miércoles, 19 de octubre de 2016

Los negocios del Quincho Varela




Desguazan Fripur... y a crédito

miércoles 19 de octubre del 2016
Hace 15 días les contamos que la jueza Sylvia Rodriguez Batista entregó las acciones de la empresa argentina Griffin S.A, parte de los activos de Fripur a la empresa Perindes S.A. – filial uruguaya de la canadiense Cooke Aquaculture. Ahora esa decisión es mirada con mucha atención por abogados y ex trabajadores de la pesquera uruguaya, porque podría ser violatoria de la ley de concursos.
La magistrada tuvo ante sí dos ofertas: una de los ex trabajadores de Fripur que habían formado una cooperativa y presentaron un proyecto que no sólo contemplaba el procesamiento de pescado como alimento, sino además la fabricación de Omega 3, un ácido graso, requerido en el mundo entero por razones sanitarias.
La jueza Rodríguez entendió que la mejor oferta era la de la empresa canadiense y a ellos adjudicó la venta. Esto ocurrió en diciembre pasado pero la empresa aún no pagó nada.
Entre los activos de Fripur se encuentra la empresa argentina Griffin S.A. que cuenta con bienes – planta pesquera, barcos y un apartamento en el centro de Buenos Aires – por un total de 15 millones de dólares. Pero además tiene en sus manos un negocio seguro que genera unos 40 millones de dólares por año. Se trata de permisos para pescar hasta 8.000 toneladas de merluza negra.
El 24 de junio pasado la magistrada autorizó la entrega de todas las acciones de Griffin a la Perindes S.A. filial uruguaya de la empresa canadiense, según informan dos fuentes “a cambio de una garantía de tres millones de dólares”.
Esta decisión sería violatoria de la Ley Concursal porque a diferencia de lo establecido por la propia doctora Rodríguez al comienzo de la liquidación, ahora se entregaron parte de los activos.
¿Que es lo nuevo hoy?. A esta hora la empresa canadiense Cooke Aquaculture ni su filial uruguaya Perindes S.A. han pagado un solo dólar.
Y si bien la ley lo permite – por todos esos agujeros que suelen dejar las leyes – resulta muy llamativo que pudiendo dejar sin efecto el negocio con los canadienses, la magistrada en cambio decidió fijar un interés por mora. Es decir, casi una venta a crédito.
Ayer recibimos una carta enviada por personas que siguen atentamente estos hechos y que será enviada a la Suprema Corte de Justicia La misiva aporta elementos gravísimos que ponemos en su conocimiento.
Pero atención: detrás de todo esto puede esconderse algo más grave: las aviesas intenciones de algunos particulares – con mucho apoyo de un sector político – para hacerse de los permisos de pesca de cangrejo rojo que forma parte del activo de la ex Fripur.
La columna de Carlos Peláez


La carta by Jime Ferreira on Scribd

19/09/2016

UTE asume a dueños de Fripur y Kentilux como Grupo Económico y presenta denuncia

Reconoce que paga 4,5 millones de dólares por año a los fundidores de la pesquera (como publicó Sudestada) y pide que de ese dinero el Estado se cobre la millonaria deuda de Los Fernández

Las autoridades de UTE se presentaron este lunes 19 ante el juzgado a fin de solicitar que se considere el contrato para la compra de electricidad de generación eólica a Kentilux SA como parte de la masa concursal de la fundida Fripur SA. El organismo busca demostrar que ambas empresas pertenecen al mismo grupo económico -la familia Fernández- y así permitr que el Estado se cobre unos 40 millones de dólares que le adeuda la empresa pesquera y de alimentos congelados cerrada en agosto de 2015, un año después de entrar en concordato. 
Sus dueños, los hermanos Máximo y Alberto Fernández Alonso, dejaron a casi mil trabajadores en la calle y una deuda superior a los 67 millones de dólares, de los cuales 40 millones se los deben al Banco República (BROU), según explicaron las autoridades de la institución en el Parlamento.
El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, confirmó que el organismo se presentó ante el Juzgado de Concurso de primer Turno, a cargo de la magistrada Sylvia Rodríguez, porque tiene "indicios suficientes" de que ambas empresas son del mismo grupo económico, creado por los hermanos Máximo y Alberto Fernández Alonso.
Hace cuatro meses, Sudestada denunció que Kentilux SA es una empresa de la familia Fernández que fue montada aprovechando la política del gobierno para impulsar el cambio de la matriz energética y la utilización de energías renovables, mientras esos mismos empresarios fundían la pesquera Fripur y dejaban a los trabajadores en la calle.

El 25 de mayo de 2011 los Fernández inauguraron un parque eólico con una potencia nominal de 10 MW/por hora, que luego fue ampliada a 17,2 MW/por hora.

Es que según explicaron a Sudestada fuentes técnicas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el resultado de la generación en el parque eólico de la familia Fernández resultó tan rentable –la producción de sus molinos supera el 40 por ciento de rendimiento cuando la media es de 30 por ciento– que pidieron y obtuvieron una ampliación del negocio. 
 

Ahora, el presidente de UTE admite que ese efecivamente es el monto que el ente le paga a los Fernández por la energía eólica que producen.
 
Los molinos de viento fueron instalados en el establecimiento Magdalena (por el nombre de la esposa y una de las nietas de Máximo Fernández), una estancia ubicada a la altura del kilómetro 44 de la ruta 1. Se trata de un campo de mil hectáreas donde, además, se desarrollan actividades agrícolas que incluyen el cultivo de soja y maíz, y el engorde intensivo de ganado.
 
Casaravilla explicó que en el trámite de concurso de acreedores de Fripur, UTE presentó el reclamo por deudas de esa firma por servicio de provisión de electricidad por una suma cercana a los 25 millones de pesos. Pero la idea es que el Estado se pueda cobrar todo lo que adeudan los Fernández, sobre todo los 40 millones de dólares que el grupo económco le debe al Banco República.

En el caso del contrato de compra de energía al parque eólico de 20 megavatios perteneciente a Kentilux SA, UTE  paga anualmente casi 5 millones de dólares desde hace cinco años. El compromiso se extiende aún por 15 años más, según dijo Casaravilla.
 
“Al igual que en el mundo se tiende a eliminar los paraísos fiscales y Uruguay ha hecho todos los deberes en tal sentido, de a poco la jurisprudencia uruguaya va haciendo lo mismo y va cobrando fuerza el concepto de grupo económico”, dijo el jerarca.
 
“Esto permite equiparar la actividad privada comercial y el accionar de los grupos económicos con las mismas reglas de juego a la que están sometidas las empresas públicas nacionales, en la que el Estado es, en definitiva, cuando corresponde, quien asume colectivamente los eventuales daños por su diferentes actividades (...) Nuestro interés es recuperar ese adeudo que es lo que trasladamos al resultado económico de la empresa”, puntualizó.

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