viernes, 21 de agosto de 2015

Permiso para matar por la espalda






Patricia Rodríguez es dirigente del sindicato de policías y en entrevista con el programa Poder Pensar, de canal 20, planteó un cambio en la ley de protocolo policial.
Dijo que muchas veces los delincuentes le disparan de espaldas a los policías, por encima del hombro, porque saben que los policías no pueden disparar si el delincuente no está de frente.
“Te tiran de espalda porque saben que vos no le podés tirar, por la progresividad de la (respuesta) policial. O sea, vos tenés que esperar un poco más a que te tire y si quedás vivo ahí disparás. Hoy no se puede más hacer eso”, dijo la policía sindicalista.
“La delincuencia cambió, no es que te amenazan, te matán. Vamos a atacar lo que es la progresividad del funcionario policial. Acá nos quedamos en el pasado y estamos siempre corriendo con este resquemor de los derechos humanos, pero no se están respetando los derechos humanos de los trabajadores y de los policías”, agregó.
El gremio de policías reconoce que la propuesta generará opiniones a favor y en contra. En principio el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, reconoció el problema planteado por el sindicato, y contó el caso de un policía que estuvo 10 meses preso por darle un disparo en la espalda a un delincuente.
Finalmente demostró que tenía razón y fue liberado.

>>> Para Bonomi se resuelve con plomo .



Vigilar al vigilante

Venancio Acosta
20 agosto 2015


La formación en derechos humanos es una materia pendiente en la Policía. El Ministerio del Interior está trabajando en un nuevo currículo, pero según los consultados para esta nota existe un “currículo oculto”, una estructura de trabajo montada a partir de la práctica cotidiana y reproducida por más de un siglo, que las autoridades no atacan.



Un hombre –baleado por la espalda, nariz rota, oreja desprendida– muere en Peñarol tras una persecución policial. Sin explicación, su cuerpo fue ingresado en la morgue con otro nombre. La versión oficial de la muerte no se sostiene. El auto en el que viajan otros dos hombres, en Maldonado, es acribillado por un malón de policías que disparan en plena calle persiguiendo un delito inexistente. Catorce balas impactan en el coche y otra da en la espalda de uno de los ocupantes. Los dos hechos, ocurridos en las últimas semanas, sólo refrendan lo conocido: según la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), el Ministerio del Interior (MI) fue el organismo estatal más denunciado durante 2014. También lo fue en 2013. Todas las recomendaciones que la Inddhh remitió al MI en estos años redundan en una crítica frontal y persistente a la deficiente formación de la Policía. Luego de un largo tiempo de desidia, a fines de julio el director general de Secretaría del MI, Charles Carrera, se reunió con esa institución y comunicó informalmente que se está en proceso de reforma de la estructura académica policial.
Carrera declinó brindar información al respecto, y cerró filas: su decisión primó cuando Brecha quiso contactar con otros jerarcas del MI. En rigor, la noticia de la reforma había sido anunciada por el ministro Eduardo Bonomi en la primera sesión de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia, instituida en el ámbito del Senado a fines de junio. “Tenemos muy claro que el policía se dignifica cuando trata dignamente a sus conciudadanos, y viceversa”, se atajó, y comunicó la buena nueva como un apéndice de los “programas de acercamiento de la Policía a la sociedad”. También la manejaba el Sindicato Único de Policías del Uruguay (Supu), según confirmó Roberto Cardozo, presidente de la organización. “La actual formación es nefasta”, comentó.
DE CALLADO. Susana Pintos fue asesinada por un policía en 1968. Hoy hay una calle con su nombre. En Susana Pintos a la altura de Camino Maldonado se ubica la Escuela Nacional de Policía (Enp). Allí se forman los oficiales –grados más altos–. En el mismo predio funciona el Centro de Formación y Capacitación para el Personal Subalterno (Cefocaps), donde estudian los aspirantes a agente, que ingresan con primer año de Secundaria –o incluso con sexto de Primaria–. Seis meses y a la calle con una arma. También la Escuela Policial de Estudios Superiores (Epes), que ofrece cursos especializados. La Enp es la principal institución formativa del país. En el Interior cada departamento tiene su propio centro para aspirantes. La reforma se acopla a la impronta político-institucional del período de Bonomi al frente del MI. Y acompaña a la nueva ley orgánica policial, aprobada casi en silencio este año. Sus ejes están siendo definidos en el seno de la cartera por los directores de la Enp (mandos policiales) y un grupo de técnicos civiles. Brecha pudo saber que los lineamientos que vertebran la reforma son, entre otros: un modelo único nacional, una apuesta al ingreso de docentes civiles, nuevas materias del campo de las ciencias sociales, y un paquete de cursos de contenido teórico con fuerte énfasis en la práctica. La formación de subalternos va a seguir siendo de seis meses, pero será igual al primer semestre de formación de los oficiales. Se educará con base en la gestión estratégica de la Policía impulsada por el actual ministerio (enfoque fuertemente influenciado por los centros criminológicos de la Universidad de Cambridge, la University College of London, y la Universidad de Nueva York), en cuanto al acento puesto en el desarrollo de las funciones de investigación criminal y prevención situacional (control del espacio público mediante el uso de nuevas tecnologías, disposiciones penales, y presencia policial).
“Se promueve una formación más integral para una Policía democrática y profesional y ceñida a derecho”, dijo a este semanario una fuente ministerial. Y detalló que se busca crear una Policía que “tenga capacidad de gestionar un equipo, de planificar el trabajo cotidiano, de utilizar datos estadísticos, de diagnosticar el territorio; y que además entienda los fenómenos de violencia y criminalidad a través de ciertos modelos de la criminología”.
Aunque la actual gestión ha robustecido la capacidad represiva de algunas unidades policiales, la fuente manifestó que la reforma tratará de “reducir la mentalidad reactiva de la Policía”, y sostuvo que aunque habrá materias específicas de derechos humanos, todos los currículos van a ser aplicados con una “visión en derechos”. “Creemos que es imprescindible que en la formación práctica de nuestros policías se instrumenten instancias de reflexión en derechos humanos con respecto al quehacer diario”, destacó. Acto seguido se irguió tras el escritorio de su despacho ministerial, y mientras hacía el gesto de sostener una pistola y apuntar al blanco (un ventanal a la calle Mercedes), explicó: “Queremos que el policía aprenda en ejercicios prácticos, y que al lado tenga a un tipo especializado en derechos humanos que le vaya indicando a cada paso: ‘¿Por qué apunta?’, ‘¿Por qué disparó?’, ‘Hizo tal cosa y tendría que haber hecho tal otra’”.
Se pretenden abrir llamados docentes este año y aplicar los nuevos currículos en 2016.
DE LA IMPLICACIÓN. Juan Faroppa integra la Inddhh. Pero fue el alma máter de la vigente ley de procedimiento policial, parida en el marco de la primera gestión frenteamplista, en un proceso al que hoy describe como “el de­sembarco de Normandía” al recibir a Brecha en su oficina, en el décimo piso de un edificio frente a la plaza Independencia. Es parte implicada: todo lo mide con la vara de la ley de procedimiento policial, a su entender una norma cuya infracción sigue siendo el pan de cada día. “La Policía uruguaya no se puede calificar como de gatillo fácil –opina–; gatillo fácil son policías que actúan tirando a matar por orden o en connivencia con los mandos: hay un manto de impunidad. La falla del Estado está en no capacitar adecuadamente.”
La Inddhh ha exigido mil veces que el MI modifique su “doctrina”, la idea que refleja el modelo de Policía que se persigue. “Yo creo que la Policía es maltratadora al santo botón. Hay cosas que sobran. No tienen por qué pegarle en la nuca al que llevan detenido, decirle ‘pichi’, pegar en los tobillos para registrar, etcétera. Todo eso está regulado en la ley de procedimiento y no se cumple. Que la Policía actúe como una barra brava con el uniforme del Estado le quita confianza y apoyo de la gente. ¿El modelo es la Policía con cara de mala, represiva; que en la medida que tiene que respetar determinados derechos se ve impedida de ser más eficaz?, ¿o una Policía profesional?”
¿Y si la doctrina queda en letra muerta? Faroppa habla de la existencia de un “currículo oculto” que acciona subterráneamente en la institución, y que impide que cualquier reestructura académica funcione: “No podés tener una doctrina excelente y sacar a los alumnos de policía en invierno, lloviendo, a gritar ‘¡Viva la Policía!’, ‘¡Muerte a los pichis!’. Evidentemente hay un currículo oculto que es mucho más poderoso. La propia rutina va llevando a seguir las viejas prácticas, sin posibilidad de cambiar”.
Además de un órgano de control, la Inddhh es un órgano de paciencia infinita. Mientras continúa esperando otra señal del MI, Faroppa se anima: “El abuso policial es un tema en el que a nivel político nadie quiere insistir, para que no le digan ‘Usted le quiere atar las manos a la Policía’, ‘Prefiere una Policía blanda’. Pero si se hace crecer a la Policía sin un proceso de selección adecuado, donde (los aspirantes) vienen con Primaria o Secundaria incompleta; y se les da una formación muy light, breve e incompleta, y los mandan a la calle, frente a la sociedad, a la opinión pública, al sistema político que pide mano dura, la tendencia será a actuar de una manera abusiva”.
DE LO POLICIAL Y LO POLÍTICO. Cruzando la plaza Independencia está la oficina del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). Gianella Bardazano y Luis Pedernera, dos de sus integrantes, tuvieron parte en los cuestionamientos a la ley de procedimiento policial. Evalúan que es uno de los ejemplos de cómo las lógicas de la corporación policial se inmiscuyen en el Estado de derecho. “Con esa ley el sistema político compró el discurso policial”, dijeron a Brecha.
La lucha del Ielsur pretende evitar que haya una “policiación” de la seguridad. “Pasó una ley orgánica por el Parlamento sin que la sociedad tuviera conocimiento (la 19.315, aprobada este año). Eso es discurso policial. Es policiación de la seguridad –advirtieron–: lo policial debe estar separado de la seguridad, porque la seguridad abarca otros componentes, más profundos.” En este sentido, abogan por que el planeamiento de la formación policial sea pensado exclusivamente desde el mando político, al que, por el contrario, juzgan cada vez más fusionado con el mando policial. “La Policía está haciendo lo mismo que haría en cualquier gobierno”, apuntaron.
Admiten que existe preocupación por la formación. Pero resaltan que la formación no va a resolver los problemas estructurales de ejercicio de poder dentro de la Policía: “Aunque traigas a Scotland Yard a formar, si no se toca el funcionamiento cotidiano de la Policía, no alcanza. No existe la vacuna del buen policía. Si no se desmantela lo que pasa día a día en la comisaría, se podrá formar a los más jóvenes, pero cuando vayan a la calle se van a encontrar con que el funcionamiento histórico de más de cien años ha sido ese. Es cuando comienzan las lógicas perversas. La transformación pasa por el control de otras instancias a las que el mando político ha sumado poco”.
Piden intensificar los mecanismos de control interno, y especialmente crear mecanismos externos, ejercidos por la sociedad civil. “Tiene que haber una reforma profunda de la institución policial. Pero no se está generando conocimiento sobre eso, y no hay lugar importante para el debate. ¿Por qué no se discutió la ley orgánica policial en un debate social, como se hizo con la ley de defensa o la ley de educación? Porque todavía sigue habiendo resistencia de los mandos policiales, y no se quiere ceder el ejercicio de poder”, concluyen.
DE LO PENAL Y LO SOCIAL. Mauro Tomasini prende un pucho atrás de otro y humea el ambiente del sótano en la calle Joaquín Requena al 1642, donde funciona la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj). Junto con el Ielsur y otros actores estatales, el Serpaj se encuentra procesando los datos de una encuesta hecha a jóvenes de Montevideo sobre su relación con la Policía. La percepción es que existe un abanico de situaciones cotidianas, que no tienen la trascendencia de los asesinatos cometidos por policías pero que representan la situación en la calle: detenciones arbitrarias en bailes, plazas, canchas, y diferentes prácticas registradas, sobre todo a partir de los años dos mil, cuando el espacio público se achicó, proceso acrecentado por “la famosa prevención situacional” y las tecnologías de videovigilancia.
La posición del Serpaj respecto de la capacitación policial trasciende lo académico formativo y, al igual que la del Serpaj, apunta a la gestión global. “Para entender la práctica policial tenés que entender la gestión policial –plantea Tomasini–. Si registrás desde hace cinco años hasta ahora los disparates que han dicho (que los escuchan los policías, los leen, los saben) sobre qué es el trabajo policial: es ahí donde se construye. Si bien creemos en la formación, creemos más en el programa político que está detrás. Si tenés a un ministro que dice que a los policías de Maldonado que estuvieron a los tiros como en el Far West les corresponde una sanción administrativa y no una penal, porque si no les estás dando un mal mensaje a los delincuentes, ahí estás formando la cultura. No cuando les enseñás que tienen que usar la fuerza progresivamente. Ahí estás construyendo enemigos simbólicos.”
Cambiar las prácticas históricas de la Policía, para el Serpaj, implica una transformación del Estado en la respuesta a los conflictos sociales. “En Noruega la Policía hace tiempo que no mata a nadie, porque tienen un sistema social mucho mejor que el penal. Policía o cárcel con rostro humano no existe. Por más que se capaciten, mientras haya un consenso punitivo es muy difícil que haya otras prácticas. Lamentablemente no hay mucha expectativa. La Policía no es una solución. Hay que achicarla lo más posible, trasladar determinados núcleos a otros tipos de agencias, y dejarla para situaciones muy excepcionales. Desde el punto de vista de los derechos humanos la intervención debe desarrollar el menor daño posible. Ese es un enfoque de derechos. No puede acrecentar el conflicto. La memoria social de las personas que son detenidas en los megaoperativos, por ejemplo, son relatos que van a seguir transgeneracionalmente.”
DE LO BARRIAL. Cuando Juan Carlos “Caio” Silva tenía 7 años un policía mató a su tío por error. Ha vivido en la zona de Casavalle y aledaños desde que nació. Hoy es concejal del Marconi. Como la de su tío, desgrana un rosario de historias de maltrato policial que colmarían esta nota. En el último tiempo la más conocida es la del “Bebe”, Álvaro Sosa: fue asesinado por un policía en octubre de 2012 con la impunidad certificada por el MI y el Poder Judicial. La Policía se cuidó un tiempo de mostrarse en el barrio, pero un tiempo después volvió: “Y es común que pasen y les digan a los gurises: ‘Arranquen de acá, manga de pichis’, ‘Mandamos nosotros’, ‘A la vuelta los llevamos’. Es cíclico. Provocaciones que nunca se terminan”, detalla. Afuera diluvia. La calle es un barrizal.
Silva no oculta que en la zona hay robos y venta de drogas. Por el contrario, lo explicita como prácticas que trancan el esfuerzo de “llevar agua para el molino del barrio”, una tarea que se juega todos los días entre los “narcos” y “la autoridad”. Con respecto a esta última dice: “Vivo en un barrio pobre con los índices más altos de necesidades básicas insatisfechas, los peores índices de deserción educativa, de maternidad adolescente, etcétera. Es el lugar más barato para vivir: no podés pagar un alquiler, no tenés capacidad de ahorro, sueldo fijo; la mayoría somos informales, vendedores de feria y de avenida. Sabemos que el Marconi es una zona conflictiva. Pero durante años la Policía ha hecho cantidad de abusos. Vamos a parar la mano, que acá no todo el mundo es delincuente. Te acepto que le metas la fría al que anda en la rapiña y todo lo que quieras, pero si yo estoy en la esquina la Policía no tiene por qué insultarme y decirme que vuele de ahí. No vuelo nada. Porque es mi barrio y acá voy a estar todos los días del año”.
DE LO QUE QUEDA. La fuente del MI aseguró a Brecha que los currículos van a tener una fuerte implementación práctica que combatirá los viejos vicios policiales, y que para ello también se confía en los mecanismos de transparencia, como Asuntos Internos. Agregó que para cambiar la mentalidad policial se requiere un recambio generacional, y afirmó que los jóvenes comprenden mejor asuntos como los derechos humanos. Negó que los mandos policiales decidan por encima de los mandos políticos y se mostró ofuscado contra los académicos y las organizaciones de derechos humanos, argumentando que muestran sólo lo más “derechoso” y que no se ponen en “los zapatos de un milico” para comprender la situación. Hasta soltó que le gustaría verlos trabajar una vez al mes en el ministerio. Defendió lo que queda por hacer, y juzgó: “¡Esto era Alí Babá y los 40 ladrones!”.
En tanto, Uruguay es uno de los países con la proporción más alta de policías por habitantes.1 Y el MI el organismo estatal que más viola los derechos humanos en el país. La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia fue instituida en el Senado con gran pompa, sería el ámbito propicio para tratar los temas que hacen a las políticas de seguridad, y en las reuniones que lleva hasta el momento se discutió hasta qué hacer con las motos incautadas que se acumulan en las comisarías de la capital. Ningún asistente, de ningún partido, pidió la palabra para referirse a la realidad flagrante de violencia institucional. El MI actualmente no produce ninguna información de peso acerca del maltrato policial, por no decir que sólo la ínfima parte de la información que maneja es abierta a la población. El abuso policial es un punto ciego del debate acerca de la seguridad pública. Va siendo hora de vigilar al vigilante.
1. Según el “Informe regional de desarrollo humano (2013-2014)”, del Pnud, Uruguay tiene una tasa de 876,4 policías cada 100 mil habitantes. Le sigue México con 447,7 policías cada 100 mil. (Tomado del portal uycheck.com)







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