sábado, 16 de septiembre de 2017

Coherentes con su pasado







Cuatro generales retirados obstaculizaron la labor de investigación sobre el espionaje militar en democracia, negándose a concurrir a la comisión parlamentaria.


Samuel Blixen

Con una declaración votada por unanimidad en la sesión del martes 12, la Cámara de Diputados se pronunció sobre la pretensión de “desconocer al Parlamento” de los ex directores de la inteligencia militar Juan Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins. Los cuatro militares habían sido citados por la comisión investigadora sobre el espionaje militar en democracia para “contar con los testimonios de quienes han dirigido los servicios, conocer su funcionamiento, la forma en que ejercieron su responsabilidad, y las órdenes y directivas que dictaron”. La negativa a concurrir “muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores”, dice la declaración firmada por los integrantes de la investigadora parlamentaria, a partir de un planteo político realizado por el diputado frenteamplista Luis Puig.
El documento interpreta que, con su negativa, los cuatro militares intentaron “amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló espionaje militar en democracia”. La declaración votada por unanimidad sostiene que “las pruebas encontradas en los archivos de los que dispone la comisión investigadora sobre espionaje a partidos políticos, organizaciones sociales, seguimiento de personas, infiltraciones y persecución a militantes, son de una contundencia irrefutable entre los años 1986 y 1999, todas ellas violatorias de la Constitución y las leyes, coincidiendo con el período en que los ex militares citados anteriormente fueron directores de inteligencia militar”.
Otros dos militares retirados, el contralmirante Manuel Burgos y el vicealmirante Carlos Gianni, ambos oficiales de la Armada nacional, aceptaron concurrir a la comisión investigadora en la sesión del lunes 11; el contralmirante Burgos, jefe de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) en 2008, fue investigado por la justicia del crimen organizado en 2010, junto con otros altos oficiales, por el escándalo de las compras falsas y las irregularidades en la contabilidad de la Armada; Carlos Gianni, jefe de la inteligencia en 2000-2001, es recordado como el prefecto naval que en 1984 detuvo a Wilson Ferreira cuando regresó al país tras un exilio de 11 años. Para el lunes 18 fue citado el contralmirante Jorge Otero, jefe de la inteligencia militar en 1995.
Para el diputado frenteamplista Gerardo Núñez, miembro de la investigadora, resultó significativo que Wins, Legnani y Serpa comunicaran, en el mismo día, que no concurrirían a la comisión; Aguerrondo lo había comunicado un día antes. “Se trata de una actitud coordinada –dijo Núñez a Brecha, y en mi opinión es producto de una conducta asentada en la impunidad”. Pero no deja de ser sintomático que los cuatro fueron directores de la inteligencia militar en distintos períodos entre 1985 y 1999, y es referido a esas fechas que la investigadora acumuló documentación incontrastable sobre el espionaje militar en democracia.
En los legajos de los cuatro militares aparecen méritos notorios: Juan A Serpa, jefe de la inteligencia desde 1986 a 1990, fue comandante del Batallón 13 de Infantería en 1975, cuando el cuartel se convirtió en un centro de interrogatorios y torturas. Mario Aguerrondo, también comandante del 13 de Infantería, y antes responsable de la represión del 9 de julio de 1973, fue jefe de la inteligencia militar entre 1993 y 1995, cuando el secuestro y desaparición del ex agente chileno Eugenio Berríos, ocultado en Uruguay para evitar que testimoniara ante la justicia trasandina, hasta que se volvió inmanejable y fue asesinado. Aguerrondo asimismo fue responsable de un operativo de espionaje con micrófonos ocultos en el despacho del general Fernán Amado. Daniel A Legnani, jefe de la inteligencia entre 1990 y 1992, también estuvo involucrado en el episodio de los micrófonos, cuya procedencia era de la Dgid; y Francisco Wins, jefe de la inteligencia entre 1998 y 2000, participó –estando en comisión en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa)– en la represión de 1975; en 2004 fue arrestado a rigor al tomar la iniciativa de colgar el retrato del general Liber Seregni en la galería de los jefe de la División de Ejército II, en San José, que había sido retirado después del golpe de 1973.








Cámara de Diputados criticó a ex directores de Inteligencia que no asistieron a comisión investigadora sobre espionaje en democracia 

13 • sept. • 2017


La Cámara de Representantes aprobó ayer una declaración en la que cuestiona a los cuatro ex directores de Inteligencia de las Fuerzas Armadas que el 11 de setiembre no acudieron a la comisión de esa cámara que investiga el espionaje realizado en democracia por parte del Estado.

“Los ex Directores Juan A. Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, comunicaron individualmente su negativa a concurrir a la Comisión para brindar su testimonio”, empieza la declaración, que luego afirma que la actitud de estos ex directores de inteligencia “constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación cometida por la Cámara de Representantes a esta Comisión”. “La imposibilidad de contar con los testimonios de quienes han dirigido los servicios, impide conocer su funcionamiento, la forma en que ejercieron su responsabilidad y las órdenes y directivas que dictaron. La negativa a concurrir a las citaciones de la Comisión Investigadora muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores”, asegura la declaración.

Luego se sostiene que “esta actitud pretende desconocer al parlamento y el cometido encomendado” a la comisión, “queriendo amputar la posibilidad de que el pueblo uruguayo conozca las razones de por qué se desarrolló Espionaje Militar en Democracia”.

La declaración culmina asegurando que las pruebas que maneja la comisión aseguran, con una “contundencia irrefutable”, que existió espionaje ilegal entre 1986 y 1999, una actividad que es violatoria de la Constitución y de las leyes, “coincidiendo con el período en que los ex militares citados anteriormente fueron directores de Inteligencia Militar”.

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