miércoles, 3 de septiembre de 2014

Nómina de personal civil Batallon 601 alfabética y con DNI

Roger Rodriguez

Nómina de colaboradores civiles de la dictadura que reportaron al Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Argentino entre 1976 y 1983. Publicada por el Ministerio de Defensa de la Nación. Documento público y desclasificado. .

¿Qué rol jugaron los civiles de Inteligencia del Batallón 601 durante la dictadura?

Jorge Daniel Pedraza es abogado especialista en Derechos Humanos y ex preso político. De 2008 a 2011 fue Director Provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica de Santa Fe.

Durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), dicha provincia formó parte del Área 212, Destacamento de Inteligencia 122. Justamente a esa jurisdicción respondía el periodista misionero Carlos Luis Carvallo, quien colaboró como “agente de reunión” (espía) con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, cerebro del espionaje ilegal durante el terrorismo de Estado, según confirmó revista superficie.

El letrado realizó una rigurosa investigación, que se reproduce a continuación, en la que revela el rol central que jugó el 601 en el desarrollo del plan de exterminio.


Para tener en cuenta qué fue un Personal Civil de Inteligencia (PCI)
del Ejército en nuestro país deberá saberse lo siguiente:

1.- Que en la Provincia de Santa Fe la conducción del Terrorismo de Estado estuvo a cargo del Ejército Argentino, y produjo dentro de su territorio más de quinientos asesinatos denunciados en la CONADEP, sin contar los cientos de secuestrados, torturados, confinados y desaparecidos, todos por causas políticas y/o gremiales.

2.- Que la Provincia de Santa Fe la conducción del Terrorismo de Estado estuvo a cargo del Ejército Argentino, y produjo dentro de su territorio más de quinientos asesinatos denunciados en la CONADEP, sin contar los cientos de secuestrados, torturados, confinados y desaparecidos, todos por causas políticas y/o gremiales.

3.- Que hasta el presente se han imputado estos delitos y/o procesado y/o condenado a un número importante de PCI del Ejército, especialmente en la provincia de Santa Fe, entre los que se pueden mencionar a Nicolás Correa, Eleodoro Jorge Hauque, Horacio Américo Barcos, Gustavo Francisco Bueno, Juan Andrés (El Barba) Cabrera, Eduardo Rodolfo Costanzo, Carlos Gabriel Isach, Rodolfo Daniel Isach, Ariel Antonio López, Walter Salvador Dionisio Pagano, Alberto Enrique Pelliza, Jorge Walter Perez Blanco, Ariel Zenón (El Puma) Porra, Walter Roberto Roscoe, Carlos Antonio Sfulcini, Eduardo Rebechi, César Luis Frilocchi, Juan José Luis Gil, Julio Adelaido Ramos, entre otros.

4.- Que las funciones de los PCI del Ejército consistían en clasificar y ordenar los informes remitidos al Batallón 601, con asiento en Callao y Viamonte, Capital Federal, por las unidades de inteligencia de todo el país. Esta información clasificada era el material utilizado por los niveles de decisión para determinar los "blancos", como se denominaba a quienes serían luego secuestrados por los Grupos de Tareas, torturados en los Centros Clandestinos de Detención y desaparecidos de manera permanente.

5.- Para dar una idea del rol central que jugó el 601 en el desarrollo del plan de exterminio basta con observar el volumen de la información procesada, cuyo manejo requirió la intervención de 4.300 agentes de inteligencia entre civiles y militares. Tan sólo en el edificio central de Viamonte y Callao, trabajaron de manera permanente 1.523 agentes civiles y se alternaron 340 militares, entre los años 1976 y 1983.A la mayoría de ellos no les adjudica la justicia una participación directa -como instigadores o ejecutores- en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, aunque está claro que sin el trabajo sórdidamente eficaz de los agentes y oficiales que en las sombras del Batallón procesaban testimonios obtenidos mediante tortura en los Centros Clandestinos de Detención, redactaban informes para destacamentos de todo el país, y señalaban posibles "blancos" para los Grupos de Tareas, el mundo no hablaría hoy del genocidio argentino.

6.- Una vez producido el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 el Ejército asumió el control territorial de las operaciones destinadas a llevar a cabo el plan de exterminio acordado por las tres armas. El resto de las fuerzas armadas y de seguridad quedaron subordinadas a este esquema y las actividades fueron centralizadas por la Jefatura II de Inteligencia del Ejército (G2), que utilizó como órgano ejecutivo al Batallón 601 para cumplir con esa finalidad.Toda la información recolectada a lo largo y a lo ancho del país por la "Comunidad Informativa" -así se llamaba al conjunto de los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas y su red de colaboradores civiles- era remitida al 601 que luego de analizarla y clasificarla la redistribuía convertida en "blancos" para que actuaran los Grupos de Tareas (GT). La actividad de los GT era coordinada por la Central de Reunión (CR), que se encontraba en el sexto piso del edificio de Callao y Viamonte. De acuerdo con las declaraciones realizadas ante la justicia por Néstor Norberto Cendón, integrante del Grupo de Tareas 2, que tenía su asiento en ese preciso lugar, en la Central de Reunión funcionaba una "Sala de Situación" que se encargaba de "supervisar, centralizar y facilitar las tareas de inteligencia u operacionales de los Grupos de Tareas".Los integrantes de esa "Sala de Situación" eran los enlaces delegados por cada una de las fuerzas que integraban los distintos GT (personal militar, policial, de gendarmería, de prefectura, del servicio penitenciario y de la SIDE). Lo que allí se decidía era luego implementado en los respectivos ámbitos.El Batallón de Inteligencia 601, que dependía de manera directa del G2 y del Comandante en Jefe del Ejército, fue el corazón del sistema represivo; desde y hacia él fluyó de manera constante toda la información de inteligencia utilizada para llevar adelante el plan de exterminio, pero fue responsable además de la implementación del mismo y tuvo el control operativo, actuando como coordinador de los distintos Grupos de Tareas a través de su Central de Reunión. Aportó por otra parte los "especialistas" en interrogatorios, cuya habilidad para extraer información en la mesa de torturas les hizo ganar la admiración de sus jefes: "Gracias a ellos se ganó la guerra", declaró el represor Santiago Omar Riveros -responsable del Centro Clandestino El Campito y de la maternidad de Campo de Mayo donde se practicaba el robo sistemático de bebés-, condenado a perpetua por el asesinato del adolescente Floreal Avellaneda.

7.- Desde el punto de vista operacional la maquinaria puesta en marcha para cumplir con los siniestros objetivos del Proceso funcionaba de la siguiente manera: la información recogida por la "comunidad informativa" era remitida al Batallón, allí se la analizaba y clasificaba y de ella surgían los "blancos" sobre los que actuaban luego los Grupos de Tareas. Las víctimas secuestradas en los operativos eran confinadas en Centros Clandestinos de Detención donde se las torturaba a mansalva con el objetivo de extraer la mayor cantidad de información en el menor tiempo posible. Esta información era luego trasladada a la Sala de Situación de la Central de Reunión y de allí pasaba al Batallón para ser clasificada, analizada y utilizada para definir nuevos "blancos", en un ciclo que permanentemente se retroalimentaba.

8.- El listado de PCI lleva la firma del Jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani y fue uno de los documentos desclasificados mediante el decreto gubernamental 4/2010, de enero de ese año, que, ante un requerimiento del juez federal Manuel Humberto Blanco, eliminó el secreto de estado para la documentación vinculada con el accionar de las fuerzas armadas durante los años 1976 y 1983. La lista del 601 fue entregada por el titular del Archivo de la Memoria, Ramón Torres Molina, al juez federal Ariel Lijo, quien tuvo a su cargo la causa por la "operación murciélago" y continúa investigando el accionar del siniestro batallón durante la dictadura.

9.- La totalidad del Personal Civil de Inteligencia que revistaba en el organismo, unos 800 lo hacían como Agentes de Reunión y Agentes de Producción, que eran quienes se infiltraban en sindicatos, universidades, y organizaciones políticas y sociales para recabar información (buchones).
Los encargados de analizar y clasificar estos informes eran los Agentes de Apoyo y Procesamiento, 475 en total, repartidos en distintas especialidades: agentes, asesores generales, asesores informáticos y asesores universitarios. Estos últimos eran en su mayoría docentes que monitoreaban los contenidos académicos en busca de posibles "mensajes subversivos" camuflados. Se los consultaba además sobre las distintas actividades estudiantiles que se desarrollaban en sus universidades.
La información clasificada era la base sobre la cual se definían los "blancos" para los Grupos de Tareas. Por último estaban los Agentes de Seguridad, el grupo más numeroso con alrededor de 900 hombres, que podían ser eventualmente utilizados en los operativos. Algunos de ellos se encuentran acusados por delitos de lesa humanidad y también por crímenes comunes.
En el primer grupo se encuentran, por ejemplo, Raúl Guglielminetti, antiguo miembro de la Triple A que luego perteneció al GT que tenía su base en el centro clandestino Automotores Orletti y Santiago Hoya involucrado en la "operación murciélago". Al segundo pertenece, entre otros, Roberto "El Oso" Fossa, que integró en los albores de la democracia la banda de policías y militares que secuestró y asesinó al empresario Osvaldo Sivak.

10.- Si bien el Batallón 601 fue en teoría disuelto en diciembre de 1985, en realidad siguió funcionando bajo el nombre de Central de Reunión de Inteligencia Militar (CRIM). La purga realizada por el gobierno de Alfonsín alcanzó sólo a los estamentos más directamente comprometidos y la mayor parte de los PCI del 601 continuaron realizando en democracia informes de inteligencia para las fuerzas armadas. Aunque algunos de ellos fueron dados de baja durante el menemismo por recortes presupuestarios, el grueso -alrededor de 500- recién pasaría a retiro a principios de 2000, cuando acuciado por nuevos recortes en el presupuesto -esta vez del gobierno de De la Rua-, el general Brinzoni se vio obligado a terminar de liquidar los remanentes del ex 601 y a poner en venta su edificio de Callao y Viamonte. Un edificio que, como una premonición que nadie supo o alcanzó a ver, había albergado en la década del ‘50 el cadáver secuestrado y desaparecido de Eva Perón. A pesar de que es lo que seguramente repetirán, sin apartarse una coma del guión, en caso de ser citados por la justicia, es virtualmente imposible, por la naturaleza del trabajo que realizaban y por la ubicación en el esquema represivo de la unidad en la que se desempeñaban, que los Agentes de Apoyo y Procesamiento del 601 ignoraran que la información que tan prolijamente se dedicaban a clasificar, estaba siendo usada para llevar adelante un plan de exterminio. Aún si no hubiera sido así, con la llegada de la democracia y la revelación pública del horror, tuvieron la oportunidad de arrepentirse de haber formado parte de esa maquinaria, la CONADEP hubiera recibido gustosa sus declaraciones. Optaron sin embargo por el silencio de la cofradía cómplice y casi como una semiplena confesión de culpabilidad, muchos de ellos decidieron permanecer sin una sola mueca de asco en su antiguo puesto de trabajo, probablemente en las mismas oficinas donde hasta hacía poco se habían desempeñado como eficaces burócratas de la muerte.

 

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