viernes, 11 de septiembre de 2015

La protesta de los sirios en Uruguay

Descubre la realidad del modelo progresista. Uruguay es caro y no hay seguridad. Quieren volver.





Padre huyendo de la guerra en Siria se vuelve viral. Para una familia numerosa en Uruguay tampoco puede vivir.

>>> "Aqui todo hambre"
SIRIOS

#DestapandoMentiras MANTIENEN CAMPAMENTO EN PLAZA INDEPENDENCIA LOS SIRIOSFamilias sirias siguen esperando que gobierno les solucione salida del paísMientras esperan por una respuesta del gobierno, las familias sirias insisten en que "Uruguay es muy inseguro" y que el dinero que obtienen por parte del Estado no les da "para nada". (...) "Muy caro".#EspacioAbierto Fragmentos de notas realizadas por Canal 10, HISPANTV, texto El Pais, editado por EA.

Posted by Espacio Abierto on Martes, 8 de septiembre de 2015

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150908_refugiados_sirios_uruguay_irm


Un esquema intocable

Samuel Blixen  

Todas las movilizaciones sociales de los últimos meses en Uruguay -hasta la insólita protesta de los sirios- tienen un común denominador: la resistencia a una política que reparte la torta según una métrica del sacrificio para los más y el beneficio para los menos.

Después de todo quizás no sea cierta la presunción de que en un escenario de guerra, con la economía colapsada, con especulación y mercados negros, la carestía es un azote. “En Siria compraba 20 quilos de cebolla con un dólar. Aquí un quilo me cuesta 90 pesos”, explicaba un beduino, padre de 12 hijos, que acampa en la plaza Independencia. Y su mujer acotaba: “No queríamos salir de la guerra para venir a la pobreza”. Debe de ser muy cara la vida en Uruguay, como para que refugiados sirios prefieran enfrentar las mismas vicisitudes que los llevaron a abandonar las zonas convulsas de Oriente Medio, antes que pasar hambre con un ingreso de 15 mil pesos para toda la familia. Algunos uruguayos se apresuraron a criticar a los sirios “desagradecidos”, y otros a recordar que muchos reciben salarios inferiores en la enseñanza, en la salud y, por supuesto, en la actividad privada.
De hecho, la insólita –pero no menos legítima– “protesta siria” se suma a una movilización popular sin parangón en los últimos años –el paro nacional del Pit-Cnt, la marcha de maestros y profesores, las concentraciones de los trabajadores de la salud, las huelgas de docentes y las ocupaciones estudiantiles de liceos–, que expresa el grado del divorcio entre “las bases” y el gobierno que supuestamente las representa. Todas esas movilizaciones tienen un común denominador: la resistencia a una política que reparte la torta según una métrica del sacrificio para los más y el beneficio para los menos.
El gobierno –aunque habría que decir el ministro de Economía con el respaldo del presidente– insiste en una aritmética engañosa, proponiendo en el proyecto de presupuesto una particular distribución de los recursos públicos, porque “eso es lo que hay para repartir”. Así:
● Ofrece a la enseñanza, en lugar del 6 por ciento del Pbi, que había prometido en la campaña electoral, una escalera que, en el mejor de los casos, llegará a completar en 2020 el 5 por ciento del producto, según el economista Daniel Olesker.
● Ofrece a la Universidad el 20 por ciento de lo que ésta había solicitado.
● Condiciona los 87 millones de dólares destinados a salarios en el gasto de la educación a un acuerdo sobre medidas sindicales; de lo contrario serán “reasignados” a inversiones.
● Propone un aumento de 3,5 por ciento en los salarios de la educación, cuando se reclamaba el 7,5 por ciento.
● Reduce a 5.900 millones los 12.600 millones de dólares solicitados por la Anep.
● No adjudica recursos extra para las previstas inversiones en el área educativa, de 85 millones de dólares.
● Distribuye en el área de la salud 1.050 millones de dólares, la mitad del presupuesto solicitado.
● No prevé ningún incremento para el Poder Judicial.
● No destina un solo peso para el Instituto Clemente Estable, un pilar de la investigación científica en el país.
Promesas y conductas. El proyecto de presupuesto nacional para el quinquenio –que el ministro de Economía recomienda no alterar significativamente para “mantener el equilibrio macroeconómico”– exhibe una especial “ductilidad” a la hora de cumplir promesas. Algunas, desgraciadamente, quedan por el camino, como el 6 por ciento del Pbi para la enseñanza y los incrementos salariales; otras se cumplen a rajatabla: no habrá aumentos impositivos. El presupuesto no contenta a nadie: la reacción de los trabajadores y estudiantes ya es conocida; en cambio tomó por sorpresa la reacción de la Asociación Rural del Uruguay que denuncia un aumento impositivo para el agro, en una interpretación quizás caprichosa de la eliminación de la rebaja del 18 por ciento de la contribución inmobiliaria rural. El ministro Astori aclaró en el Parlamento que no le gusta la medida, pero que de hecho fue impuesta por el Congreso de Intendentes como forma de atender el problema de la caminería rural.
El problema de los impuestos es clave para entender la afirmación oficial de que “no hay de dónde sacar dinero”. Esa afirmación es válida sólo si aceptamos la premisa de que el esquema de la distribución de la riqueza es intocable. Ese esquema fue convalidado con la reforma impositiva aprobada en el primer gobierno frenteamplista; en aquel entonces se argumentaba que los cambios debían ser graduales. El gradualismo en materia impositiva (entendido como herramienta para modificar la injusticia distributiva) se transformó en inmovilismo.
La bonanza económica de los últimos diez años, traducida en aumentos salariales y en una cierta contención de la inflación, adormeció el reclamo de que “paguen más quienes tienen más”, una propuesta que en los hechos quedó por el camino.
Ahora el reclamo resurge con fuerza. Los estudiantes exigen que se eliminen las exoneraciones fiscales a las inversiones y los beneficios de que gozan las zonas francas. (Quizás sea una coincidencia que la suma de las exoneraciones al capital extranjero y el pago de los intereses de la deuda externa equivalga al 6 por ciento que se reclama para la enseñanza, y que no se alcanzará en el quinquenio.) El Pit-Cnt, por su parte, afina la puntería en la búsqueda de recursos, según un documento del Instituto Cuesta-Duarte. Sin una modificación del esquema impositivo y sin la utilización de las reservas de divisas será imposible obtener los recursos para salud, enseñanza, política sociales y vivienda.
Marcelo Abdala, secretario general del Pit-Cnt, propuso dos medidas concretas: la suba del impuesto a la renta de las personas físicas para los salarios superiores a los 200 mil pesos, y una modificación del impuesto a la renta de las actividades económicas, que por diversas vías aplica rebajas y exoneraciones. Con una masa de sueldos altos que en promedio llegan a los 400 mil pesos, un “mordisco” de un tercio ofrecería sustanciales recursos para otros rubros y, como señaló un dirigente de la central sindical, “igual se puede vivir bien con 300 mil mensuales”. En la presentación del informe del Cuesta-Duarte, Olesker advirtió que “es necesario iniciar un gran debate sobre impuestos que permita seguir construyendo un país productivo con justicia social”.
Averiguar el porqué. Lo mismo que con los impuestos ocurre con los precios en el mercado interno. El aumento constante de los precios dibuja el problema de la inflación aunque, como señaló el ex ministro Olesker, existen “procesos oligopólicos en la formación de precios”, es decir, aumentos que no representan el famoso “juego libre” del mercado. En ambos casos, el equipo económico se resiste a meter mano.
Con los precios quedó demostrada la futilidad –y más aun la imperdonable “inocencia”– de los “acuerdos voluntarios”. El último, que aún rige, fue violado casi al mismo tiempo de implementarse, e incluso antes: según el propio Ministerio de Economía, el 70 por ciento de los precios “congelados” había aumentado entre 3 y 10 por ciento. El exhaustivo registro del organismo de Defensa del Consumidor confirmó el adelanto de Brecha con base en una investigación sobre la manipulación de precios, en especial de productos importados de consumo masivo, que a la vez siguen exhibiendo abultados sobreprecios respecto de los valores de importación.
Cuando se pregunta por qué el gobierno no interviene en la fijación de precios, la respuesta es una vaga alusión a la autorregulación del mercado, que no está impuesta por ninguna ley. En cambio, no hay explicación, ni siquiera vaga, de por qué el gobierno se resiste a modificar los impuestos para los grandes ingresos. En los dos casos es evidente que el gobierno no tiene ninguna intención de modificar el actual esquema de distribución de la riqueza y que en la disyuntiva recorta para abajo, para abajo en la escala social, claro. Aun en la convicción de que las propuestas en ese sentido, las del PitCnt, por ejemplo, no alteran mayormente los beneficios de los grandes capitalistas –y por tanto no serían de prever reacciones turbulentas, del estilo de salida masiva del capital extranjero o medidas desestabilizadoras de los sectores más acomodados–, el gobierno, este gobierno de las elites dirigentes de los sectores políticos del Frente Amplio, se resiste tajantemente a enfrentarse a los ricos y tratar de convencerlos de que aflojando un poquito la bolsa ganan todos.
Esa actitud de firmeza, pero también de ingenio y de habilidad, es impensable hoy en la dirigencia de un partido que ha transformado algunos principios que dieron lugar a su nacimiento en un esquema de aparato burocrático, cuyo principal objetivo es la permanencia en el sitio adonde ha llegado.







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