Según lo establecido por la ley 18.446, que creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, en julio terminaría el mandato del actual Consejo Directivo de esa institución y se deberá proceder a la elección de las nuevas autoridades.
A partir de una convocatoria de CRYSOL, un grupo de organizaciones sociales inició contactos para intercambiar opiniones y eventualmente proponer el nombre de algún candidato (algo que está previsto en el artículo 39 de dicha ley).
Según pudo saber la diaria, después de las dos primeras reuniones, en las que se analizó el perfil que debería tener el postulante, las organizaciones que participan en este ámbito acordaron impulsar la candidatura de la jueza Mariana Mota. La postulación se consensuó a partir de una propuesta de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos , Comisión de Fusilados de Soca, Comisión Memoria de la Costa y el PIT-CNT. En las reuniones han estado también FUCVAM, SERPAJ, Observatorio Luz Ibarburu, Mujer Ahora, Asociación Amigas y Amigos del MUME, Amnistía Internacional y CRYSOL.
Con una larga trayectoria en la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura -atendió más de causas, entre ellas la que condenó a Juan María Bordaberry-, la magistrada Mota fue trasladada en 2013 desde la órbita penal a la civil, una decisión de la Suprema Corte de Justicia que provocó sendas manifestaciones de rechazo.