lunes, 6 de marzo de 2017

¿Dictadura o hegemonía?




La crisis interna del Partido Comunista, que entre 1989 y 1992 determinó una áspera lucha de fracciones entre ortodoxos y reformistas, fue, según los informes de los espías de la inteligencia militar, más un “ajuste de cuentas” ante dos temas nunca debatidos –las delaciones y traiciones a raíz de la tortura, y la existencia de un aparato armado– que una confrontación ideológica en torno a la dictadura del proletariado.


En 1988, cuando Rodney Arismendi anunció su decisión de abandonar la secretaría general del Partido Comunista de Uruguay (Pcu), el puñado de espías infiltrados por la inteligencia militar recolectaba informaciones, conversaciones y opiniones sobre quién sería el sucesor. Los agentes 86, 02-E y 35, entre otros, coincidían en sus reportes (ya fuera desde el propio local central de la calle Río Negro, donde hacían guardias nocturnas, desde el sindicato de Cutcsa, el seccional Mendiola o desde Aute) en que Jaime Pérez sería seguramente elegido secretario, por más que Esteban Valenti y León Lev parecían tener más peso político. En una conversación durante el acto del aniversario del Pcu, en octubre de 1988, el agente 86 informaba que Javier Tassino le comentó sobre “purgas en el partido, por la vía de la suplantación de antiguos funcionarios rentados por nuevos cuadros”.
Cuando Jaime Pérez fue confirmado en el cargo, los informes de los espías recogían opiniones de dirigentes de jerarquía media según las cuales era Valenti quien digitaba desde el poder. Pero en 1989, el triunfo electoral de Democracia Avanzada, con el 48 por ciento de los votos de todo el Frente Amplio, parecía consolidar el liderazgo de Pérez, adscripto incondicionalmente a las definiciones de la Conferencia Nacional del Pcu de 1985, cuando el partido levantó la consigna “Avanzar en democracia hacia una democracia avanzada”.
Fue una percepción equivocada: una cierta adaptación vernácula de la perestroika, que Pérez propuso en el XXI Congreso, implicaba un proceso de reforma, un “camino para avanzar hacia el socialismo, un socialismo pluralista, a la uruguaya, un socialismo sin dictaduras, que tenga en cuenta el amor a la libertad que nos legara Artigas”. En un programa de televisión, el secretario general se definió contrario a todo tipo de dictadura, “sea de izquierda o de derecha”, y en un famoso informe propuso eliminar la dictadura del proletariado como objetivo del partido. La sugerencia de Gramsci –sustituir dictadura por hegemonía– seducía a aquellos dirigentes impregnados de “eurocomunismo” durante el exilio, con la excepción de Arismendi; sería su hija Marina quien se alistaría en la corriente de los “ortodoxos”.
El secretariado ejecutivo del Pcu, dominado por los llamados “reformistas”, debió enfrentar desde fines de 1989 dos acontecimientos adversos: el fracaso de la perestroika, menos espectacular que la caída del muro de Berlín pero más decisivo para la liquidación de la Unión Soviética; y la muerte de Rodney Arismendi. La crisis del Pcu en 1991, en el contexto de la crisis general del bloque socialista, estaría más bien signada por una cuestión de liderazgo que por una confrontación ideológica, según reflexiona Federico Lanza, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, en su trabajo La crisis del Partido Comunista del Uruguay (1989-1992).
“A nivel nacional, entre los comunistas uruguayos también estuvo planteada una alternativa pragmática y oportunista, una negación no dialéctica”, subrayaban los “ortodoxos”. Aunque la dictadura del proletariado no aparecía desde hacía mucho en la propaganda del Pcu, la propuesta de eliminarla como concepto angular desató una reacción y un rechazo en toda la estructura del partido, que en principio no se visualizó en tanto la abrumadora mayoría de los miembros del Comité Central, electos por primera vez por voto secreto en el XXI Congreso, eran “reformistas”. No obstante, la crisis que desató el informe de Pérez transparentó los problemas soterrados, avivó la lucha de fracciones, y reveló que los cuestionamientos personales eran más antagónicos que las diferencias estratégicas.
EL ESPÍA. Laburante en una curtiembre, con la salud desgastada, con una esposa enferma y un hijo “con retardo”, “954-A-I”, militante del PC en el seccional Mendiola, fue seguramente reclutado por el Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) por sus estrecheces económicas, más que por discrepancias con la línea; el dinero era, por lejos, el factor más exitoso del amplio abanico de “debilidades” a explotar. Un informe del manipulador Elbio consignaba que “la fuente tiene a su esposa en cama con problemas de columna y también a su hijo en la cama con posible hepatitis, lo cual le ha insumido una gran cantidad de gastos extras que no tenía previstos y por tal motivo solícita la suma de 30 mil nuevos pesos para solventar los gastos en remedios y atención médica que tanto su esposa como su hijo le han originado”.
No era, claro, compasión cristiana. La inteligencia militar tenía en 954-A-I a un informante privilegiado, capaz de aportar datos confiables y de acceder, con un bajo perfil, a conversaciones privadas y reuniones exclusivas. También exhibía una gran capacidad de trabajo; tanto que, entre el espionaje y la atención a su familia, llegaba a la curtiembre sin dormir. Por otra parte, el sueldo de la inteligencia militar no era muy abultado: “La fuente solicita que le consiga una pomada calmante para pasarse en el hombro que se desgarró trabajando en la curtiembre. Y si es posible se le consiga pan y azúcar, que es uno de los alimentos, además de la carne, (en) que más gasta”.
A mediados de octubre de 1989 el Departamento III de la Dgid recibía las primeras ondas concéntricas de un plan “de autoconstrucción del partido, crecimiento y fortalecimiento de sus direcciones y agrupaciones”, que implicaba por un lado la consolidación de los organismos, y por otro, impulsar “una política de alianzas. El objetivo del Pcu es ganar la Intendencia de Montevideo, lograr la mayoría parlamentaria y de esta manera limitar la política de los partidos tradicionales”. El espía recogía expresiones de Jaime Pérez sobre un “socialismo libertario”, sobre la nueva imagen “que está dando la perestroika, y el objetivo de “conformar un Frente Popular con todos los sectores sociales”. El informante sostenía que “el partido no descarta la vía armada para consolidar el poder”, y el responsable de la inteligencia subrayó en el papel, con trazos firmes, su sorpresa: “¿Es una opinión de la fuente?”. La inteligencia había cambiado de nombre varias veces –para marear a los civiles– pero mantenía su acervo, en especial los informes de otros espías reclutados en dictadura mediante tortura o amenaza de tortura, que habían detallado el origen y el desarrollo del aparato armado del Pcu y habían contribuido a su desmantelamiento; el oficial responsable era escéptico sobre una resurrección de tal aparato en democracia.
Las explicaciones de Jaime Pérez sobre la eliminación de la dictadura del proletariado son variadas en los informes de los espías: “a su entender es porque el sistema político en Uruguay permitiría llegar al poder por elecciones”. En octubre de 1989 el agente 89 atribuía a Pérez el concepto de “acuerdo democrático humanitario. Se refiere a que antes no había respeto por el hombre y las cosas eran resueltas por tres o cuatro personas”. Según el espía, al hacer este llamado el Pcu “busca tener una mayor capacidad de alianzas con otras fuerzas, ya que el partido no tiene vuelta, se termina inexorablemente y se necesita una coalición”.
LOS ESPIADOS. A lo largo de 1991 los agentes realizaban un seguimiento de las reacciones que había provocado una carta del secretario general dirigida a todos los militantes, en la que sintetizaba las propuestas fundamentales de su reforma. El agente 718 informaba sobre un encuentro, en el local central, de lo que calificó como “fracción sindical” del Pcu. “La mesa fue dirigida por Juan Ángel Toledo y Cristina González. Jorge Silvano dio un informe sobre la reforma de estatutos del Pit-Cnt, pero la mayor parte del informe haciendo referencia a la carta redactada por Jaime. Tuvo una serie de interrupciones. Se le preguntó por parte de un representante de la Hora Popular qué pasaba con los empleados gráficos que se encuentran en huelga y que el partido los quiere echar. Después se le preguntó que él definiera qué quería decir socialismo democrático. Las preguntas fueron evadidas y no fueron contestadas.” En una nueva reunión del frente sindical “no se llegó a nada ya que los documentos (sobre la carta de Jaime Pérez) no estaban prontos por no estar de acuerdo entre los participantes y que no había plata para fotocopiarlos”. En el congreso extraordinario de la central sindical del 25 de octubre de 1991 “el sector renovador del Pcu intentó impulsar una reforma, pero fracasó. El sector conservador votó con el Mpp”, según un informe del 718.
Por su parte, 954-A-I ya manifestaba, en setiembre de 1991, su “preocupación por el tema de Jaime Pérez” al oficial que lo manipulaba. En el seccional Mendiola “predomina la tendencia de repudio total al secretario general del partido”. Una reunión del Departamental de Montevideo “discutió hasta las 6.30 el informe de Jaime Pérez. Se tuvo conocimiento de que aproximadamente la mitad de los seccionales están de acuerdo con la postura de Jaime Pérez y la otra mitad están en contra”. El espía, que participó de la reunión, consignó que “las personas de peso que están en contra son una tal Ana Olivera, un Nnm Balbi y un Nnm Gavina, mientras que en el CC son Marina Arismendi, Eduardo Viera y Alberto Altesor (que se encuentra enfermo)”.
Muchos seccionales, acotaba 954-A-I, impulsaban la realización de un congreso extraordinario y se oponían a la propuesta de la dirección de realizar un plebiscito para decidir en torno a la dictadura del proletariado. El responsable del espionaje le daba al manipulador la directiva de que el agente intentara fotocopiar el padrón para las conferencias de seccionales. Por entonces el partido estaba distribuyendo los nuevos carnés y en el local central se recibían las tirillas que documentaban la entrega. Al hacer entrega de las tirillas de los carnés del seccional Mendiola, 954-A-I presenció y asistió a varias reu­niones. “Aparentemente habría en el partido dos posturas claras, y una tercera, si se puede decir así, que sería minoritaria, que realizaría agregados o modificaciones a la propuesta de Jaime Pérez.” El espía acotaba que “quienes hoy por hoy predominan en el partido, son Rico, Sanseviero, Toriani, Silvano y por sobre todos estos, el cerebro que es Valenti. La imagen que hay de Jaime Pérez en algunos militantes es que, al no estar Arismendi, es un ‘títere’. Además se cree que el informe por éste realizado no sea suyo sino que haya sido confeccionado por las figuras dominantes del Pcu”.
La oposición a la tendencia reformista de la dirección impulsó una actividad fraccionalista: “hay militantes que se están reu­niendo y están trabajando en contra de la actual dirección. Estos militantes serían los más antiguos en las filas del partido”. 954-A-I reflejaba opiniones sobre un operativo de la dirección “similar al de la 99 para dividir las fuerzas y así ampliar el espectro”.
INTERNA. A comienzos de noviembre 1991 la crisis del partido se debatía en los medios, y las fracciones actuaban abiertamente. Mientras Jaime Pérez y Esteban Valenti concurrían al seccional del Cerro, Eduardo Viera y Alberto Altesor promovían dos reuniones, una en el seccional 20, de Paso Molino, y otra “en la casa de Alejandro Aguilera, en Mármol y Rivera Indarte, donde Viera entregó papeletas para la recolección de firmas para el plebiscito”. En el seccional 20, unas 67 personas escucharon los argumentos de Altesor y “se apreciaron discusiones fuertes” con militantes que apoyaban el informe de Pérez. “En una asamblea realizada en el seccional 22, donde habría concurrido Silvano, también la situación estuvo tensa, muy discutida; al parecer también participaron Liliam Kechichian y León Lev”.
Para entonces, según Altesor, en el Pcu existían cinco fracciones: “la de él, la de Massera, la de Julio Rodríguez, la de Ricardo Ramírez”. En un encuentro de “ortodoxos” en el local central, el espía recogió palabras de Altesor, para quien la demora en la entrega de carnés, como la falta de apoyo al acto del aniversario de la fundación del Pcu “son todos indicios de que esta dirección estaría decretando la desaparición del partido”. Hubo discusiones violentas, que se repitieron en otras instancias –como la ocurrida en el seccional del Cerro, donde “casi se fueron a las manos cuando Álvaro Rico afirmó que no existe más el Partido Comunista, el comunismo ya murió”–, por lo que “se promovió una reu­nión entre Altesor y Jaime Pérez para bajar la pelota al piso”.
Sin embargo, a medida que se acercaba la realización del congreso extraordinario, Altesor seguía disparando misiles. Según el espía, Altesor opinaba que “del Comité Central, de su estructura de raíces comunistas, deben de haber quizás tres o cuatro miembros, el resto es del Mln, como ser, entre otros 20 nombres que él mencionó, Hugo Bianchi, Ernesto Munro (sic), Beramendi, etcétera; después otro porcentaje de militantes son de la fracción socialista y apenas si queda un bajísimo porcentaje, el caso de Viera, Jaime Pérez, que son de la vieja estructura del partido y aún siguen siendo comunistas”.
“REAJUSTE DE CUENTAS.” En varias reuniones en la casa de Miguel Villar, Altesor insistía en la necesidad de un “reajuste de cuentas”. “Según pudo escuchar la fuente –decía el informe de inteligencia–, uno de éstos habría manifestado su indignación ya que durante toda la estadía en el penal habían negado la existencia del aparato armado y hoy por hoy han salido casos, de Ressano y anteriormente Latronico, a decir públicamente que habían integrado el aparato armado, incluso a comprometer a Cuba, lo cual también les molesta.”
954-A-I consignaba que el “reajuste de cuentas”, según Altesor, “será con todos los militantes que estuvieron presos. Dentro del partido se sabe quién colaboró con las Fuerzas Armadas y quién no, y este es el momento en que se ajusten y los hagan hablar”. Altesor sostenía que “debido a las circunstancias” se hizo caso omiso dentro del penal. Pero después, según Altesor, tampoco se encaró el problema, “ya que como planteó León Lev en una oportunidad en el congreso, no se podía dar nombres de ‘batidores’ y de ‘alcahuetes’ porque esto podía motivar una reacción contra esta gente y la masa del partido podía llegar hasta matarlos, lo cual significaría un desprestigio para el mismo partido, porque esto podría significar como que los comunistas habían asesinado a un delator”. El espía consignaba, en función de las opiniones recogidas en conversaciones con los “ortodoxos”, “que hay muchos que piensan que pasadas las conferencias de seccionales sea el momento para cobrar viejas cuentas que se vienen acumulando de la época del penal”.
En una reunión que el espía mantuvo en la casa de Altesor, junto con Villar, el tema del aparato armado cobró otra dimensión cuando el viejo dirigente comunista afirmó que las declaraciones públicas de algunos militantes sobre el tema habían sido instigadas por Jaime Pérez ”para enfriar la discusión”. Dijo que Pérez había sido el responsable del aparato armado, “junto con un tal Coirolo, un teniente del Ejército que después se dio vuelta”. Las directivas del responsable del Departamento III reclamaron más datos sobre ese militar, pero en el archivo de ese departamento había abundante documentación sobre el “Pato” Coirolo, sobre su detención en 1975 y su colaboración con las Fuerzas Armadas identificando a los militantes que integraban el aparato armado, detallando los viajes a Cuba y la Urss para entrenamiento, y dando la ubicación de los berretines que escondían las armas. Coirolo había sido cadete del Liceo Militar; su hermano era oficial del Ejército.
Altesor también habría afirmado que “el partido tiene millones de dólares invertidos en casas, comercios, en órganos de prensa, de radio e incluso hasta tres imprentas que están a nombre de un tal Armelino, que fue director en Codarvi; dijo que era dinero que venía del Pcus”. Según el espía, Altesor comentó que “Esteban Valenti, así como participa de la actividad comercial de Codarvi, integra aproximadamente unas 20 empresas más. Tendría acciones en una agencia de turismo, donde se encontraría un tal Liberof, que por eso éste está en la parte de turismo de la Intendencia”. Altesor estaba en lo cierto: el agente 08-G, “Rolando”, había entregado en abril de 1988 una lista de empresas cuyos titulares eran miembros del Mln, del Pvp o del Pcu, con detalles de creación y rubros comerciales o de servicios; en esa lista figuran 26 sociedades anónimas o de responsabilidad limitada con directivos que la inteligencia identificaba como pertenecientes al Pcu.
Altesor, principal impulsor de la fracción ortodoxa, falleció en febrero de 1992, y por tanto no pudo asistir al triunfo total de las posturas que defendía junto con Viera y Marina Arismendi, en el congreso extraordinario realizado en mayo de ese año, que descartó las propuestas reformistas y quitó a sus principales exponentes del Comité Central. Esteban Valenti, a esa altura, era considerado un “ultra renovador”, con una fracción denominada Encuentro por el Socialismo Democrático. Puesto que los ortodoxos habían dominado la Conferencia Departamental, que representaba a más de la mitad de los afiliados de todo el país, Valenti optó por no concurrir al congreso, iniciando un éxodo de renovadores que determinó la división. Al comienzo del congreso extraordinario, Jaime Pérez anunció su decisión de renunciar, tanto a la secretaría como al Comité Central. Pero no renunció a su banca de senador, que mantuvo hasta 1995. En 1996 escribió un libro de memorias, El ocaso y la esperanza, en el que fundamentó sus posturas de 1992 y donde, insólitamente, afirmó que la creación del aparato armado del partido fue un intento, exitoso, de impedir que militantes comunistas se pasaran al Mln-Tupamaros. El responsable directo de esa estructura militar, Álvaro Coirolo, fue detenido en 1974 y se convirtió en el Amodio Pérez del Pcu. Coirolo no es habitualmente citado cuando se menciona a otros notorios traidores, como Ariel Ricci y Jorge “Charleta” Guldenzoph. Del “reajuste de cuentas” con aquellos que habían colaborado con los militares no se tuvo noticias, al menos públicamente.











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