córdoba. También resalta el caso del sacerdote ítalo-argentino Franco Reverberi Boschi –refugiado en una parroquia de la ciudad italiana de Sorbolo–, cuyo proceso de extradición está en trámite; se lo acusa de interrogar a cautivos en el campo de exterminio conocido como La Departamental, en Mendoza. Y no menos comprometida es la situación del cura Alberto Espinal, quien está procesado por oscuras tareas en el circuito represivo de La Pampa. En ese lote, el recientemente fallecido sacerdote Aldo Vara ocupa un destacado sitial.
Desde 1976 –como capellán del V Cuerpo del Ejército, en Bahía Blanca–, a Vara se lo relaciona con hechos y circunstancias siniestras. El más conocido fue protagonizado por estudiantes secundarios cautivos en el Batallón de Comunicaciones 181. Allí conocieron al padre Aldo, quien les llevaba galletitas y cigarrillos, además de preguntarles cosas sobre sus vidas e ideas políticas. De modo casual, el tipo requería datos y nombres. Siempre se mostraba comprensivo y contenedor; pero, cuando los chicos le confiaban las torturas sufridas, él se replegaba en un incómodo silencio.
El caso de Vara es una muestra palmaria del papel protagónico de ciertos hombres de la Iglesia en el ejercicio del terrorismo de Estado. Un papel que giraba en torno a tareas concretas de inteligencia. ¿Pero se trata de ejemplos aislados? ¿Estos sacerdotes se extralimitaron en sus tareas pastorales o, por el contrario, sus escalofriantes trayectorias forman parte de una generalidad?
Un número razonable de coincidencias inclinan aquellas preguntas hacia la segunda alternativa. De hecho, entre todos los capellanes denunciados hay un mismo patrón de conducta: simular un vínculo confesional con las personas secuestradas sin otro propósito que el de obtener información. En los centros de exterminio, los curas picaneaban con la cruz. Un protocolo operativo que se extendía a familiares de las víctimas, ya sea para desalentarlos en su búsqueda con manipulaciones y maniobras extorsivas o, simplemente, para reunir más datos. Y con una frecuencia que sugiere el carácter orgánico de esas prácticas. En suma, no sería una exageración decir que el Vicariato Castrense fue el Batallón 601 de la Iglesia Católica.
El año pasado, en una comunicación telefónica con Tiempo Argentino, el cura Espinal –cuyas tareas represivas acababan de quedar al descubierto– profirió un jadeo casi canino al asimilar la primera pregunta:
–¿Cuál fue su reacción al enterarse del pedido de captura sobre usted?
–No sé de qué me está hablando. ¿Pedido de captura para mí?
–Sí. Por delitos de lesa humanidad. 
–¡Qué barbaridad! Eso no tiene ningún fundamento.
–Se lo acusa de interrogar cautivos bajo tortura. 
–¡Infamia! Sólo cumplí con la misión encomendada por monseñor (Victorio) Bonamín: brindar asistencia espiritual a los soldados.
–¿No siente culpa ante el recuerdo de esos cuerpos ultrajados? 
–No he visto ningún cuerpo ultrajado. Sólo cumplí una misión.
–¿Se enorgullece de esa misión?
–Claro que sí; de eso no tenga ninguna duda.
Dicho esto, se oyó el click que dio por finalizada la comunicación.
Que su Dios se apiade de él. «.

Ana Libertad Baratti De la Cuadra nació en cautiverio. Es la nieta de la primera presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Alicia "Licha" Zubasnabar de De la Cuadra, quien la buscó desde los primeros años de la dictadura cívico militar y falleció el 1 de julio de 2008 sin llegar a conocerla. Pero además de su apropiación, la mujer que acaba de recuperar su identidad recuperó también la historia de una familia de La Plata que encarna prácticamente todas las tragedias que desató la dictadura cívico militar: su mamá, Elena De la Cuadra, fue secuestrada embarazada y la dio a luz en cautiverio; su papá, Héctor Baratti, fue arrojado al mar en un vuelo de la muerte luego de pasar 18 meses secuestrado en distintos centros clandestinos de detención; su tío, Roberto José De la Cuadra, obrero de YPF, está desaparecido, y la esposa es sobreviviente de un campo de concentración. Otro tío huyó a Italia perseguido por la triple A y otro se exilió en Europa para salvar su vida. Su tía Estela –que la buscó desde su nacimiento– tiene a su marido, Gustavo Fraire, desaparecido, y ella se exilió en Suiza, luego de haber escapado en 1978 a Brasil, donde por poco pierde a su hijo cuando un operativo del Plan Cóndor allanó la casa que compartía con otro argentino que nunca más apareció, reveló Tiempo Argentino.
La tragedia en la familia de Licha y su marido Roberto Luis De la Cuadra comenzó el 2 de septiembre de 1976, cuando una patota irrumpió en su casa de La Plata y esperó a que volviera su hijo Roberto José, obrero de YPF, que estaba reunido con Raúl Bonafini, uno de los hijos desaparecidos de la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. En el mismo momento, en la casa de los suegros de Roberto José se llevaron a su esposa, que sobrevivió al secuestro.
Poco después, el 23 de febrero de 1977, una patota del coronel Ramón Camps secuestró en La Plata a Elena, embarazada de cinco meses, y a Héctor Baratti. Ambos eran militantes del diezmado Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) y participaban de una reunión de la organización en el consultorio odontológico de Lilia Fernández cuando fueron capturados junto a la odontóloga, su esposo Eduardo Bonín y Francisco Fracaroli.
Estela De la Cuadra, tía de la nieta 115, recordó ese hecho el 7 de mayo de 2012 ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata, que en diciembre de ese año condenó a 21 represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la red de centros clandestinos de la Policía Bonaerense conocido como Circuito Camps.
En ese debate recordó que por distintos testimonios de sobrevivientes, como Adriana Calvo y Miguel Laborde, supieron que Elena, Héctor, Lilia, Bonín, Fracaroli y su hermano Roberto José estuvieron detenidos en la Comisaría 5ta.
También por testimonios de sobrevivientes supieron que Elena había dado a luz. Uno de ellos fue Osvaldo Lovazzano, quien en el mismo juicio recordó que durante su cautiverio en la comisaría supo del nacimiento de la beba y que, a pesar del terror que sentía, avisó a la familia apenas fue liberado.
"Antes de salir, en la comisaría 5ta la chica de Fernández a través de una pared me dijo: ‘avisale a De la Cuadra’", recordó Lovazzano al declarar. El recado fue pedido por Lilia cuando los represores le avisaron al hombre que iba a ser liberado.
Lovazzano recordó que no entendía el pedido, por lo que la mujer insistió: "‘Pelotudo, acordate de la calle, de la cuadra’, me dijo, porque me había bloqueado. ‘¿Y qué me tengo que acordar?’, le dije. Y me respondió: ‘que tuvo familia y que está bien’". Unos pocos días después Lovazzano fue hasta una ronda que un grupo de madres realizaba en la Plaza San Martín de La Plata en la que estaba Licha, le dio el mensaje y salió corriendo.
La condena del capellán
"Está bien, nosotros somos subversivos, pero ¿la nena, con cuatro días, qué culpa puede tener?", preguntó Baratti en el calabozo de la Comisaría 5ta. "Los hijos pagarán la culpa de los padres", respondió el cura Christian Von Wernich, condenado en 2007 por crímenes de lesa humanidad. La sentencia dictada por el capellán en 1977 se cumplió durante 37 años.
Esa conversación fue rescatada por Luis Velasco Blake, que estaba presente cuando esas ocho palabras fueron pronunciadas en el centro clandestino y sobrevivió para contarlo en el juicio por el Circuito Camps.
En ese centro Elena De la Cuadra dio a luz a Ana Libertad el 16 de julio de 1977. Luego, la mujer fue trasladada al centro que funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes, conocido como el Pozo de Quilmes.
Baratti permaneció en cautiverio durante 18 meses. Junto con Bonín y Fraccaroli fue trasladado por distintas comisarías y dependencias de la Bonaerense. Al menos tres sobrevivientes compartieron cautiverio con ellos en la comisaría 8va de La Plata, que funcionaba como un lugar de detención previo a que los desaparecidos fueran legalizados y llevados presos a la Unidad 9.
Baratti y Fraccaroli fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de entre un grupo de 15 cuerpos que el mar devolvió a la costa en General Lavalle. Esos cadáveres habían sido arrojados al mar con un vuelo de la muerte. En el juicio por el circuito Camps, Estela De la Cuadra no pudo explicar cómo los dos hombres llegaron a ese campo, pero aseguró: "Lo que es certero es que el vuelo salió el 6 de diciembre de 1978 con 30 personas del (centro clandestino) Olimpo y fueron tiradas al mar".
De la Cuadra remarcó que ese campo fue el destino del PCML, una organización política de izquierda que fue exterminada de un solo barrido en el "Operativo Escoba" realizado por la dictadura el 6 de diciembre de 1976.


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La principal acusación por su colaboración con los militares.

 

La principal acusación contra el flamante papa Francisco por su supuesta colaboración con la última dictadura es la siguiente: dos sacerdotes jesuitas, Orlando Yorio y Francisco Jalics, fueron secuestrados en mayo de 1976 mientras cumplían tareas de asistencia social en una villa miseria.
Durante cinco meses estuvieron cautivos en la ESMA, donde fueron torturados. Luego, recuperaron la libertad. Jorge Bergoglio era el "provincial", el jefe, de los jesuitas en la Argentina. Yorio, que murió en el año 2000, y sus hermanos siempre han acusado a Bergoglio de haberles quitado la protección de esa orden y, por lo tanto, de haberlos entregado a los represores. Jalics vive en Alemania y ha dicho, a través del portavoz de los jesuitas en ese país, que está “en paz” con Bergoglio.
Por su lado, Bergoglio siempre negó la acusación de Yorio y de sus familiares. Y afirmó que se entrevistó dos veces con el general Jorge Rafael Videla y otras dos con el almirante Emilio Massera para pedirles por la libertad de Yorio y Jalics.
A partir de esta situación, algunos periodistas, entre ellos Horacio Verbitsky, y organismos de derechos humanos acusan a Bergoglio de complicidad con la dictadura. El jueves, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, suavizó esa acusación al señalar que no hay nada en contra de Bergoglio en particular sino que las acusaciones se deben a que “pertenece a esa Iglesia que oscureció al país".


Recientemente en Roma






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