martes, 4 de agosto de 2015

Todo podrido




>>> El centro de maltrato de menores infractores agresivos

>>>Motines, peleas e inseguridad



>>> El sindicato de maltratadores víctimas de agresión

“Negociamos con la madre Teresa o con Bin Laden”.

JOSÉ LORENZO LÓPEZ - PRESIDENTE DEL SINDICATO DEL INAU

El presidente del sindicato del INAU responsabiliza a la directora del Sirpa por los incidentes en hogares y afirma que judicializó la negociación.

1 - ¿Por qué desde que asumió Fulco se incrementaron los incidentes en los distintos centros del Sirpa?

Ella criticó a la anterior administración y dijo que tenía métodos más modernos. Los trabajadores tienen dudas y miedo de actuar como antes y terminar sumariados o sancionados. Entonces no actúan hasta tener la orden y pasa lo que está a la vista. Diez minutos en un centro de privación de libertad es mucho.

2 - Pero Fulco, incluso antes de asumir, ya le generaba mala espina al sindicato. ¿Por qué?

No, eso no es así. Nosotros no elegimos a nuestros patrones. Estamos preparados para negociar con la madre Teresa de Calcuta o Bin Laden. No tenemos problema. Si nos quieren llevar al ámbito judicial vamos porque estamos muy seguros de lo que hacemos y de que es ajustado a derecho.

3 - ¿Por qué cree que la directora del Sirpa llegó a recurrir a la Justicia en este caso?

No fue ninguna sorpresa porque nos interiorizamos en su historial y va de la mano con este tipo de actitudes. Tampoco nos deja de preocupar porque es judicializar la negociación con el sindicato, pero por más que no le guste vamos a seguir estando cada vez que un trabajador termine lastimado.



>>> Los trabajadores del INAU
Basta de ajustes con los trabajadores. El 6/8 paramos por salarios dignos y mejores condiciones de trabajo.



>>> Incapacidad de resolver, sin política

 "Si fuera por mi lo dinamitaba", pero sería un "desperdicio" de dinero hacerlo. Ministra Arismendi hoy sobre el Sirpa
 
"La pobreza y la vulnerabilidad de derechos no nace con el FA. Sigue siendo una herencia maldita", 


>>> Volver a la dictadura 
La ofensiva entre la directora del Sirpa y el gremio tiene cinco meses, nació cuando el presidente Tabaré Vázquez la nominó para el cargo.

 Fulco tiene el respaldo del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien la recomendó para el cargo ante la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi.

En el marco de esa guerra, López recordó en aquel momento —y lo volvió a hacer hace unos días— el sumario administrativo que la psicóloga tuvo en el año 2003 cuando se desempeñaba en el Ministerio del Interior —vinculado a un caso de conjunción del interés público con el interés privado— y hasta instaló la duda de que su designación era revisada por Vázquez a pocos días de la ceremonia de asunción.

>>> Prontuario de Gabriela Fulco

La psicóloga Fulco se desempeñaba en esa función desde 1992, siendo una de las profesionales con más actividad en temas de maltrato a niños y violencia familiar en Uruguay. Trabajó para varias de las organizaciones que actúan en esta materia, incluso Unicef. El 26 de abril pasado, la encargada de la Dirección Nacional de Prevención Social del Delito, inspectora Graciela López, le inició un sumario al tiempo que se dispuso su alejamiento del cargo mientras dure la instancia administrativa.
El propio ministro Guillermo Stirling reconoció anoche a LA REPUBLICA que Fulco fue separada transitoriamente del cargo debido a las denuncias formuladas por los padres que habrían sido perjudicados al ser acusados de abuso y maltrato infantil en base a dudosos informes psicológicos a los que fueron sometidos sus hijos. Las denuncias de estos padres fueron planteadas ayer en el Parlamento y anteriormente ante la Justicia y el propio Ministerio del Interior.
Stirling reconoció que los denunciantes fueron los mismos que se entrevistaron con él para trasmitirle su preocupación por estas presuntas irregularidades que actualmente están siendo investigadas a nivel administrativo y judicial.
La inspectora López explicó a LA REPUBLICA, que se presentó una denuncia penal, ya que además de haberse reunido elementos de prueba sobre el cometimiento de una eventual falta administrativa, también se advirtió la posibilidad de que haya incurrido en un delito.
Las sospechas sobre la conducta de Fulco se plantearon cuando en marzo pasado una mujer llegó con su problema al Ministerio del Interior. Fue atendida por la psicóloga Fulco, que tras tomar el caso lo habría derivado a dos técnicas bajo su mando.
Pero, de acuerdo a la información recabada, la atención por parte de estas funcionarias se habría trasladado a la órbita privada, detectándose así el conflicto entre lo público y lo privado.
La situación llegó a conocimiento de la inspectora López, quien mantuvo una entrevista con la señora para conocer detalles sobre la asistencia recibida desde un primer momento. Fue allí que surgieron las dudas, por lo que la jerarca dispuso la iniciación de una investigación de urgencia el 23 de abril, que terminó 48 horas después.
El 25 de ese mes se concluyó que había elementos para establecer que se había cometido una falta administrativa, lo cual dio inicio al sumario para Fulco y para las dos técnicas bajo su mando.
Un día después se elevaron los antecedentes a la Justicia Penal.
Paralelamente, la psicóloga Fulco enfrenta otra delicada situación, ya que su actuación en la órbita privada también está bajo la lupa. Ayer fue denunciada en el Parlamento de sugerir a sus clientes la elaboración de informes falsos sobre maltrato psicológico y abuso sexual, en el marco de litigios por divorcios. Estas pericias fueron presentadas como pruebas ante la Justicia, afectando los derechos de patria potestad.
La noticia de la investigación sumarial se conoció ayer, el mismo día que LA REPUBLICA publicó la denuncia de un grupo de padres que afirman que fueron afectados por la venta de informes psicológicos “inventados”, que fueron utilizados por parte de uno de los progenitores para obtener por parte de la Justicia una medida cautelar, que le permite tener para sí a su hijo.
Paula Poggio, María José Amengual, Hugo Orbiz, Martín Otero, Jorge Dosil y Víctor Martínez informaron en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de la serie de irregularidades cometidas en el Poder Judicial y en dependencias de la cartera del Interior, en casos de custodia de menores.
Todos estos casos tienen en común que los fallos de la ex jueza Ana Lima perjudicaron a estos padres que perdieron la patria potestad y en algún caso fueron remitidos a prisión.
En los últimos días, la jueza Gabriela Merialdo (Penal 17º) dictó sentencia absolutoria para quienes fueron acusados de abusar y maltratar a los niños.
El diputado Edgar Bellomo (Alianza Progresista) e integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes señaló que todo lo relacionado “con el abuso sexual infantil es un tema que preocupa”, por lo que se están “juntando todos los elementos sobre el tema”. Agregó que comparte las afirmaciones de los padres separados de hijos menores en cuanto a que “las pericias forenses o medidas cautelares se extienden por mucho tiempo.
Estamos disponiendo que la información que dejaron ante la Comisión será transmitida a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y a la Asociación de Psicólogos del Uruguay porque en la medida que se sienten involucrados nos interesa su opinión”, agregó el parlamentario. *

>>> Maltrato, DDHH
El cartel de los pibes
A poco de asumir, Fulco aseguró que no negociaría con acciones por fuera de los derechos humanos, cuestionó a la anterior administración, que estuvo en la mira de organizaciones sociales por situaciones de violencia hacia los internos, y aseguró que apostaba a un diálogo "franco y abierto" con los trabajadores.
Lo cierto es que en los dos meses que Fulco lleva al frente del Sirpa debió enfrentar incidentes de gravedad en los hogares bajo su gestión que incluyeron fugas, peleas y heridos.
El sindicato asegura que los incidentes son producto de su ineficiente gestión. La dirección del Sirpa, en cambio, entiende que hay un grupo de funcionarios que propicia los desórdenes para generar inestabilidad y mantener privilegios.
"Si nos quieren lleva al ámbito judicial vamos porque estamos muy seguros de lo que hacemos y es ajustado a derecho. Por más que no le guste a Fulco vamos a seguir haciendo lo mismo. Y vamos a seguir estando cada vez que haya un incidente o trabajador lastimado porque es lo que corresponde", aseguró López.
El sindicato, que mañana realiza un paro y manifestación en las puertas del Sirpa, publicó ayer un duro comunicado contra Fulco en la red social Facebook. "La escuela en la que basa su formación fue en plena dictadura (...) La señora Fulco se ve que piensa que todavía está en esa época y no sabe que en nuestro país las cosas han cambiado (...) Tiene un pasado que la condena y nosotros vamos a recordárselo cada vez que sea necesario", asegura el sindicato.
Con un tono desafiante, el gremio invita a la directora del Sirpa a "que se instale en los juzgados cuantas veces quiera porque esto, lejos de amedrentarnos, nos da más fuerza".
La decisión de recurrir a la Justicia que adoptó Fulco no solo la enfrentó al sindicato sino que tampoco cayó en gracia a los otros dos integrantes de la Comisión Delegada del Sirpa.
Fernando Rodríguez, integrante de la comisión y exdefensor del vecino, dijo a El País que él no acompañó la medida sino que fue una decisión personal de Fulco.
El tema, según supo El País, estuvo ayer sobre la mesa en una reunión periódica que la Comisión tiene con la ministra de Desarrollo Social. Se acordó bajar intensidad a la discusión con el sindicato para evitar que el tema continúe en la primera plana de los medios.
Pese al fuego cruzado, Fulco y el gremio se vieron la cara en más de una ocasión en los últimos dos meses. En dos instancias participó el presidente del sindicato. López contó que Fulco planteó, por ejemplo, que cuando un internado se desacata, debe ser reducido sin contacto físico. Los funcionarios deben abrazar un colchón y rodearlo hasta colocarle las esposas. "Es una modalidad nueva, pero cuando uno se exalta, los otros lo acompañan y no es tan fácil. Entonces nadie sabe qué hacer, y si no hay alguien que dé la orden y se responsabilice, el resto no actúa", dijo López.







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