miércoles, 27 de diciembre de 2017

El apartamento de Elena Quinteros

Todavía permanece en poder del ejército

Elena Quinteros


El Observatorio Luz Ibarburu le solicitó al Ministerio de Defensa Nacional información sobre el apartamento donde vivía ELENA QUINTEROS que todavía permanece en poder del ejército

26 de Diciembre de 2017


Descargar adjunto: pedido de informacion sobre ap. Elena Quinteros.pdf

El OLI presentó el 26 de diciembre un pedido de acceso a la información en función de la ley 18.381, para acceder al expediente de ese Ministerio, por el cual se adjudicó a la División del Ejército I el inmueble donde vivía Elena Quinteros al momento de su secuestro, conforme el decreto- ley 14.373, que preveía incautar los bienes de “organizaciones subversivas”  -luego derogado en democracia-. Surge de un informe de la Dirección General de Registro, que esa incautación fue dispuesta por un Juzgado Militar en diciembre de 1979. También se solicitaron todos los elementos que prueben la razón de esa adjudicación al Ejército y la documentación referida al destino posterior del inmueble.
                Según fue dado a conocer en su momento por el Semanario Brecha, el apartamento continúa siendo propiedad del Ejército y es utilizado hasta la actualidad para alojar personal de servicio. https://brecha.com.uy/vivienda-de-servicio/

                El Observatorio Luz Ibarburu (OLI) patrocina la causa IUE 87-139/2015 del Juzgado Penal de 22º Turno, donde se investiga la desaparición forzada de Elena Quinteros, ocurrida en junio de 1976 y entiende que la información solicitada en esta petición podría aportar datos útiles para ese expediente judicial.

                La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado en sus fallos la importancia de dar a conocer la verdad con fundamento en el derecho de acceso a la justicia y de acceso a la información. También se afirmó que se debe romper con la cultura propia de los regímenes autoritarios donde prima el secreto sobre la gestión pública, para ofrecer  verdaderas garantías de no repetición a una sociedad con un pasado de graves violaciones a los DDHH.









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