jueves, 25 de mayo de 2017

Uruguay no se presentó

Falta de voluntad





Uruguay, como Estado, ausente en audiencias de la CIDH

“Es algo insólito. Nos dicen de la Comisión que nunca ha pasado”, dijo Guianze

Este jueves el Observatorio Luz Ibarburu presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona extraordinariamente en Buenos Aires. Según informó la periodista de RNU enviada a Buenos Aires, Mónica de León, Uruguay como Estado no asistió a la audiencia de la CIDH y envió un escrito.

La directora de la Institución de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, opinó en De Ocho a Diez que “es algo insólito” que Uruguay no se presente a audiencia. “Nos dicen de la Comisión que nunca ha pasado”, dijo y agregó: “Uruguay es un país muy próximo, por lo cual no tendría dificultades para trasladarse”.

“Al parecer (el Estado uruguayo) habría enviado ayer una nota a la CIDH comunicando que no iba a venir, pero el espíritu de la audiencia es intercambiar, para que la comisión medie y luego saque sus conclusiones”, dijo Guianze.

El Observatorio Luz Ibarburu presentaría su preocupación por el estancamiento de 300 causas y del comando Barneix.

Guianze opinó que hace falta una política de Estado. “El Estado es el último responsable por las vulneraciones a los Derechos Humanos, los tres poderes. El Poder Ejecutivo tuvo en su momento algunas iniciativas interesantes pero ahora se requiere que haya un presupuesto acorde para que se pueda investigar”, acotó.



Escuchar aquí móvil de Mónica de León desde Buenos Aires y la entrevista a Mirtha Guianze.


Denuncian en la CIDH la impunidad en Uruguay

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que sesiona en Buenos Aires recibirá hoy en Audiencia al Observatorio Luz Ibarburu. Se plantearán centralmente las amenazas del “Comando Barneix” y la inoperancia de la Justicia en las causas de Derechos Humanos vinculadas a la dictadura.

Hernán Yanes
Sebastián Artigas
Jueves 25 de mayo


Durante la sesión 162 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se lleva a cabo en Buenos Aires, se realizará en el día de hoy la audiencia solicitada por el Observatorio Luz Ibarburu, organización que realiza el seguimiento de 305 expedientes judiciales referidos a casos de violación a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado.

El Observatorio solicitó la audiencia en función de las amenazas del denominado Comando Barneix contra civiles vinculados a causas de derechos humanos y la falta de cumplimiento de la sentencia de condena al Uruguay en el caso Gelman. Esa sentencia obliga a Uruguay a remover todos los obstáculos que impidan el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos y obliga al Estado a garantizar a las victimas sus derechos en materia de justicia, verdad y reparación.

Con respecto al comando Barneix no han existido avances en la investigación acerca de su accionar, situación similar a lo sucedido con el robo y atentado Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay [GIAF] acaecido hace más de un año. Estos hechos, junto a la comprobación de espionaje en el periodo democrático hablan de la impunidad reinante y el intento de amedrentar y silenciar a los denunciantes en las causas de DDHH.

El Observatorio planteará también las numerosas dificultades existentes a nivel judicial para avanzar en la investigación de las causas producto de la falta de voluntad política de parte del Estado.

Las cifras de la impunidad

A 32 años del retorno democrático solo hay procesados o cumpliendo su condena 19 represores (a los que se suman 7 ya fallecidos).

Si oficialmente se reconoce que casi 6000 personas pasaron por la Justicia Militar durante la dictadura, es decir que estuvieron presas y que fueron torturadas o sufrieron malos tratos y además hay más de 100 desaparecidos la cifra de menos de 30 responsables procesados muestra la magnitud de la impunidad y falta de justicia.

De los más de 300 expedientes penales, vinculados a la dictadura, el 70% no ha superado la indagatoria presumarial (no hubo siquiera el inicio del proceso). De las demás, un 23% han sido archivadas, 7% acumuladas a otros expedientes, 3% permanecen en etapa de sumario, 1% no se encuentran registradas, en 1% se declinó competencia, y solo un 3% recibió sentencia.

La actitud de los políticos del régimen heredero del Pacto del Club Naval da cuenta también del intento por dar vuelta la página y la voluntad de no avanzar hacia la verdad y la justicia. A la protección “militante” y explícita de blancos y colorado hacia asesinos y torturadores se le suma las señales que han dado los dirigentes del Frente Amplio en estos años. La visita de Mujica al represor Dalmao luego de su condena, el pedido de libertad para los “pobres viejitos” genocidas, la gestión de Huidobro como ministro protegiendo militares, entre otros hechos, dan cuenta de que el Frente Amplio tampoco está interesado en el avance de la verdad y la justicia.

Los integrantes del Observatorio Luz Ibarburu: Pablo Chargoñia, Florencia Retamosa y Raúl Olivera, y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Luis Vargas, José Orozco, Francisco Eguiguren y James Cavallaro, durante una audiencia, ayer, en Buenos Aires. Foto: Pablo Vignali

Sin dar la cara

26 • mayo • 2017 Natalia Uval

Los estados en general no se ausentan en las audiencias que realiza periódicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). El presidente de la CIDH y relator especial para Uruguay, Francisco Eguiguren, recordó la falta de Estados Unidos cuando se discutieron temas migratorios, así como las ausencias de Cuba y de Nicaragua, pero señaló no es habitual en el caso de los demás países.
La silla vacía del Estado uruguayo fue una alusión recurrente en los discursos de las dos audiencias sobre casos uruguayos que se celebraron en la mañana de ayer en el hotel Sheraton en Buenos Aires. El Estado se limitó a enviar una nota en la que comunicaba que no le sería posible participar “de modo presencial”, y que en cambio enviaba un documento para entregar a las organizaciones sociales. “Quiero expresar mi preocupación y sorpresa por esta situación. Estamos seguros de que recibiremos mayores explicaciones [por parte del Estado uruguayo], porque las audiencias de la CIDH son un foro, una vitrina para el esclarecimiento de temas”, señaló Eguiguren.
El comisionado de la CIDH James Cavallaro dijo no entender por qué las autoridades uruguayas no participaron en la audiencia, cuando están “tan cerca” de Buenos Aires. José de Jesús Orozco, comisionado de la CIDH, advirtió que la ausencia del Estado uruguayo “impide o dificulta de manera severa” que la comisión “pueda cumplir con su mandato de proteger los derechos humanos [DDHH] en la región”.
Las organizaciones de la sociedad civil que pidieron las audiencias también cuestionaron la ausencia de representantes del Estado y evaluaron que constituye “un vacío inesperado” de Uruguay al sistema interamericano de DDHH, que da “vergüenza ajena”.
Tras bambalinas
La primera audiencia se convocó a solicitud de una coalición de 130 organizaciones, que reclaman mayor transparencia en el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Marina Morelli, integrante de la organización Mujer Ahora, sostuvo que el proceso actual “tiene como núcleo duro la negociación político partidaria” y “se desarrolla entre cuatro paredes, en el más absoluto secretismo, sin participación ciudadana, sin transparencia, sin rendición de cuentas posterior que nos permita saber los criterios objetivos por los cuales se entiende que determinada persona es la más capaz” para ocupar el cargo de ministro de la SCJ.
Agregó que este secretismo es “inaceptable” y que las organizaciones ni siquiera obtienen respuestas a preguntas “tan simples como de dónde parten las candidaturas, ante quién se presentan las propuestas, cuáles son los criterios objetivos que se manejan para la elección”.
Tania da Rosa, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo), recordó que en junio de 2015 se presentó una petición al Parlamento, que ya se había presentado en la legislatura pasada, para que los legisladores definieran un proceso transparente de selección de los ministros. Afirmó que hasta el momento los parlamentarios no se han expedido ni han brindado respuesta formal a las organizaciones. Remarcó que esta actitud “desconoce los estándares interamericanos para fortalecer la independencia judicial” y “vulnera de manera inadmisible el derecho de acceso a la información pública”.
Finalmente, las organizaciones instaron al Estado uruguayo a garantizar un proceso “transparente y participativo” en la selección de los ministros de la SCJ. En su respuesta por escrito, el Estado uruguayo, por intermedio del presidente de la Asamblea General, el vicepresidente Raúl Sendic, manifestó que el tema planteado por las organizaciones es “atendible y prioritario”. “Es una preocupación de la Asamblea General fortalecer la transparencia en sus procesos, sobre todo en aquellos que comprometen los aspectos fundamentales de nuestro sistema democrático”, indica el escrito. Recuerda que la petición de la organización está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General, y que el 8 de mayo se presentó un borrador de reglamento para el proceso de designación de los ministros que está a estudio de los partidos políticos. “Surge entonces que la Asamblea General se encuentra comprometida con el mejoramiento de las prácticas institucionales que hacen al objeto de la petición”, concluye el documento.
Por su parte, el presidente de la CIDH evaluó que todos los sistemas de designación de jueces son distintos en cada país. De todos modos, coincidió en que estos procesos “tienen que transparentarse”, que debe estar regulado cómo se presentan las iniciativas y que deben difundirse las hojas de vida de los candidatos para que las organizaciones puedan pronunciarse. “Estoy totalmente de acuerdo con la idea de mayor acceso a la información”, afirmó. Otros comisionados de la CIDH coincidieron en la importancia de la transparencia en estos procesos.
Todavía esperamos
Una hora después, el tema fue la “política de impunidad” del Estado uruguayo. La delegación de la sociedad civil en este caso fue más numerosa, lo que acentuó el contraste con las sillas vacías a su frente. Además de los tres peticionantes, integrantes del Observatorio Luz Ibarburu –los abogados Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa, y el coordinador ejecutivo del Observatorio, Raúl Olivera–, se sumaron en un gesto simbólico de respaldo, detrás de ellos, la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze, la académica Francesca Lessa y el integrante del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil Jair Krischke. Tanto ellos tres como Chargoñia fueron amenazados de muerte este año por el autodenominado “comando Barneix”, en un episodio que aún no fue esclarecido por la Justicia.
Precisamente, este fue uno de los hechos que mencionó Retamosa, junto al robo al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF), para sostener que hay indicios de la persistencia de “un aparato de inteligencia militar ilícita que opera desde las estructuras del Estado” con las lógicas de la dictadura. Informó que como resultado concreto de las amenazas, la Universidad de Oxford le solicitó a Lessa que no viajara a Uruguay. Retamosa recordó que el robo al GIAF incluyó el señalamiento de los domicilios de los investigadores, “dando una señal inequívocamente amenazante”, y que tampoco fue esclarecido por la Justicia.
Olivera sostuvo que el proceso de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Justicia de la OEA para el caso Gelman “se ha visto afectado por la persistencia de la impunidad”. Mencionó las amenazas a las organizaciones de DDHH, la “responsabilidad de las instituciones estatales en el empantanamiento de las causas”, la persistencia del espionaje militar en democracia, “sin que el Estado tenga una conducta activa y ponga en funcionamiento una institucionalidad adecuada y eficaz”.
Chargoñia recordó que antes se esgrimía la Ley de Caducidad como “el único obstáculo para el juzgamiento” de los violadores de los DDHH durante la dictadura, y sin embargo, pese a que se restableció la pretensión punitiva del Estado en 2011, el resultado “es muy decepcionante”. Señaló que sólo hay 19 personas cumpliendo condenas por estas causas, sólo una enjuiciada por tortura, y 70% de los expedientes penales no superó la indagatoria presumarial. Consideró que no es posible prever un cambio en este panorama, debido a la “demora en la tramitación de las causas judiciales”. Afirmó que los represores “han sido beneficiados por la Justicia” a raíz de la conducta “omisa o negligente” de esta, habilitando todo tipo de recursos dilatorios presentados por los abogados de los represores.
Chargoñia sostuvo también que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia “no aparece como una herramienta eficaz” y “no ha logrado superar los discursos”, ya sea “por falta de recursos o por falta de coordinación”. Recordó que los militares retirados mantienen el estado militar y no han sido juzgados por tribunales de honor; “y no se advierte que esta absurda e insultante protección militar esté por concluir”, afirmó. Dijo que en la Justicia hay “descoordinación” en las causas y que no se la ha dotado de “los recursos necesarios” para afrontar estos casos.
Concluyó que en Uruguay hay “un diseño institucional despreocupado de la protección de las víctimas” y una “impunidad institucionalizada”. Sostuvo que el Parlamento no ejerce su función de contralor del Ejecutivo en este tema y que hay una “evidente falta de voluntad política” de un Estado “desinteresado” por las violaciones a los DDHH durante la dictadura. “La política de impunidad es una política de Estado en Uruguay”, sentenció.
Finalmente, Chargoñia pidió al Estado que tome medidas para el descongestionamiento de los juzgados penales que abordan asuntos de violaciones a los DDHH en la última dictadura, y llamó a “revisar” la decisión del Parlamento, que ya tiene media sanción, de crear una fiscalía especializada en DDHH. “No aparece como una solución para atender más de 300 causas penales”, advirtió. También solicitó al Estado que adopte “medidas protectoras de la integridad física” de los abogados y activistas de DDHH amenazados –ya que hasta el momento no hubo “siquiera declaraciones” que expresaran “alguna preocupación” por parte del gobierno–, así como para establecer las responsabilidades materiales e intelectuales “que corresponden” por estos hechos. Dijo que la investigación judicial sobre las amenazas da la impresión de ser “superficial, simple”. Concluyó que la “sorpresiva, preocupante, lamentable” ausencia del Estado en la audiencia “es la confirmación simbólica de la crítica que estamos formulando”.
Todos los comisionados expresaron su preocupación por las denuncias formuladas. El comisionado Jesús Orozco llamó a investigar “con la debida diligencia y [a] castigar a los responsables” de las amenazas, porque esta situación “no sólo afecta a la persona involucrada, sino también a los defendidos”, y tiene un “efecto intimidatorio” hacia la comunidad de defensores de los DDHH.
En su respuesta por escrito a las organizaciones, el Estado uruguayo hace un balance del cumplimiento de la sentencia del caso Gelman. Sobre la búsqueda de los restos de María Claudia García menciona que se han continuado las tareas de excavación en los predios del Batallón No 13 “sin que, hasta el momento, se hayan producido resultados al respecto”. Agrega que “de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente de Uruguay, la calificación jurídica de una conducta con apariencia delictiva le compete exclusivamente a la Justicia Penal”.
El gobierno evalúa que “desde el punto de vista de la jurisprudencia de la SCJ, no existe ningún obstáculo legal que impida investigar, perseguir y castigar los delitos que se hayan cometido” durante la dictadura. Menciona la creación de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, a estudio del Parlamento, y la capacitación de los fiscales en temas de DDHH.
Sobre las amenazas del comando Barneix, el gobierno menciona un informe que pidió a la jueza Julia Staricco, que está a cargo de la causa. La jueza explica que no ha podido rastrearse el origen del correo electrónico desde el que se enviaron las amenazas. Sólo se sabe que la IP de origen es de Estados Unidos. El 19 de mayo, la jueza dispuso que se librara un exhorto a una empresa de comunicaciones en Estados Unidos para determinar quién dispuso de la IP en el día y horario en que se mandó el correo electrónico.
Hoy se realiza la última audiencia por un caso uruguayo. A pedido de la Coalición por una Comunicación Democrática, se analizará la responsabilidad del Estado por no haber aplicado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta ocasión el Estado sí estará representado, por autoridades de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones y del Ministerio de Industria.
Explicación de la ausencia
Con el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren
–¿Es habitual que los estados se ausenten en este tipo de audiencias?
–No, no es lo frecuente. Pasó con Estados Unidos. Con Cuba es una constante. Y el que lo ha venido haciendo también es Nicaragua. Con los demás no ocurre, es muy extraño. Estados Unidos explicó que las razones por las cuales no fue a dos audiencias fue porque eran temas que estaban judicializados dentro de su país, criterio que obviamente no compartimos. Resulta muy difícil entender esto [la ausencia de Uruguay]. Como se ha mencionado, el país está cerca y esto está anunciado hace mucho tiempo. A todos nos ha generado una profunda sorpresa, pero quisiera saber cuáles son las razones que nos dicen.
Con el embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano
–¿Por qué no estuvo presente el Estado uruguayo en las audiencias de la CIDH?
–Se trata de una decisión soberana del gobierno relativa a estos temas. Es evidente que tenemos algunas visiones distintas respecto de los pasos a dar. Yo personalmente creo que Uruguay viene cumpliendo en términos programáticos con su compromiso de hacer todo lo posible en el terreno de los DDHH, respetando mucho también las otras opiniones. Nos ubicamos entre todos aquellos que tratamos de luchar por temas en los que hemos tenido una gran sensibilidad. Yo todos los 20 de mayo estoy frente al hotel Liberty con los uruguayos que se juntan para rendir homenaje a Zelmar Michelini y a los otros compañeros, muchas veces discrepando con los contenidos de una proclama que me parece que no reconoce la voluntad política del gobierno uruguayo.
–Hoy hubo cuestionamientos a lo que se denominó una “política de impunidad” del Estado, pero también hubo críticas a Uruguay por no participar en la audiencia; se dijo que esto minaba la actuación de la CIDH.
–Comprendo y lamento que se establezca una situación así, pero creo que Uruguay ha estado abierto al diálogo y que son innegables los avances que se han registrado. Uruguay tiene sus institutos propios, tiene hoy en Presidencia de la República un grupo de trabajo en DDHH, y se está trabajando en diversos ámbitos.









Sandro Soba

El general retirado Raúl Mermot :  "Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie. No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico"


por Jorge Zabalza (en memoria del Cacho Benia) publicado en VOCES


“Hoy es una tarde donde la verdad como la justicia siguen ausentes: las mentiras y la banalización de las tortura en dictadura nos trata de ganar la cabeza. Lo que ellos llaman exceso fue tortura, como claramente lo dijo el fiscal y presentó inmediatamente la apelación. Arriba los que luchan y si no hay justicia, habrá condena social”. Sandro Soba luego que Blanca Rieira interpetó la ley de modo de no encontrar razón alguna para procesar el general Mermot por apología de la tortura.


Si mal no recuerdo, medio siglo atrás nos enseñaban en Facultad que la conducta del hacedor de justicia traducía en acción la palabra de la ley, o sea, que hacer justicia es actuar conforme a lo prescrito por el derecho positivo. La justicia no es un valor abstracto sino una cuestión práctica; no es un principio etéreo, intangible o divino sino una forma de comportamiento humano, concreta, vulgar y silvestre.

Para Aristóteles era muy justo que unas personas nacieran para esclavos y las otras para ser sus amos, su sentido de justicia era el mismo que luego se convirtió en dogma de la iglesia católica y siglos después reglaría la conducta de los nazis. Sin embargo, no era el que tenían los violentamente reducidos a la esclavitud. Para ellos, justicia era la de Espartaco. El mundo cambia y los filósofos griegos ya no pueden boludear, paseando sus ocios por templos y plazas marmoladas para consumir el tiempo libre que robaban a los esclavos. Aunque salario mediante las mayorías siguen sometidas sutilmente al trabajo forzoso, hoy día nadie en el mundo puede creer que la esclavitud sea un acto de justicia. Ni el fiscal Zubía podría ser tan payaso de sostener semejante barbaridad.

Los actos de justicia se dan en dos momentos: en el primero, se aprueban las leyes, códigos y constituciones y en el segundo, se aplican las normas o se administra justicia. En el primer momento, los parlamentarios aprueban leyes en función de sus concepciones y puntos de vista políticos, que son los hegemónicos, o sea los de la clase social dominante. Lo político prima sobre lo jurídico, como dice algún sabio de boliche. Fue por esa razón que, poco después del 2005, los diputados y senadores progresistas aprobaron la ley que convirtió la ocupación de tierras en delito penal, una decisión política para proteger la propiedad privada de unos pocos. Cometer un acto legislativo tan injusto les provocó reordimientos y por eso, haciendo gala de fina hipocresía, aplauden contentos al gran rostrudo que defendió la propiedad social de la tierra y la reforma agraria en un acto en Brasil, bien lejos de donde votó sancionar con años de prisión a los que ocuparan tierras.

Primero se aprueba el paquete político-jurídico y luego se debe aplicarlo en concreto. Hubo momentos de la historia en que esa secuencia escalonaba leyes que favorecían a los muchos y un poder político que las aplicaba sin pusilanimidades. Fue así cuando José Artigas promulgó el Reglamento de Tierras de 1815 y lo aplicó repartiendo los latifundios expropiados sin indemnización. Fue un acto de justicia para los miles de beneficiarios del reparto y un acto de injusticia para los malos españoles y peores americanos dueños de las enormes estancias. También fue un acto popular de justicia cuando en aplicación de una ley aprobada por la Convención Nacional, los parisinos pasaron por la guillotina los cuellos de la familia real francesa. Acto lamentado como una injusticia por la nobleza feudal europea que se organizó en la Santa alianza para ver de restaurar el derecho divino a ser oprimidos por reyes. No hay vuelta, lo que es justicia para el pueblo, es injusticia para quienes lo someten y explotan.

Para absolver al general Mermot, la jueza Blanca Rieiro recurrió a los criterios de justicia esgrimidos por autores de los años ‘30, cuando se imponían las tesis jurídicas del fascismo. Por eso Blanca pudo distinguir torturas de apremios físicos, cómo si no fueran la misma cosa. Rieiro debería haber sufrido plantón durante una semana, haciéndose pichí en los calzones, con manoseos permanentes a su culo y tetas, para tener una idea práctica del apremio físico versión Mermot. Su forma de ver la justicia cosecha elogios y aplausos de los sectores comprometidos con la impunidad a la vez que es rechazada por quienes sentimos que en este país están ausentes la Verdad y la Justicia. Las víctimas ven la justicia con un color y los victimarios la ven sin color alguno, absolutamente negra. Blanca Rieiro eligió aplicar el sentido de justicia que protege a los impunes.

En cambio, cuando una jueza sostiene que se debe aplicar el derecho internacional a los crímenes de lesa humanidad, será implacablemente perseguida por los dueños del poder -civiles y militares- para que no practique sus interpretaciones, aunque ellas sean compartidas por la mitad de los ciudadanos que votaron en el 2009. En la misma dirección, para imponer el Olvido y el Perdón como práctica jurídica, fueron amenazados los abogados y personalidades defensores de los derechos humanos en el Uruguay. Quieren que se hagan amigos de los jueces de la impunidad, que no les den de qué quejarse. Usan su poder para presionar a quienes entienden que justicia es condenar a los criminales del terrorismo de Estado.

La retirada ordenada a los cuarteles en 1985, nos dejó sometidos a una doble tutela: la de inversores privilegiados con exoneraciones de impuestos, zonas francas y vías férreas para mejorar sus negocios y las de los mandos militares que cada tanto sacan su lengua viperina de la cesta para asustar a Tabaré Vázquez y a su ministro de defensa, Dr. Juan Vicente Chiarino.

El último 20 de mayo se salió otra vez a gritar en silencio que no queremos vivir más bajo tutela, que todos deben ser iguales ante la justicia y el derecho… en realidad, compañeras y compañeros, estamos pidiendo un imposible: el poder judicial, el derecho y el Estado siempre protegerán criminales de lesa humanidad y a inversores de cuello blanco, ¡¡es su razón de ser!! La democracia es tutelada o deja de ser burguesa y se transforma en poder popular. Esa es la realidad, pero nos entretenemos con apologías del onanismo mientras los impunidores hacen su agosto.

Alfredo, amigo mío, a menos que quisieras confirmar lo que ya sabes de antemano, realmente parece ocioso pregunta si la justicia es diferente para pobres y para ricos. Es terrible, pero no somos iguales ante los administradores del poder judicial. En la vida no somos iguales.

Jorge Zabalza

>>> Denuncia penal por apología a la tortura

>>> Absolución de la Jueza Rieiro







El 15 de abril de 1972 el Parlamento aprobó el Estado de Guerra Interno. Otorgó competencias a la denominada Justicia Militar para juzgar las acciones y conductas de todos aquellos ciudadanos que las Fuerzas Conjuntas, integradas por las tres armas y la Policía, entendieran que debían ser sometidas a la misma. Fue en el marco de la guerra desatada, en base al Decreto 566/1971 de Jorge Pacheco Areco, contra lo que se denominó “subversión”.

Esta cesión de atribuciones, exclusivas y propias del Poder Judicial, al ámbito castrense, significó una grave alteración de la realidad institucional del país, basada, hasta ese momento, en tres poderes independientes. El Poder Judicial, sin expresar siquiera inquietud, preocupación o molestia en forma pública, dejó de ser un poder del Estado para transformarse en un apéndice de segundo orden, enfocado en asuntos de menor jerarquía. Las Fuerzas Armadas, actuando ya con gran autonomía, comenzaron a ser casi un poder del Estado para la administración de justicia.

Juez Sumariante: complicidad en torturas

El reciente procesamiento del cnel ® Rodolfo Álvarez Nieto, injustamente procesado según el teniente gral. ® Raúl Mermot, llamó la atención por ser el primer militar a quien se le tipificó el delito de Torturas, a 32 años del retorno a la vida democrática. En su momento, Uruguay fue el país con la mayor cantidad de presos políticos en relación a su población. La tortura, masiva, sistemática, generalizada, tal como lo señaló Serpaj en 1989, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para gobernar, mantenerse en el poder y destruir a los opositores. Más de 6.000 uruguayos fueron formalmente condenados por los tribunales militares.

Aunque fue un notorio torturador, actuando incluso a cara descubierta durante el año 1972, el cnel ® Rodolfo Álvarez Nieto fue procesado por el Dr. Ángel Gómez, no por haber participado en ellas en el caso del denunciante Gerardo Riet, sino por haberlas avalado actuando como Juez Sumariante en el año 1980. Teniendo su sede en el Batallón de Artillería N° 1, La Paloma, concurrió al tenebroso centro clandestino de detención y torturas conocido como La Tablada a tomar testimonio al detenido. Allí, mediante amenazas, lo obligó a firmar un acta que debía resumir sus declaraciones y que él mismo había llevado ya redactada. Así funcionaba la denominada Justicia Militar. Así ocurrió en la inmensa mayoría de los testimonios de los detenidos ante dichos tribunales.

Gerardo Riet fue secuestrado en la calle. Luego de más de 40 días de permanecer desaparecido, aislado, detenido y sometido a torturas brutales que figuran en el expediente, compareció encapuchado, con signos visibles y notorios de lesiones físicas, ante el Juez Sumariante coronel ® Rodolfo Älvarez Nieto, en el mismo centro clandestino de tormentos, que lo obligó a firmar un acta auto incriminatoria confeccionada con anticipación por quienes iban a condenarlo. Sin ningún valor para siempre. Como todas las actas de los tribunales militares.

La Declaración del Estado de Guerra: un golpe a la separación de poderes

La Declaración del Estado de Guerra Interno modificó sustancialmente la institucionalidad democrática en el camino hacia el terrorismo de Estado. El Parlamento concedió facultades extraordinarias a las Fuerzas Conjuntas aumentando su innegable poder. En los hechos, de manera implícita, autorizó el uso de la tortura como metodología estatal en forma masiva, sistemática y generalizada. La represión que se ya desarrollaba desde mucho antes, se profundizó y agravó en todo el país. Privó a miles de uruguayos del legítimo derecho de ser juzgados de manera imparcial como lo establecen las normas constitucionales- Miles fueron sometidos a su jurisdicción inconstitucional, sin garantías y fueron condenados por los aberrantes tribunales castrenses.

La sentencia del juez Ángel Gómez es una condena, irrebatible, incuestionable, con todas las garantías del debido proceso, al cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto por su complicidad en las torturas a que fue sometido Gerardo Riet. Al mismo tiempo es un indudable cuestionamiento a la Justicia Militar cuando ella se aplicó a civiles y a militares constitucionalistas. El mismo se extiende y abarca a la propia Declaración del Estado de Guerra Interno y al sistema político que lo impulsó.

El procesamiento del cnel. ® Rodolfo Álvarez Nieto, producido a 32 años, interpela también a todo el Poder Judicial que no ha actuado al respecto hasta el momento con la firmeza y la tenacidad que corresponde. Ni siquiera el capitán ® Arsenio Lucero que reconoció haber torturado en la causa judicial por abusos sexuales ha sido procesado por dicho delito que desde los tribunales de Nuremberg y de Tokio integra la lista de crímenes de Lesa Humanidad cuando se ejecutan como en el proceso uruguayo.

La investigación y el castigo de las graves violaciones de los derechos humanos es fundamental para que ellas no vuelvan a ocurrir. La impunidad alienta siempre la repetición. No son asuntos viejos. El déficit de la Caja Militar deja claramente al descubierto que impunidad y privilegios van unidos, desde el retorno a la democracia.

Desde octubre de 2011 no existen obstáculos legales que impidan investigar y castigar. Con el auxilio del Poder Ejecutivo, mucho más diligente y comprometido, el Poder Judicial tiene que cumplir con sus obligaciones. La Suprema Corte de Justicia debe hacer su aporte inexcusable al respecto. No más dilatorias toleradas de los terroristas de Estado ni jueces abarrotados de causas imposibilitados de cumplir. No más impunidad.
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Crysol Opinando N° 8 – Año 6 – Jueves 25 de mayo de 2017






Qué cosita!

Que se hagan públicos todos los archivos!!!



por Samuel Blixen

25 mayo 2017

No se vaya a creer que la inteligencia militar invierte la totalidad de sus esfuerzos en espiar a partidos políticos, sindicatos y centros religiosos. También mira para adentro, como revelan muchos documentos de los archivos militares. A continuación, botones de muestra.


PICA LA COLT. No bien se supo que, a finales de 1976, las Fuerzas Conjuntas habían terminado la oleada represiva conocida como Operación Morgan, incautando al Partido Comunista (Pcu) un voluminoso arsenal que incluía 66 rifles M16, la embajada de Estados Unidos en Uruguay manifestó un inocultable interés por determinar su procedencia. El M16 era la versión del AR-15 que la fábrica Colt fabricaba exclusivamente para el Pentágono y que había confrontado su poder de fuego y versatilidad con el soviético AKA-41 en la guerra de Vietnam. Una buena parte de los M16 incautados habían sido introducidos en Punta Piedras, en la costa fernandina, entre La Barra y Manantiales, trasbordados de un carguero ruso a una lancha, Aldabarán, a finales de los años sesenta. Esos rifles fueron distribuidos en casas de militantes del Pcu, que los escondieron durante años, hasta que el encargado de logística del aparato armado, el Pato Coirolo –considerado el Amodio del Pcu–, decidió entregar todos los “berretines” no bien fue detenido por oficiales del Sid (Servicio de Información de Defensa).
El parte especial de información número 179 del Estado Mayor del Ejército, rotulado como “secreto”, explicaba, el 15 de abril de 1977, que “esta oficina no tiene medios de obtener mayor información sobre cómo el Pcu obtuvo dichas armas”. No iban a ser más realistas que el rey: el agregado de Defensa de la embajada de Estados Unidos informaba que la Oficina de Identificación de Armas Militares había fracasado en el intento de “rastrear el origen de la corriente de rifles M-16 rescatados en Uruguay, en escondrijos”. De los 66 rifles, el Departamento de Defensa sólo pudo confirmar que siete de ellos se habían “perdido” en Vietnam. El resto debía atribuirse al departamento de contrabando de la Colt: “Las investigaciones revelaron que el fabricante había duplicado el número de serie en 2.578 rifles M-16”. (Documento 0066, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)


PIOJOS SEDICIOSOS. El teniente coronel Marcelino Rodríguez, jefe del Departamento II del Estado Mayor del Ejército, ingresó la información proveniente del Departamento de Seguridad Militar del Ministerio de Defensa, originada el 23 de abril de 1977, dando a conocer que el hijo del soldado de primera Luis Augusto Costa fue expulsado de la escuela número 169 del Cerro, por la directora y maestra Dinora, aduciendo que el niño tenía “pediculosis”. El teniente coronel ordenó distribuir copias al Sid y al Estado Mayor Conjunto (Esmaco). (Documento 0114, rollo 576, “Archivo Berrutti”.)


¿PARA QUÉ? La Junta de Comandantes en Jefe, por intermedio del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas (Siffaa) daba a conocer el 30 de noviembre de 1984, cinco días después de las elecciones nacionales que confirmaron la redemocratización, que quedaban sin efecto las requisitorias de 12 ciudadanos cuyas capturas habían sido solicitadas en años anteriores. Algunas, por prescripción del delito, otras por procesamientos, y hasta una por “haber regularizado su situación”. Entre los ciudadanos figura Miguel Ángel Ríos Casas, cuyo procesamiento fue dictado “de acuerdo a lo establecido por Oficio número 406/84, de fecha 20-XI-84 del Juzgado de Instrucción Militar de Cuarto Turno”. Ríos Casas fue herido de bala en un tiroteo ocurrido el 26 de diciembre de 1977 en la localidad de Laferrere, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Fue visto por última vez en el centro clandestino “Pozo de Quilmes”, en abril-mayo de 1978, fecha en que se presume hubo un traslado clandestino a Uruguay de prisioneros secuestrados en Argentina. El 20 de noviembre de 1984 estaba definitivamente desaparecido. (Documento 0036, rollo 595, “Archivo Berrutti”.)




UN PREMIO AL MEJOR CORRUPTO. Un comunicado de la Guardia de Artigas denunciaba, a comienzos de 1994, los actos de corrupción del coronel Milton Gianola, a quien le atribuían “un pasar fastuoso”, debido a los beneficios obtenidos con la compra de equipos cuando era jefe del Departamento de Informática del Estado Mayor del Ejército, con la actualización de tanques M-41 mientras oficiaba como jefe de Logística, y en los negociados secundados por el empresario Svetogorsky, presidente de International Trade Consorcium (Itc) y realizados a través de Cambio Durán, “del que es accionista el coronel Gianola”. La Guardia de Artigas denunciaba que el teniente general Rebollo había sido puesto en conocimiento de los actos de corrupción, y que su sucesor, el teniente general Daniel García, también había ignorado la denuncia, designándolo para una misión en Mozambique.
El informe interno número 11 de la inteligencia militar confirmaba que el Cambio Val de Marne, propiedad de Sergio Durán Buedo, y el Cambio Durazno tuvieron al coronel Gianola como “cliente en calidad de jerarca de reparticiones militares”, e identificaba al coronel Alberto Loureiro como ejecutivo de la firma de Svetogorsky. (Documento 0063, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)


PECADOS MENORES. Daniel Alejandro Bordón había sido agente de segunda en la comisaría 10, y en setiembre de 1994 hizo una solicitud de ingreso para trabajar en el Departamento III (Operaciones) de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid). El estudio de seguridad correspondiente al aspirante resultó negativo, “ya que figura en una lista de probables firmantes al referéndum por la ley 15.848”. Por si fuera poco, extendiendo el estudio de seguridad a las referencias aportadas, resultó que su madre, su padre y su concubina “son todos afiliados al Pcu”. La solicitud fue denegada. (Documento 0295, Rollo 1423, “Achivo Berrutti”.)
La ex soldado de primera Andrea Volpi había dejado de trabajar en el Departamento IV de la inteligencia militar en febrero de 1994 por “rescisión de contrato”. Al mes siguiente había obtenido un nuevo empleo, pero a sus familiares sólo les comunicó el número de teléfono de su trabajo: 473665. Los familiares dedujeron que Andrea no quería decir dónde trabajaba. Pero la Dgi, que todo lo sabe, “habiéndose efectuado búsqueda en la guía de Antel”, pudo descubrir que el teléfono pertenecía al diario La República, y concluyó que Volpi no deseaba “mencionar o admitir que estaba trabajando en ese órgano de prensa”. Una discreta vigilancia comprobó que “la causante concurrió a esta sede de la dirección y se movilizó libremente por varias instalaciones, la planta alta, la plaza de armas y el costado del casino, donde trabaja su hermana”. “Interrogada en forma casual, al serle consultado dónde estaba trabajando, manifestó textualmente: en el Cambio Velso.” (Documento 1001, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Verónica Isabel Piloni Torres, soldado de primera, que trabajaba en el Centro de Procesamiento de Datos del Servicio Geográfico Militar, tuvo la mala idea de concurrir, junto con su esposo, al acto final del Encuentro Progresista, en noviembre de 1994, “portando banderas”. La inteligencia puede ser lerda pero siempre se manifiesta: en agosto de 1995 el Departamento I de la Dgid incorporó la mancha en el legajo. (Documento 1003, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Gustavo Coll de León, que en junio de 1995 prestaba servicios en la Fuerza Aérea Uruguaya como soldado de primera, “fue visto en un vehículo con adhesivos del FA”. (Documento 0463, rollo 1540, “Archivo Berrutti”.)
Para cuando el Departamento I de la Dgid obtuvo el estudio de seguridad de la aspirante Verónica Borges, ésta ya estaba trabajando en la Oficina de Personal del Departamento IV de la inteligencia militar desde hacía cinco meses. El estudio había revelado “aspectos negativos indirectos”, puesto que su esposo y dos de las personas aportadas como referencias eran probables firmantes del referéndum contra la ley de caducidad. La revelación no daba para la baja, pero se sugería que fuera “redistribuida a áreas de trabajo menos sensitivas” y que se considerara no renovar el contrato, una vez vencido. (Documento 0352, Rollo 1423, “Archivo Berrutti”.)


TRANSFERENCIAS. En setiembre de 1993, el Departamento III de la Dgid consignaba que “el viaje realizado por el comandante J A N a Suiza se encuadraría en la revisación de los fondos que la fuerza de mar tiene depositados para la reparación de buques. Se sabe que la cuenta fue cambiada de un banco de Londres a uno de Estados Unidos y finalmente a uno de Suiza. Se cree que la misma asciende a millones de dólares y que por el traspaso de fondos de tal magnitud existiría un premio remunerado, lo cual habría ido a recoger el comandante J A N ”. (Documento 0077, Rollo 1326, “Archivo Berrutti”.)








miércoles, 24 de mayo de 2017

Capitales chinos arrasan nuestro mar



 >>> Uruguay amplió plataforma continental



>>> Para entregárselo a los chinos




Acuerdo de Libre Comercio Uruguay - China busca ceder un puerto pesquero a la flota china para el Atlántico Sur, con una zona franca incluída, esto generaría la depredación de los nares territoriales uruguayos hasta la Antártida dándole un toque de legalidad a las actuales incursiones ilegales de los pesqueros chinos arrasando con la riqueza de nuestros mares.


El anuncio de la llegada de empresas chinas en el ámbito de la pesca fue presentado como una buena noticia aunque podría traer consecuencias graves para nuestra comunidad. No sólo a las familias que viven de la pesca artesanal, sino al medio ambiente, a nuestros recursos naturales y a la actividad turística. La palabra de los especialistas, los antecedentes de este tipo de proyectos y el modus operandi de las pesqueras chinas aquí y en el resto del mundo.

960 trabajadores de FRIPUR fueron al seguro de paro

Representantes del Frigorífico Pesquero del Uruguay (Fripur SA), de los trabajadores de esa empresa y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron el viernes un acta de acuerdo que establece que toda la materia prima ingresada a la planta será procesada para que se comercialice y se pueda pagar los salarios correspondientes a agosto. El jueves, los hermanos Máximo y Alberto Fernández, propietarios de la firma, comunicaron la decisión de cierre al titular del MTSS, Ernesto Murro, quien convocó con urgencia a un ámbito tripartito.



Adriana Pugliese // La Paloma Hoy

“Estuvimos visitando la ciudad de Soushan (…) de esa ciudad es que ha venido cuatro veces una empresa que opera en el rubro pesca y puerto, cuyo nombre es Helishen y que en julio del año pasado comenzó los contactos en nuestro país, y la realidad al día de hoy es que de la solicitud de permiso que han tramitado que fue para pescar merluza negra, tomando como base portuaria el puerto de La Paloma, esos permisos ya están adjudicados por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, por lo tanto, en este momento los barcos que vendrían a la pesca de ese recurso están en fabricación en China. Son tres barcos en los cuales lo que es importante para nosotros, y hemos mantenido reuniones con la ANP, es la aceleración de los procesos de ejecución de obras del puerto, para que los barcos cuando estén prontos puedan tener el calado suficiente para operar.” – este es el nudo del anuncio que realizó el Intendente Aníbal Pereyra a su regreso de China y que poco a poco fue encendiendo las alarmas de la comunidad de La Paloma y debería preocupar en realidad a toda la sociedad uruguaya.





Luego del fallido proyecto de Puerto de Aguas Profundas en Rocha y del indisimulable fracaso del Puerto Maderero en La Paloma - en el cual se malgastaron varios millones de dólares - el gobierno de Rocha busca un nuevo esquema que por lo menos sirva de promesa sobre futuras inversiones, pero parece seguir eligiendo el peor de los caminos: en lugar de potenciar el turismo, de invertir en mejores servicios, de trabajar sobre la seguridad y la infraestructura, está buscando que el Puerto de La Paloma se convierta en base de operaciones de pesqueros chinos…






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China es el mayor mercado del mundo de pescado y tiene la mayor flota pesquera legal e ilegal de ultramar del planeta. El imperio asiático desarrolla la mayor parte de su pesca de ultramar en el oeste de África, y es allí justamente donde se han acumulado la mayor cantidad de denuncias por la actividad ilegal y la violación de los territorios marítimos.

En América Latina hace tiempo que algunos países ven con preocupación el interés chino en la zona ya que, en determinados casos, la falta de control hace que el territorio marítimo de nuestra región sea una verdadera oportunidad de llevarse todo lo que puedan, ya que nadie o casi nadie los vigila… Uruguay, en base a la superficie marítima que posee y a los medios con que cuenta, es el que está en la peor situación, ya que no puede controlar la actividad en su territorio marítimo. Hecho reconocido públicamente por el ex - ministro Fernández Huidobro ante un caso de pesca ilegal. Vale señalar que en Rocha hoy la vigilancia es prácticamente imposible. Fuentes de Prefectura nos indicaron que el primer paso es detectar la presencia de embarcaciones ilegales, para lo cual se necesitaría un Radar (el puerto de La Paloma no tiene Radar), y el segundo paso sería capturar a los buques, (la Prefectura asentada en Rocha no tiene embarcaciones para intervenir, ni está equipada o entrenada para ese tipo de acción…).


Entonces, darles permiso para pescar en nuestras aguas y que usen de base el puerto de La Paloma permitiría que llevaran adelante la operatoria ya comprobada en otros lugaes: que acuerden el ingreso de algunos buques pesqueros chinos mediante permisos de pesca, pero ingresen a pescar cientos de buques mellizos sin control alguno, o con un supuesto control formal que “tranquilice” a la población
. (Ver aquí los datos recogidos por el experto en industria pesquera César Augusto Lerena.)

Este sería, a todas luces, uno de los fundamentos principales del interés chino en esta zona.


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Hoy en día en el puerto de La Paloma están trabajando alrededor de 30 lanchas o barcazas de pescadores artesanales, todos ellos pertenecientes al entramado social local. Hablamos con algunos de sus integrantes, quienes explotan de manera sostenible los recursos en La Paloma, y nos expresaron sus temores por la falta de controles del gobierno para con las empresas pesqueras de bandera china y las pésimas experiencias del pasado.


Debido a este interés manifestado en los últimos meses por los asiáticos en recalar en nuestra ciudad (de solo 4500 habitantes y cuya principal fuente de ingresos es el turismo) es que nos hemos abocado desde hace unos días a investigar la pesquería china y sus principales problemas en el mundo, pero principalmente en el sur, donde sabemos los inconvenientes que ha generado y por los cuáles los países limítrofes han negado sistemáticamente la instalación de bases pesqueras chinas en sus puertos. Para recabar datos e informes hemos consultado a especialistas del exterior y del país, a funcionarios de Prefectura, de la Intendencia, de la Administración Nacional de Puertos…


Ya sabemos: en Uruguay, poner un grabador sobre la mesa, y especialmente en Rocha, es como mostrar un arma. Algunos callan de inmediato o palidecen, otros aportan datos y conocimientos recién cuando el grabador se apaga… Sólo algunos hablan abiertamente.


Sin embargo, la información está disponible y con ella podemos exponer aspectos importantes y preocupantes de un proyecto cuya información, no casualmente, se retacea o apenas se insinúa. Los acuerdos se tejen a la sombra, cuando en realidad las leyes obligan a los gobiernos a informar a la población las decisiones que toman, sobre todo cuando se corre el riesgo de comprometer el patrimonio y el futuro, no solo de una zona, sino de todo un país.
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“Si tuviesen que cumplir con normas, dejaría de interesarles explotar los recursos del Uruguay.”
Milko Mariano Schvartzman se especializa en investigar situaciones de abuso en ultramar. Comenzó el diálogo con La Paloma Hoy afirmando que conoce La Paloma y que conoce a fondo la manera de operar de la flota pesquera china: “También conozco el manejo pesquero con los barcos industriales de Uruguay; los temores de los habitantes de La Paloma están bien fundados.” – afirmó.
En un breve resumen de la situación planteada, Schvartzman explicó que “Debido a la escasez de pescado en el hemisferio Norte, y el agotamiento de los caladeros del Mar de China, éste país subsidia el combustible y el instrumental de su flota pesquera, para que viajen a zonas alejadas del Planeta, para explotar los recursos que ellos han hecho disminuir o desaparecer.”
Otro dato paradigmático es que, según explica Schvartzman “Las embarcaciones chinas tienen capitán y oficiales chinos, y el resto de la tripulación son semi-esclavos procedentes de países en situación desesperante, como Indonesia, Malasia y África. Los barcos chinos han sido denunciados en todo el mundo, y en Uruguay también, por el maltrato a la tripulación, y por la violación de los Derechos Humanos a bordo. En pocas palabras: los barcos chinos son barcos altamente depredadores, con combustible subsidiado por su estado, y con tripulaciones de esclavos.”
En estas condiciones, ninguna embarcación ni pescador de Uruguay puede competir con barcos que reciben subsidios estatales, que utilizan mano de obra esclava, y que además no cumplen con ninguna norma. “Si tuviesen que cumplir con normas - asegura  Schvartzman - dejaría de interesarles explotar los recursos del Uruguay.”
Es decir: un gobierno que se autodefine como progresista estaría impulsando un acuerdo con un país cuyo modelo de explotación pesquera no respeta los derechos a sus trabajadores, que destina a sus empleados a condiciones inhumanas y que realiza prácticas delictivas que son parte del negocio mismo…
En este sentido, el especialista señaló que, en los hechos, “el Gobierno del Uruguay no exige el cumplimiento de la más mínima norma ambiental (ni de pesca sostenible ni sobre contaminación), ni laboral, ni de seguridad a la navegación, a los barcos pesqueros extranjeros que operan en sus puertos” y opinó que no cree que este caso, con el posible acuerdo chino con Rocha, “vaya a ser una excepción.”


Vendepatrias
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En cuanto a las consecuencias directas que esta actividad puede tener en nuestra zona, el especialista fue tajante: “En caso de que estos barcos obtengan permisos para pescar anchoíta u otra especie dentro del Mar de Uruguay, el impacto ambiental y social será devastador, como ya ocurre en varias regiones de África, donde se les ha permitido pescar mediante acuerdos con los gobiernos, y han causado severos daños en el ecosistema y en la economía de los pescadores locales.”
En este sentido, Schvartzman explicó que “El arte de pesca para la anchoíta que se utiliza es la red de arrastre, la cual tiene un severo impacto ambiental, es un método en el que se capturan especies no buscadas 'by-catch'. Además de los impactos del método de pesca, uno de los principales 'aprovechamientos' que se hace de la misma, es para transformarla en harina de pescado, lo cual, por un lado puede ocultar que especies acompañantes sean también hechas harina, y por otro lado, que se constituye en una forma muy poco sostenible de explotación de recursos pesqueros, ya que la anchoíta es una especie de alto valor nutricional, y al transformarla en harina, se la utiliza para forraje de especies de pescado criados en cautiverio, o mascotas, etc.”
Haciendo click aquí se puede acceder a un estudio reciente donde Montevideo es el segundo puerto pesquero del planeta más utilizado por 'reefers' directamente vinculados a la pesca ilegal.
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Sobre la planta de procesamiento y su posible ubicación, que aún no fue definida o por lo menos informada por el Gobierno de Rocha – y cuya habilitación depende, como los permisos de pesca, del ejecutivo nacional- el especialista dijo que “Es muy probable que una planta de procesamiento de pescado se localice muy cerca del puerto. Pero, más allá del lugar en donde esté localizada, hay que tener en cuenta los impactos ambientales y sociales de la misma. En el caso ambiental, por ejemplo, el tema del manejo de los desechos de pescado y los fuertes olores que irremediablemente generan este tipo de plantas… Es posible que el paso posterior sea instalar un puerto pesquero.”
En este sentido, está claro que su efecto sobre la actividad turística puede ser gravísimo: ¿cuántas fuentes de trabajo crearía esta planta y cuantas destruiría por su actividad en la industria turística? ¿Cómo actuarán las instituciones que fomentan el comercio y el turismo en la zona ante esta situación de peligro latente? Algunas de ellas, por ejemplo - El Centro Comercial de Rocha y la Liga de Fomento y Turismo de La Paloma -ya están evaluando organizar reuniones con especialistas para ilustrar los peligros y consecuencias que esta actividad puede traer a la zona. Otras están convocando a encuentros para planificar acciones.
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Anuncios que generan expectativas que luego se frustran o se guardan en un cajón y jerarcas que no dudan en aferrarse a proyectos nocivos que alientan dudosos beneficios para la zona, sin contar con los perjuicios y los efectos negativos  directos cuyos daños, en algunos casos, podrían ser irreparables, completan un cóctel más que preocupante.
Sería bueno saber por qué el gobierno de Rocha necesita agitar cada tanto este tipo de proyectos. Sería positivo que quede claro quién se hará responsable o pagará las consecuencias de estas decisiones y qué pasará con las familias que viven de la pesca artesanal y las que viven del turismo y sus actividades relacionadas… ¿Alguien puede creer que los pesqueros chinos se llevarán las especies especificadas cuando los especialistas señalan que las redes que usan los chinos capturan todo lo que hay en el mar?
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Consultamos a Graciela Fabiano, Directora de la base de DINARA en La Paloma. “Nosotros somos un laboratorio descentralizado de la DINARA, los acuerdos en ese tema se hacen a otro nivel.” – nos explicó, aunque señaló que, si bien la anchoíta “es un recurso muy abundante, hubo una larga historia de antecedentes de explotación en distintas épocas en La Paloma y no había habido recientemente interesados en la explotación. Hoy la anchoíta no la explota ningún uruguayo.” En este sentido, Fabiano dijo que en la experiencia anterior de pesca de anchoíta en La Paloma “había capitales chilenos, y la planta tenía distintos problemas de funcionamiento que hacían que La Paloma oliera mal, y que un grupo importantísimo de vecinos reclamara por mejor calidad ambiental del sitio donde vivían. Se hacía harina de pescado.”
Sobre el método de pesca, Fabiano afirmó que “básicamente se usaba una pesquería de cerco y se sigue usando. En función de cómo se haga puede ser más o menos perjudicial.” – afirmó.


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El coordinador de la Organización para la Conservación de Cetáceos, Rodrigo García, dijo al ser consultado por La Paloma Hoy que este año vieron la lamentable decisión de que se otorguen permisos para merluza negra para La Paloma y que formaron una Organización que si bien no es un movimiento ambientalista, ya que tampoco se quieren oponer a todo, tienen la idea de proponer lo que consideran lo mejor: un modelo pesquero responsable. En este sentido, García dijo que “la preocupación de la Organización Océanos Sanos – que se creó en noviembre a partir de la preocupación de la firma del tratado de libre comercio con China - es la falta de participación, como siempre, en proyectos en donde las comunidades y los interesados son consultados tardíamente. Me refiero a participación de todos – dijo García - porque aquí hubo participación sólo de algunos en todo esto y que son los interesados. Hay una enorme falta de información en lo que respecta a los permisos de merluza negra, concretamente de qué se trata. Hay una total falta de información de los buques frigoríficos que ya están siendo construidos para venir aquí.” Rodrigo García dijo además que “la mayor preocupación es el modelo pesquero que tiene china, que ha destrozado el Océano Índico, que hoy tienen veda y un modelo de pesca responsable en su país, pero siguen dilapidando los mares donde quedan recursos.”
García nos contó que eso fue lo que le esbozaron al intendente de Rocha el lunes pasado. “Planteamos que acá no son suficientes los permisos de DINARA, acá hay que plantear condiciones mucho más estrictas de control, fiscalización, cuotas de captura, de rastreo satelital de las embarcaciones…”



 http://www.montevideo.com.uy/contenido/Advierten-que-buques-chinos-en-Rocha-podrian-hacer-desaparecer-especies-343252


Pero García fue más allá y coincide con los analistas más experimentados y hasta con los funcionarios y responsables que declaran fuera de micrófono: “Nosotros sospechamos que esto es un Caballo de Troya. Aparenta lo que sucede hoy con la pesca ilegal no reportada y no declarada en aguas internacionales, que lo que hacen es pasarla a buques que descargan en el puerto de Montevideo. Los piratas buscan puertos para lavar esa mercancía. Y está confirmado con documentos que por Montevideo está pasando esta pesca ilegal que es mayoritariamente de barcos chinos con bandera de conveniencia uruguaya para poder entrar en nuestras aguas y descargar en puerto.”
Al finalizar, García indicó que “La gravedad implica una amenaza para todo el ecosistema marino, porque comienzan con la merluza negra, siguen con la anchoíta y van a seguir con otros permisos… Es la apertura a una cadena muy difícil de erradicar después. Nos preocupa que no haya un trabajo participativo de organizaciones internacionales, regionales, etc. Esto no es xenofobia, se trata de un modelo pesquero que arrasa los mares del mundo. Estamos hablando de algo muy grave y que nuestro presidente quiere negociar. No se trata de negar la inversión, sino de ver qué tipo de inversión vamos a abrir…” – concluyó.
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Antes de finalizar y a modo de cierre a esta primera nota sobre este alarmante proyecto, citamos un informe realizado por Hugo Luján Amaral (quien ocupa actualmente un cargo en la Intendencia de Rocha) publicada en el año 2004 bajo el título Pescadores denuncian irregularidades con la flota china en el puerto de La Paloma. En dicha nota, los vecinos de La Paloma denunciaban que pesqueros chinos pescaban en aguas prohibidas “utilizando redes y equipos prohibidos, comercializando especies prohibidas”. En el artículo, (que puede leerse haciendo clic aquí), el entonces corresponsal en Rocha, escribía, entre otras cosas. “Indican que en ocasión de la llegada de los primeros “barcos chinos” se transmitió esta misma preocupación a la Dinara sobre el otorgamiento de permiso de pesca, y “ésta informó que la decisión favorable al mismo le era impuesta por presión política al más alto nivel y que todo se justificaba pues los armadores chinos vincularían el otorgamiento de permisos a grandes contratos de compra de corvina congelada de la industria uruguaya,…”. Más adelante, la nota describe las irregularidades habituales relacionadas con la actividad de los pesqueros chinos: “Por otra parte, agregan en sus expresiones que a estos barcos también se les permite el uso de redes con un tamaño de malla prohibido para cualquier barco “uruguayo”. “La operación de estos buques en áreas costeras no habilitadas es tan evidente que con frecuencia cada vez mayor irrumpen en áreas exclusivas de las barcas de pesca artesanal, arrastrando con sus redes y materiales de pesca, perjudicando la sobrevivencia de los pescadores artesanales por la sobreexplotación de los cardúmenes y la destrucción de sus medios de subsistencia”.
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Parece que la historia si no se repite, por lo menos se copia a sí misma… Sin embargo, un dato alentador es que las bases sociales de La Paloma se están organizando para plantear su posición de resistencia firme a un proyecto que genera alarma y preocupación.





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Desiguales ante la ley

El 8 de mayo de 1974 fue detenido el primer secretario del Partido Comunista en la clandestinidad, Rodney Arismendi.



por Samuel Blixen
28 Abril, 2017


Groseras diferencias entre reproducciones de documentos publicados y sus correspondientes originales, y criterios disímiles en la elección de información sobre diferentes organizaciones políticas cuestionan la rigurosidad histórica de la monumental obra publicada por Presidencia que compila el proceso represivo de la dictadura y sus crímenes de lesa humanidad.


“El 8 de mayo de 1974 fue detenido el primer secretario del Partido Comunista en la clandestinidad, Rodney Arismendi. Según las Fuerzas Conjuntas, el procedimiento que dio con Arismendi se inició fortuitamente en los primeros días del mes de mayo, a partir de un contacto callejero fallido entre comunistas que se iba a realizar en la zona de Pocitos Nuevo, a pocas cuadras de donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario. Atando pistas, la Dnii pudo finalmente llegar hasta la casa y detenerlo a pesar de la identidad falsa que portaba”.

Tal es la síntesis que, sobre la captura de Arismendi, aparece en “Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos y asesinados políticos” (1ra. Sección, Operativos represivos y cronologías documentadas, Partido Comunista), en la versión digital del portal de la Presidencia de la República. En la sección “Cronología documental” de la obra dirigida por el profesor Álvaro Rico se reproduce un documento de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii) que da pie a aquella síntesis.
Las comparaciones entre la síntesis y la versión documental, y principalmente entre el documento publicado y el documento original del archivo policial en poder de Brecha arrojan notorias diferencias que dificultan y tergiversan la lectura de un hecho histórico.
Por cierto que, en última instancia y en determinada perspectiva, resulta irrelevante un simple detalle –o un rosario de detalles, en este caso– si lo que se pretende es tomar conocimiento de lo que significó la captura de Arismendi para el Partido Comunista (Pcu) en clandestinidad, y la captura del archivo de afiliados para los golpes represivos que sobrevinieron unos meses después, cuando fue procesada la información. Pero desde otro ángulo, la comparación entre los documentos publicados y el original permite identificar los criterios utilizados en el tratamiento de textos hasta ese momento desconocidos, y procedentes de fuentes hasta entonces inaccesibles.
Puesto que, como dice la historiadora Vania Markarian, el acceso a esa documentación sigue siendo “fragmentaria” por “los sucesivos fracasos de los reclamos de apertura integral y transparencia real respecto de la documentación de lo que seguimos llamando pasado reciente”,1 la responsabilidad de la divulgación es mayor. Los materiales surgidos de archivos de la represión, aun para el caso de que hayan sido manipulados o sigan “bajo una custodia de sus productores” (como apunta Markarian) tienen la cualidad de “documentos primarios”, “son indiscretos incorregibles, que a la primera provocación dicen la verdad”. La cirujana mexicana Ana Cecilia Rodríguez de Romo, doctorada en historia de la ciencia y ex presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía, tiene la convicción de que “el uso de materiales primarios, trabajados en el marco de la reflexión fina, nos permite desechar o probar hipótesis, e incluso por qué no decirlo, de hacer descubrimientos, es decir, aportar algo nuevo al conocimiento o comprensión de nuestro campo específico de interés en la historia”.2


INCONGRUENCIAS. Desde esta óptica, las incongruencias de las distintas versiones sobre la captura de Arismendi provocan alarma. Hay errores e inconsistencias, y algunas de ellas no son fortuitas, como no fue fortuita la captura del secretario general del Pcu. El resumen citado al inicio sugiere que la detención ocurrió “fortuitamente” a partir de “un contacto callejero fallido a pocas cuadras de donde se encontraba escondido en la casa de un médico veterinario”. Lo único fortuito, que dio pie a la serie de interrogatorios y allanamientos, fue la detención de una persona cerca de la planta emisora de Radio Ariel, en una actitud que le pareció sospechosa al equipo 210 de la Guardia Metropolitana.
Eso ocurría el 1 de mayo de 1974. Para el día 8 se habían realizado más de una docena de allanamientos y detenciones en cadena, producto de los interrogatorios, que el resumen citado al inicio atribuye a la capacidad de “atar pistas” de la Dnii. Uno de los detenidos tenía en su poder un papel con las indicaciones para un contacto. El veterinario, que aguardaba en un vehículo, intentó evitar el desastre, dio un domicilio falso, pero finalmente detuvieron a su esposa y cuando allanaron su casa encontraron a Arismendi.
Episodios como éste, se repitieron hasta el infinito durante la dictadura y, salvo por su costado anecdótico –que adquiere relevancia tanto en Arismendi como en Sendic o en el Che, por la importancia de las personalidades– no llamarían la atención ni provocarían juicios salvo que hubiera una intencionalidad de ocultamiento.
El documento “Dirección Nacional de Información e Inteligencia Departamento nº 6 Oficio nº 625, julio 30 de 1974”, está reproducido en el capítulo sobre Cronología Documental, pero esa versión difiere sustancialmente del original, por la vía de supresiones y censuras atribuibles a distintos criterios y objetivos. El director de la publicación utilizó el mecanismo de los puntos suspensivos entre corchetes para indicar la ausencia de texto. Historiadores consultados por Brecha señalaron que cuando un documento es publicado por primera vez es norma transcribirlo textualmente en su totalidad y que es práctica (aunque no en documentos primarios) suprimir aquellos pasajes laterales y que no tienen relación con el tema central, advirtiendo al lector sobre la supresión.
En este caso hay que preguntarse qué entendió el investigador por secundario o irrelevante. En algunos casos los corchetes sustraen direcciones de domicilios, y en otros eliminan los nombres completos, aunque a veces se sustituye el texto original por las iniciales. Sin embargo, hay otras eliminaciones sustantivas, cuya fundamentación no fue explicada en la introducción de la obra, salvo una referencia al compromiso de confidencialidad firmado por los miembros del equipo de investigadores “debido a las características especiales del material documental, particularmente sensibles por su contenido”. Quizás en esa categoría se justifique la eliminación de casi dos hojas, de un total de 18, que refieren a la síntesis de los interrogatorios de siete detenidos, y que constituyen la trama de las actuaciones policiales que desembocan en la captura de Arismendi. Las dos carillas fueron sustituidas por el texto “A esta altura de los hechos, se procede a interrogar (…)”, lo que dificulta el entendimiento de la sucesión de acontecimientos y devalúa el valor intrínseco, histórico, del texto.
De la misma forma es difícil explicar por qué, al transcribir el allanamiento en la casa del primer detenido, de iniciales B P, se consigna que se encontró “un organigrama de un movimiento clandestino en el que se mencionan contactos, buzones, enlaces, cuartel general”, pero se omite que el documento era “de puño y letra del detenido”; y por qué al transcribir que “se encontraron fotografías diversas de la Urss”, se elimina la afirmación “en una de las cuales aparece él”. Esas fotos y otros documentos orientan la investigación a la identificación de militantes comunistas que efectuaron cursos de entrenamiento militar en Cuba y en la Urss. La eliminación de esas referencias, como la del relato de los interrogatorios, sugieren decisiones subjetivas de corte político que van más allá de las restricciones –por otra parte muy cuestionables– de algunas normas que contradicen el derecho al acceso irrestricto a la documentación pública referida a los derechos humanos durante la dictadura.
Dicho de otra forma: los corchetes con puntos suspensivos fueron utilizados a mansalva para ejercer una censura, a veces caprichosa, a veces inexplicable y a veces muy flechada. No corresponde, por lo menos ahora, hacer referencia a los criterios éticos de la investigación histórica. Pero es necesario señalar ciertas “incongruencias”.
La principal de ellas tiene que ver con las diferentes aplicaciones de criterios, para difundir u omitir determinados detalles, si se trataba del Pcu o de otras organizaciones reprimidas por la dictadura. Puede aceptarse la supresión de nombres (aunque ello, en ciertas circunstancias pueda estimular el chantaje por parte de quienes produjeron esos documentos y los mantienen en su poder), sin embargo, el criterio no es unánime y a veces se identifica a quien permaneció en libertad, en tanto que se omite el nombre de quien fue procesado.
¿Cuál fue el criterio? La eliminación de referencias personales y la eliminación de documentos sobre interrogatorios es un criterio general en los capítulos referidos al Pcu, no así en aquellos que dan cuenta de las actividades del Mln y de los Gau, para citar sólo dos casos. Es particularmente evidente en la Cronología Documental de los Gau, donde se reproducen las declaraciones bajo tortura de militantes detenidos en Buenos Aires y después desaparecidos definitivamente. Las transcripciones revelan mezquindad: se reproducen detalles que no aportan al conocimiento del funcionamiento de esa organización y de la represión contra ella. También hay contradicciones en el tratamiento de un mismo documento: en una parte se elimina un nombre, en otro se reproduce su alias y finalmente se consigna la identidad completa, y por cierto que se mantienen referencias “secundarias” eliminadas en otros textos.
EJEMPLOS. Algunos documentos ilustran sobre los criterios asimétricos. “28.06.1977. Argentina. P.P. D-III. Asunto: Operativo Contrasubversivo Gau (Ampliación)”, referido a la detención de José Enrique Michelena Bastarrica, desaparecido, se cita en la investigación de esta manera: “Los Grupos de Acción Unificadora, tienen origen en la República Oriental del Uruguay, como consecuencia del agrupamiento de: a) “Cuadros” del “Mapu” (Movimiento de Acción Popular), que lideraba Ricardo Vilaró, (…) y Martín Ponce de León. b) “integrantes” de una llamada “Corriente de acción sindical”, representada por Héctor Rodríguez (textil). c) “elementos” de un sector independiente, que provenía del diario “Época”, entre los que se encontraba (…). Los Gau se ponen en funcionamiento en el año 1969”.
Otro: “Documentos del año 1977, [sin identificar mes y/o día] Declaraciones obtenidas en interrogatorios bajo tortura del militante del Gau, Alberto Corchs Laviña, presumiblemente en Buenos Aires (detenido de­saparecido), que incluye detalles tales como: “El archivo de la organización estuvo desde un principio en la casa de Michelena, alias ‘Mario’, por la facilidad de hacer un ‘berre’, después que Mario fue detenido, Mariano y yo vamos a retirar el archivo y lo trasladamos a la casa del Bigote (Goicoechea), para después subdividirlo y ponerlo fraccionado en otros locales. (…). Dossetti, alias ‘José’ aparece en Buenos Aires a buscar trabajo (no tenía problemas políticos), por el año 74, allá militaba en Ciencias Económicas…”.
En otro capítulo, los tupamaros no parecen merecedores del beneficio de la “sensibilidad”. Transcripción de interrogatorios y análisis y juicios de los aparatos de inteligencia (a partir de información obtenida bajo tortura) reproducen el relato de operativos sin ninguna cortapisa, incluyendo los nombres completos de familiares presentes durante los allanamientos. Particularmente la reproducción de informes de la inteligencia militar refiere a exiliados que nunca fueron detenidos y que son calificados por la información obtenida de prisioneros torturados. A modo de ejemplo: “Dirección nacional de información e inteligencia departamento nº 4 memorándum Nro. 47 Ref.: -Se informa y se adjunta documento enviado por la P N N. Adjunto al presente, el documento que fuera incautado por la Prefectura Nacional Naval, al sedicioso Ari Quiroga Alé, detenido en el departamento de Paysandú. En dicho documento se menciona a varios integrantes del Mln por sus seudónimos, pudiéndose establecer merced a diversos documentos la identidad de la mayoría de ellos y que son los que se mencionan: 1. Marcelo – Lucas Mansilla; 2. Bruno – Andrés Félix Cultelli Chiribao; 3. Bernardo – L T; 4. Pedro – Antonio Bandera Lima; 5. Raúl – Aníbal de Lucía Grajales; 6. Julián – J D M; 7. Pancho – R M G P; 8. Nelson – No identificado; 9. Luis.- No identificado”.
En el sitio de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, donde está disponible la investigación, también puede consultarse el siguiente documento: “Comando general del ejército – Eme parte Periódico de Información nº 5/974 reservado actividades subversivas 05 may- En horas de la mañana es allanado un local ubicado en rambla República de México Nº 5515. Dicho local pertenecía a la Comisión Política y había sido adquirida por la Organización en 40 millones de pesos.- El allanamiento resulta negativo, sabiéndose que sirvió de alojamiento a los sediciosos Alemañy Viñas alias: Trinity y Giaconi Antonio Ravagnolo alias: Joaquín y sus respectivas compañeras e hijos”.
Es un hecho incontrastable que todas las organizaciones políticas objeto de la represión de la dictadura tienen, entre sus militantes presos, a héroes, a prisioneros que flaquearon en la tortura, a delatores y a colaboradores, todo el abanico de la conducta humana sometida a extremos inhumanos y atroces. Las inconsistencias y la multiplicidad de criterios en el tratamiento de documentación compilada en “Investigación histórica de detenidos desaparecidos” parecerían obedecer a pueriles intentos de ocultamiento alimentados por sectarismos de otras épocas.
  1. “Mal de archivos”, La Diaria, 25 de abril de 2017.
  2. Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, Unam, s/f

Página no encontrada

Algunos de los documentos publicados en el portal de Presidencia en el marco de esa investigación tienen específicas referencias de ubicación para consulta en las respectivas notas al pie. Tales documentos deberían estar en el archivo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de la Presidencia de la República. Pero fue imposible ubicarlos; miembros del equipo de historiadores explicaron a Brecha que algunos de ellos fueron leídos y estudiados, en su momento, bajo restricciones de acceso y que fueron, o bien copiados a mano o bien fotografiados. Ocurre, sin embargo, que las indicaciones al pie de página de la investigación histórica no corresponden con ninguno de los criterios (número de cajas, número de carpetas) con que se registran en el archivo policial.

martes, 23 de mayo de 2017

Basta de chamuyos!


Abran los archivos!!!


20 de mayo 2017 - 22ª “Marcha del silencio” - Montevideo
SANGUINETTI – LACALLE – BATLLE - VAZQUEZ – MUJICA
Acá están los que silencian la verdad, acá están los 5 presidentes pos dictadura que tranzaron con los milicos, acá están los que no hablan ni una sola palabra sobre asesinatos de lesa humanidad, ellos también son cómplices del mayor genocidio uruguayo...ellos también son RESPONSABLES DE LA IMPUNIDAD
¿Qué poderosos intereses mantiene un país sin memoria y sin justicia?




Con acusaciones a los gobiernos, incluyendo a los del FA, miles reclamaron avances en la búsqueda de desaparecidos
15, 20 minutos antes de que empezara la marcha, todo estaba en su curso habitual en la principal avenida de Montevideo. La gente y los vehículos iban y venían, como siempre. Era difícil sospechar el imaginable luto que inundaría poco después las calles, el dolor penetrante de la gente que marcha cada 20 de mayo, desde hace 22 años, pidiendo, con un silencio a gritos, el fin de la impunidad.
La consigna de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para esta marcha fue “Impunidad: responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”. “Claro que sabemos más, que hay unos 30 militares presos por estos crímenes y que ha habido iniciativas y esfuerzos por todo el país en acciones de memoria y reparación [...] Pero hay un freno que siempre enlentece, retarda u obstaculiza los avances”, decía el comunicado de Familiares, que le pidió al Estado “más acciones, más investigación y avances”. La organización detalló algunas incongruencias: “A 40 años, no podemos continuar con secretos en manos de las fuerzas que nos reprimieron, que nos robaron la vida de tantos compañeros, que nos atemorizaron, que nos hicieron huir de nuestro país. No podemos aceptar más sus privilegios (legales, salariales, jubilatorios). Ni tampoco sus declaraciones reivindicando la tortura, ni sus ‘comandos Barneix’, ni sus robos de los materiales que los incriminan, ni su vigilancia en democracia (como da muestra el archivo Castiglioni). Ese accionar sin consecuencias cuestiona los avances de estos años”, sentencia.
En la marcha hubo mensajes muy directos, como una pancarta que decía “Los responsables de la impunidad silencian la verdad”, acompañada por fotos de los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle y José Mujica, y del presidente Tabaré Vázquez. Iba junto con otra pancarta que preguntaba: “¿Qué poderosos intereses mantienen un país sin memoria ni justicia?”.
“Una vergüenza”
“Siempre tenemos ese cacho de esperanza, de expectativa, que nos hace seguir, y vamos a seguir”, comentó a la diaria Óscar Urtasún, de Familiares, hermano de José Luis Urtasún, militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) secuestrado en Buenos Aires en agosto de 1978. ¿Qué sentido tiene marchar? “Es político, pero es ideológico, es filosófico, y lo precisamos. No los desaparecidos, nosotros lo precisamos, tenemos que dejar todo. Yo tengo un hermano desaparecido; crecí con él y no puedo dejarlo solo, no puedo, más allá de mis convicciones políticas”, relató mientras daba los primeros pasos de la marcha. A título personal, Urtasún catalogó de “lamentable” la situación actual: “Es una vergüenza el Poder Judicial. Al Poder Legislativo nunca le interesó mucho este tema, nunca hizo nada. Y el Poder Ejecutivo juega a la política, y en la política parece ser que lo que da dividendos sirve, mientras que lo que no da dividendos no sirve”. Pidió “ser radical” para ir a las raíces y responder “por qué no aparecen, por qué los milicos siguen con ese pacto de silencio, por qué no se toman medidas”. Reprobó que el MLN-T casi no haya participado en el referéndum de 1989 para anular la Ley de Caducidad, y que haya designado a “lo peor” de sus militantes para esa tarea; del mismo modo, cuestionó al fallecido ex ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, y dijo que ya estaba todo dicho sobre él cuando lo agarraron los militares y le dijo “al milico”: “No tires que soy yo”. “A los traidores hay que darles”, concluyó.
María Bellizzi, madre de Andrés Humberto Bellizzi, secuestrado en abril de 1977 en Buenos Aires, iba al frente de la marcha, con la foto de su hijo. A sus 92 años, había contado antes las 17 cuadras por las que marcharía. Les pidió a los organizadores que fueran despacio y comentó: “No sé para qué apurarse, si no tenemos que ir a hacer nada después de la marcha”. Marchó por vigésima segunda vez. “La impunidad no ha variado en nada. Yo no tengo muchas esperanzas de que se haga justicia, pero seguimos igual. La marcha es un recuerdo, una memoria interminable, y los jóvenes, por suerte, demuestran mucho interés por la causa. Se avanza poco porque no hay interés. Lo dice la consigna de este año: nunca hubo interés, porque cuando hay un juez que trabaja en investigar algo, ya lo cambian de lugar”, explicó a la diaria. Contó que la causa de su hijo “está trancada”, que una sola vez la llamó el juez Pedro Salazar y que nunca citó al testigo, su socio del taller que tenían en Buenos Aires.
“Un stand by
Entre las marchantes estaba Mariana Zaffaroni, hija de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, secuestrados en Buenos Aires en setiembre de 1976 junto con ella, de un año y medio, que luego fue apropiada por el represor argentino Miguel Ángel Furci. Destacó que pudo marchar con su marido y sus hijos, con quienes vive en Argentina. “Todos los años seguiremos insistiendo para que se sepa la verdad”, afirmó. Mariana participó en el juicio de la Tercera Corte de Asís, de Roma, donde se desarrolla el juicio por el Plan Cóndor, porque necesita saber qué ocurrió con sus padres. El veredicto, dictado en enero y apelado recientemente, dio cadena perpetua a algunos de los violadores de los derechos humanos en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980, pero absolvió a otros 19, entre ellos 13 uruguayos. Mariana comentó que esa sensación de que reina la impunidad no se da sólo en Uruguay. “A nivel internacional se está como en un stand by. Hubo un empuje, pero ahora no veo que se esté moviendo demasiado. Lo que pasó en Italia... Había muchas esperanzas, mucha ilusión de que eso sirviera como guía o como ejemplo, y el resultado no fue el que se esperaba, con lo cual no es lo que nos falta como sociedad, sino, en general, en todo el mundo. No es algo excluyente de Uruguay ni de Argentina: hay una intención, pero después no se llega a demasiado”, evaluó.
“Emocionante”
Al término de la marcha, el senador Rafael Michelini respondió preguntas de la prensa. Dijo que confía en que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, cuya creación cuenta con media sanción, “le va a dar mayor profesionalismo” a la búsqueda. Consultado por la falta de avances, repitió que todo debe hacerse con las garantías del debido proceso. Respondió que no hay mayores avances por todo el tiempo que llevó derribar la Ley de Caducidad -“una pieza jurídica quizás de perfección”-, y dijo que ahora “se puede juzgar con total intensidad”, aunque reconoció que muchos de los represores se van muriendo y que hay menos acceso a pruebas. Consultado por los recursos para mejorar las investigaciones, anunció vagamente que se darán “los que sean necesarios”.
Más que contenta terminó la marcha Elena Zaffaroni, compañera de Luis Eduardo González, secuestrado en su casa, en 1974. Evaluó que la marcha es “emocionante” y saludó las cuadras y cuadras repletas de gente. Dijo que “no sería justo decir que no hay avances desde el 2000 hasta acá”, y comentó que los resultados son lentos y que han sido gracias a la movilización social. Sostuvo que “los reclamos son necesarios para la convivencia del país” y que el hecho de que no ocurra nada con quieres tuvieron “una terrible actuación durante esos años de dictadura genera una educación de que la impunidad está bien y genera una distorsión de valores que es subterránea”. Se preguntó cómo es posible que “un tipo como [Raúl] Mermot, que fue comandante en jefe en democracia, haga declaraciones alentando a sus subordinados, aunque no lo sean ya, a decir que fue válido lo que hicieron”. Valoró que pese a que la jueza desestimó su procesamiento, “importa que un fiscal se animó a decir esto tiene que ser penado con prisión” y dijo que son “pequeños avances que si hubiera otra política que atravesara profundamente todo el Estado, serían mucho mayores”. Además, dijo que es necesario que se alineen todos los poderes del Estado para terminar con la impunidad. “Este tema es de interés de los uruguayos, no es solamente un tema de Familiares; no es un tema del pasado, es un tema que tiene que ver con el hoy, con mejorar en todos los aspectos, con la Justicia, con revisar toda la temática de las Fuerzas Armadas, con revisar toda su participación en el terrorismo de Estado, con todos los organismos represivos”, sintetizó.

 
 
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos

Zaffaroni: militares uruguayos "gozan de impunidad"

La integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Elena Zaffaroni, afirmó que los militares uruguayos "gozan de impunidad", con relación a los crímenes ocurridos en la dictadura uruguaya.
Los dichos de Zaffaroni surgen a raíz del discurso que el comandante en jefe del Ejército uruguayo, Guido Manini Ríos, dio durante la celebración del aniversario 206 de dicha institución, en el que se refirió a los "privilegios" de los militares uruguayos.
En su oratoria, el comandante expresó que "se han escuchado voces preocupadas por los privilegios de los militares", pero que el verdadero privilegio de ellos es poder estar "los 365 días del año al servicio de la sociedad en que provienen y no reclamar por ello compensación ni trato especial alguno".
"(Los militares) tienen el privilegio de sentirse servidores del Estado y de asistir en silencio a la discusión que se da sobre su futuro, muchas veces teñida de falsedades y tergiversaciones malintencionadas", agregó en el discurso.
Para Zaffaroni, los militares uruguayos "han tenido siempre el privilegio de la impunidad", ya que hasta hoy "siguen sin pasar por los juzgados" para declarar por los delitos sucedidos en la dictadura cívico-militar.
Además, afirmó que existen "privilegios de la oficialidad", en relación a las jubilaciones que perciben los altos mandos militares.
Zaffaroni sostuvo que durante los tres mandatos de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el Frente Amplio, "hubo avances en la investigación histórica y en muchas leyes" pero "los resultados son insuficientes".
"No ha habido una política de Estado", sostuvo, además de afirmar que la información recabada "ha sido en base a la exigencia" de las organizaciones de derechos humanos.
Zaffaroni observó que existen "incongruencias" ya que aunque estos grupos "hacen un esfuerzo para mostrar las responsabilidades", luego estas "se perdonan" desde el Estado. EFE




>>> Comisión Verdad y Justicia INOPERANTE



>>> Sin justicia

Ante el fallo de la Justicia en el caso Mermot


La muralla de la impunidad esta aun en pie y debemos quebrarla.
En cada marcha del 20 de mayo el Estado se lava las manos y se cubre con el velo de la impunidad, mientras libera a los torturadores. Una nueva marcha llena de reclamos parece no importarles. La memoria arde, sigue viva como lo planteo el compañero Ibero Gutiérrez en 1970:
Ahora están no estando.
Como asesinados del silencio.
Miles y miles marchando es la expresión de miles que no están dispuestos a resignar el reclamo de verdad y justicia. Es importante en la medida que eso se convierta en memoria activa y participación en cada acto de repudio a los represores, en cada escrache y cada rescate. Porque ¿Qué peso tiene una denuncia judicial sin condena social? ¿Dónde radica la clave para sacudir la modorra del olvido y la complicidad?
Tanto el juez Martin Gesto que otorgó prisión domiciliaria a Gavazzo y Rama, como los jueces que liberaron a Zabala y Rivero, como la jueza Blanca Rieiro quien no hizo lugar al pedido fiscal y defendiendo a Mermot lo absuelve, están mostrando como la impunidad está operando cruel y calladamente.   Estos jueces junto a todo el aparato jurídico del Centro y Circulo Militar, Rossana Gavazzo, Graciela Figueredo, Martin Ojeda y Fernando Posada liberan una y otra vez a los impunes defensores de la tortura y los torturadores.
Miles queremos justicia. Más de un millón de memoria no transó con la impunidad. Los que transaron fueron la clase política a través de todos los sucesivos gobiernos desde el Pacto del club Naval.  El que sigue teniendo la responsabilidad es el Estado.

Mermot dice no saber ni haber visto nada. Pero no solo estuvo en lugares claves sino que fue mando. Y todos ellos fueron y son culpables. Y siguen callando  para mantener esta omertá.



Este es el impune Teniente General que absolvió la jueza Rieiro.
Pero esta es parte de su “hazañosa” carrera.




  • RAÚL GUALBERTO MERMOT DEBALI, ingresa al Ejercito en 1951(Arma de Caballería)
  • C.I. Nº 610.141-6
  • Mermot asumió el grado máximo del Ejército el 1º de febrero de 1996, subrogando al teniente general Juan Curutchet.
  • Siendo General, 1990, fue director del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y comandante de la División de Ejército III.
  • Durante la dictadura fue intendente interventor del departamento de Rivera.
  • Luego fue jefe de Policía de Artigas
  • Y posteriormente jefe de Policía de Montevideo en 1984.
  • Presidió el Círculo Militar "Gral. Artigas".
  •  Fue comandante en jefe del  Ejército. Renunció al cargo en diciembre de 1997 al discrepar con el decreto presidencial que reparó la carrera militar a un grupo de oficiales destituidos durante la dictadura. Obsecuente y leal subordinado a Julio María Sanguinetti, no terminó su mandato-por poco tiempo. Su sucesor fue Fernán Amado.
  • Pertenece a la Logia llamada “Dinastía Militar” sus principales dirigentes “son los depositarios de un don místico y casi divino”, de allí surge el carácter de Dinástico de sus integrantes y esto es heredado de sus progenitores. Ser hijo de…Generales o Coroneles de las “épocas gloriosas” (Terrorismo de Estado), familiar en algún grado de los primeros y también aquellos serviles útiles o aquél protegido por alguno de los hijos de…, son las peculiaridades de esta agrupación seudo-orgánica, pero efectiva en los hechos. Aparte de  “los hijos de…”, se encuentran los otrora “Chucrut” (de la Artillería) y los pocos que quedaron de la “Botanostra” (de la Caballería).
  • En 2006 el gobierno argentino solicitó por segunda vez a la justicia uruguaya que ordene su extradición por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura debido al secuestro y la desaparición de personas en el marco del  Plan Cóndor.
  • En febrero de 2009, conjuntamente con el diputado colorado Daniel García Pintos, presentaron la agrupación Identidad Oriental, lista 1811, con la cual apoyaron la precandidatura presidencial de José Amorín en las elecciones internas.
  • En 2010 Mermot defendió públicamente a los represores encarcelados por violar derechos los humanos y los calificó de «presos políticos» Los 14 de abril son sus tribunas favoritas para defender el Terrorismo de Estado.

  • Mientras la gente marcha hace 22 años en silencio los milicos no paran de vociferar  desde sus tribunas.  
    Frente a una in-justicia que continúa operando con la misma responsabilidad impune de ayer y permanece inamovible, imperturbable en su actitud indulgente con los represores que siguen negando la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas  en la última dictadura cívico-militar y absuelve al teniente general Raúl Mermot, quien sosteniendo la “teoría de los dos demonios”, justifica y por tanto reivindica las torturas cometidas en aquella época oscura.
    Y quien tiene la osadía de adoptar un verdadero compromiso e investigar sobre las denuncias hechas contra más de 500 represores responsables de graves  delitos de lesa humanidad, son removidas de su cargo. La jueza Mariana Mota no solo fue sacada de su trabajo, se le borra del medio de un plumazo y se encajonan los más de cincuenta expedientes sobre personas desaparecidas, asesinadas, torturadas.
    Y a quienes se oponen a estas medidas patoteras se les persigue y condena, como en aquellos tiempos.
    Parece ser que el Estado, en una despótica práctica sistemática  y sistémica  de desmemoria oportunista y obligatoria, pretende permanecer incólume ante el señalamiento de la condena social.
    Condena social que se mantiene alerta ante la impunidad de ayer y de hoy.
    El Estado se niega a que los juicios sean públicos. Cuanto menos sepamos mejor para los impunes.
    Los Gestos  que la impunidad mantiene sostienen los pactos. Esos Gestos “son humanitarios” con los viejitos que otrora no tuvieron ni una pisca de humanidad con las presas y los presos de la dictadura.
    Son los que tras sus poderes titubean a la hora de condenar a los empresarios corruptos, cómo en el caso del incendio de Toledo, donde los dueños de Meteoro dejaron morir calcinados a sus empleados por pura negligencia codiciosa
    Es el mismo Estado  negligente inhumano que condena al pobrerío a la miseria y al encierro. El que  permite que en las mazmorras de su sagradas instituciones los presos mueran asesinados o prendidos fuego. Es el mismo Estado patriarcal que continúa  perpetuando la impunidad.
    No hay olvido. No hay perdón. No hay reconciliación. La memoria y la condena social nos llaman a más luchas, nos convocan al camino.
    A quebrar la impunidad
    A desmantelar el Circulo y el Centro Militar
    De la condena social no podrán escapar.
    Plenaria Memoria y Justicia
    21 de Mayo 2017