viernes, 22 de agosto de 2014

SCJ: Zubía fascista, vos sos el terrorista

Los gráficos de "Saracho"


Le han llamado de "asonada", "toma", "ocupación" y otros variados espítetos que la prensa derechista continúa utilizando. Para seguir "creando el clima" al igual que el Fiscal Zubía que histéricamente pretende montar juicios masivos y no cesa de pedir cárcel para toda libre expresión de opiniones. Como se ve ha sido un montaje ILEGAL, INCONSTITUCIONAL y más que nada antidemocrático, lindante con el fascismo. Aquí se verifica. Bien por los profesores que pararon en solidaridad!. Ellos son baluartes de la democracia que han debido enfrentar al frente unico de la derecha y de Mujica.
Colectivo Noticias Uruguayas

Le cantaron al fiscal
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La Justicia suspendió la audiencia prevista para este jueves, en la cual debían comparecer varias personas, por la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, durante el traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil, tras un recurso que presentó Gustavo Salle. El abogado argumentó que existe una acción de inconstitucionalidad en curso, por lo que el proceso debe paralizarse por completo.

Jueves 21 de agosto 2014

“Hay un recurso de inconstitucionalidad respecto de la norma utilizada para imputar figura delictiva a las personas involucradas en los hechos de la Suprema Corte. Hasta tanto no se resuelva la inconstitucionalidad, que tiene la consecuencia jurídica de suspender el proceso, esta audiencia es improcedente”, afirmó el abogado Gustavo Salle, en diálogo con Caras y Caretas Portal.
La jueza Penal de 9º Turno, Blanca Rieiro, dispuso a pedido del fiscal Gustavo Zubía, la citación a declarar de decenas de personas, que oportunamente presentaron una carta ante la Sede, en la cual daban cuenta de su participación en la ocupación de la Suprema Corte de Justicia, el día que se resolvió el traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil.
Este jueves estaba previsto que declararan algunos profesores de Secundaria, lo que derivó en un paro nacional de Fenapes, en protesta la “criminalización de la protesta”. Sin embargo, Salle planteó ante el juez Huberto Álvarez (subrogante de Rieiro) que la audiencia no podía realizarse, ya que existe una acción de inconstitucionalidad en curso.
“No es de recibo la argumentación y la metodología del fiscal Zubía de haber escindido hechos unitarios, que involucran a las mismas personas, las mismas motivaciones y las mismas metodologías, y generar dos procesos diferentes. Hay un único proceso que son los hechos acontecidos ante la SCJ”, dijo Salle.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por la defensa de los activistas sociales procesados sobre fines de 2013, por la ocupación de la Corte. La defensa de Irma Leites, Jorge Zabalza, Álvaro, Eduardo y Diego Jaume y Aníbal Varela cuestionaron la aplicación del delito de “asonada” (artículo 145 del Código Penal).
Salle recordó que la acción cuenta con un dictamen favorable a la inconstitucionalidad por parte del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y que nadie, incluso el fiscal Zubía, se puede olvidar que “ahora el Ministerio Público se maneja por el sistema de las directivas, ahora el Ministerio Público no tiene independencia técnica, ahora el Ministerio Público tiene que consultar a Díaz”. “Insto al fiscal Zubía a que consulte a Díaz”, afirmó Salle.
El abogado afirmó que el recurso se presentó en forma “inconsulta” del resto de los colegas y los indagados, por cuanto “la voluntad de los particulares no pueden sustituir las normas de orden público, que son las normas procedimentales”. “Las normas de orden público no son alterables por la decisión de las partes y yo quiero el respeto del Estado de Derecho, que bastante vilipendiado y avasallado se encuentra en nuestro país”, expresó Salle.
Luego de que Salle presentara un escrito, con el cual formalizó su pedido, el juez Álvarez decidió suspender la audiencia.

  Jueves 31 de julio, 2014


El fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideró, en un reciente dictamen, que no es vinculante para la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que el delito de “asonada” (artículo 145 del Código Penal) es “inconstitucional”, ya que vulnera los derechos de libertad de expresión y libertad de reunión, previstos en la Carta Magna, los cuales son “pilares fundamentales de la sociedad democrática”.
Díaz se pronunció en torno a la excepción de inconstitucionalidad interpuesta por la defensa de los activistas sociales Irma Leites, Jorge Zabalza, Álvaro, Eduardo y Diego Jaume y Aníbal Varela contra este delito, tras ser procesados en el marco de la indagatoria por la ocupación de la sede de la SCJ, durante el traslado de la jueza Mariana Mota a un Juzgado Civil.
En este sentido, el fiscal de Corte consideró que el delito violenta la Constitución de la República, por cuanto vulnera principios fundamentales de la democracia, como la libertad de expresión y de reunión, en línea con el pensamiento del jurista argentino, Eugenio Zaffraroni, según informó el semanario Búsqueda.
Díaz se pronunció “filosóficamente contrario a la utilización de la amenaza del reproche penal para limitar el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión”, y valoró que en una visión actual de la norma, por la que se impone una influencia predominante de los derechos humanos fundamentales de las personas, cuya “limitación o represión debe ser absolutamente restrictiva”.
En cita de Zaffaroni, el fiscal de Corte estableció que “por más que su número cause molestias, interrumpa con su paso o presencia la circulación de vehículos o de peatones, provoque ruidos molestos, deje caer panfletos que ensucien la calzada, estará ejerciendo un derecho legítimo en el estricto marco constitucional”. “Es lamentable que se pretenda rastrillar los códigos penales y contravencionales para proceder a la pesca de tipos y a su elastización con el objeto de atrapar estas conductas, que pertenecen al ámbito de ejercicio de la libertad ciudadana”, continuó Díaz, también en cita de Zaffaroni.


vie ago 22 2014
El juez Huberto Álvarez, quien ayer subrogó a su colega Blanca Rieiro, suspendió las cuatro audiencias que se habían previsto para interrogar a cuatro personas que pidieron declarar como participantes de la movilización del 15 de febrero de 2013 ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), hecho que motivó los procesamientos sin prisión se siete activistas por asonada.
Por la instancia judicial de ayer, que finalmente fue suspendida, la Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo (ADES) realizó un paro a partir de la hora 13.00 para brindar apoyo a los indagados, ya que una de las personas citadas es docente.
El dirigente de ADES, Luis Martínez, justificó la decisión de la gremial de suspender las clases en los liceos.
"Estamos aquí en una actitud de defensa de los derechos humanos y de derechos básicos para toda la sociedad", señaló Martínez, quien había sido citado para prestar declaración la semana pasada pero no se presentó y pidió la postergación de la audiencia.
Ayer, el abogado Gustavo Salle, defensor de una mujer que había sido citada, alegó que su clienta no declararía ya que su convocatoria ocurrió en un expediente diferente al que se dictaron los procesamientos y como esa causa se encuentra a estudio de la SCJ por un recurso de inconstitucionalidad del delito de asonada, la investigación está paralizada.
"No voy a permitir que en los hechos se trabaje en dos expedientes diferente un mismo que hecho que es inescindible", expresó Salle al ser consultado ayer por El País.
"Es un tema político y no judicial, entonces quieren dejar afuera del asunto a quienes son del Frente Amplio y procesar a los radicales", agregó el abogado, que está vinculado a diversos grupos de ultraizquierda.
Ante el planteo de Salle, el juez Álvarez decidió prorrogar la audiencia para analizar el alegato del defensor.
La ocupación de la sede de la SCJ tuvo lugar el 15 de febrero de 2013. Ese día, más de un centenar de personas vinculadas a grupos de izquierda y organizaciones sociales, manifestaron contra la decisión de la Corporación de trasladar de la órbita penal a la civil a la jueza Mariana Mota, quien tenía a su cargo la mayoría de las causas contra militares por crímenes de la dictadura.
Tras varios meses de indagatoria, en noviembre del año pasado a pedido del fiscal Gustavo Zubía la entonces jueza penal Gabriela Merialdo procesó a siete personas, a quienes imputó el delito de asonada, a pesar de que el representante del Ministerio Público había pedido que fueran inculpadas por el ilícito de atentado.
Los procesados sin prisión fueron el exdirigente tupamaro Jorge Zabalza, la dirigente radical Irma Leites, el dirigente de Adeom Aníbal Varela, la docente Patricia Borda, el activista Álvaro Jaume y sus dos hijos Eduardo y Álvaro.

Insultos.

Ayer, frente al juzgado penal de la calle Juan Carlos Gómez y reconquista, se concentraron unas 60 personas para brindar su respaldo a los cuatro indagados que debían comparecer ayer, y que finalmente se suspendió debido al planteo de las defensas.
Cuando se retiraba del juzgado, el fiscal Zubía fue insultado por los presentes, que le gritaron "fascista" y "terrorista". El representante del Ministerio Público, en diálogo con los periodistas, lamentó el "agravio" y el intento de "presión" a la vez que cuestionó el "procedimiento poco serio" de las personas citadas de negarse a declarar.
El fiscal Zubía presentó un recurso de apelación contra los siete procesamientos, reclamando que se aplique la imputación de atentado y la figura de asonada. Por su parte, los imputados presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el delito que se les aplicó, por lo que ahora corresponde la resolución de la SCJ.

Ucrania e Israel
El exdirigente tupamaro Jorge Zabalza dijo que el fiscal Gustavo Zubía "está entusiasmado con los nazis que están atacando en Ucrania y los sionistas que están atacando en Israel. "Seguramente que a él todo esto del fascismo lo enerva y lo pone activo", expresó ayer Zabalza.

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