miércoles, 30 de agosto de 2017

¿Cómo iba a poder envenenarse con las manos atadas?

Se le adjudica “homicidio especialmente agravado”




video
Cap (r) Lawrie Rodríguez tiene pedido d procesamiento x homicidio d militante anarquista En 2006 dialogó con él en el juzgado.


30/08/2017

Fiscal pide la prisión del militar Lawrie Rodríguez por matar a dirigente del OPR 33

Ministerio Público le adjudica “homicidio especialmente agravado” de Iván Morales Generalli, cometido en 1974. El indagado dio refugio en 2006 al escapado represor Gilberto Vázquez


Walter Pernas/ Sudestada / @PernasWalter



Morales Generalli era dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay - Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), tenía 25 años, y fue detenido el 21 de noviembre de 1974 “en el domicilio de su compañera, en el complejo habitacional de Malvín Norte, Calle 126, Nº 2076, Apto. 201”, aproximadamente a las 17:00 horas.

El militante “se encontraba viviendo en Buenos Aires desde mediados de1973, luego de la decisión de la FAU de replegarse a dicha ciudad. El 20 de noviembre viaja hacia Montevideo y los servicios de inteligencia toman conocimiento de que al otro día se dirigiría a la casa de su compañera, por lo que, a partir del mediodía, se monta un operativo comandado por OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), con apoyo de los Departamentos 4 y 5 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII)” , describe la “Investigación histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985)”.

Tras la detención lo llevan a la Dirección de Inteligencia policial de la calle Maldonado, por “30 minutos”, y luego al Regimiento de Caballería Nº 6, donde fue interrogado y murió: “aproximadamente a las 20:30 del mismo día, se le informó al juez militar de Instrucción de 4º turno su fallecimiento” , recuerda en su dictamen la fiscal Ana María Tellechea.

A partir de ese momento –y al entender de la Fiscalía– se monta un plan de encubrimiento de las verdaderas causas de la muerte, que involucra una autopsia falsa y un también apócrifo estudio del cadáver firmado por el jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de las Fuerzas Armadas, José Mautone, que caratuló en principio el caso como “suicidio” .

“Se concluye como probable causa de muerte ‘un estado tóxico’ y se señala que se complementará con un estudio histopatológico en hígado, pulmón, riñón, bazo, pared gástrica, corazón, sistema nervioso”, subraya la Fiscalía basándose en el expediente de la justicia militar en el que figura como causa de muerte: “Intoxicado (probable)”.

Uno de los estudios posteriores “enseñó una embolización grasosa, que atasca los finos capilares sanguíneos” y que según Mautone fue la responsable de la “muerte brusca” del joven detenido. Así, el expediente militar se clausuró.

El memorándum de los hechos fue redactado por el entonces capitán Lawrie Rodríguez Freire, que cumplía funciones de S2 (Inteligencia) en el Regimiento de Caballería Nº 6.

Ese escrito entregado a la justicia militar sostiene que se detuvo a Morales Generalli “el día 21 de noviembre de 1974, aproximadamente a la hora 1700, quien fue conducido a la Unidad”.

“Iniciado el interrogatorio aproximadamente a la hora 1730, continuando hasta aproximadamente la hora 1845, momento en que los Señores Oficiales interrogadores, dejaron de interrogarlo e iniciaron el procesamiento de la información obtenida” , relató.

El militar sumariante sostuvo luego que “aproximadamente a la hora 1900, los señores oficiales interrogadores mayor Manuel J. Cordero y capitán Gustavo A. Taramasco, pertenecientes al Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), proceden a reiniciar el interrogatorio, constatando que el sedicioso de referencia se encontraba sin conocimiento y aparentemente muerto, ante lo cual fue llamado de inmediato el enfermero de servicio de la Unidad, soldado de 1era. Duval Silvera, quien luego de examinarlo corroboró los síntomas de su deceso”.

“Inmediatamente fue trasladado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde se comprobó su muerte” , acota Lawrie Rodríguez, que al final de su informe sostiene que Morales Generalli había sido responsable de la custodia del secuestrado Sergio Molaguero, mientras estuvo en cautiverio en una de las llamadas cárceles el pueblo del OPR 33.

En 2016, a pedido de la justicia penal, la Cátedra de Medicina Legal de la Universidad de la República practicó un “estudio necrósico” a fin de poder “establecer la verdadera causa de muerte”.

“En el caso en estudio, existe una coincidencia absoluta entre los hallazgos externos, internos e histopatológicos, que demuestran que se trató de una muerte violenta y heteroinferida, cuya causa final fue la embolia grasa pulmonar, pero la causa básica fueron los traumatismos múltiples padecidos por Iván Morales Generalli en el contexto del interrogatorio a que fue sometido en la unidad militar el 21 de noviembre de 1974” , concluye el informe de la Cátedra al que accedió Sudestada .






Hambre para mañana







Cultivos en Uruguay Área sembrada con soja aumentó 45 % y su rendimiento por hectárea creció 52 %

29 agosto 2017

Los productores agrícolas sembraron 1,2 millones de hectáreas con cultivos de verano destinados a grano seco. El 90 % del área fue sembrada con soja, con una producción estimada en 3,2 millones de toneladas, 45 % más que la zafra anterior. El rendimiento medio es de 2.951 kilogramos por hectárea sembrada, un incremento del 52,3 %.

El rendimiento medio de soja se incrementó un 52,3 % en relación a la zafra anterior. En 2016 el rendimiento por hectárea fue de 1.937 kilogramos, y este año, de 2.951 kilogramos. La variación se explica por condiciones climáticas favorables a diferencia del año anterior, dice el informe.
La superficie sembrada con maíz con destino a grano seco fue de 66.000 hectáreas, 20 % menos que la zafra 2015-2016. Los rendimientos de 7.136 kilogramos por hectárea se constituyeron en el máximo histórico. En relación al año pasado, representa un incremento del 21,6 %.
El área sembrada de sorgo para grano seco fue de 47.000 hectáreas, un 29 % inferior a la zafra pasada, pero con un rendimiento promedio de 4.553 kilogramos por hectárea, que se constituye en el máximo valor registrado hasta la fecha.
El área total bajo riego de soja y maíz alcanzó casi 17.000 hectáreas. El área regada de maíz se estimó en 7.784 hectáreas, un 24 % menos que en la zafra 2015-2016, y el rendimiento promedio bajo riego fue de 9.711 kilogramos por hectárea, un 13,6 % superior al rendimiento obtenido en la zafra anterior y un 27 % mayor al rendimiento de maíz de secano.
La superficie de soja regada fue estimada en casi 9.000 hectáreas, un 0,8 % del total sembrado, con un rendimiento promedio de 3.493 kilogramos por hectárea, un 18,4 % por encima del rendimiento medio del cultivo de secano.
La Encuesta Agrícola Invierno 2017 se realizó por medio de entrevistas personales a productores en el mes de julio de 2017 y se dirigió a obtener estimaciones sobre cultivos de verano en área sembrada y producción con destino a grano seco para el año agrícola 2016-2017, área regada, sistema de riego y fuente de agua, informa la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.








Los molinos de viento de UTE




por William Yohai

Este trabajo es una estimación de la realidad. Los involucrados (públicos y privados) podrían suministrar la información exacta.
El País publicó estos días un  artículo en el cual relata los intentos de UTE para cobrarle a los dueños de FRIPUR la deuda que esta empresa mantiene con ella. El monto mencionado es relativamente menor[i], teniendo en cuenta el abultado agujero que dicha empresa le dejó al país.
El  párrafo final de dicho artículo atrajo nuestra atención:
“Kentilux —un parque eólico de 20 megavatios inaugurado en 2011— está en San José, y su construcción demandó US$ 20 millones. El 30% de este monto se cubrió con fondos propios, mientras que para el 70% restante se recurrió a un préstamo del Banco República (BROU).
Según la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central (BCU), a fines de junio Kentilux tenía una deuda vigente (es decir, al día) de US$ 10,6 millones con una sola institución financiera: el BROU. Su calificación, en tanto, era 2A (deudor con capacidad de pago adecuada).
Por la energía, UTE paga todos los años a Kentilux alrededor de US$ 5 millones. El contrato firmado es a 20 años.”
Hace tiempo que venimos intentando conocer los números del negocio que representa la generación eólica en el país.
Al amparo de una cuestión netamente positiva: el cambio de parte de la matriz energética basada en energía fósil para una energía limpia y renovable como lo es la generación eólica, se ha profundizado la privatización  de la generación de energía eléctrica.
El País no informa la fuente de parte de los datos suministrados.
Los tomamos como correctos en espera de que eventualmente alguien los corrija.
Haciéndonos eco de los números del artículo de marras construimos un  cuadro[ii] con el objetivo de aproximarnos a las ganancias anuales y en los 20 años del contrato de la empresa KENTILUX. Hicimos además una proyección de las  mismas al conjunto de la generación eólica privada que opera bajo dicha modalidad con UTE.
Como se observa, después de descontar amortización, pagos de intereses y mantenimiento de los equipos la empresa obtendría una ganancia neta el primer año de 2 millones de dólares,  un 40% de la facturación bruta y un 10% de la inversión. Las utilidades crecerían año a año, de acuerdo al esquema planteado de amortizaciones y pagos descendentes de interés. Podría calcularse de otra forma (pagos iguales anuales a lo largo del período) pero no cambiaría sustantivamente las cosas.
Extrapolamos el esquema financiero de esta empresa a una cantidad aproximada de generadores eólicos privados que operan bajo contrato con UTE.
A lo largo de estos años hasta 2016, año a partir del cual  ha caído en gran medida la instalación de estos parques privados, lo que paga UTE por MW ha descendido en forma significativa. También lo han hecho los costos de los molinos los últimos años.
Como surge del cuadro, si tomáramos las mismas condiciones que las que rigen para Kentilux[iii], las ganancias privadas en 20 años montarían cerca de 2.500 millones de dólares. O, promedíandolas, más de 123 millones anuales. Suficiente para construir, por ejemplo, más de 1.000 viviendas, cómodas y en ubicaciones con todos los servicios públicos, por año.
El lector se preguntará: ¿no será que UTE no tenía los recursos técnicos y, sobre todo, financieros para hacer por sí misma estas obras?
La respuesta es bien clara: respecto al primer punto UTE tiene los recursos técnicos[iv], mucho más que unos empresarios privados que han medrado en el área de la industria pesquera y en la agropecuaria.  Está claro que lo que estos han hecho es contratar con empresas nacionales o internacionales la proyección, construcción y el mantenimiento del parque eólico. Es probable que UTE no debiera recurrir en absoluto, o en todo caso, en menor medida a estos apoyos externos. Para la segunda pregunta (recursos financieros) lo que sucede es que a efectos prácticos el costo lo asume, de todas formas, UTE.
El ente público se compromete a pagar durante 20 años toda la energía que producirá el parque a una tasa fija en dólares. Aunque, como sucede en forma creciente dada la instalación excesiva de generadores, no necesite esa energía. En efecto, hay estudios que nos merecen confianza[v] que informan una fuerte sobreinversión en el área energética, con elevados costos para el país. Hemos estimado el monto de los pagos de UTE a generadores privados con contrato PPA (acuerdo de compra de energía en inglés) en 4.550 millones de dólares en 20 años.[vi] Una estimación razonable de la inversión total de los privados rondaría los 1.600 millones.
Por último agreguemos que esta obligación de pago por parte de UTE de estas cantidades de energía significan en realidad DEUDA PÚBLICA.  Esta deuda no está contabilizada en los informes que produce el BCU sobre el tema en forma trimestral.
Es claro, por lo tanto, que de una forma u otra, emisión de títulos o firmando contratos que obligan a pagar montos casi constantes durante largos años, la fuente del dinero es la misma: deuda pública.
La diferencia más importante es que de aquella forma UTE se ahorra las abultadas ganancias que, como vimos, percibirán las empresas privadas que hicieron los parques eólicos.
Esto hubiera permitido bajar sensiblemente las tarifas eléctricas o utilizar esos dineros con otros fines socialmente útiles. Las posibles razones por las cuales el Estado nacional tomó la decisión de optar por la privatización, sobre todo bajo la forma de estos contratos PPA, para desarrollar la energía eólica son analizadas en un trabajo de Fernando Esponda y Jorge Molinari[vii] que comentaremos próximamente.




[i]     http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/segundo-ute-cobrar-deuda-fripur.html
[ii]      Supuestos: 1) Tasa de inetés 5% anual, similar a la de la deuda pública. De hecho los contratos gozan del respaldo total del Estado. 2) Partimos de la base de que todo el dinero invertido en el emprendimiento genera interés. 3) No disponemos datos precisos sobre los costos de mantenimiento. 4) No valoramos la renta de la tierra correspondiente a la ubicación de los molinos, su monto es sumamente pequeño en relación a los costos de instalación y el valor de la energía generada. 5) Hemos valorado el residual de la inversión en cero. Esto seguramente no es así. Ese monto debería sumarse a las ganancias de la empresa.
[iii]     Es difícil conocer los datos reales. El monto de la inversión que menciona El País (alrededor de 1 mmd el megavatio) está por debajo del que informan otras fuentes nacionales e internacionales. Si la inversión se aproximara a los 1,6 mmd por MW los números de las ganancias en términos absolutos de los privados se mantendrían.
[iv]    De hecho, según http://www.energiaeolica.gub.uy/index.php?page=parques-en-uruguay#expand1 UTE instaló dos de los primeros  parques en el país en Caracoles, de 10 MW cada uno, en diciembre 2008 y junio 2010.
[v]     http://www.elpais.com.uy/economia-y-mercado/generacion-sobreinversion-excedentes.html
[vi]    La deuda publica bruta total es de 33.367 millones de dólares.
[vii]   El mismo se titula “La dimensión contable de la revolución eólica uruguaya” y fue presentado en el “III Congreso Latinoamericano de Energía Eólica VIII Jornadas Internacionales de Energía Eólica 12-13 de Juno de 2017 – Montevideo – Uruguay”






martes, 29 de agosto de 2017

Así fue la marcha del Filtro 2017





Plenaria Memoria y Justicia
Crónica de una memoria que resiste

Llegó Agosto y con él un 24 que para nosotros está presente todo el año, cada uno de estos 23 años. Un 24 de Agosto que siempre estará “guardado en la memoria” como el día en que un pueblo dio una gran muestra de solidaridad, como el día en que el Estado con sus aparatos represivos mostraron su rostro –a veces cubierto- en todo su esplendor. Fue el día en que asesinaron a Fernando, el día en que asesinaron a Roberto.

Agosto llegó con mucha actividad, mucho movimiento social, la lucha por la educación, los conflictos sindicales y entre medio el inicio de las reuniones de la Coordinación 24 de Agosto para organizar la marcha del Filtro.


Aunque varios de los aspectos organizativos ya están establecidos, (el día, la hora, el punto de arranque y el destino), muchos otros aspectos quedaban por resolver… ¿Cuáles serían los ejes de este año? ¿Qué actividades previas se iban a hacer? ¿Cuál sería la consigna?

La denuncia y el reclamo de justicia, la exigencia de que se investigue, el señalar cómo desde los organismos estatales han hecho oídos sordos a la denuncia pública de Norma sobre quién sería el autor material del asesinato de Fernando fueron las premisas, como también el repudió a las declaraciones de Gianola que volvió a la palestra con su indignante desmemoria e insultante impunidad, la misma impunidad que comparten todos los que actuaron en el Filtro, los que dispararon, los que dieron las ordenes, los que callaron y escondieron pruebas… los que inventaron una causa para ocultar que Roberto fue asesinado en y por la represión del Filtro…

Y así en medio de la discusión después de barajar varias propuestas terminó saliendo la consigna de este año, la que resume y contiene todo lo que queríamos decir este 24 de Agosto: “El Estado dispara, la memoria resiste”.

Y la memoria resiste, como ha venido resistiendo todos estos años, y esa resistencia hizo posible que casi sin darnos cuenta se llenaran las últimas semanas de talleres sobre el Filtro en diversos centros de estudios y centros sociales… algunos con más y otros con menos participantes pero en todos lados estaban las ganas de saber, de debatir… y en cada taller en el que se pasó el documental Guernica 94, pudimos ver en los rostros de quienes lo veían por primera vez la indignación frente a esas imágenes tan contundentes. Y en las charlas de reconstrucción de los hechos vimos la avidez por saber lo que pasó y el porqué… y qué hacer al respecto.

Fuimos al Centro Social Cordón Norte, fuimos a la carpa de la educación, fuimos al centro ocupado por los estudiantes de educación social, fuimos a Bellas Artes, a Humanidades, al IPA, a Sicología y también al Bauza… bueno en realidad fuimos al corte de calle, acompañando la medida de estudiantes del liceo Bauza que frente a la prohibición de la dirección de que se hiciera el taller decidieron hacerlo igual, en las calles y ahí estuvimos acompañados de los Brigadistas de Askapena que este año volvieron a acompañarnos y se pusieron al hombro la tarea de convocar al Filtro y difundir la lucha del Pueblo Vasco aportando a el objetivo de incentivar la solidaridad entre los Pueblos.

También hubo talleres autogestionados en otros centros de estudio, la Comisión de DDHH de la FEUU realizó un mural en Ciencias Sociales y en todos lados, tanto en Montevideo como en Maldonado (donde también se realizaron actividades) se convocó a la marcha del Filtro.

Y llegó el 24, amaneció con lluvia, con lluvia fuerte que inmediatamente nos trajo a la memoria aquel 24 del 2014, en que bajo una tormenta con granizo -en el día más frio del año- marchamos hacia el Filtro… y bueno ya nos preparábamos para una marcha empapada pero entonces Norma nos comenta que nos quedáramos tranquilos porque había plantado dos huevos… no vamos a poner en cuestionamiento esta tradición, pero lo cierto es que esta vez la lluvia que suele acompañarnos no se hizo presente.

La marcha la abrió una pancarta a colores, en sintonía con los afiches de este año que por primera vez en 23 años salió a todo color y fue gracias a la solidaridad de varios sindicatos que colaboraron con la propaganda y con todos los aspectos de la movilización, y desde aquí nuestro agradecimiento al SUATT, SAG, AFFUR, AUTE, ADES, FENAPES, AFUTU, CEIPA y también a los compañeros de la imprenta POLO que está ocupada hace más de 6 meses.

La marcha partió sobre las 19:15, a un paso un tanto lento fue avanzando por el mismo recorrido de todos los años hasta llegar al Filtro. Mientras la marcha avanzaba otro grupo de compañeros y compañeras se adelantaron a instalar el estrado para el acto, y como todos los años nos encontramos con que había gente esperando por la marcha… y es que el recorrido es largo y los años van pasando.

El acto arrancó con la proclama central de la Coordinación 24 de Agosto leída por un compañero de Plenaria Memoria y Justicia y otro de la agrupación TESIS XI.

Mientras los compañeros leían la proclama varios compañeros y compañeras sostenían carteles con los rostros de algunos de los responsables del Filtro con la leyenda de CULPABLES.

Al terminar la oratoria, otro compañero leyó un texto corto para solidarizarnos con la campaña por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Mientras se leía el texto otro grupo de compañeros y compañeras sostenía carteles con el rostro de Santiago y al terminar se gritó: Por la aparición con vida de Santiago Maldonado, Juicio y Castigo a los culpables… mientras el resto de la movilización gritaba: Vivo lo llevaron, vivo lo queremos.

Después fue el turno de que los compañeros Brigadistas de Askapena tomaran la palabra, donde se solidarizaron con la lucha que llevamos adelante, nos contaron un poco sobre la situación del pueblo Vasco y también leyeron una proclama de Etxerat sobre los presos políticos vascos.

La marcha la cerró como todos los años Norma Morroni, con unas muy emotivas palabras y se dio por concluida la movilización.

Otro 24 pasó, otra marcha por Fernando y por Roberto, siempre presentes en nuestros corazones. Otra marcha encabezada por Norma, con la dignidad y garra de siempre… 23 años con La impunidad que reprime y mata, 23 años con Demasiada impunidad, 23 años con que La justicia nos sigue faltando, 23 años con la memoria que resiste… y acá mientras escribimos esta crónica en una reunión de plenaria en el SUATT nos preguntamos… ¿Dónde está Santiago Maldonado?


29 ago. 2017

A 23 años de la Represión del Filtro y de los asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal, se realizó la marcha bajo la consigna: El Estado dispara, la Memoria Resiste









¿Donde vamos $$$$ ?




>>> Entrevista entrevista al Ec. Rodrigo Alonso por Dr. William Yohai 


El Ec. Rodrigo Alonso integra el Consejo Consultivo de Hemisferio Izquierdo. https://www.hemisferioizquierdo.uy/



https://youtu.be/yCHnuWqNgyY


https://youtu.be/yAB9IJueS-0


https://youtu.be/qdlPUUtTTMM


https://youtu.be/njIGYlJDAAU



sábado, 26 de agosto de 2017

¿Sigamos con el secretismo?

Gerardo Nuñez

Diputados del FA cuestionaron a ex ministros de Defensa e Interior que no se interesaron por el espionaje ilegal en sus administraciones

24 • ago. • 2017


El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez, que preside la comisión parlamentaria que investiga las actividades de espionaje realizadas por inteligencia militar y policial desde la reapertura democrática, señaló la necesidad de trabajar en dos proyectos de ley sobre el tema. Núñez participó, junto con su par Luis Puig (también del FA e integrante de la comisión), en una mesa redonda sobre espionaje en democracia, en la sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

Núñez explicó que uno de los proyectos tendría como objetivo regular el acceso a todos los archivos de inteligencia, porque “los uruguayos nos merecemos saber qué se investiga y con qué fines”. No obstante, subrayó que esa información no se puede manejar “al voleo”, porque “cuando hay archivos de inteligencia, hay víctimas del espionaje y tenemos que ser cuidadosos con esas personas”. “Entonces, tampoco está bueno que cualquiera pueda acceder y divulgar los contenidos, por eso hay que regular el acceso, pero se tiene que garantizar el acceso democrático a los archivos para las labores de investigación, periodísticas y académicas. Después se establecerá un protocolo de una manera que proteja la información con el cuidado hacia las personas que fueron víctimas”, indicó Núñez.

A su vez, el diputado informó que el otro proyecto de ley relacionado ya fue presentado en el Parlamento y refiere a la creación de una ley de Inteligencia Estratégica, que regule y controle las acciones de todos los servicios de inteligencia, en los que la sociedad civil tendría una presencia cada vez mayor, porque la inteligencia “tiene que salir de las órbitas en las que ha estado históricamente”. Agregó que eso implicaría enfocarse también en la formación ciudadana, para que cualquiera pueda estar en condiciones, si lo desea, de trabajar en un organismo de inteligencia y “controlar esos espacios”.

Hasta ahora, casi todos los ex ministros de Defensa Nacional e Interior que fueron citados a la comisión señalaron que no tenían conocimiento de las actividades ilegales de espionaje. El único que dijo que sí lo tenía fue José Díaz, pero por su carácter de espiado. Durante la mesa redonda, Núñez dudó de que se haya podido evadir “todos los mecanismos de control habidos y por haber”, ya que los planes de inteligencia que trazan las coordenadas de acción debieron ser “por lo menos informados o discutidos con el responsable jerárquico máximo”, que era el ministro de Defensa.

Además, Núñez señaló que realizaron un pedido de informes al Ministerio de Defensa Nacional para conocer los gastos de las direcciones de inteligencia desde 1985 hasta la fecha, por las cifras “exorbitantes” que se gastaban en espionaje. Dijo que, por ejemplo, se alquilaban casas cercanas a un sindicato o local partidario para investigarlos. “Nosotros pagamos para que nos investiguen, es ilógico”, añadió Núñez. Además, el diputado dijo que es relevante saber qué hacía la CIA pagando informantes en Uruguay, ya que eso también se desprende del “archivo Berruti”.

Al final, Puig dijo que los ex ministros que comparecieron ante la comisión no sólo dijeron que no tenían conocimiento de la situación, sino que varios contestaron con desdén: “‘Tampoco nos interesaba demasiado, porque teníamos cosas más importantes que hacer’. Eso es gravísimo”, comentó.



>>> Espionaje en democracia

Panel sobre espionaje en democracia organizado por CRYSOL en la institución Naciona de Derechos Humanos con los Diputados Gerardo Nuñez y Luis Puig









La liberación de una parte del archivo del espionaje militar en democracia trajo adhesiones y enojos. Y evidenció una tensión acumulada en cuanto a las opiniones sobre cómo se manejan estos documentos. Más allá –o más acá– de la forma en la que Brecha eligió publicar los documentos, quedaron latentes los diferentes criterios del gobierno en cuanto al acceso a la información reservada y la opacidad que prima sobre los archivos del pasado reciente.

Eran las 14.59 del jueves 27 de julio cuando Brecha liberó en su web algo más de 14 mil páginas que confirmaban, definitivamente, el espionaje ilegal y sistemático que la inteligencia militar llevó adelante sobre personas y organizaciones en democracia.
Desde octubre de 2016 el semanario había estado revelando a sus lectores detalles de todo el andamiaje burocrático montado por los militares, su operativa, sus objetivos a espiar (sindicatos, partidos, medios de prensa –Brecha entre ellos–, organizaciones sociales y religiosas, etcétera), que terminaron convenciendo a algunos diputados de crear una comisión investigadora para comprobar la existencia del espionaje en democracia y eventualmente determinar responsabilidades y su posible derivación a la justicia penal. Hallados en 2006 por la entonces ministra de Defensa Azucena Berrutti, los documentos fueron ignorados durante diez años por todo el espectro político.
Apenas publicados, comenzaron las reacciones. Primero fue en las redes sociales: algunos celebraron la iniciativa, otros, entre ellos varios integrantes del equipo de historiadores de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, de la Presidencia, cuestionaron por qué no se tacharon los nombres de militantes que quedaban expuestos en detalles de su vida íntima sin relevancia para el resto de las personas; otros alertaron sobre la “carne podrida” que podría contener la publicación. “Repudiable”inmoral”, dijeron algunos. Hubo también quienes exigieron conocer cómo Brecha accedió al material. En los medios, pocos consignaron la noticia, algunos comenzaron a hacer pública información proveniente del archivo, otros abordaron algunas aristas del asunto a través de columnas de opinión. El silencio del Estado, del gobierno y de la clase política toda resultó ensordecedor.
UN GATO Y UNA EXPLOSIÓN. Si para algunos la revelación de datos personales es un hecho que anula cualquier aporte de conocimiento que los archivos pudiesen hacer, para otros lo fundamental de su difusión es que se confirma la existencia de un organismo de inteligencia funcionando en democracia y en dictadura, al margen de cualquier control e institucionalidad, pero amparado en una especie de blindaje protector impenetrable. Otros encuentran la oportunidad de señalar la ausencia de una institucionalidad que cuide y unifique los criterios de acceso a los archivos, considerados hasta ahora “opacos” y “discrecionales” a pesar del marco regulatorio existente que debería garantizarlo (véase recuadro “Árido”). En ese marco, para los entrevistados (abogados, integrantes de organizaciones, familiares, historiadores, políticos) lo de Brecha aparece como la punta de un iceberg, y lo que subyace es la existencia de una tensión de larga data en torno a una (no) política del patrimonio documental nacional, y el debate pendiente sobre la custodia y acceso a los archivos que lo conforman, principalmente los referidos al pasado reciente.
“La advertencia de que los archivos están, que contienen la información y que el Estado debería procesarlos de alguna manera para ofrecerlos al público, es un reclamo de la sociedad que no tiene un año, tiene diez. Llega un momento en que las cosas explotan, lo hizo a través de Brecha, pero podría haber explotado por cualquier lado”, dijo Isabel Wschebor, ex directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. “El mérito es el de tirar el gato arriba de la mesa –opinó, por su parte, el historiador Carlos Demasi–. De los archivos no se hablaba, después decían que no existían, cuando existieron dijeron ‘ah sí, pero no dicen nada importante’, y aparecen los documentos y ¡caramba!, parece que sí decían cosas importantes, pero nadie agarraba el toro por las guampas.”
Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, considera que estos archivos cobran una “gran relevancia” en las causas judiciales por el “secretismo” que los rodea: la “política (del Estado) hacia las Fuerzas Armadas las abroqueló totalmente en el silencio, entonces vos ves que no hay fisuras, que desde 1985 hasta hoy no hay cómo llegar a tener información si no es por medio de archivos. (…) Son archivos de los militares, responden a sus propios objetivos; eso genera una situación compleja porque tienen información pero no son la verdad, no tienen por qué ser la verdad, y el que aborde esa página tiene que ir con toda esa precaución”, advirtió.
EN TODAS PARTES. El debate sobre qué hacer con los archivos generados durante períodos represivos y de terrorismo de Estado no es exclusivo de Uruguay. Desde los archivos de la guerra en Argelia, pasando por los de la Stasi, hasta los de la guerra civil española “están demostrado que el principal problema de los gobiernos es que, habiendo pactado una transición política ‘en paz’ y de no explicitación de cuáles fueron las responsabilidades del Estado en esta materia, la publicitación de las formas en las que se investigaba a las personas se vuelve en contra de la forma en que estos estados decidieron pactar para salir de sus dictaduras”, opinó Wschebor, en referencia a las prácticas de inteligencia que el Estado no revisó al retornar a la democracia y que durante al menos 30 años siguieron adelante sin que las autoridades legítimas se enteraran. “Cambiar la lógica de la administración lleva tiempo, porque el régimen de terrorismo de Estado y su actuación ilegítima fueron impuestos por temor y terror, pero también con muchísimas complicidades que hasta el día de hoy se mantienen, como se mantiene el pacto de silencio mafioso entre los torturadores”, señaló por su parte Felipe Michelini, integrante del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado por Tabaré Vázquez al inicio del actual gobierno y que funciona en la órbita de la Presidencia.
En escenarios así, propiciar la discusión queda en manos de las organizaciones sociales, que a su vez presionan para obligar la desclasificación de archivos y lograr que su acceso –con suerte– no esté restringido a los académicos. “Los archivos dejan visible el espionaje en democracia y la operativa de militares infiltrados para continuarlo hasta el día de hoy. Eso nos compete a todos. No es de académicos ni de investigadores. A 40 años de la dictadura y con hechos así no podemos seguir pensando que lo principal es restringir, sino todo lo contrario”, sostuvo Zaffaroni.
EN BUSCA DE UN MARCO. El marco regulatorio creado a partir de la llegada del progresismo al gobierno permitió avances pero mantuvo opacidades y, sobre todo, no logró soluciones completas. El Archivo General de la Nación (Agn) tiene 120 quilómetros lineales de documentos judiciales, la mayoría de ellos sin catálogo ni descriptores, contó a Brecha el historiador Nicolás Duffau. “Vas tanteando a ciegas”, advirtió. Vania Markarian, responsable del área de investigación histórica del Archivo General de la Universidad de la República, advirtió que “siguen existiendo grandes carencias en las condiciones de preservación y acceso a los múltiples archivos oficiales sobre el período de la dictadura que se han detectado en la última década”, y aseguró que hay diferentes criterios de tratamiento y acceso establecidos para los archivos ubicados en la cancillería y los ministerios de Defensa e Interior.1 En conversación con el semanario, Markarian reclamó una institucionalidad que elimine la opacidad y la discrecionalidad en el acceso y que homogeneice criterios: “Ahora aparecieron los archivos del Fusna (Fusileros Navales). La primera decisión es decir: está en este lugar, el volumen es este, las fechas extremas parecen ser estas y el procedimiento va a ser este, que sigue estos lineamientos. ¿Quién está entrando? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es el destino? ¿Quién garantiza el acceso? Yo no tengo idea, no sé si alguien la tiene. Mi preocupación es formal en el sentido más político de la palabra”.
“He visto que se habla mucho del Agn y nadie analiza que es una dependencia subordinada al Poder Ejecutivo. Si éste define que el archivo será visto por tres o cuatro personas que designa el propio Ejecutivo, el Agn no puede tener una política distinta”, dijo Wschebor. Sucede que ni siquiera los propios ministerios tienen claro quién clasifica como reservados los documentos y quién puede desclasificarlos. Prueba de ello es la respuesta dada a Brecha por Martín Fabregat, asesor en comunicación del Ministerio de Defensa, en la que aseguró que una vez que los archivos pasan al Agn ya “no dependen ni funcional ni operativamente” de esa cartera. Sin embargo, la ley de acceso a la información pública establece que el organismo que generó el archivo es el que toma esas decisiones.
Frente a las reservas declaradas por el Ejecutivo aparecen las soluciones parciales. Por ejemplo, la mencionada ley habilita a dar información a las personas directamente implicadas. “Entonces se abren sistemas de clasificación exclusivos para las personas que están implicadas. Soluciones parciales para una definición que está por encima de todo el mundo en la escala jerárquica y administrativa. Esa es la discusión que hay que dar: cómo se generan condiciones para que el Ejecutivo entienda que si abrimos los archivos no va a pasar nada. No va a ser un escándalo público”, opinó Wsche-
bor. A su vez, el gobierno tiene a su disposición la Unidad de Acceso a la Información Pública (Uaip), que se encarga de asesorarlo en estos temas, sin embargo, Mariana Gatti, miembro de la institución, aseguró a Brecha que no han recibido ninguna denuncia ni consulta sobre el tema.
El asunto no es sencillo. Como casi todo alrededor de los archivos, tampoco aquí parece existir consenso. En una columna publicada la semana pasada en La Diaria,2 Carla Larrobla, integrante del equipo de historiadores que investigó sobre detenidos desaparecidos, recordó un seminario realizado a fines de 2016 que no logró cumplir su objetivo de consensuar criterios que “permitieran elaborar un protocolo nacional de acceso a la información”, debido a “las dificultades que representa este asunto y las múltiples posiciones que existen al respecto”.
Antes, en 2008, a raíz del hallazgo de los archivos del espionaje por la ministra Berrutti, se comenzaron gestiones para crear un “Archivo nacional de la memoria”, recordó Edison Lanza, entonces integrante de la organización Cainfo y hoy relator especial para la libertad de expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los aspectos a regular, explicó Lanza, estaba “que quienes perpetraron el espionaje y la actividad ilegal no mantengan la custodia de esos archivos y que pasen a otras agencias del Estado, que fuera un archivo destinado a conocer lo sucedido, que contribuyera a recuperar la memoria, y con los fines de reparación, de justicia y otros fines”. También se regularía su acceso, “siempre bajo el principio de máxima divulgación y de que las excepciones sólo puedan ser establecidas por una ley, porque hablamos de regular un derecho fundamental como es el derecho a la información y a la verdad, y proteger algunos bienes, como los datos sensibles de las personas”. Pero faltó voluntad política y sobraron discrepancias de criterio. “Algunos estimaban que primero debía ser objeto de un tamizado por los historiadores, que era temprano para liberarlo así nomás, todo el mundo hacía acuerdo en que la justicia debía acceder, luego se puso a disposición del Agn para que víctimas y familiares pudieran acceder, ahí se hizo un buen trabajo”. Finalmente el Ejecutivo elaboró otro proyecto que se aprobó en 2008 (ley 18.435), que “en materia de acceso remite a la ley de acceso a la información”, por lo que para Lanza “resultó en casi lo mismo que mantener el problema latente, porque no estableció las reglas para el acceso público, que es lo que ahora se discute nueve años después”. Según afirma Markarian, parte del fracaso se debió a la resistencia de historiadores y archivólogos, que se oponían a que se separaran del archivo de información e inteligencia policial los años vinculados al terrorismo de Estado con el fin de alojarlos en esta nueva dependencia: “Se advertía así acerca de los peligros de establecer cortes tajantes y hacer de las discusiones contemporáneas, atravesadas por pasiones políticas y dolores acuciantes, la forma central de definir qué hacer con documentación perteneciente a archivos históricos de gran valor en la larga duración”.3
PARA QUÉ SIRVE UN ARCHIVO. Dice Demasi que sobre los archivos pesa cierta “sacralización” equivocada, como si alcanzara con entrar a uno y elegir la carpeta correcta para encontrar allí el documento que dirá quién mató a Julio Castro o quién es el responsable de la desaparición de una persona. No funciona así. La lógica indica –sostiene el historiador– que el archivo debe ser manejado como una globalidad. De esa manera, “más que saber si fulanito tiene una amante, lo que encontrás es la lógica de la observación, qué cosas están mirando, la subjetividad que construye el archivo sobre el que lee los documentos, cuál es el tipo de visión de la sociedad que intenta dar, y a partir de ahí empezás a ver qué te dice el archivo”. Wschebor rea-firma el concepto. En sus palabras, en el archivo de espionaje en democracia “puede verse la carátula, la figura del ‘manipulador’, hay uno que brinda la información, otro que la manipula, hace el informe, están los datos administrativos, cuánta plata le pasan, los datos del nivel de conflicto que genera esto… hay una cantidad de datos de contexto que son relevantes. No es sólo el documento. Eso te permite recabar una cantidad de datos para valorar el contenido de lo que éstos dicen”. Explicar esto, dice, forma parte de la función social del historiador.
“Hay una forma más fácil de entenderlo: cuando se inventó la fotografía el público tendía a pensar que lo que quedaba registrado en la imagen era una representación fiel de la realidad. De a poco fuimos viendo que las fotografías no registraban el movimiento de las personas, que la persona que tomó la fotografía había elegido un cuadro, se había corrido de cierto lugar porque capaz no quería que algo saliera en la foto para que la imagen quedara más linda. Fuimos entendiendo que las imágenes no son el reflejo de la realidad. Con el documento escrito pasa lo mismo. También es cierto que es un testimonio: allí había unos edificios que quedaron registrados, hay una cantidad de cosas que son datos, pero tenemos que problematizarlos, hacernos preguntas, qué es lo que se ve y lo que no se ve en ese documento. Qué es lo que se puede confirmar si lo cruzamos con otra fuente que viene de otro contexto de producción. Hay un montón de cosas a analizar cuando nos enfrentamos al documento. No creo que eso sea sólo un tema de los historiadores. Capaz que a través de las imágenes es más fácil de entender, pero también hay que volver a los textos y considerar que en ese sentido todas las fuentes operan de la misma manera.”
“No es el debate fundamental”, contesta Vania Markarian, ante la pregunta de si debe censurarse información que guarda un documento antes de hacerlo público. Dependerá –argumenta– del tenor de la información y el uso que vaya a dársele, de cuándo y entre quiénes se decida. “En esas decisiones entran procesos de consulta y negociación entre sectores involucrados, que están cercanos a los lugares donde se hace política de estos asuntos: grupos de familiares, grupos políticos. Hay que generar algún tipo de consenso. No creo que haya una forma”, afirma, e introduce otro tema al debate: “Me parece que muchas veces ha sido la forma de dilatar” los procesos de apertura.
Si existe un inventario y una reserva de desclasificación a los 15 años, dice Wschebor, aludiendo al archivo de espionaje en democracia, “hay que estar abiertos a manipular lo menos posible la documentación que uno va a desclasificarEn 17 años de trabajar estos temas lo que he visto es que cuando se entra en el tema de si se tacha o no, en general se termina como corporativizando todo, y esa es una forma de dilatar la resolución política de abrir los archivos”. Primero está la discusión sobre si tachar o no, después qué nombres tachar y cuáles no, después empiezan las polémicas porque quienes tachan ven la documentación íntegra y los que quedaron por fuera no la ven. En este contexto de discusión/dilación, la historiadora propone basarse en lo que dictan las leyes: para lo que refiere a las violaciones de derechos humanos el Estado no puede opinar, tiene que brindar la información. Eso en la ley de acceso a la información es inopinable. Un artículo de esa ley establece que la información reservada deberá ser liberada a los 15 años. Y la ley de protección de datos personales no corre porque establece que la información debe ser obtenida legítimamente (véase recuadro “Árido”).
Los casi tres millones de documentos del espionaje en democracia continúan en reserva. En igual situación está el archivo hallado en la casa del coronel retirado Elmar Castiglioni, que se encuentra a disposición de la justicia en presumario, y seguramente exista más documentación todavía no localizada. Habrá que ver si el gobierno se desmarca de los intereses militares y tiene el coraje de intimar a quienes fueron y son parte de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa Nacional, y si procede con criterios comunes y traslúcidos para el acceso a los documentos de inteligencia, o si seguirá perpetuando los privilegios y las arbitrariedades. Pendiente está también la respuesta sobre si el espionaje es cosa del pasado o si ese sistema ilegal –y paralelo– de poder sigue funcionando. Cualquiera sea el caso, hay que encararlo.
  1. “Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo”, en Contemporánea, año 7, volumen 7, 2016.
  2. “¿Buenas prácticas?”, en La Diaria, 5-VIII-17.
  3. “Los documentos del pasado reciente como materiales de archivo. Reflexiones desde el caso uruguayo”, en Contemporánea, año 7, volumen 7, 2016.

La normativa vigente y la legislación venidera

Árido

Hay tres leyes que regulan el manejo de la información –pública y privada–, y una cuarta a estudio del Parlamento.
La primera es la que creó el Sistema Nacional de Archivos (ley 18.220), del Archivo General de la Nación (Agn), aprobada en 2007 y reglamentada en 2012. Esta ley establece cómo debe ser la conservación y organización del patrimonio documental del país, y delega a las leyes de protección de datos personales y del acceso a la información pública cómo se debe manejar y solicitar la información; que son las otras dos leyes en cuestión.
La segunda ley es la 18.331, de derecho de acceso a la información pública, aprobada en enero de 2008 y reglamentada en 2010. En su artículo 9 establece que el organismo que genere u obtenga la información será el encargado de clasificarla; y que en caso de que se indique como reservada, deberá fundamentar dicha resolución. A su vez, el artículo 11 estipula que la información clasificada previamente como reservada permanecerá con tal carácter por un período de 15 años, y que podrá ser “desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación”. Sin embargo, el artículo 12 aclara la “inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos”, es decir que no se podrá invocar ninguna de las reservas “cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos”.
La tercera ley en cuestión se aprobó en agosto de 2008 y se reglamentó un año después. Refiere a la protección de datos personales y acción de hábeas data (ley 18.331).
Por otro lado, la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia tiene a estudio un proyecto de ley para establecer una política nacional de inteligencia del Estado y “facilitar la toma de decisiones al más alto nivel del gobierno nacional”. El proyecto, que crearía un “Sistema nacional de inteligencia” (Sni), pretende ser una ley marco para que los ministerios de Economía y Finanzas, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional “se relacionen entre sí, cooperen e intercambien información a fin de producir inteligencia estratégica”, según se lee en el texto del proyecto. La encargada de supervisar y controlar al Sni sería una comisión bicameral que crearía la Asamblea GeneralTambién habría una “Secretaría de inteligencia estratégica de Estado”, que funcionaría como órgano desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo, con un director elegido por éste, que asesoraría y procesaría la información recabada para el gobierno. La secretaría también sería la encargada de “proponer normas y procedimientos estandarizados comunes” para el manejo de la información de todos los órganos del Sni. En otras palabras, los ministerios deberán ajustar la forma de “recolección y tratamiento de la información” según lo previsto en la ley de acceso a la información pública. Al igual que esa ley, este proyecto estipula la inoponibilidad de su acceso en casos de violaciones a los derechos humanos.
Brecha consultó a Macarena Gelman (familiar de desaparecidos, diputada del Frente Amplio, miembro del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia dependiente de la Presidencia) sobre la aplicación de las tres leyes: “Como persona que necesitó determinada información por las causas judiciales puedo decir que a lo largo de los años ha sido muy difícil poder acceder a ella. No ha habido un trabajo sistemático para facilitar la información, a pesar de que tenemos la ley de acceso. El mayor problema de los archivos es la falta de ordenamiento, como para que el que precise pueda hacer una búsqueda y pueda verificar que la información está o no está”.
Felipe Michelini, coordinador del grupo, afirmó que “hubo políticas de impunidad, previa, durante y posteriormente” a la dictadura, y que “la existencia de documentos que mostraban la existencia de esas conductas contrarias a los derechos humanos respondió a una política de impunidad”. 
Pablo Chargoñia, abogado especialista en derechos humanos, aseguró a Brecha que “si queremos ‘prevenir o evitar’, como dice la ley, hay que iluminar. Eso es mucho más trascendente que si en algún caso la información pudo afectar la vida privada de alguien… Se trata, precisamente, de la necesidad de iluminar el aparato militar ilícito”.

Defensa responde sobre espionaje en democracia

La confianza mató al gato

Brecha preguntó al ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, si existen mecanismos de detección, control y prevención de inteligencia militar ilícita. El mes pasado, a la salida de su comparecencia ante la comisión parlamentaria investigadora del espionaje en democracia, el ministro aseguró desconocer que haya existido espionaje en democracia y remarcó que su ministerio tiene un “manejo” y “enfoque” del tema que “es de carácter institucional”, según difundió Radio Uruguay.
El ministro también respondió a través de su secretario, Martín Fabregat, quien explicó a Brecha que el procedimiento de detección es “preguntarles a los responsables de cada área” si les consta que haya espionaje en la actualidad, y pedirles “su respuesta por escrito”, lo cual es, a su criterio, suficiente para “representar la institucionalidad”. Respecto de la prevención, explicó que “se actúa dentro del marco democrático, legal, institucional para que eso no suceda”, pero no pudo contestar qué mecanismos específicos se llevan adelante.






jueves, 24 de agosto de 2017

Un país sin filtro




>>> Salió en Voces Indisciplina Partidaria
23 Agosto, 2017, Hoenir Sarthou


¿Por qué razón un país aprueba leyes contradictorias, inspiradas en filosofías opuestas y con contenidos incompatibles?

Eso es lo que le pasa a Uruguay en el casi surrealista asunto de la marihuana y los bancos.



En junio de 2009, el Parlamento aprobó la Ley 18.494, titulada “Control y prevención de lavados de activos y del financiamiento del terrorismo”. Esa ley reafirmó la adhesión de Uruguay a las políticas de guerra al narcotráfico y les asignó a los bancos (así como a otras actividades comerciales y a ciertas profesiones universitarias) un papel preponderante en la detección y denuncia de los delitos previstos en las leyes sobre estupefacientes.




En diciembre de 2013, el Parlamento aprobó la Ley 19.172 que, con el largo y aparentemente severo título de “Marihuana y sus derivados. Control y regulación del estado de la importación, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución”, habilitó el cultivo y la comercialización de marihuana.




Poco después, en abril de 2014, el mismo Parlamento aprobó la Ley 19.210, eufemísticamente denominada “Acceso de la población a servicios financieros y promoción del uso de medios de pago electrónicos”, más conocida como “ley de bancarización” que obliga a toda la población a efectuar los pagos y cobros de sueldos, jubilaciones, pensiones, alquileres, honorarios, precios de compraventas y en general toda operación económica a través de los bancos, prohibiendo hacerlo de otras maneras.

La ley de lavado de activos es brutal y sincera en su naturaleza represiva. Las otras dos, en cambio, tanto en su título como en sus primeros artículos, disimulan su verdadero contenido. En la de bancarización, la obligación de entrar al sistema financiero aparece recién en el artículo 10 (antes hay varios artículos de “sanata” sobre los medios de pago electrónicos, de modo que un lector no entrenado probablemente no advertiría el contenido principal de la norma). La ley de la marihuana, por su parte, comienza diciendo: “Decláranse de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso de cannabis, que promueva la debida información , educación y prevención, sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a dicho consumo así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios problemáticos de drogas”. Extraño inicio para una ley que se propone habilitar el cultivo y la venta de cannabis.

Estas cuestiones de estilo son reveladoras de una mala conciencia legislativa, que oculta con palabrerío y declaraciones pueriles lo que verdaderamente se está disponiendo o imponiendo.

Más allá de estilos, es clara la contradicción entre las tres normas. Por un lado, se declara la guerra al narcotráfico y se les asigna a los bancos -ya predispuestos a eso por las normas de los EEUU – el papel de vigilantes de un “eje del mal”, constituido por el lavado de activos, el narcotráfico y el terrorismo (todo en un mismo paquete). Por otro lado, se legaliza el cultivo y venta de marihuana . Y la frutilla de la torta es poner en manos de los bancos, más dependientes de la regulación y de las prácticas financieras extranjeras que de la legislación nacional, toda la actividad económica del país. ¿Cómo esperar que no saltaran chispas por todos lados?

Vuelvo a la pregunta original: ¿por qué un país aprueba en tan poco tiempo, y bajo gobiernos de un mismo partido, tres leyes que se dan de patadas entre sí? Sobre todo cuando no había ningún reclamo de la población uruguaya por aprobar ninguna de las tres.




Como es sabido, los EEUU han promovido o impuesto, entre sus países dependientes y las burocracias de organismos como la ONU y la OEA, la firma de convenios, protocolos y leyes que obligan a perseguir a esa supuesta conjura maligna mundial que aúna al lavado de activos, al narcotráfico y al terrorismo.

La represión del narcotráfico es un negocio casi tan rentable como el narcotráfico, aunque mucho más sangriento. ¿Cuántos millones de dólares se destinan cada año en el mundo a la represión del narcotráfico? ¿Cuánto paga en coimas el narcotráfico? ¿Cuántos burócratas y técnicos internacionales viajan por el mundo y se ganan la vida o se enriquecen asesorando y haciendo declaraciones sobre el narcotráfico? Los resultados son terribles. Basta mirar a México, o antes a Colombia. Pero el negocio sigue y quiere seguir. Por eso no es extraño que haya políticas supranacionales en la materia y que Uruguay, como tantos países de América (Chile, Argentina, Brasil), hayan aprobado en lo que va de este siglo leyes casi “mellizas”, con su obligación de denunciar, sus propias “UFI”, etc.. Es fácil ver de dónde vino la inspiración (y quizá el texto) de la ley sobre lavado de activos, que Uruguay aprobó sin discutir ni chistar.




La “inclusión financiera” también es una política supranacional, promovida y monitoreada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que contabilizan a unos 143 países con niveles destacados de bancarización. Hay en esa política una confluencia de intereses entre el capital financiero, que aumenta sus ganancias logrando intervención en toda clase de operaciones económicas, y los Estados, que pueden fiscalizar mejor y asegurarse el cobro de tributos. En la mayoría de los países de América se la impulsa mediante la promoción de medios de pago electrónicos, microcréditos y facilidades para la apertura de cuentas simplificadas. La modalidad adoptada por Uruguay, de imposición legal de ingresar al sistema bancario, no tiene demasiados paralelismos en la región. En el discurso del Banco Mundial y del FMI, adoptado también por el gobierno uruguayo, la inclusión financiera se presenta insólitamente como un beneficio para las familias más pobres (a las que se pretende incluir mediante el crédito y el consiguiente endeudamiento), como un mecanismo de seguridad y como una forma de que los Estados combatan la evasión tributaria. Muy poco o nada dicen el Banco Mundial, el FMI y el gobierno uruguayo sobre las ganancias que la inclusión financiera produce a los bancos y sobre la incidencia de esas ganancias en los precios de los productos.




Cabe preguntarse por qué Uruguay adoptó un sistema de bancarización más duro y autoritario que el de la mayor parte del Continente. ¿Voracidad fiscal? ¿Deseo de hacer buena letra ante el sistema financiero y los organismos internacionales? ¿Papel de país experimental de cierto modelo financiero-político?

Respecto a la marihuana, es obvio el papel que jugaron ciertas corporaciones globales, las de Soros y Rockefeller, en la aprobación de la ley. La legalización de la marihuana no tenía apoyo de la opinión pública uruguaya (las encuestas indicaban más de 60% en contra), no figuraba en el programa del Frente Amplio y no integraba el discurso del MPP ni el de Mujica.



Sin embargo, repentinamente vimos a Mujica recibido y abrazado por Soros y por el extinto jefe del clan Rockefeller, y aparecieron en Montevideo lobistas de Soros que hicieron presión política y financiaron a una ONG creada para promover la legalización. Hay razones para creer que empresarios globales como Soros y Rockefeller tenían interés en modificar la regulación mundial de la marihuana (un mercado muy apetecible) y eligieron a Uruguay como conejillo de indias o como punta de lanza. Todos conocemos el triste destino de los conejillos de indias y la posibilidad de fractura de las puntas de lanza. Los planes de Soros y Rockefeller, de modificar la legislación sobre la marihuana, parecen haberse visto entorpecidos por el triunfo de Trump, lo que puede dejar a Uruguay en una situación difícil. Pero aun no se ha escrito el último capítulo en este asunto.


El juego de las tres leyes pone en evidencia que Uruguay carece de una orientación propia en temas vitales. Eso lo lleva a adoptar, sin filtro, las políticas que diversos intereses –a veces en conflicto- promueven a nivel supranacional. Comprar la “guerra a las drogas”, promovida por el gobierno de los EEUU y por las burocracias internacionales, legalizar la marihuana a instancias de los poderosos Soros y Rockefeller, y poner toda la economía del país en manos de unos bancos (incluido el BROU) que dependen más de políticas y prácticas financieras internacionales que de la legislación uruguaya, es la prueba más clara de la falta de rumbo y de la peor clase de dependencia que se puede tener: la ideológica.

Lo que queda planteado es un dilema central de nuestro tiempo. ¿Dónde radica el poder? ¿El modelo de organización republicano-democrático sigue teniendo algún sentido y algún espacio de autodeterminación, o las prácticas financieras globales, los protocolos y recomendaciones internacionales, los tratados de protección de inversiones y los contratos de inversión son las nuevas leyes?

Cabe preguntarse si de verdad todo espacio de autonomía republicana es inviable, o si esa inviabilidad es parte de la ideología global, una profecía interesada que se autocumple cuando las sociedades y sus gobiernos renuncian a pensar y a decidir por sí mismos.









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Alegato público de un testigo

Raul Sendic y Ronald Scarzella


Salió en Semanario Voces

De jorge Zabalza

De organizaciones clandestinas.


En su libro sobre Fernández Huidobro, María Urruzola se refiere al asesinato de Ronald Scarzella el 23 de abril de 1993. Este destacado dirigente del sindicato de base Juan Benzo y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química (STIQ) fue, al mismo tiempo, miembro del Comité Central del MLN (T) y de la dirección del Zonal 4 de Montevideo. Junto con Raúl Sendic y otras compañeras y compañeros organizaron el ‘Movimiento por la Tierra’. Radicado más tarde en La Paloma hacía fletes con un camión. Un día, gente con acento portugués lo contrató para un viaje y lo citaron en la rotonda Castillos. Allí fue que lo encontraron luego, asesinado con un tiro en la nuca, de rodillas, con las manos atadas atrás con alambre y encapuchado. Las características de su muerte hacen recordar a métodos usualmente empleados por el comando caza tupamaros en Uruguay y la Triple A en Argentina.

En esos días, en Rocha, la jueza era la doctora Mariana Mota. En declaraciones hechas el 16 de febrero de 2013 a ‘Caras y Caretas’, Mota consideró que el asesinato de Scarzella había sido el primer caso de violación a los derechos humanos en que le tocó actuar. Posteriormente, cuando Mariana ya no estaba en Rocha, el expediente fue archivado y se cerró la investigación policial. El crimen continúa impune.

María Urrruzola también hace referencia al protagónico rol de Fernández Huidobro en la convocatoria de la concentración en el Hospital Filtro del 24 de agosto de 1994, a un año y poco del asesinato de Scarzella. A través de las ondas de CX 44 Radio Panamericana, Huidobro y José Mujica asumieron un serio compromiso con el pedido de asilo político para los vascos en huelga de hambre y con la multitud que, con ese motivo, se concentró en Jacinto Vera. La salvaje represión policial que siguió dejó muchos heridos graves y los asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal. Policías uniformados y sin uniforme mataron a Fernando con tres escopetazos disparados a quemarropa y a Roberto lo apuñalaron cuando regresaba a su casa esa noche.

Ni la administración judicial ni el parlamento fueron capaces de definir las responsabilidades penales y políticas del caso, que alcanzaban hasta el entonces presidente Luis Alberto Lacalle, pues fue él quien promulgó el decreto de extradición de los tres ciudadanos vascos en huelga de hambre, a cambio de los patrulleros y las ambulancias donados por España en cumplimiento del tratado de cooperación. En la ‘Masacre de Jacinto Vera’ se descontroló totalmente la violencia policial y, por consiguiente, hubo un ejercicio ilegítimo de la fuerza institucional contra una manifestación pacífica, fue un episodio tardío del terrorismo de Estado…. y continúa impune. Los gobiernos y el poder judicial no han querido que se conozca la verdad ni investigar responsabilidades por la intervención criminal de la policía en 1994.

En el libro de Urruzola hay también referencias al no menos oscuro asesinato de Eugenio Berríos, cuyo cadáver fuera descubierto en la playa de El Pinar en abril de 1995 luego de haber sido secuestrado en 1992. Berríos estaba arrodillado y atado por los brazos, con dos disparos en la cabeza. La justicia chilena determinó que uno lo disparó un oficial chileno y el otro un colega suyo de nacionalidad uruguaya. Pese a la existencia comprobada de un pacto de silencio e impunidad, el poder judicial de Chile logró investigar y condenar a oficiales uruguayos y chilenos. En cambio, en Uruguay, los expedientes del ‘caso Berríos’ fueron archivados, tanto por la policía como por el poder judicial, encubridores de hecho de los culpables del homicidio. La impunidad del pasado se traduce en impunidad del presente, por lo menos, en el Uruguay.

Fernández Huidobro, Mujica y otros ex-tupamaros sostuvieron públicamente que el procesamiento en Chile de los culpables uruguayos de la muerte de Berríos lesionaba la soberanía nacional del Uruguay. Cuando ocuparon la presidencia de la república y los ministerios de defensa y del interior, estos excompañeros de Scarzella, Morroni y Facal tomaron en sus manos las riendas de los servicios de inteligencia e información, pero carecieron -y carecen- del coraje político de reiniciar la investigación y procesar a los culpables del asesinato de Rony y de la masacre del barrio Jacinto Vera.

Aunque verifican que operaban formas clandestinas de terrorismo estatal durante la primera década de democracia tutelada, los hechos relatados por Urruzola no atrajeron la mirada de nadie. La existencia de esos grupos sería confirmada por los archivos encontrados en casa del coronel Elmar Castiglioni y dados a conocer en Brecha por Samuel Blixen.

Las evidencias revelan que en los subterráneos de la ‘democracia restaurada’ medraba el mismo siniestro poder que gobernaba en la dictadura. La infiltración y el espionaje realizados por los servicios desvirtuaban el pretendido carácter ‘primaveral’ del sistema político y que, dada la impunidad ambiente y el tejido de complicidades políticas que la sustenta, es posible que todavía hoy, en 2017, se mantenga en actividad alguna de esas formas organizativas clandestinas -el ‘comando Barneix’ por ejemplo- a la espera de condiciones que les permitan volver a infundir terror, castigar y desalentar a quienes catalogan como enemigos.

Cabe destacar que este fenómeno, un derivado de la impunidad, es una cuestión definitoria de la vida política en el Uruguay. Interpela al poder judicial para que investigue de oficio, para que revele sus conexiones políticas y procese a quienes deba procesar. Para que defienda la república de la cual es parte sustancial y cuyo Estado de Derecho dice proteger. Sin embargo, la magistratura parece estar atada de pies y manos por poderes fácticos para que no meta la nariz en estas cuestiones.

De anestesia e hiperestesia.

En cambio, esos mismos ‘actores’ políticos - ¿en qué clase de teatro actúan? – y los gerentes de fiscalías y juzgados, reaccionaron con presteza y agilidad frente a los testimonios recogidos en el capítulo 8 del libro de Urruzola. Sensibilidad anestesiada para ciertos casos, sensibilidad hiperestesiada hacia los otros.

Una semana antes del lanzamiento del libro, sin haber podido leerlo, muy sensibles operadores partidarios y cierta prensa color amarillento ya estaban peleando por la carroña. Hurgaron en los contenedores intentando requechar alguna primicia que los catapultara a la fama. El barullo extrajudicial alcanzó decibeles suficientes para que el trabajo periodístico de Urruzola fuera judicializado.

De las dos líneas de testimonios del libro ¿porqué se colocó el foco en las ‘tupabandas’ de 1998 y se evitó hacer el más mínimo comentario sobre los homicidios de Scarzella, Morroni y Facal? No está mal desempolvar expedientes con delitos contra la propiedad cometidos veinte años atrás y, por consiguiente, ya prescriptos, pero ¿porqué no demostrar a la opinión pública que el poder judicial repudia los crímenes presumiblemente cometidos por quienes se esconden en las fuerzas armadas y policiales? Hasta ahora se ha omitido descubrir la verdad sobre los asesinatos de Scarzella, Morroni y Facal.

Sin embargo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso denunciado por el poeta Juan Gelman, obliga a los poderes republicanos a ser diligentes -y aún muy diligentes- para descubrir la verdad y castigar los criminales del terrorismo de Estado. Quiere decir que tanto el ejecutivo como la suprema corte acataron dicha sentencia, pero no la cumplen cabalmente, apenas hacen como si la cumplieran. Esta es la actitud promovida por la política de Olvidar y Perdonar los crímenes cometidos por el Estado entre 1968 y 1985. El poder judicial demuestra que está dispuesto a judicializar los temas que generan repercusiones escandalosas en la opinión pública y a archivar con pasividad las causas que pueden rozar las actividades del terrorismo de Estado, sean anteriores o posteriores a 1985[1].

De la tortura

En declaraciones a la prensa, el general retirado Raúl Mermot reconoció haber presenciado como sus colegas sometían detenidos políticos a ‘apremios físicos’ para que, una vez cansados por el tratamiento, confesaran sus culpas y las de sus compañeros. Aunque el inculpado lo niegue, su declaración describe los ‘plantones’ habituales en comisarías y cuarteles. Los detenidos debían pasar días y semanas de pie frente a una pared, con los brazos y las piernas abiertas, blancos de golpes de cachiporra y de manoseos lascivos. Mermot debió ser inculpado por tortura o, por lo menos, cómo cómplice de ella.

Los administradores de la ley penal aceptaron el juicio de valor de Mermot e incorporaron al acervo de la jurisprudencia nacional la diferencia entre apremios físicos (tortura blanda, aceptable por la opinión pública) y tortura propiamente dicha (submarino, palo, violación, etc). ¡Una brutal innovación en la tipificación del acto de torturar! Podrán esgrimirse muchos fundamentos jurídicos, pero es aberrante desde un punto de vista ético y moral. El poder judicial uruguayo ha aceptado que, en determinadas circunstancias, sea totalmente lícito y necesario que se torture para obtener información de los torturados. Esta aceptación se ha vuelto lugar común en todo el discurso políticamente correcto. Es la última victoria ideológica de los estrategas del Club Naval.

Como es muy viejo y muy sabido, con el consentimiento de la ‘justicia militar’ -otro contrasentido del idioma- en junio de 1973 once tupamaras prisioneras en Punta Rieles fueron trasladadas a varios cuarteles del ejército; fue un ensayo para el posterior traslado en setiembre de dicho año de nueve tupamaros desde el Penal de Libertad a otros cuarteles. Mujeres y hombres fueron sometidos por igual a un régimen de aislamiento, ellas hasta setiembre de 1976, ellos fueron retornados al Penal en abril de 1984, pero continuaron individualmente aislados hasta setiembre de ese mismo año.

Esencialmente, el régimen consistía en la privación de estímulos sensoriales y afectivos -nada trabajo en artesanías, lectura y estudio, nada de ejercicio físico, prohibición de hablar entre sí, visitas familiares bajo marcación individual de oficiales o guardias-, medidas restrictivas cuya finalidad nada oculta era enloquecer a las y los ‘rehenes’. Fuimos una especie de astronautas en tierra -o bajo ella- durante once años.

Como he relatado públicamente en reiteradas ocasiones, mi experiencia personal, compartida con Raúl Sendic (padre) y Julio Marenales, comprendió además la reclusión en el aljibe de Durazno (unos meses) y en los calabozos semisubterráneos de Paso de los Toros (más de cinco años), en condiciones físicas insalubres. Los tres debimos hacer frente a periódicas agresiones de oficiales, así como a plantones y golpes durante los traslados a otras unidades del ejército. Entre traslado y traslado las familias ignoraban nuestro destino y si nos podían visitar, medida que generaba en madres, padres e hijas el temor a que hubiéramos sido forzados a desaparecer.

No cabe en este escrito extenderse nuevamente sobre la alimentación, el trato médico y etcétera. En especial ellas están enumeradas en la denuncia judicial que, hecha con la asesoría letrada del Dr. Juan Fagúndez, fue radicada en el Juzgado Letrado de la ciudad de San José. El juzgado recogió testimonios de varios de los ‘rehenes’, pero no hubo más citaciones cuando llegó el momento de indagar a las decenas de oficiales militares implicados. De hecho, informalmente, el expediente ha sido archivado.

El régimen de aislamiento fue una especie de ‘apremios sicológicos permanentes’ con momentos de alta violencia. Tortura, en una palabra. Los torturadores fueron los oficiales responsables por las condiciones de reclusión de los ‘rehenes’: todos los comandantes, mayores y jefes de los S-2 de las unidades militares donde estuvimos recluidos. Uno no fue un torturado, está siendo torturado actualmente. La tortura no termina nunca, permanece en las pesadillas, en las conductas, en las formas traumáticas de relaciones personales, de pareja o familiares. Nadie deja jamás de ser torturado: las influencias de la tortura permanecen en el modo de pensar. El torturado tiene sentimientos que lo diferencian -para peor- de quienes nunca han sufrido la tortura.

Tampoco nadie puede dejar de ser torturador, lo aprendió a hacer, lo hizo y sigue siendo capaz de hacerlo. Lo hace en la vida familiar como testimonian los hijos de genocidas organizados para defender los derechos humanos en la Argentina (en Uruguay no lo hacen porque tienen miedo a los impunes).

Si son arrojadas a la papelera las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad -es mi experiencia personal, reitero- se tiene derecho a pensar que el testimonio del torturado no tiene ningún valor para los procesos judiciales. Es inútil testimoniar. Uno se siente totalmente desestimulado. Inducido a creer que el testimonio del torturado no sirve para despertar una respuesta judicial. Sin embargo, la tortura se renueva y se repotencia al ser citado para declarar por un administrador de las leyes penales, integrante de la institución que es una muralla que no deja pasar la verdad y la justicia.

De la pérdida de autoridad moral.

Si el autor de crímenes violentos es población marginal y excluida y no está vinculado al poder político, se le aplica a rajatabla la ley penal y debe esperar la sentencia final encerrado durante años en lamentables condiciones. En cambio, se perdona a los autores de asesinatos, desapariciones forzosas, violaciones y torturas que integran el poder armado. Aunque hay casos excepcionales, cumplen sus condenas en cárceles VIP o en prisión domiciliaria y reciben el perdón de sus víctimas transformadas en gobernantes.

Los tres poderes republicanos tienen muchas contemplaciones -demasiadas por supuesto- hacia los culpables del terrorismo de Estado, pero, en cambio, son implacables a hora de juzgar y condenar la delincuencia de origen social que, en última instancia, agravian la humanidad en muchísima menor medida que la barbarie del plan Cóndor. Mano dura con los pobres, mano blanda con los militares. Al violar el principio de igualdad ante la ley, el poder judicial está caminando en puntas de pie por el filo de la navaja, deja de distinguir lo justo de lo injusto. Archiva los principios éticos y morales cada vez que archiva un expediente de delito de lesa humanidad.

El poder judicial no hace justicia con mayúscula, sino que simplemente aplica la ley, la administra sin importarle el trato inhumano a los presos del sistema carcelario y, en particular, al de las cárceles donde están recluidos menores de edad; ni las sentencias absurdas para el sentido común, como la que permitió que un padre decidiera qué debía hacer una mujer embarazada con su propio cuerpo; o la que entregó a los abuelos paternos los dos hijos de una mujer asesinada delante de ellos por el padre-policía, o las que desalojan el Parque Guaraní, la Quinta, Verdisol y, en lo más crudo del invierno, arrojan a la calle las familias peruanas y sus 23 niños en la Ciudad Vieja. La sensibilidad clasista del poder judicial es la misma del Hamlet Reyes, que renunció a la presidencia de la suprema corte para ser presidente del consejo de estado designado por los mandos militares del golpe. No tienen pudor ni ética ni moral.

Cómo dice el twitter de Jorge Díaz “Actuar éticamente es una condición necesaria en el ejercicio de la función pública. Quienes no lo hacen deberían ser alejados de la misma”. Sin embargo, no existe agravio mayor a la ética que hacerse el tonto con los crímenes de lesa humanidad. Quienes consienten la impunidad desde sus cargos judiciales debieran ser despedidos de inmediato. No hay dudas de ninguna especie. ¿No le parece señor fiscal de corte? ¿Qué catadura moral tienen estos magistrados que desalojan menesterosos sin el menor sentido de la justicia social o que tuercen la ley que legaliza el aborto para forzar a una mujer a parir el hijo que no quiere? ¿La única preocupación de jueces y fiscales es mantenerse trepados en su escalón de la pirámide? Lo cierto es que está dejando de ser necesario el servicio de las fuerzas armadas dedicado a convertir las víctimas de la tortura en jurídicamente culpables. En definitiva, los jueces y fiscales civiles están sustituyendo con ventaja la ‘justicia militar’.

Del derecho a decir lo que se piensa.

La insensibilidad y la desigualdad que caracterizan esas actuaciones del poder judicial hacen que uno se pregunte a quienes sirve su modo de aplicar las leyes. ¿Cómo quieren que se les tenga confianza y respeto a jueces y fiscales que no respetan el sentir popular expresado cada 20 de mayo? ¿el sentir de la mitad del electorado que respaldó la anulación de la ley de impunidad? ¿con qué autoridad moral se atreven a condenar a nadie? Al fin y al cabo, la naturaleza real de la administración judicial es disimular el ejercicio descarnado del poder político por el aparato policíaco militar. La misma naturaleza que caracteriza a la república democrática sea cual fuere el partido político que la gobierne. El Estado de Derecho encubre la dictadura real de las grandes corporaciones financieras e industriales (Chomsky dixit y Mujica asintió con la cabeza).

Lamentablemente no queda más remedio que refrescar viejos conceptos marxistas. En 1932, Aldous Huxley decía que “Una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre”. ¿No será ésa la verdad sobre el Uruguay actual? ¿No somos esclavos que besan el látigo de los mentirosos y demagogos de todo pelo y laya? ¿no estamos besando a los judas que nos entregan atados de pies y manos a los grandes capitales transnacionales?

Tal vez el único valor que tenga mi vida, sustentado en la memoria de mis muertos -de Ricardo y de los demás hermanos y hermanas- haya estado en la negativa a besar el látigo, donde sea, en el submarino, en el calabozo o ante los administradores de las leyes penales. No me siento con ánimo de atestiguar ante un poder judicial que lleva treinta años protegiendo a los culpables del terrorismo de Estado. Lo siento completamente contrario a los intereses populares.

¿Testigo de qué puedo ser? ¿de hacer público el pensamiento de un colectivo? ¿de seguir pensando que la revolución socialista será la gigantesca expropiación a los expropiadores, a ese 1% dueño de todo? Por supuesto, apenas compartidas por unos pocos en la actualidad, estas perspectivas son rechazadas por los gerentes de fiscalías y juzgados, que han sido designados con anuencia de los poderes fácticos para desalentar y frenar los procesos de crecimiento político de la conciencia.

Quisiera colaborar con un poder que judicial que actúe en función de la justicia y no para evitarla. Que me imponga su autoridad en virtud de sus valores éticos y morales. Tendré que aguantarme vivo hasta que una insurrección instale alguna forma de justicia popular que sienta en las entrañas la necesidad de condenar los crímenes de lesa humanidad y que compartan la idea de expropiar a los expropiadores. Una justicia que se alegre cuando se alguien se adelante al gran día y aplique la ley popular por su cuenta, con inteligencia, habilidad, sin necesidad de violencias inútiles.

Es totalmente legítimo auto atribuirse el derecho a no reconocer un poder judicial que protege los crímenes más aberrantes de la humanidad y correr el riesgo de ser perseguido, pero “si non navigare ¿para qué vivere?”, paráfrasis del lema de Carlos Quijano hecha por Líber De Lucía en un periódico que imprimía clandestinamente en el penal de Punta Carretas.

Saluda atentamente

Jorge Zabalza



Con mucha cortesía fui citado por la Sra. Actuaria Camejo para concurrir, en calidad de testigo, al Juzgado Penal N° 14 el día 23 de agosto del corriente año. Me van a hacer algunas preguntas en el marco del Expediente N° 106-2604/2017, que tiene que ver con testimonios sobre hechos ocurridos en 1998 que podrían involucrar al Movimiento de Liberación Nacional.

En realidad, no pertenezco a dicho Movimiento desde 1995, pero seguiré sintiéndome Tupamaro hasta esa muerte que vengo esquivando con ayuda de muchísima gente. Al no ser miembro en 1998, mal puedo atestiguar sobre acontecimientos que ocurrieron en ese año. Puedo aportar, por supuesto, algunas reflexiones generales al respecto y que son públicas desde hace varios años.

Me he sentido -y me siento- ética y moralmente obligado a compartir esas reflexiones que involucran modos de pensar y de sentir compartidos por los tupamaros al salir de las cárceles en marzo de 1985. Esas ideas revolucionarias y las emociones que despertaban permitieron nuclear alrededor de tres mil militantes en la reorganización del MLN (T) y, posteriormente, participar en la creación del Movimiento de Participación Popular, como polo ideológico revolucionario para detener el corrimiento del Frente Amplio hacia el centro social y político. Existe, pues, un compromiso reciente, con las y los tupamaros que protagonizaron la historia actual (ya alejados de las filas del MLN), con el discurso que se sostuvo luego de la reorganización y que formalmente fue compartido hasta 1994 por la dirección del MLN, como consta en documentos de las Convenciones Nacionales del MLN, artículos de ‘Mate Amargo y declaraciones públicas de sus dirigentes.

El compromiso contraído desde marzo de1985 dio origen a una cantidad de propósitos concretos que están en conocimiento de los servicios de inteligencias por dos motivos: 1) desde el mismo día que salimos en libertad fuimos sometidos a espionaje e infiltración, comprobados por la documentación hecha pública por el tupamaro y periodista Samuel Blixen. Cabe destacar que en los archivos confiscados a Castiglioni faltan una serie de hechos cruciales: los posteriores a la toma del cuartel de La Tablada y los que tienen que ver con la Masacre de Jacinto Vera. Fueron fundamentales para que algunos dirigentes fueran rompiendo con su anterior compromiso revolucionario; 2) porque en última instancia, con todo el derecho del mundo, se puede inferir que esos propósitos comunes fueron puestos en conocimiento de aquellos oficiales militares de los servicios de inteligencia con los que notorios ex tupamaros han mantenido los contactos políticos, amistad y negociaciones que tuvieron comienzo en 1972 en el Batallón N° 1 de Infantería, más conocido como Batallón Florida. Si esas informaciones obran en conocimiento de los servicios de infiltración y espionaje ¿por qué, entonces, se deberían mantener en secreto?

El vínculo emocional que me hermana a las y los tupamaros que siguen estando desaparecidos, a las y los dieron la vida en combate o murieron asesinados o en tortura o las y los que fueron violados, torturados y sometidos a condiciones inhumanas de prisión, me compele a compartir y mantener vivas aquel modo de pensar que, como también es de público conocimiento, no ha sido mantenido y, hoy día, tanto el MLN como el MPP son instrumentos para que el gobierno, por detrás del escenario público, de las corporaciones financieras e industriales especialmente de capital transnacional. El debate -hoy judicializado- que reabrió el libro escrito por María Urruzola y la convocatoria a un juzgado penal, son apenas oportunidades para no dejar que sustituyan la historia con olvido, perdón y un ‘cuentito de hadas’.

[1] Cabe preguntarse por qué motivo a ningún fiscal se le ocurrió investigar de cual rubro presupuestal salieron el salario y la jubilación del reconocido espía Luis Becerra Aldama, que actuó hasta hace poco en filas de la FOEB y del Frente Amplio.