martes, 5 de mayo de 2015

La SCJ continúa cobijando los crímenes de lesa humanidad



 Jorge Zabalza

En estos días se está juzgando en Alemania, país al que no podrán acusar de "chavista", a un SS nazi que se encargaba de la "contabilidad" de los prisioneros y de los asesinados en un campo de exterminio. Este SS, propiamente dicho nunca mató a nadie, con sus manos o su acción individual, pero allí está acusado de asesinatos. Un miembro del aparato represivo uruguayo cuando la dictadura, detiene ilegalmente al maestro Julio Castro, lo transporta ilegalmente a dependencias militares donde él bien sabe que se tortura y asesina. El Maestro desaparece. Cuando se encuentran sus restos se comprueba que además de haber sido torturado fué asesinado con un disparo en el cráneo. Pero la Suprema Corte uruguaya no considera culpable de nada a este policía y lo libera.

La SCJ pisotea, desconoce y viola la Convención Internacional de la ONU sobre la desaparición forzada de personas, así como la Convención de la ONU sobre la tortura y también la Declaración de los Derechos del Hombre de la ONU, operando de ésta manera como cobijadores de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron cuando la dictadura por parte del Estado y sus fuerzas represivas. Desde el punto de vista del derecho internacional ampliamente reconocido este fallo de la SCJ es ilegal y violatorio de esos princpios. La SCJ continúa colocando a Uruguay como paria del derecho internacional con fallos solo comparables a los que se dictan en países con régimenes totalitarios.
El basamento de éste fallo está en que el acusado no participó directamente en el asesinato. Al comienzo poníamos como ejemplo el juicio que actualmente se está llevando a cabo en Alemania por lo que se puede concluir que la SCJ está violando también la praxis internacional en cuanto a los procedimientos relativos a crímenes contra la humanidad. Sin embargo en delitos menores, "comunes" como se les llama, los fallos son terminantes. Si un imputado condujo un vehículo llevando gente que asesinó a alguien o cometió otros delitos, asalto, robo, etc, el imputado es cómplice aún cuando no haya participado asesinando a alguien. Pero cuando se trata de los crímenes de lesa humanidad, contrariando todo criterio jurídico serio, se absuelve al cómplice.

Con el agravante de que el acusado actuó a nombre del Estado como parte del aparato represivo, y encima, representando un Estado controlado de manera ilegal e inconstitucional por la dictadura de las FFAA.

Considerando que los crímenes de lesa humanidad NO PRESCRIBEN este proceso aún no ha terminado aunque la ACTUAL SCJ lo absuelva. En segundo lugar y viendo los juicios en otros países, por ejemplo en Argentina, los jueces y demás representantes del Poder Judicial podrán ser enjuiciados a futuro, por complicidad en la violaciones a los DDHH que hayan incurrido en sus fallos. El terminar con la impunidad es condición sine qua non para preservar los derechos demócraticos, aceptar su reinado lleva inevitablemente a nuevas violaciones de los derechos ciudadanos.


Colectivo de Noticias Uruguayas


ACTIVIDAD DDHH 11 DE ABRIL

Plenaria memoria y justicia
Resumen de actividad denominada "Balance y Plan contra la Impunidad" realizada el 11 de abril de 2015 por Plenaria Memoria y Justicia. Panelistas invitados Roger Rodríguez (periodista) y Gabriel Mazzarovich (periodista). Irma Leites (por Plenaria Memoria y Justicia).


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Suprema Corte absolvió a Zabala por caso de Julio Castro
SCJ confirmó el fallo que absolvió al policía retirado Ricardo Zabala, quien fue procesado en 2012 por el homicidio del maestro Julio Castro.
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Intervención de Roger Rodríguez periodista en la actividad de Plenaria en el sindicato del SAG
La impunidad es el no castigo y la cultura de impunidad es su 
consecuencia. 
Una y mil veces comenzaré con esta frase al referirme al tema de los derechos humanos en Uruguay. Porque en realidad no hablamos de derechos, sino de la falta de ellos.

Es claro que desde antes de la dictadura militar se violaron los derechos humanos en Uruguay. La propia Ley de reparación 18.596 admite que entre el 13 de junio de 1968 (medidas prontas de seguridad) y el 28 de febrero de 1985, existió terrorismo de Estado

Terrorismo de Estado que durante el pachequismo, el bordaberrismo y la dictadura, dejó un saldo de miles de torturados, 270 muertos -según admitió días atrás el profesor Álvaro Rico- y 174 desaparecidos, de acuerdo a las cuentas oficiales.

Sobre esa realidad es que en Uruguay se montó un pacto de silencio desde fines de la dictadura. Y a los efectos, no importa si fueron Medina y Sanguinetti cuando se autorizó la Operación Zanahorias, el pacto del Club Naval o una imposición imperial.

El efecto ha sido que el no castigo de los terribles crímenes de lesa humanidad cometidos ha generado una cultura de impunidad que genera nuevas impunidades. Ya no la tortura, la muerte o la desaparición; sino el delito económico, la injusticia y la inhumana desidia.

La impunidad derivó a los crímenes de cuello blanco y a la corrupción constatada en este país desde la propia dictadura: el Plan Conserva, el Banco Inglés, Astra, o el vaciamiento del Bafisud, del Panamericano, Del Litoral, Del Plata, Pan de Azúcar, UBUR, De Crédito, Caja Obrera, Comercial, Montevideo, CITIBANK, al lavado en Cambio Italia.

La impunidad genera pérdida de memoria y los nombres de la corrupción y la delincuencia se mezclan para que nunca recordemos cuál era el caso y las derivaciones que representan los sospechosos de siempre, culpables de ayer, hoy y mañana.

Recordemos a empresarios y operadores como Ángelo Bulgaris Angelópulos, Igor Svetogorsky, Stephan Benhamu, Walter Estellano, Carlos y José Rohm, Ignacio Rospide, los hermanos Juan, Dante y José Peirano, Pablo Boselli, los hermanos Espert, Axel Van Hooven, Daniel y Gustavo Trocki, Eduardo Lasalvia, Eduard Yern, los Rupenian, o el fiscal Carlos García Altolaguirre y el abogado Carlos Curbelo Tammaro.

O a los dirigentes políticos Enrique Braga, Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Daniel Cambón, José Andújar, Rosario Pou, Julio Grenno, Iván Coronel, Agustín Uturbey, Ernesto Laguardia, Antonio Marchesano, Samuel Noachas, Julio Kneit, Milka Barbato, Armando Da Silvera, Julio Luis Sanguinetti, Hugo Granucci, Carlos Signorelli, Benito Stern, Juan Justo Amaro, o Juan Carlos Bengoa.

Y también hay impunidad cuando no recordamos los que significaron Focoex, Saudico, Banknord, Plan Fénix, Eufores, Mi Granja, Juncadella y Prosegur, o qué fueron los operativos Cangrejo Rojo, Merluza Negra, o las Safis de Posadas, Vecino & Vecino para lavado de dinero, o triangulación de armas o fuga de capitales

Y es impunidad que no se sepa quién “suicidó” a Villanueva Saravia, asesinó a Andrés Trigo, patoteó a Jorghinio Goularte, ejecutó a Ronnie Scarzella, mató a la modelo Susana Mazur, estalló a Miriam Mazzeo en la calle Plutarco; o mató a Facal y Morroni en el Filtro

Como también es impunidad no saber la verdad sobre todos los crímenes cotidianos transformados en crónicas policiales protagonizadas por el Betito, los Bartolo, el “Cotorra loca”, o el ejecutado Rambo. Ajustes de cuenta, les dicen, para no tener que investigarlos.

También fue un “ajuste de cuentas” el asesinato de Eugenio Berríos para que no declarara sobre los crímenes del Cóndor; como lo fue el homicidio de Vladimir Roslik, cuyos asesinos – el Dr. Eduardo Sainz y el coronel Sergio Coubarrere- pasean por Fray Bentos.

Y sigue impune la ejecución de los Fusilados de Soca, la forma como acribillaron a las pibas en abril, la vendetta contra el matrimonio Martirena o el homicidio ideológico de los ocho de la Seccional 20.

Aún siguen impunes los homicidios de la JUP sobre Rodríguez Muela y otros como aparato juvenil del Escuadrón, como es impune la fortuna de Armando Méndez, implicado en la muerte de Pascaretta.

Sigue siendo brutalmente impune que no esté en la cárcel el general Pedro Barneix cuando ya se ha confirmado su participación en el asesinato por torturas de Aldo Perrini en el Batallón 4 de Colonia.

Como sigue impune la ausencia de todos los desaparecidos, el secuestro de todos los trasladados, la muerte de todos los asesinados, el dolor de todos los torturados, el tiempo de todos los apresados, la mentira en todas las verdades y el olvido de todo lo ocurrido

Es impunidad judicial todas las chicanas con las que la Suprema Corte de Justicia, algunos fiscales y algunos jueces han permitido que corran los plazos legales buscando la prescripción de imprescriptibles crímenes de lesa humanidad.

Es impunidad el traslado de la jueza Mariana Mota, el traslado de la fiscal Diana Salvo, el desplazamiento de la jueza Lilian Elhorriburu, las presiones sobre la fiscal Ana María Tellechea y la forma como se designan a dedo y capricho los jueces y fiscales.
Es impunidad la liberación del coronel Juan Carlos Gómez en el caso Gomensoro Josman, como lo es la liberación del comisario Zabala, uno de los asesinos de Julio Castro, o la prisión domiciliaria de Araújo Umpiérrez, ideólogo de los traslados.

Es impunidad que se hayan censurado documentos desclasificados sobre Nibio Melo y Mazucchi, cuando la ley de acceso a la información pública establece en su artículo 12 que no se puede aplicar reserva en casos vinculados a los derechos humanos

Es impunidad que no se hagan tribunales de honor a los militares presos o fugados,para que sigan cobrando sus salarios y prebendas en la cárcel o en el exterior, porque de eso sobreviven los prófugos Jorge Tróccoli, Manuel Cordero, Hermes Tarigo, y Pedro Mato.

Es impunidad que Cordero tenga arresto domiciliario en Buenos Aires, que Pedro Mato haya cruzado la frontera y radicado en Livramento evite ser encausado por la muerte de Luis Batalla, como que todos sepan que Miguel Sofía esta en Miami y no lo arresten

Son impunidad todos los casos de corrupción confirmados en los gastos de la Armada; y que no se indaguen situaciones similares en las otras armas y la policía; como es impunidad la connivencia con algunas empresas de salud o con el lobby farmacéutico.

Es impunidad que no se interrogue a los marinos Ricardo Dupont y José Uriarte quienes acompañaban a Tróccoli cuando fue a secuestrar a los GAU en Buenos Aires; como lo es que el perro Willie Purtscher diga lo que diga y lo sancionen 6 días sin que se desdiga.

Es impunidad que Eduardo Ferro ande libre y convoque a una reunión de casi un millar de nostálgicos, a quienes le dio un llavero con una bala viva de alto calibre,lo que implica que hay represores que tienen arsenales no controlados.

Es impunidad que en la cátedra de historia de la Escuela Militar dicte cursos el represor Glauco Yanonne y que en estos días el psiquiatra torturador Martín Gutiérrez,denunciado ante el juzgado penal de 7° turno, pretenda un diploma de la UdelaR en neurofisiología.

Es impunidad que los represores se constituyan en el Foro Libertad y Concordia y el sistema mediático los acepten, igual que a los directivos del Centro y el Círculo Militar, como voceros válidos del sistema de convivencia republicano democrático.

Es impunidad que personas y grupos supuestamente democráticos pretendan lavar la imagen del general Dalmao, asesino de Nibia Sabalsagaray; como que se quiera dar la libertad a los “viejitos” cuando lo que habría que darles es el Penal de Libertad.

Es impunidad que haya grupos nazis activos en Flores y San Carlos, que se sepa y no se actúe; mientras la sociedad está siendo vigilada por grupos de estudiantes a través de un millar de cámaras, para confirmar las previsiones de George Orwell en 1984.

Es impunidad que cada gobierno que asume intente un punto final desde la “verdad posible” o nombre nuevos grupos de trabajo que tienen que comenzar, casi desde cero, con una investigación que nunca llegará a término si no hay verdadera voluntad política

Durante años denunciamos y luchamos para desmantelar el aparato represivo de la dictadura. En parte se ha logrado, pero ahora están generando un nuevo aparato represivo en la institucionalidad democrática: la Metropolitana del Ministerio del Interior

Lo que no hemos podido desmantelar es la continuidad institucional de cuatro organismos del Estado que han mantenido su impunidad desde los días de la dictadura: las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, el Poder Judicial y el Ministerio Público

Los militares siguen decidiendo sobre su sistema educativo y formativo, como sobre las calificaciones para ascensos que definen qué coroneles pueden llegar a generales y la policía mantiene la carrera de algunos impunes que hoy son jefes de policía en el interior.

Lo mismo ocurre en un Poder Judicial cuya Suprema Corte hace y deshace sobre los jueces y sus destinos; como el Fiscal de Corte también tiene la impunidad de ejercer su “autonomía técnica” designando, ascendiendo o trasladando funcionarios.

Hace unos años escribí un ensayo periodístico para el libro “Réquiem para el movimiento sindical” donde se contaban aquellos días del surgimiento del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT) de los que fui testigo y protagonista a fines de la dictadura

El artículo comenzaba con la frase “La verdad es, la historia puedes ser...” y con ella trataba de explicar que los hechos son, constituyen la realidad, pero lo que de ellos podemos ver, saber y escribir nunca terminará de abarcarlos.
Nosotros todavía tenemos un largo camino para encontrar la verdad. Una verdad que sin duda exigirá justicia, pero que hoy se enfrenta con una lamentable circunstancia de la que unos y otros somos culpables. Ellos por desidia, nosotros por ser tan pocos.

Si en las actuales circunstancias enfrentara el desafío de escribir otro ensayo, sobre los derechos humanos en Uruguay, tendría que comenzar con una frase parecida a la que aquella vez usé: “La impunidad es, la verdad y la justicia tenemos que encontrarla”.

Y ese, sigue siendo el desafío: actuar, organizarse y dar una batalla pública ideológica para que se comprenda que la cultura de impunidad sólo se modifica con una cultura de derechos humanos, para la cual se exige saber dónde están los desaparecidos.

Muchas gracias.

Roger Rodríguez


(DDHH: Balance y Plan contra la Impunidad / Sindicato de Artes Gráficas/ 11-04-2015)






IMPUNIDADES

por José Luis Perera

jueves, 30 de abril de 2015

El problema de la impunidad, es que quienes cometen un delito, al ver que no son castigados, se sienten con la libertad de volver a cometerlo. Si un delincuente comete un delito, y ve que nadie lo persigue o ni siquiera lo investiga, no verá ningún impedimento en intentar cometer el mismo delito, y lo que es peor, será ejemplo para otros que quieran hacer lo mismo
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La impunidad es un cáncer al cual todos estamos expuestos, una enfermedad que avanza y poco a poco va llegando a los rincones del cuerpo social, y si no la combatimos, o si la alimentamos, es muy probable que tarde o temprano seamos victimas de ella.

Por tanto, es vital combatir la impunidad, lo que incluye no solo luchar por la verdad y la justicia para que los responsables sean juzgados, sino también el señalamiento de aquellos que hacen posible la impunidad.
Esto que señalamos, cuando se aplica a los derechos humanos, posiblemente no tenga discusión entre los militantes políticos y sociales.
Y SIN EMBARGO

Sin embargo, se me ocurre que el mismo criterio y razonamiento debería aplicarse a la actuación política de nuestros representantes. Y ahí sí, no todo el mundo acepta los mismos criterios, y  muchos son fervientes partidarios de la impunidad, mientras que la gran mayoría perdona muy fácilmente y no está dispuesta a señalar responsabilidades.

Claro que acá no hablamos de delitos (aunque a veces pueda haberlos). Pero si un representante actúa en contra de los intereses de sus representados, lo natural y lógico es que deba asumir sus responsabilidades. Y quienes tienen que exigirle cuentas por sus actos, en primer lugar, son sus propios compañeros de partido.

Sus votantes harán luego lo que se les cante, y podrán perdonar las malas acciones de sus malos representantes si así lo consideran. Pero si sus propios compañeros de partido no lo llaman a responsabilidad, seguramente el representante quedará impune, y sus correligionarios serán cómplices de la impunidad.

Las consecuencias, serán las mismas que señalaba más arriba: quienes no son castigados o ni siquiera llamados al orden por sus acciones, se sentirán en la libertad de hacerlo nuevamente, y habrá otros que se sentirán habilitados para hacer los mismos desaguisados, sabiendo que no hay castigo.

Por ejemplo. Si un gobernante intenta hacer algo que el programa de gobierno de su partido dice expresamente que no debe hacerse –digamos hipotéticamente la firma de un TLC con los EEUU- y ese gobernante (pongámosle nombres: Tabaré Vázquez, Danilo Astori) no es llamado a responsabilidad por su acción; y no solo que no es llamado a responsabilidad sino que es premiado con una nueva candidatura, ese gobernante se sentirá libre de presentarse nuevamente como candidato, y volver a hacer exactamente lo mismo o algo peor. Por ejemplo llevar adelante negociaciones como la del TISA.

Eso es impunidad, y los cómplices son muchos y variados; prácticamente el 99,9% de sus correligionarios se callaron la boca en su momento, y después no hicieron nada para llamarlos a responsabilidad. Antes bien los promovieron en forma activa y entusiasta para que fueran nuevamente presidente y ministro respectivamente.

Pero además, obviamente, al ver que esas actitudes quedan impunes, otros se vieron tentados de hacer las mismas cosas.
Así, por ejemplo, Mujica y Astori decidieron actuar abiertamente en contra de sendas resoluciones del Frente Amplio, cuando fueron juntos al Parlamento a decirles a sus legisladores que no votaran la anulación de la ley de impunidad, cuestión que había sido decidida en una larga discusión, y más de una vez, en las instancias orgánicas de esa fuerza política.

Y como esto también quedó en la más absoluta impunidad, Mujica se vio en la libertad de ir un poco más allá, y meter a nuestro país en las negociaciones del TISA, en contra de lo que decía el programa que lo había llevado a la presidencia. En esa impresentable y detestable acción fue acompañado activamente por el canciller Almagro, que ya había salido impune de sus primeras acciones como canciller. A una semana de asumir en su cargo, fue consultado por un periodista acerca de la eventualidad de un TLC con los EEUU, y se manifestó favorable a hacerlo (a pesar de que en forma por demás reiterada el FA se había pronunciado en contra de tal cosa). Como ninguno de sus correligionarios levantó la voz para llamarlo al orden, ¿por qué razón podría no llevar adelante esa miserable idea de ingresar al TISA?

Podríamos señalar otras cuestiones también detestables y sancionables, como la de Tabaré Vázquez vetando una ley (la del aborto) presentada y votada por su propia fuerza política. Nadie, absolutamente nadie, insinuó siquiera el intento de llamarle la atención, de apenas darle un tirón de oreja. Nada. Es una actitud totalmente impune, que le permitió luego actuar junto a la derecha más reaccionaria para intentar anular la nueva ley del aborto, cuestión que también quedó absolutamente impune, como era de esperar.

Son solo ejemplos, pero que muestran que la impunidad genera más impunidad y actitudes cada vez más alejadas de la ética.

Y esa impunidad tiene una cadena de responsabilidades de distinto grado, claro está. Cuánto más encumbrado está un dirigente, mayor es su responsabilidad. No es lo mismo el militante de un comité, que se entera del TISA por la prensa, que el ministro que está sentado en un consejo, es informado, pero se calla y no informa a su partido ni a la opinión pública.

No es lo mismo el militante de un sindicato que se entera por la prensa del asunto del TISA que un dirigente máximo de la central de trabajadores, que necesariamente debía estar informado mucho tiempo atrás y se calló la boca.

Muchos señalan –y los entiendo- que no es el momento de señalar responsabilidades, y que ahora hay que concentrarse en la lucha contra el TISA. Mi punto de vista no es ese. Creo que la lucha hay que darla siempre, en toda circunstancia, pero sin descuidar jamás el señalamiento de las responsabilidades, porque el no hacerlo es lo que permite la impunidad.

Está bien que un dirigente diga ahora que está en contra del TISA, pero si lo sabía hace un año atrás, y no dijo nada, es cómplice de la impunidad de los gobernantes. Y si quienes nos damos cuenta de esto no lo señalamos, estaremos también ambientando y alentando más y más impunidad. Luego no tendremos derecho al pataleo.

Ya se ha empezado a ver reacciones airadas en contra de la continuación de las negociaciones del TISA por parte del actual gobierno, y muchos se cuidan de no señalar al anterior, que fue en realidad quien nos metió en este baile. Y las razones son evidentes. Mirar hacia atrás los dejaría a ellos también en posiciones demasiado incómodas.

Yo al menos no estoy dispuesto a no señalar las responsabilidades que les caben.
Publicado por José Luis Perera



http://www.carasycaretas.com.uy/nueva-dilacion-en-caso-perrini/

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?254764%2C3





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