sábado, 7 de noviembre de 2015

El tóxico que bebes de la canilla

El principal surtidor de agua potable de OSE se encuentra en "situación crítica", por efluentes industriales.


>>> Un desastre

Contaminación en el Santa Lucía

Río revuelto

El río que abastece de agua potable a la mayor parte del país sigue en un escenario delicado. Las mediciones muestran altos niveles de riesgo y los controles aún detectan situaciones de deterioro, como la tala de monte nativo y el robo de arena. Ahora el gobierno anuncia “mano dura” para detener los daños.
La calidad del agua está entre "regular y muy mala"

ANDRÉS ROIZEN 01 noviembre 2015
El agua sigue revuelta en el río Santa Lucía. El mayor proveedor de agua potable del país parece no encontrar paz y, más allá de ser señalado una y otra vez como prioridad, y más allá de grandes anuncios, de amplias intenciones y de planes específicos, sigue enfrentando poderosas fuentes de afectación y focos de contaminación que lo dejan en una situación muy delicada.
Hace solo 15 días, en un vuelo por la cuenca del Santa Lucía, inspectores de la Intendencia de Canelones detectaron, con el apoyo del Ministerio de Defensa, una importante acción de tala de monte nativo sobre un terreno en la ribera del río. En el lugar se registró una escena casi de película: al este de Pueblo Bolívar, un paraje alejado al norte del departamento canario, una máquina retroexcavadora con oruga arrasaba decenas de árboles como si fueran solo astillas que se interponían en su camino.



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Se dio aviso a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y enseguida se inspeccionó el lugar. Además de la tala de monte nativo —prohibida en los márgenes del río— se constató la desviación y desecación de bañados, y un gran impacto en una zona considerada importante y vulnerable. Es que el monte nativo en la cuenca funciona como filtro de sustancias, por eso su tala está especialmente prohibida.
Al relevar con detalle los daños, se observó que se había afectado un predio de 100 metros de ancho desde el río hacia el territorio. Además, se obstruyó un desagüe natural que da al cauce, se realizó una excavación de más de 5.000 metros cuadrados y de cuatro metros de profundidad, y se levantó un terraplén de tres metros de altura. Un desastre.
Ante una escena de ese calibre, tanto jerarcas del gobierno como autoridades locales y especialistas en el cuidado ambiental expresan asombro, aunque luego admiten que en la zona aún se dan con frecuencia episodios de similar gravedad. La tala de monte nativo, los cultivos sobre la ribera del río, los establecimientos ganaderos cercanos al agua y también el robo de arena del río están consolidadas como las principales causas de daño del Santa Lucía, además de las irregularidades de unas 24 industrias que aportan entre el 5% y el 10% de la contaminación del cauce.
Con ese panorama, la situación actual del Santa Lucía rápidamente remite a marzo de 2013, cuando sonó la primera alarma. En aquel momento, el olor y el sabor desagradable en el agua de OSE alertaron a todo el país y eso generó que, en poco tiempo, el gobierno anunciara una serie de medidas para hacer frente a la situación. El tiempo transcurrió sin novedades, hasta que con la asunción del gobierno de Tabaré Vázquez, el tema volvió al tapete: apenas llegó a Torre Ejecutiva, el primer mandatario reunió a los ministros del área y al presidente de OSE y les pidió que concretaran acciones para el cuidado del río, además de exigir informes cada dos meses.
Sin embargo, con el paso de los meses esa exigencia no se tradujo en mayores cambios, y ahora, a partir del caso de Pueblo Bolívar, el gobierno busca renovar el énfasis sobre el asunto. Tal es así que, una vez más, la administración anuncia que hará hincapié en el control del río que abastece a casi 2.000.000 de personas y aporta el 95% del agua que utiliza OSE.


(DINAMA) detectó que 300 de los 3.000 padrones que cumplen actividades agrarias en las márgenes del río Santa Lucía no tienen sus cultivos a la distancia exigida de los cursos de agua, para evitar la contaminación con agroquímicos.



El director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario, afirmó esta semana en diálogo con El País que ya pasó el tiempo de "informar" y de anunciar el cuidado que hace falta tener sobre el río, y avisó que el gobierno no hará concesiones a la hora de sancionar a quienes incumplan la normativa.
"No vamos a ser flexibles. Proteger la calidad del agua es una prioridad para el país y queremos dar una respuesta en bloque. Que la gente sepa que no puede tocar el Santa Lucía, que hay protocolos de cómo actuar ahí, que no se puede entrar con una retroexcavadora y desatar una escena parecida a esas que vemos en el Amazonas, cuando entran a limpiar todo", afirmó el jerarca.


>>> Gobierno y privados lo niegan

 

 

 

Pocos ojos.

Pero más allá de ese objetivo, y a pesar de que la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Vivienda anunciaron la semana pasada que concretarán un protocolo común de monitoreo del río, el correcto control del lugar, y por lo tanto su adecuada preservación, siguen siendo objeto de dudas.
Es que el Santa Lucía, que se extiende por 257 kilómetros, cuya cuenca cubre cerca de 13.500 kilómetros cuadrados (7,6% de la superficie nacional), y sobre el cual vive medio millón de habitantes, es un gran rompecabezas. El río atraviesa el departamento de Lavalleja y forma el límite departamental de Canelones con Florida y San José, y de San José con Montevideo. Por eso, la decisión de cómo debe cubrirse y quién debe encargarse de cada aspecto son asuntos que dificultan la tarea a diario. Esto explica que aún se den episodios de fuerte afectación en toda la cuenca.
Las situaciones de daño ambiental son admitidas por jerarcas del gobierno, autoridades departamentales y locales, y especialistas en la materia. Igual, a la misma vez, algunos se muestran confiados de que este nuevo anuncio de trabajo en el lugar traerá soluciones, y otros parecen ya no poder creer nada y solo necesitar resultados.

Agua de los caños
 
"Lo de Pueblo Bolívar fue una alerta, porque si eso está pasando ahí, puede estar pasando en otro lado", admite Nario, que en ese marco afirma: "Tenemos que mostrar que cuando detectemos algo seremos muy contundentes, para que la gente sepa que si infringe las normas va a tener problemas".
En cambio, para Luis Aubriot, doctor en Ciencias Biológicas, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, el hecho de que se registren casos de grandes talas de monte nativo resulta difícil de entender. "Llama la atención que en la cuenca del Santa Lucía se sigan registrando casos como el que ocurrió en Pueblo Bolívar. Llama la atención porque se supone que es una de las cuencas más vigiladas del país, si no es la más vigilada. Nos genera preocupación que a pesar de que hay un plan de medidas tan estricto, todavía existen este tipo de situaciones. Y nos lleva a pensar qué podemos esperar para el resto de las cuencas del país", dijo el experto.
Aubriot, que lleva varios años estudiando la situación del Santa Lucía, expresó: "Se ha comprobado que en muchos sectores de la cuenca se ha deforestado de la misma forma que ocurrió en la zona cercana a Pueblo Bolívar. Hay casos alarmantes, lugares en los que se ha deforestado hasta la costa y aparentemente eso aún no se ha detenido".
Para el investigador, es "buena cosa que se esté patrullando la cuenca", aunque entendió que aún hace falta mayor intensidad, más vuelos y una mayor presencia de guardaparques.
En tanto, para Raúl Estramil, alcalde de Santa Lucía, también hace falta mejorar los controles, además de lograr un fuerte avance en la comunicación entre las partes involucradas. "Hay una serie de elementos que generan presión constante sobre el río y por eso hace falta tener un control permanente sobre el lugar", dijo el alcalde.

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Entendió que hace falta contar con más guardaparques, más recorridas por la zona y también dotar de más herramientas a los gobiernos locales para que puedan desplazarse por el lugar. Así, puso como ejemplo que la alcaldía de Santa Lucía, la ciudad más grande sobre el río, no tiene ni siquiera un vehículo para poder responder ante cualquier denuncia o imprevisto en la cuenca.
En tanto, el director general de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herou, consideró que las medidas que el gobierno nacional ha tomado para el río son un "muy buen paraguas para trabajar en los problemas del Santa Lucía, y marcan un camino para avanzar". Y opinó, en igual medida, que "las intendencias y municipios tienen, pueden, y deben hacer muchas más cosas". Herou admitió que "a veces los recursos no son suficientes", pero dijo que en eso se trabaja con el gobierno nacional.








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