lunes, 22 de mayo de 2017

Entre sueños y ratas

Miles de inmigrantes han llegado a Uruguay en los últimos años y muchos de ellos están prácticamente condenados a vivir en pensiones en pésimo estado


21 mayo 2017
Por Sebastián Panzl



Había escuchado que Uruguay era un país que abría sus puertas a los inmigrantes. "Allá hay mucho trabajo", le dijeron un día en su ciudad. Tiempo después, otra vez le llegó el rumor de que los dominicanos que habían viajado a aquella pequeña nación del sur del continente estaban muy contentos con su nueva vida.

Entonces, decidió arriesgarse y probar suerte. El 7 de febrero de 2014 aterrizó en el aeropuerto de Carrasco. Pocas horas después estaba en Ciudad Vieja buscando un lugar donde pasar la noche. Ese fue su primer contacto con las pensiones montevideanas. La encargada del lugar ubicado en la calle Cerrito le dio un colchón que debió tirar en el suelo húmedo por la lluvia que se había filtrado por alguno de los tantos agujeros que tenía el techo. No pudo pegar un ojo en toda la noche.

"Yo dejé mi casa, dejé todo. ¿Para qué? ¿Para estar en estas condiciones? Me sentí un poco deprimido", contó a El Observador.

Pero al día siguiente amaneció cargado de optimismo. Pensó que pronto iba a conseguir un buen trabajo que le permitiera acceder a un lugar mucho más digno donde vivir. Pasaron más de tres años y Miguel, ese dominicano que soñó con una mejor vida en Uruguay, sigue viviendo en pensiones. Ha recorrido varias, pero todas tienen un denominador común: falta de higiene, pocos baños para la cantidad de gente que hospedan, ratas, cucarachas y problemas edilicios de todo tipo.

Lejos de ser algo puntual, el caso de Miguel se repite en forma sistemática entre los inmigrantes que llegan a Uruguay. Ellos están condenados a que las pensiones sean la única alternativa donde hospedarse apenas llegan.

Hay pensiones que tienen un baño para 30 personas

A diferencia de lo que puede suceder en un hotel o en una vivienda de alquiler, no es necesario mostrar recibos de sueldos ni ofrecer garantías, requisitos que no cumplen muchos de quienes llegan a probar suerte a Uruguay desde tierras lejanas. Las pensiones son una solución para los primeros días, pero pronto se convierten en algo permanente.

Una investigación liderada por académicos y estudiantes de la Facultad de Humanidades arrojó resultados preocupantes acerca de las condiciones donde vive esta población migrante. El informe, cuyos resultados fueron presentados en un seminario realizado el 27 y 28 de abril en la Institución de Derechos Humanos, afirma que en los últimos siete años Uruguay ha asistido a un nuevo fenómeno de movimiento poblacional, caracterizado por el ingreso de población proveniente de diversos países latinoamericanos, principalmente del Caribe. Miguel fue, por ejemplo, uno de los 4.000 dominicanos que llegaron a Montevideo en los últimos años. Aunque en mucho menor número, también ha llegado población desde África, principalmente proveniente de Nigeria, Sierra Leona, Camerún y Ghana. ¿Qué opciones de hospedaje tuvieron en Uruguay?

Durante dos años, los investigadores visitaron varias pensiones y recogieron testimonios junto a la asociación Idas y Vueltas, que trabaja en defensa de los derechos de los inmigrantes. No solo vieron cuartos hacinados por la cantidad de gente, sino también hasta dos personas durmiendo en la misma cama a raíz de la falta de espacio.

Los investigadores Leonardo Fossatti, Rafael Ramil y Pilar Uriarte afirmaron en el seminario que muchas de las pensiones que conocieron no soportarían la más mínima inspección de habilitación comercial o de Bomberos. La conclusión a la que arribaron es que "no se puede concebir la vida digna" en esos sitios. Una de las razones por las que afirman eso es que las pulgas, chinches, cucarachas y ratas son "cuestiones de todos los días".

“En República Dominicana nos enteramos de que en Uruguay había trabajo. Nos decían que aquí se le abrían las puertas a los que quisieran venir”. "El panorama no era como lo pintaban". Miguel, dominicano que llegó a uruguay en febrero de 2014. 

A pesar de las malas condiciones en las que viven, quejarse o reclamar mejores servicios no parece ser una buena idea. Fossatti, un estudiante de la licenciatura de Antropología que está realizando su tesis sobre el tema de las pensiones, señaló que es usual que haya represalias. "Cuando existe algún reclamo, siempre eso se traduce en amenazas o aumentos de la tarifa", dijo a El Observador. Otra situación que se repite es que a los extranjeros les cobren más caro que a los uruguayos.

Una pieza con una cocina compartida entre 30 personas puede costar unos $ 9000 mensuales
 
Miguel contó un ejemplo que ayuda a entender las reacciones que deben enfrentar cuando se quejan por algo. Uno de sus hermanos, que también vivió en Uruguay, enfrentó a la encargada de la pensión debido a que hacía días que estaban sin luz. "En tu país ni luz hay. ¿Qué venís a reclamar acá? Andate a tu país, entonces", le contestó ella.


“Yo estimo que la mayoría de las pensiones que están en Ciudad Vieja tienen alguna irregularidad sanitaria o edilicia”. Leonardo Fossatti, estudiante de la licenciatura de Antropología.

Algo similar sucede cuando el tema en cuestión son los precios. Miguel pagaba $ 9.000 mensuales por una habitación en la que él dormía junto a un amigo. La luz y el agua las pagaban aparte. Esa pensión, ubicada en la calle Piedras, a pocos metros del Mercado del Puerto, tiene un solo baño para 31 personas.

Disconforme con lo que deben pagar por las comodidades que le ofrecen, Miguel se rebeló y le dijo al administrador que solo pagaría $ 4.000 hasta que no mejoren las condiciones. Está a punto de ser desalojado.

Los extranjeros denuncian que deben convivir con las ratas

Uriarte, antropóloga y docente del departamento de Antropología Social de Facultad de Humanidades, alertó sobre la falta de garantías que enfrenta la población migrante, en lugares de hospedaje en los que los recibos de pago son una verdadera rareza.

"Ante la falta de regulación y de políticas del Estado, esa oferta queda completamente desprovista de garantías para las personas que precisan las pensiones", dijo la docente a El Observador. "Otras ofertas de soluciones habitacionales que no sea la pensión tampoco existen", agregó.


“Cuando la población migrante llega, hay una necesidad de vivienda que hay que cubrir” Pilar Uriarte, antropóloga y docente del departamento de Antropología Social de Facultad de Humanidades.

Otro profesional que ha estado trabajando el tema es el abogado Juan Ceretta. El experto, docente de Facultad de Derecho, explicó las dificultades que enfrenta a la hora de intentar defender los derechos de los inmigrantes. "En primer lugar, no sabemos quién es el que le arrendó porque no hay contrato escrito y tampoco sabemos quién es el propietario de la pensión porque eso no surge en ningún lado", dijo. "Empezamos a nadar en un mar donde nada está claro, ni siquiera los caminos para buscar soluciones", agregó.

Comentó, en cambio, que si un inquilino lo consulta, así sea del apartamento más humilde, tiene de dónde agarrarse para hacer valer sus derechos, pero eso no sucede con las pensiones.

"Parecería que preferimos no mirar. Pero hay una porción importante de gente que utiliza las pensiones como acceso a la vivienda", dijo Ceretta.

La Intendencia de Montevideo tiene un sector dedicado a fiscalizar a las pensiones. Se llama Hoteles, Pensiones, Inquilinatos y Afines. Los jerarcas destacan que hay muchas pensiones que cumplen con toda la normativa vigente, aunque reconocen que otras tienen carencias de todo tipo, más que nada desde el punto de vista sanitario.

El prosecretario de la Intendencia, Christian di Candia, informó a El Observador que la comuna intenta persuadir a los establecimientos de adecuarse a las normas, pero cuando eso no sucede llegan incluso a ordenar la clausura de los locales. En la actualidad, hay en Montevideo 184 pensiones abiertas, 56 que han notificado su cierre y otras 13 que fueron clausuradas. El último mes, por ejemplo, la Intendencia decretó el cierre de una, ubicada en la calle Bartolomé Mitre.


13 pensiones han sido clausuradas por la Intendencia de Montevideo en los últimos años a raíz de la constatación de varias irregularidades.

"Recibimos bastantes denuncias y las seguimos. Intentamos en menos de 48 horas tomar el primer contacto", informó Di Candia. A la hora de salir a la calle encuentran varias dificultades. Algunas de las pensiones irregulares están escondidas detrás de la fachada de una casa de familia. Con el apoyo del departamento jurídico de la comuna, pueden hacer allanamientos para observar las condiciones de los lugares.


La conclusión a la que arribaron los investigadores Leonardo Fossatti, Rafael Ramil y Pilar Uriarte es que "no se puede concebir la vida digna" en esos sitios.

Cuando las condiciones edilicias y de higiene ameritan que se proceda a una clausura, muchas veces, a juicio de la intendencia, el problema pasa a ser más grave. "Empieza un proceso de desalojo que puede llevar un año o dos y las condiciones se empeoran", dijo Di Candia y comentó que en muchos casos esas viviendas pasan a ser espacios ocupados.

Mientras tanto, Miguel sigue luchando por hacer pesar sus derechos. Tres años después de su llegada a Uruguay, luce algo decepcionado: "El panorama no era como me lo pintaban", contó en su pensión de la calle Piedras.













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