viernes, 31 de marzo de 2017

El marzo paraguayo de Cartes

Un legislador herido con balines de la policía


Golpe Parlamentario en Paraguay: 25 senadores aliados violaron la Constitución a puertas cerradas y aprobaron el proyecto de enmienda para incluir la reelección




>>> En directo


Hoy en la prensa no hay titulares. Ayer quedé impresionado de ver en esta transmisión en directo que se podia ver como una multitud de paraguayos indignados protestaban por el intento del presidente, el conservador Horacio Cartes, de reformar la Constitución para permitir la reelección y poder continuar en el poder después de 2018.

La policía entonces reprimió en primera instancia con balines de goma disparando al cuerpo,  allí hirieron en la cara a un senador destrozándole la cara. Esto indignó mas a la multitud que luego de las 6 de la tarde la gente salia de sus trabajos y se acercaban hasta el congreso.

No eran 200 exaltados, era una multitud que se plantó a una fuerza desproporcionada de policías, coraceros y carros antimotines. Pero la multitud fue creciendo al anochecer y la tensión cortaba el aire en los alrededores del congreso.

Y las fuerzas represivas se vieron desbordadas con imágenes que se podrían decir históricas.

video

La multitud terminó incendiando el edificio del congreso.
Hoy quise ver en la prensa uruguaya como había terminado esta rebelión paraguaya, tendría que haber un tendal de muertos. Y no hay nada. No hay titulares. Parece que la situación en Venezuela los medios le dan prioridad. Será que este tipo de acontecimientos pueden ser contagiosos.
Arriba Paraguay.







Traidores

Hubo corneada


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En una declaración que fue aprobada por mayoría, la Mesa Política del Frente Amplio rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, de haber asumido la competencia del Parlamento del país caribeño.

Para el partido de gobierno, la decisión "no aporta al proceso (de diálogo) y desestabiliza el orden institucional del hermano país".

La declaración no fue aprobada por todos los integrantes de la mesa. Hubo 14 votos a favor, uno en contra (del Partido Comunista) y 11 abstenciones (Liga Federal, Fidel y los restantes votos de las bases de Montevideo).

También se criticó el accionar de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la polémica. El FA exhortó a las autoridades del organismo americano "a ajustar su accionar a efectos de ayudar a estabilizar la región, no realizando una injerencia inapropiada en este delicado proceso".

Uruguay junto a países de Unasur condena la situación en Venezuela.

Este viernes Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y Paraguay, los países miembros de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), emitieron un comunicado sobre la situación en Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de ese país decidiera que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora.

En el mismo, estos países condenan la situación que se vive en el país caribeño y hacen un llamado al restablecimiento del orden democrático.




>>> Alineados









Intoxicados





Cientos de denuncias y testimonios dibujan el mapa de los pueblos fumigados en Uruguay: la avioneta que no reconoce alambrados, los químicos que llegan al agua potable y los síntomas que se interpretan mal. La aplicación de agrotóxicos aumenta y con ella los efectos nocivos sobre la salud y el ambiente. La contradicción de modelos queda expuesta y los vecinos y pequeños productores pierden frente a los grandes del agronegocio.

Betania Núñez y Tania Ferreira31 marzo 2017

Luego de que los focos de las cámaras de tevé se apagaran y el paraje La Armonía (Canelones) saltara a una desafortunada fama en las tapas de los diarios, después de que sus cultivos se secaran y unas siete familias perdieran toda o casi toda su producción, los últimos análisis son aun más desalentadores. Esta semana, casi dos meses después de lo sucedido, los vecinos supieron que varios pozos de agua para consumo humano estaban contaminados con agrotóxicos.
Durante años atribuyeron la seca de los cultivos a factores climáticos, la falta de agua o al exceso de ella, pero nunca levantaron la mirada hacia el vecino argentino que planta maíz transgénico a 30 metros. Bebieron el agua de los pozos, comieron sus tomates, morrones y berenjenas, y regaron los invernáculos con agua de la cañada sin saber de la contaminación (véase nota “Agua que no has de beber”).
Después de hacerle creer que estaba loca, que tenía visiones, que su enfermedad era de nacimiento, a Miriam, de Colonia Juncal (Guichón, Paysandú), le dieron la razón. No lo hicieron los médicos de la zona, que viven tan próximos a las plantaciones como sus pacientes y que respiran los mismos agrotóxicos que el resto. Lo comprobó el Ministerio de Salud (MS) en 2016, tres años después de que hiciera la primera denuncia: su salud fue afectada por los herbicidas que se aplicaron en los campos vecinos.
Pero las fumigaciones no cesaron. Una familia de la zona elevó en febrero otra denuncia: “es una cerrazón impresionante, viene el humo, el olor, y se te parte la cabeza en segundos”, cuenta Jorge, que relata que sus síntomas, los de su esposa y su niño van desde cólicos, diarrea y vómitos hasta cefaleas y alergias. En Guichón hay vecinos que denuncian, hay algunos que se cansaron de denunciar, y hay otros, nuevos en la zona, que se informan, porque ya empezaron a sentir los efectos de la fumigación (véase nota “Rodeados”).
Debido a la negligencia del médico sojero Máximo Castilla, obstinado en fumigar a sus vecinos, el caso de Paso Picón (Canelones) es otro de los tristemente mediáticos. A pesar de que la Intendencia de Canelones lo sancionó con una multa millonaria, los vecinos lo han visto fumigando hasta fines del año pasado. Si bien algunos están más enfermos que antes, los pobladores de Paso Picón siguen peleando, cada vez más desanimados, contra las demandas que el médico les inició hace años por difamación. Echando mano a su equipo de abogados, el médico arremete ahora “contra todos” los que se han metido con él, como se lo ha escuchado decir en el pueblo.
LAS DENUNCIAS. Más allá de los casos difundidos por la prensa, en los últimos años se presentaron cientos de denuncias por mal uso de agrotóxicos al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap), al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) y al MS. El Mgap es el que recibió la mayor cantidad de denuncias, 589 desde 2011, mientras que en el Mvotma fueron 71 y en el MS 54, según las cifras que obtuvo Brecha mediante pedidos de acceso a la información que realizó a los tres ministerios y repitió en seis intendencias del Interior, con mayor o menor suerte. El Mgap lidera este ranking porque no sólo recibe denuncias de los afectados sino también derivaciones de otras instituciones, ya que es el organismo que tiene capacidad para tomar las muestras y hacer los análisis de laboratorio. En ese ministerio las denuncias se clasifican según el motivo (a una misma denuncia puede asignársele más de uno), y el más repetido es la deriva del producto, que puede ocasionar afectaciones a la salud, al ambiente o a la producción (véase gráfico).
Si se desglosa por departamento, tanto en las estadísticas del MS como en las del Mvotma, los que más denunciaron fueron los canarios, y les siguieron los habitantes de Colonia, San José y Paysandú. La cantidad de denuncias por departamento se asocia, explicaron a Brecha algunos especialistas, a la agresividad de los agrotóxicos empleados (según los tipos de cultivo más extendidos en la zona), a la densidad de población instalada en lugares próximos a las plantaciones y a la existencia de pobladores que se animan a hacer frente al gran productor. En Canelones se conjugan todos estos factores, y ocurre lo mismo pero en menor medida en los departamentos que aparecen primeros en cantidad de denuncias presentadas.
En este sentido, es particular el caso de Soriano: es el departamento con mayor producción agrícola y, sin embargo, la cantidad de denuncias es marginal. En Soriano pesa la tradición, pero además la construcción de un discurso promovido desde la Intendencia, fundamentalmente en el período de Guillermo Besozzi, que relegó el lema del escudo departamental, “Aquí nació la patria”, por el eslogan “Departamento fértil”, cuando la Intendencia repartía, a manera de souvenir, una cajita con una semilla de soja, cual germinador.

Evolución de la importación de agrotóxicos en relación a la superficie cultivada
“Son todos productores. Convivir con el químico es parte de la lógica”, dijo Germán Cavallero, secretario general de la Intendencia de Soriano, consultado sobre la ausencia de denuncias presentadas directamente a la comuna. Si la afirmación resulta un tanto exagerada, sí es cierto que de una u otra forma la mayoría está directa o indirectamente vinculada a la producción, lo que desalienta las denuncias. Sin embargo, hace un año comenzó a gestarse un movimiento de pobladores que están atentos al tema. Alejandro, del grupo Mburucuyá, de Dolores, contó a Brecha que “acá nos criamos entre matayuyos y hoy, todavía, hablar mal del glifosato es como hablar mal de la madre. Están todos vinculados y nadie se anima a denunciar”. Eso explica que en el total de denuncias presentadas desde Soriano ante los ministerios, las realizadas por maestras o directoras de escuelas rurales (independientes del poder económico) tengan un peso importante, aunque tampoco estén libres de presiones. Ejemplo de eso fue la afectación a la salud que sufrieron los niños de la escuela 84 de La Concordia, ya que a una reunión que se hizo para tratar este tema se presentaron tres padres que trabajaban para el productor e intentaron desalentar la presentación de la denuncia. Además, el productor se acercó a la escuela y acusó de psicosis a la directora, luego de que los niños tuvieran náuseas, diarrea y dolores de cabeza y un médico de la policlínica les diagnosticara intoxicación (véase Brecha, 7-X-2010).
Pero tanto en Soriano como en el resto de los departamentos, hay otros factores que desalientan la presentación de denuncias. “Uno se cansa de denunciar. Desde que hacés la denuncia hasta que vienen a tomar las muestras pasan muchos días”, ni que hablar del tiempo que se demora en obtener una respuesta, y cuando llega la comunicación se limita a indicar el agrotóxico detectado, aseguraron varios vecinos. En Guichón, la oficina del Mgap no canaliza las denuncias, y cuando vienen los técnicos, analizan únicamente la situación del denunciante, pero no reparan en los vecinos o en otras situaciones que se podrían detectar: “Muchas veces pasamos por escuelas rurales al lado de plantaciones de soja y paramos, tomamos los datos y hacemos la denuncia. Pero los técnicos del Mgap, que recorren las mismas rutas que nosotros, no lo ven, no actúan de oficio”, planteó Marcelo Fagúndez, del grupo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales, en el que muchos afectados sostienen que no poseen los recursos ni el tiempo para dar seguimiento a las denuncias, y que incluso cuando insisten, no obtienen ninguna solución.
Pero más allá de las trabas, el MS informó a Brecha que desde 2011 determinó la afectación de la salud en cinco casos (tres de ellos que incluyen a varios vecinos o trabajadores) y aplicó sanciones contra los productores que fueron desde las 300 a las 1.000 unidades reajustables. Dos fueron en Canelones, uno en Río Negro, uno en Paysandú y uno en Cerro Largo, a partir de denuncias hechas entre 2012 y 2013. El análisis de los casos ha llevado su tiempo, si se tiene en cuenta que la última resolución es de 2016; por lo que las denuncias realizadas desde 2014 todavía podrían arrojar viejas responsabilidades.
EL MODELO. El desarrollo de la agricultura a gran escala se consolidó en 2003 a partir del boom de la soja, cuando el precio internacional del grano se disparaba y su cultivo para la exportación aseguraba llenar bolsillos, explicó a Brecha el bioquímico y docente de la Facultad de Química Pablo Galeano. “En ese entonces –afirma– empezó un nuevo modelo de negocios, grandes empresas que captaban inversores y arrendaban los campos mientras el precio de la soja se mantenía alto. El objetivo es explotar la tierra todo el tiempo que se pueda mediante el uso de un paquete tecnológico intensivo en insumos químicos, con una lógica que no es la misma que la del pequeño productor que cuida el campo para dejárselo a sus hijos.”
El boom sojero trajo aparejada la utilización masiva de agroquímicos. Hasta 2014 el uso de estos productos creció en una proporción mayor al incremento de la superficie destinada a la agricultura (vease gráfico de pág 33). Su crecimiento alcanzó un punto máximo en 2013, superando los 2,2 millones de hectáreas, cifra que ha descendido gradualmente durante los años posteriores y no alcanzará los 1,7 millones de hectáreas en la zafra 2016/2017, según estimaciones del Mgap. La razón principal es la caída del precio de la soja, que ocupa más de la mitad del área agrícola.
Asociado a este fenómeno, en el año 2000 se registró un volumen de importación de 3.783 toneladas de agroquímicos, cifra que siguió creciendo con pocos retrocesos hasta 2014, cuando se importaron 24.654 toneladas, un récord histórico. El año siguiente fueron 15.107 las toneladas de plaguicidas importadas, y en 2016, 17.461. Galeano estimó que esta caída, además de estar vinculada a la disminución del área destinada a la agricultura, se puede deber a la acumulación de stock en años anteriores o a la especulación respecto a la subida del dólar.
Los herbicidas, destinados a combatir la maleza, son los que representan el mayor volumen de las importaciones, en comparación con los plaguicidas que atacan insectos (insecticidas) y hongos (fungicidas). Entre los herbicidas, el glifosato es el que más se utiliza: el año pasado se importaron más de 11 mil toneladas de este producto, y en 2014 encima de 14 mil. “Empieza a haber plantas que antes mataba el glifosato y ahora no. Es como con los antibióticos”, explica el bioquímico, y por este motivo el glifosato es mezclado cada vez más con otros tóxicos, como el 2,4-D, de pésima fama por haber sido uno de los compuestos del agente naranja utilizado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Hoy, luego del glifosato, es el producto que más se importa.
“El Estado es permisivo, y después terminamos peleándonos entre los pobladores. Los productos están a la mano, y la gente va y los aplica”, planteó a Brecha Carlos Urruty, apicultor, docente y guía de circuitos de naturaleza de Guichón. “Este año, como hubo problema para vender la miel en Europa porque aparentemente aparecieron rastros de glifosato, nos mandaron un mail desde el Mgap pidiendo que por favor extremáramos los cuidados, que no vayamos a poner glifosato cerca de las colmenas como matayuyos. Es vergonzoso lo que nos planteaban, porque acá nosotros nadamos en glifosato, estamos rodeados de soja, de sorgo, de trigo”, contó Urruty. “Lo que queremos es otro modelo, por lo menos en algunas zonas”, sostuvo Marcelo Fagúndez, con los ojos puestos en el debate canario.


Motivos de las denuncias por uso incorrecto de productos fitosanitarios registradas por el MGAP de 2011 al 19 de diciembre de 2016.
En Canelones el ejemplo de La Armonía dejó en evidencia la fuerte contradicción de modelos productivos en un mismo territorio. “Un plan de desarrollo rural pertinente y apropiado para el departamento debe reconocer que el modo de producción prioritario es el familiar, es el modo de producción que asegura la soberanía alimentaria, es el único que no oscila y no tiene la fugacidad ni la volatilidad que tiene el capital”, dijo a Brecha Matías Carámbula, director de Desarrollo Rural de la Intendencia de Canelones. Esa particularidad de departamento proveedor de alimentos es algo a defender ante el avance del agronegocio, señalaron desde el gobierno canario, que en estas fechas se apresta a discutir un nuevo plan de ordenamiento territorial.
El Mvotma parece ir en la misma línea, una cartera que impulsa la producción agroecológica y ve con buenos ojos que algunos cultivos sean restringidos a determinadas zonas, y que además pretende incluir un componente ambiental y de salud que analice cada plaguicida antes de que sea habilitado para su uso agrícola.
Pero se necesita mucha voluntad política para contradecir la tendencia nacional de país agroexportador (Mujica, años atrás, decía: “La soja merece un monumento porque es una planta sagrada que nos trajo rentabilidad”), los lineamientos a nivel nacional, empezando por el propio Mgap y su idea de “país productivo”, y los intereses de los grandes productores.
Hasta que no se logre una revisión del ordenamiento territorial pero a nivel nacional, las contradicciones entre modelos productivos y los conflictos entre pobladores continuarán.
*    Colaboración en la producción periodística de Mariana Abreu.



La responsabilidad de las empresas aplicadoras

Empuñando el volante

En la película argentina Desierto verde,1 el piloto del avión fumigador espera junto a los empresarios sojeros que el magistrado dicte sentencia en un juicio sin precedentes. Los vecinos de Ituzaingó Anexo, en Córdoba, cuyas casas están linderas a un campo de soja, están muriendo de cáncer envenenados por los pesticidas. En un fallo histórico, el juez decide duras penas para el empresario y, en un detalle que tal vez pase desapercibido, absuelve completamente al piloto del avión fumigador por entender que sólo siguió órdenes. La pregunta que deja abierta: ¿hasta dónde llega la responsabilidad del aplicador?
Un ejemplo local. En la zona de La Armonía (véase nota “Agua que no has de beber”) los propios vecinos cuentan que fueron aconsejados por ingenieros agrónomos del Mgap y la recomendación fue clara: la millonaria demanda económica que están organizando por las pérdidas de sus cultivos debe ir contra la empresa aplicadora y no contra la sociedad anónima argentina dueña de los campos. “Para mí es al revés, vamos a demandar a los dueños de los campos y los cultivos. La indicación equivocada (una dosis de picloram ocho veces más de la permitida) la firmó el ingeniero agrónomo de la empresa. Ellos son los responsables”, opinó Eduardo Casanova, uno de los productores afectados.
Según el último registro de empresas habilitadas por el Mgap (de octubre de 2016), en Uruguay hay 49 aplicadoras aéreas (avionetas fumigadoras) y 803 terrestres (mosquitos y camiones fumigadores). “Las terrestres son muchas más y hay menos control sobre ellas, muchas veces son los propios dueños de los campos que fumigan. Sobre nosotros hay más control porque somos menos, todos los pilotos estamos registrados y tenemos licencia”, opinó Gustavo Matiaude, secretario de la Asociación de Pilotos Aeroaplicadores de Uruguay (Apau). Matiaude, quien dice salir a fumigar con su hija en la cabina de la avioneta, defiende la labor de sus colegas pilotos (“somos los encargados de cuidar la comida de todo un país”), y sostiene que hay demasiada “sensibilidad” de la población con respecto al tema: “Siempre somos los que aparecemos en la foto aunque no tengamos nada que ver”. De hecho, “vamos a empezar a defendernos como asociación contra las denuncias sin fundamentos”, y a demandar a los vecinos “que opinan sin saber”, que “son siempre los mismos, son los que denuncian sólo porque pasó volando una avioneta”.
La fumigación área cubre mayor superficie en menor tiempo cuando los calendarios de producción aprietan, sostienen los pilotos, pero justamente esa “ventaja de optimizar tiempos” es la que trae consigo los casos de mala praxis: “un día van a un campo, después al de al lado… Si el día pautado hay viento, aplican igual el producto, porque si no se atrasan”, advierte el bioquímico Pablo Galeano, en relación con la deriva de los productos hacia tierras aledañas.
LOS MOSQUITEROS. Otros, sobre todo ex fumigadores, son bastante críticos en cuanto a la responsabilidad que les cabe a los dueños de las aplicadoras, señalan el riesgo de salud al que están directamente expuestos los trabajadores y apuntan en dirección a los productores, que les exigen pasar por alto su formación en buenas prácticas, en pos de lograr una aplicación más agresiva, “por si las moscas”. Sistemas de seguridad que se deshabilitan para evitar molestias durante el vuelo y terminan con pérdidas de producto sobre los pueblos, los animales, los cauces de agua. Aplicaciones que cruzan alambrados y entran en el campo del vecino. Y fumigaciones en horarios y condiciones climáticas no recomendadas son sólo algunas de las prácticas que relatan.
“Los mosquiteros (conductores de mosquitos) lavan las máquinas o cargan agua con la motobomba directamente de la cañada, a veces se le zafa la retención del mosquito y toda el agua con el producto vuelve a la cañada… Hace poco a uno le pasó, se le aflojó la válvula del camión y volvió el producto para atrás, y fue instantáneo: subieron todos los peces muertos”, cuenta un vecino de Guichón, que presenció el siniestro.
  1. Ulises de la Orden, 2013
El caso de Guichón y la afectación a la salud

Rodeados

Por el camino que desemboca en la casa de Miriam, en Colonia Juncal, está la escuela agraria y hay varias viviendas, pero lo que predomina es la plantación de transgénicos: de un lado soja, del otro maíz. Los dueños de los campos son, en general, reconocidos pobladores de la zona, como el político colorado David Helguera, pero los predios están arrendados a dos argentinos, José Borgo y Horacio del Campo, que extienden sus plantaciones hasta el borde del alambrado.
Desde hace años Miriam lucha por preservar su salud y mantener su trabajo. Es apicultora y sus abejas manifestaron síntomas antes de que ella los percibiera en su propio cuerpo. En el año 2000, con el avance de la soja y la forestación y sus indisociables fumigaciones, el rendimiento de su empresa apícola empezó a mermar. En 2013, luego de varios achiques y de conseguir trabajo en Montevideo, definió cerrarla definitivamente. “Vine para hacer todos los trámites del cierre de la empresa y esa noche tenía una reunión con otros apicultores. Cuando me vinieron a buscar sentí el olor, y me demoré para ir a tapar a los pollitos, las gallinas y los conejos. El compañero que me había venido a buscar abrió apenitas la ventanilla de la camioneta y me apuró, diciendo que nos íbamos a intoxicar.” Ya en la reunión, a Miriam le empezó a faltar el aire. “Pedí que me llevaran a la emergencia. Cuando llegué tenía 23 de presión arterial, me pusieron oxígeno, y perdí la noción del tiempo, pero no me recetaron más que un antialérgico, el mismo que le daba a mis hijos cuando eran chicos. Entonces me di cuenta de que tenía que hacer la denuncia. Fui a buscar a Marcelo (Fagúndez, referente del grupo Vecinos de Guichón por los Bienes Naturales), que me ayudó a escribirla.”
Las muestras de su terreno dieron positivo a los herbicidas 2,4-D y glifosato, pero fue tres años después, en 2016, que el Ministerio de Salud (MS) comprobó la afectación de su salud. “Ahora tengo dolores musculares, articulares y óseos, pero sé que la degeneración no se detiene, sigue avanzando. ¿Qué pasa con las personas que quedan enfermas, sin trabajo y a la deriva? Los ministerios cobran una multa, pero el afectado queda desamparado.”
De hecho, que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (Mgap) y el MS hayan resuelto aplicar sanciones al productor (todavía pasibles de apelación) no impidió que los agrotóxicos llegaran nuevamente hasta su casa en diciembre del año pasado, esta vez en forma de glifosato y atrazina (este último prohibido unos días antes por el Mgap), tal como se comprobó luego de plantear una nueva denuncia. En estos años Miriam contrató a varios abogados, recorrió las oficinas públicas y pagó pasajes y estadías para poder denunciar.
No es la única, porque aunque haya quienes callan por temor a las represalias, en Guichón hay un movimiento de vecinos que desde hace años trabaja el tema, denuncia, debate, propone. En 2009 denunciaron la muerte de 49 terneros y dos vacas luego de que un avión rociara al ganado de los productores de la zona con el herbicida endosulfán. Desde 2012 denuncian sistemáticamente las fumigaciones próximas a las escuelas rurales, la quema y el desecho ilegal de envases de agrotóxicos, la afectación de la salud de los pobladores. En 2013 hicieron un relevamiento luego de que 23 mujeres perdieran sus embarazos (de ocho semanas hasta embarazos a término) en el lapso de tres meses.
Con paciencia, Marcelo repite en compañía de los periodistas de Brecha un recorrido que ya es rutina: visita las casas de los vecinos, releva testimonios y habla sobre un plan local de ordenamiento territorial que impulsan y que implicaría contar con una “zona de protección ambiental y turístico termal”.
En el camino, Nelson cuenta que luego de una fumigación consultó a una doctora vecina, que confundió sus síntomas con los de una hepatitis, y que desde ese momento va lo menos posible a su casa de Colonia Juncal. Jorge señala las plantaciones que lo rodean y describe la afectación que padece su familia, da cuenta de la denuncia que presentó y los meses que va a demorar en conocer los resultados de las muestras, aunque asegura que ya sabe lo que van a arrojar: las fumigaciones fueron con 2,4-D, y “el olor llegaba limpito” a su casa. Ana y Gustavo, nuevos en el barrio, relatan que al poco tiempo de mudarse apreció el sorgo, y más tarde su sucesora la soja, a tan sólo diez metros de la ventana de la cocina. Le pidieron “al argentino”, el día que “llegó en su cuatro por cuatro”, que les avisara antes de fumigar, que ellos preferían irse del lugar cada vez que se aplicaran agrotóxicos, pero ahora no sólo no les avisan sino que realizan las aplicaciones de madrugada: cuando el olor irrumpe en sus sueños, Ana y Gustavo juntan sus cosas, resguardan a sus animales y se van.
Otra Ana, en este caso del barrio Mevir 1, donde está alojado el silo de la Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), cuenta que no fueron una, ni dos, ni tres las veces que se intoxicó. “Yo cosecho hierbas medicinales en el monte, y ese día, hace unos meses, sentí un ruido y miré para arriba. Era una avioneta que pasaba, y debajo de ella caía una llovizna que me quemó los ojos. Ahora tengo un problema en los lagrimales, y el oculista me dice que estoy muy afectada, que me tienen que ver en Montevideo. Estoy con gotas y antibióticos, y estoy empeorando. Yo ya estoy lisiada con esto, cada vez que fumigan me vienen náuseas, me queda la cara quemada, me enciendo. Miriam me dijo que haga la denuncia, pero qué voy a ir, si la última vez demoraron un año en venir. Yo no quiero pasar por eso de nuevo, estar esperando, atrasándome en mi trabajo, para que al año vengan a preguntarme cómo fue y que no te solucionen nada.”
Guichón está rodeado de soja y eucaliptos. Las recurrentes denuncias de los pobladores lograron disminuir las aplicaciones aéreas de agrotóxicos y confinar la mayor parte de las plantaciones a las afueras de la ciudad, pero directa o indirectamente los vecinos de Guichón siguen siendo fumigados: las dos potabilizadoras de agua, de donde se obtiene la que toman los vecinos de toda la zona, son a cielo abierto y están a pocos metros de las plantaciones; Copagran y su silo están en medio de la ciudad y las aplicaciones sobre los granos se dispersan y llegan hasta las casas de los vecinos y el Caif. Frente a la burocracia y la desidia del Estado, en Guichón se repite la idea de que la producción pesa más que la salud de la gente.

Potabilizadora en Guichón


Albahaca afectada por riego con agua contaminada en La Armonía, Canelones – Foto NICOLAS GARRIDO











jueves, 30 de marzo de 2017

Suelos ajenos

Piden tierra, no les dan bola


HUELGA de HAMBRE de los PELUDOS de UTAA, DIA 9 -29 marzo 2017-
 Silvia Martínez del Río


29 de Marzo de 2017
escribe Mauro Florentín

La ganadería sigue ocupando la mayor parte del suelo agropecuario uruguayo

Prohibir que las sociedades anónimas (SA) sean propietarias de tierras fue uno de los lineamientos del primer gobierno frenteamplista (2005-2010). Con ese objetivo, en 2007, la administración del presidente Tabaré Vázquez promulgó la ley 18.092 sobre la titularidad del derecho de propiedad de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias.
En una década de vigencia de esa normativa, poco más de 90 empresas que operan bajo distintas figuras jurídicas, principalmente sociedades anónimas, recibieron la autorización del Poder Ejecutivo para ser propietarias de inmuebles rurales que en total comprenden unas 5,7 millones de hectáreas, según datos oficiales recabados por Campo. Esa extensión equivale a la suma de las tierras agropecuarias de los departamentos de Tacuarembó, Salto, Paysandú, Durazno y San José.
El decreto reglamentario de esa norma legal estableció el régimen de excepciones al cumplimiento de la obligatoriedad de identificar a los propietarios de las explotaciones agropecuarias.
Las empresas interesadas en obtener el visto bueno del gobierno debieron seguir un procedimiento que empieza con la presentación de la solicitud correspondiente en la comisión asesora del Poder Ejecutivo, que está integrada por representantes de los Ministerios de Ganadería y de Economía.
En el caso de las sociedades en comandita por acciones y las sociedades anónimas, sucursales de entidades del exterior, fideicomisos y fondos de inversión, cuyo capital social esté representado por títulos al portador, o por cuotas o títulos nominativos no incluidos en las disposiciones precedentes, serán exceptuadas cuando la actividad que desarrollen encuadre en un proyecto que sea considerado prioritario para el desarrollo productivo del país, según dispone ese decreto.
La norma indica que la empresa deberá presentar además un plan de producción y manejo responsable y sustentable de los recursos naturales y de protección del medioambiente. Algunos aspectos que tendrá “especialmente en cuenta” la comisión se refieren a la creación de nuevas fuentes de trabajo en el medio rural, el fomento de la pequeña empresa familiar y la obtención de productos comercializables a escala internacional, así como que propendan a la erradicación de la pobreza en el campo. Valorará también la incorporación de tecnología, el aumento del valor agregado, el desarrollo de nuevas cadenas productivas y la promoción de la descentralización territorial.
Ese permiso del gobierno fue solicitado por empresas que requerían hacerlo, pero que también lo hacían porque consideraban que favorecía la gestión de otros trámites en organismos públicos y la imagen de las compañías al cumplir con la reglamentación legal, comentaron a Campo fuentes oficiales.

En el listado

Entre las empresas que figuran en los registros oficiales con mayor extensión de tierras autorizadas por el gobierno se encuentran Union Agriculture Group (UAG) con unas 320.000 hectáreas, Stora Enso con 308.000 hectáreas, Agronegocios del Plata con 156.994 hectáreas, Guanaré (Forestal Atlántico Sur) con 111.800 hectáreas, Forestal Oriental (UPM) con 115.709 hectáreas, y de ese mismo grupo figura la subsidiaria Uruwood con 115.000 hectáreas y Eufores, una empresa adquirida en 2009 por el joint venture conformado por Arauco y Stora Enso, que tiene 369.000 hectáreas.
Otras firmas autorizadas fueron Forestal Cono Sur con 83.600 hectáreas, Colonvade con 72.000 y la agrícola argentina MSU (Manuel Santos Uribelarrea) con 22.264 hectáreas.
En el caso de UAG figuran varias sociedades anónimas como Boisy, Rafilur, Madalux, Nogatir y Vadolmar, con unas 65.000 hectáreas en conjunto.
Otras autorizaciones fueron concedidas a la minera Aratirí (9.000 hectáreas), Del Carmen y Santa Margarita, de la familia argentina Pérez Companc, con 24.911 hectáreas, distribuidas en los departamentos de Río Negro, Soriano y Tacuarembó.
El capital accionario nominativo de esas sociedades anónimas pertenece a Hudson Investment 
Holding, constituido en las Islas Caimán, según consta en la autorización otorgada por los Ministerios de Ganadería y Economía en 2011.
Otras firmas exceptuadas fueron la semillera Hinkely con 4.688 hectáreas y la danesa Ingleby, que cuenta con algo más de 25.000 hectáreas destinadas a la producción de granos y carne, entre otros productos, y que opera en diferentes países.
Un grupo de sociedades de la empresa Calyx Agro, creada por la compañía Louis Dreyfus, entre otros accionistas, figura en los registros con 62.964 hectáreas, al igual que Forestal Atlántico Sur con 55.000 hectáreas, Frigorífico Modelo con 24.674 hectáreas, Ginker con 68.148 hectáreas y Adecoagro, que tiene al magnate George Soros entre sus accionistas, con 42.000 hectáreas.
El grupo de empresas que son propiedad del inversor argentino Alejandro Bulgheroni recibieron las autorizaciones correspondientes: Nuevo Manantial y Estancias del Lago con 26.400 hectáreas, Agroland con 1.674 hectáreas y Gamorel con 567 hectáreas. Esos emprendimientos comprenden la producción de energía eólica, un megatambo, aceite de oliva, vinos, forestación y arándanos.
En el listado figuran además la estatal Alcoholes del Uruguay, que recibió aprobación del Ejecutivo para ser propietaria de un total de 11.440 hectáreas y la Sociedad de Padres Salesianos con 4.930 hectáreas.
RMK Timberland, un fondo de inversión forestal originario de Georgia, Estados Unidos, obtuvo autorizaciones para las sociedades con las que opera en Uruguay: Taurión con 24.797 hectáreas, Monte Fresnos con 4.500 hectáreas y Ponte Tresa con 1.293 hectáreas.
Una de las primeras autorizaciones a ser exceptuada de la ley en cuestión fue la empresa forestal estadounidense Weyerhaeuser, que en los registros oficiales figura con 31.433 hectáreas. Otras sociedades vinculadas al mismo grupo inversor fueron exceptuadas: Los Piques con 11.000 hectáreas y Vandora con 4.967 hectáreas.

La excepción y la regla

La ley 18.092 fue promulgada en enero de 2007 y el decreto reglamentario fue publicado en junio de ese año. Dos meses después de entrar en vigencia ese marco legal, en agosto, ejecutivos de Weyerhaeuser alertaron al gobierno sobre la dificultad que generaba esa normativa para que pueda continuar operando en Uruguay.
En una reunión realizada por esos días entre los ministros de Economía, Danilo Astori, de Ganadería, José Mujica, y de Industria, Jorge Lepra, con directivos de esa empresa norteamericana, el Poder Ejecutivo comunicó que sería incluida entre las excepciones a la ley, considerando que cotiza en bolsas de valores de reconocido prestigio, como son las de Nueva Yoork y Canadá.
De acuerdo con esa norma legal, el gobierno podrá disponer que tanto la titularidad de inmuebles rurales, así como de explotaciones agropecuarias, sea ejercida por sociedades anónimas o por sociedades en comandita por acciones, en ambos casos con capital accionario representado por acciones al portador, cuando el número de accionistas o la índole de la empresa impida que el capital accionario estuviera representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.
La autorización del Ejecutivo indicará los inmuebles rurales concretos que comprende, y deberá volverse a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles, dispone.
En 2017 siguen en trámite las solicitudes de empresas, sociedades anónimas y fideicomisos que esperan la autorización del gobierno para ser titulares de inmuebles rurales adquiridos en años recientes.
Es el caso de la firma Fort Blue SA, que pertenece a un fondo de inversión de Alemania que compró campos en Paysandú con una extensión de 3.270 hectáreas a un precio promedio de U$S 7.000 la hectárea, lo que representa unos U$S 23 millones de inversión en los predios de explotación agropecuaria, dijeron a Campo fuentes oficiales. Agregaron que esa empresa germana adquirió esas tierras a la empresa Cereales del Río Negro.
El fideicomiso Tierras Irrigadas de la empresa Bearing Agro, que captó U$S 50 millones mediante una emisión de certificados de participación en 2016, solicitó autorización para ser titular de varios padrones adquiridos en el departamento de Soriano, que suman unas 1.730 hectáreas.
En 2016 la comisión biministerial encargada del análisis de los pedidos de autorización de las empresas para ser titulares de inmuebles rurales dio el visto bueno a las solicitudes de la firma International Cannabis Corporation (Iccorp) y Tersum SA, que se dedicará a la producción de cannabis para varios usos en Uruguay.
Esos permisos comprenden la explotación de un predio cedido por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis a Iccorp en la ciudad de Libertad, en el departamento de San José, y de cuatro fracciones de campo ubicadas en el paraje Piedra del Toro, departamento de Canelones, que pertenecen a Tersum.

















miércoles, 29 de marzo de 2017

Contra el periodismo chatarra





>>>  Plenaria propone otra manera de comunicar.

Hace ya un tiempo que Plenaria ha resuelto un nuevo encare en la forma de comunicar. Ya no damos notas directas a la prensa ni hay voceros designados. Toda comunicación de Plenaria nace y se difunde por el propio colectivo a través de nuestros espacios, y quién quiera tener la información sin filtros ni distorsiones puede acceder a ella en las redes, por nuestras publicaciones impresas o yendo a nuestras actividades que son públicas y abiertas.

Cubrimos nuestras actividades con imágenes y crónicas en directo, damos detalles de lo que hacemos que ningún periodista podría dar. En resumen: Damos la cara sin intermediarios, de forma mucho más completa, esa es la verdad. Luego que cada cual elija si prefiere buscar información chatarra, prensa roja manipulada por la derecha y los servicios, o la que ofrecemos nosotros de primera mano al alcance de todo el mundo, transparente y directa.

En este panorama, en las últimas semanas mucha prensa ha preferido repetir falsedades y absurdos sobre Plenaria Memoria y Justicia. Primero señalándonos como protagonistas de los hechos vinculados a La Solidaria, diciendo que ese local era nuestra sede, ¡cuando los propios periodistas han visitado nuestros espacios de reunión en los sindicatos por más de 17 años!

La presencia de nuestra compañera Irma, cómo de otros integrantes de Plenaria se repite en varias situaciones de ocupaciones, marchas o conflictos porque consideramos que el papel de una organización de DDHH que se propone enfrentar la impunidad no puede actuar desde atrás de un escritorio. Nosotros ponemos el cuerpo y la solidaridad en el lugar, pero eso no nos hace protagonistas de cada convocatoria, sino solidarios. Atentos a denunciar la brutalidad policial, y aportando la memoria de cómo lucharon nuestros compañeros y compañeras.

Y esto es otra verdad omitida. Plenaria Memoria y Justicia es una organización social abierta, a cuyas asambleas puede ir quien quiera semana a semana hace 17 años. Y se van a encontrar con hijos y familiares de desaparecidos, ex presas, sindicalistas, desocupados y estudiantes de distintas generaciones e ideas políticas, sin dirigentes ni dirigidos. Sólo hay que tener la voluntad de ir, pero claro es más fácil o más conveniente repetir mentiras sin investigar nada. Muchos periodistas tendrían que replantearse cuál es su rol como comunicadores.

Tan falso es todo el teatro de la prensa que ni siquiera han accedido a conocer y difundir la verdad cuando nosotros mismos los hemos invitado a tener la información de primera mano. Hecho concretado cuando nos reunimos con la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) en un intento por tener un diálogo directo con los trabajadores. Ocasión en las que nos confesaron que entre ellos se movían los servicios de Inteligencia y que en general estaba muy claro que era Plenaria y como dábamos la cara. Aún así siguieron publicando otra cosa distinta. Para nosotros ahí se confirmó que no había una preocupación mínima por quebrar el ciclo de la mentira, al menos en los grandes medios. El periodismo en ese nivel es chatarra, salvo raras excepciones los periodistas contribuyen a respaldar la mercantilización, y la banalización de la lucha por los DDHH. Lo habitual es que los periodistas se dejan manipular sin ingenuidad por informes de los servicios, maniobras de la derecha o el oficialismo. Ojalá algún día surja un periodismo a la altura de la verdad.




Pero de lo más berreta y distorsionado que hemos escuchado es la operación en que el "periodista" Gabriel Pereyra entrevista a un supuesto infiltrado en Plenaria. Empezando por el hecho de que su supuesto entrevistado parece ser un tira con escasa preparación al que el propio Pereyra debe guiar en su relato cuando empieza a descarrillar hasta el absurdo. Y es que el propio Gabriel Pereyra es el operador de los servicios. Un fachito conocido ya por todo el mundo que podría triunfar lo mismo en la policía que en la prensa chatarra o en algún grupo paramilitar. Nada de lo difunde tiene el más mínimo atisbo de verdad. Y cuando trata –a través de la marioneta entrevistada- de afirmarse en hechos y nombres por todos conocidos, incluso ahí le erra. No se ha preocupado por estudiar la historia ni siquiera para darle un halo de veracidad a sus inventos. Es sencillamente patético. No quita sin embargo que repudiemos las descalificaciones que desde esa maniobra mediática se lanza hacia nuestra compañera Irma, su hija y otros respetados históricos militantes que se mencionan en la entrevista.

Por supuesto que esa infiltración jamás existió, lo podemos afirmar categóricamente. En primer lugar porque no hay nada secreto que infiltrar ya que nuestras asambleas son abiertas y no hay otra instancia que esas asambleas abiertas. Pero fundamentalmente porque no hay nada que ocultar: hablamos de escrachar represores, buscamos sus direcciones, escribimos revistas, analizamos la realidad, nos solidarizamos con otros conflictos y denunciamos la impunidad del aparato represivo. ¿Cuál es el misterio que merecería infiltrar? ¿Cuál es el delito?

No obstante lo que si hay es una criminalización permanente de este colectivo humano, hemos detectado una y otra vez cómo el Ministerio del Interior nos vigila en las actividades y se meten en las marchas. Tanto con el DOE como con otros cuerpos especiales. Hecho que denunciamos y documentamos ya hace mucho tiempo, ofrecemos como prueba el documental que realizamos denominado “Todos en la mira” de libre circulación en las redes. Allí verán los rostros de los tiras, espiando no sólo nuestras marchas sino la de otras organizaciones sociales, gremios y colectivos de resistencia. Allí verán con mucho más detalle las pruebas contundentes del espionaje en democracia. Porque hay que recordar que en este país se espía y persigue a militantes sociales y políticos desde antes de la dictadura, y que eso continuó en democracia hasta nuestros días. Y sino que basta con leer los “archivos Castiglioni”.

Aclarado estos puntos: en adelante, sin nada que esconder y con nuestras puertas y ventanas abiertas los esperamos con una comunicación franca, transparente y de primera mano. Por nuestros espacios en las redes, nuestros impresos y en directo en las movilizaciones. Contra el periodismo chatarra y la maniobra de los Servicios de Inteligencia.

Plenaria Memoria y Justicia


>>> TODOS EN LA MIRA (Película completa)


Documental realizado por Plenaria Memoria y Justicia en Agosto 2013







martes, 28 de marzo de 2017

Empresarios felices




Gobierno avanza en protocolo para prevenir las ocupaciones

Marzo 28, 2017

Negocian con cámaras y sindicatos para atender recomendación de OIT

Tal cual se había anunciado durante la gira que encabezó el presidente Tabaré Vázquez por Europa, hace dos semanas el gobierno, las cámaras empresariales y el PIT-CNT retomaron las negociaciones tendientes a incorporar en la ley de Negociación Colectiva las recomendaciones que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2010.

El Poder Ejecutivo hizo llegar a las gremiales de Comercio e Industria una propuesta de seis puntos, entre los que se incluye uno que apunta a fortalecer los mecanismos de prevención de conflictos entre empresarios y trabajadores, para evitar que las diferencias terminen luego en ocupaciones y piquetes.
En diálogo con El Observador, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Carlos Perera, indicó que se trata de un protocolo que deberá activarse de forma previa a que cualquiera de las dos partes lleve adelante una medida. Perera sostuvo que en principio esa fórmula es vista con buenos ojos, aunque atendería solo una de las recomendaciones realizadas por la OIT y no sería suficiente para retirar la queja.

Por ejemplo, en el caso que una empresa decidiera despedir trabajadores o cerrar sus puertas, antes de concretarlo deberá participar de un ámbito de negociación tripartita por espacio de 20 días, en donde se analice la situación y eventualmente se busquen alternativas. Durante ese plazo el empresario no podrá efectivizar la medida y los trabajadores tampoco podrán adoptar ninguna medida de fuerza. Vencida esa instancia, y en caso de no alcanzarse un acuerdo, las partes quedarán libres de tomar las medidas que entiendan convenientes.

La propuesta será analizada esta semana por las gremiales empresariales. En el caso del PIT-CNT, se espera por el documento oficial para que sea analizado por el Secretariado Ejecutivo de la central, según dijo a El Observador el dirigente Milton Castellanos. Varios convenios colectivos del sector privado ya cuentan con cláusulas de prevención de conflictos opcionales y con el protocolo se busca generalizarlas a todos los sectores.

"Si tenemos buenos mecanismos, las posibilidades de ocupaciones y piquetes se reducen drásticamente", apuntó.

Por otro lado, los empresarios continúan con sus reclamos por el decreto del gobierno para regular los piquetes y manifestaciones que corten la libre circulación en calles y rutas. Mientras el Ministerio del Interior defendió la normativa y reivindicó el derecho a huelga de los trabajadores, en la Cámara de Comercio advirtieron que la resolución del Poder Ejecutivo profundiza la idea de que en Uruguay hay "ciudadanos de primera" y otros "de segunda", al perjudicar a los propietarios y beneficiar, según afirma la gremial, a los sindicalistas.

"Yo considero que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los entes públicos no se pueden ocupar y las empresas privadas sí. Si el decreto permite desalojar a los que no son sindicalizados y no permite (desalojar) a los que sí lo son, de nuevo estamos generando división en las estructuras", dijo Perera, en una conferencia de prensa.

Los dirigentes de la Cámara de Comercio estuvieron reunidos ayer en la Torre Ejecutiva con el presidente Tabaré Vázquez y los ministros Danilo Astori (Economía y Finanzas), Ernesto Murro (Trabajo), Carolina Cosse (Industria) y Liliam Kechichian. La reunión fue realizada por los 150 años de esa gremial.

El Poder Ejecutivo publicó el lunes 20 un decreto que autorizó al Ministerio del Interior a liberar calles y rutas ocupadas por manifestantes de manera directa y sin esperar el fallo de la Justicia.
El alcance del decreto no fue tratado en la reunión entre Vázquez y los empresarios aunque sí hablaron de la queja presentada por las gremiales uruguayas ante la OIT.

De todos modos, el presidente de la Cámara de Comercio mostró su molestia cuando los periodistas que esperaban en la puerta de la Torre Ejecutiva lo consultaron por la medida. "Lo que he escuchado es que el decreto no podría ser aplicado a los sectores sindicales. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pretendemos protocolizar todo ese tipo de actividad para que haya tranquilidad. El tema hecho así es una violación de los derechos del propietario, de trabajadores que no están afiliados, etcétera", sostuvo.

Mirada oficial

El director general de Secretaria del Ministerio del Interior, Charles Carreras, defendió el decreto en una columna publicada ayer en el diario La República. En el texto el jerarca reivindicó el derecho de huelga y criticó a empresarios. Carrera afirmó que "para una fuerza de izquierda es lícito que haya marchas de trabajadores" y recordó que la resolución "hace mención" al artículo 57 de la Constitución que consagra el derecho de huelga.

"Por estos días hubo otra clase de conflictos que estaban atentando contra la economía nacional, hubo disputas entre empresarios que no permitían realizar la cosecha de importantes productos; así como buscaron paralizar las rutas nacionales, y esos actos no estaban amparados al derecho de libertad de expresión o al derecho de huelga de trabajadores, y eso debe quedar claro", concluyó el jerarca.



Último recurso

PIT-CNT decidió que no presentará recurso contra decreto “antipiquete”

Fernando Pereira cuestionó el decreto pero dijo que la central responderá con movilización cuando sea “el mejor momento para actuar”.

28.03.2017
El PIT-CNT decidió este martes no presentar un recurso contra el decreto que prohíbe los cortes de rutas y calles, anunció en rueda de prensa su presidente Fernando Pereira.
Luego de una sesión del Secretariado Ejecutivo de la central, Pereira consideró que el decreto firmado la semana pasada por el presidente Tabaré Vázquez es "inoportuno e innecesario" y "genera confusión en la sociedad que se moviliza" pero aclaró la organización no apoyará la presentación de un recurso administrativo para que quede sin efecto.
"Por el momento el decreto no será recurrido", dijo Pereira en declaraciones recogidas por el sitio oficial del PIT-CNT. Para el dirigente, "salir hoy a toda velocidad a tratar de modificar algo sin meditar cuál es el momento oportuno no tiene sentido". En la misma línea, acotó que "la tradición, la historia y el pensamiento del movimiento sindical llevan a determinar cuál es el mejor momento para actuar".
"Si en una movilización se violenta alguno de los derechos en ese momento actuaremos", prometió Pereira, que consideró que la movilización "es la mayor fortaleza que han tenido los trabajadores para modificar leyes" que "no se modifican por arte de magia, se modifican cuando hay cientos de miles de personas comprometidas con el cambio".
Pereira remarcó que el PIT-CNT no defenderá solamente a sus sindicatos sino también a "otras organizaciones que no son sindicales como las vecinales, las vinculadas a las cooperativas y a otras organizaciones sociales del país".


 Por el momento el decreto no será recurrido.


Pereira: El decreto del Poder Ejecutivo sobre los piquetes es "inoportuno e innecesario"

El Presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, afirmó en conferencia de prensa que el decreto sobre los piquetes emitido recientemente por el Poder Ejecutivo es "inoportuno e innecesario y genera confusión en la sociedad que se moviliza. Si algo genera confusión es mejor que no exista". Y, además, destacó que el movimiento sindical va a defender el derecho de huelga y de movilización. " Salir hoy a toda velocidad a tratar de modificar algo sin meditar cual es el momento oportuno no tiene sentido".
Recordó el sindicalista que se rechaza el decreto porque básicamente ya existía suficiente normativa en la materia y eso "le permitía al Poder Ejecutivo adoptar acciones cuando fueran necesarias. Ante esta nueva situación vamos a defender el derecho de huelga y de movilización. Con esto también estamos defendiendo el derecho que tienen otras organizaciones que no son sindicales, como las vecinales, las vinculadas a las cooperativas y a otras organizaciones sociales del país. Lo que tenemos claro es que vamos a defender el derecho de movilización y de protesta de todos los ciudadanos. Esto forma parte de la más rica historia del movimiento sindical".
Pereira fue categórico a la hora de afirmar que "en el momento que se ataquen libertades que consideramos deben ser protegidas siempre el movimiento sindical se va a movilizar. Por el momento el decreto no será recurrido. De todos modos tenemos claro que si en una movilización se violenta alguno de los derechos en ese momento actuaremos. En cada momento se valorará la acción jurídica a desarrollar Pero, más allá de lo jurídico, aplicaremos la movilización del movimiento sindical. Movilización que es la mayor fortaleza que han tenido los trabajadores para modificar leyes. Las leyes o los decretos no se modifican por arte de magia, se modifican cuando hay ciento de miles de personas comprometidas con el cambio".
El dirigente sindical reiteró que cada caso será estudiado y "cuando consideremos que alguno de nuestros derechos está vulnerado actuaremos. En tanto existe una acción como la movilización que se convierte en una fortaleza mayor a la del recurso. Salir hoy a toda velocidad a tratar de modificar algo sin meditar cual es el momento oportuno no tiene sentido. La tradición, la historia y el pensamiento del movimiento sindical llevan a determinar cuál es el mejor momento para actuar".
Pereira puntualizó que entre la difusión del decreto y hoy existe sólo una acción que "consideramos incorrecta y hemos cuestionado fuertemente. Este incidente se registró con compañeros del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) en Conchillas. La postura del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT es que se debe garantizar el derecho a la movilización y el derecho de huelga. Somos conscientes de que las rutas deben ser transitables, si bien no afirmamos que nunca habrá un corte de ruta. En algunos casos debemos actuar con racionalidad. Desde que se aprobó el decreto estamos intercambiando opiniones y posiciones con la Sala de abogados del PIT-CNT. Se entendió que no era pertinente presentar en lo inmediato el recurso y ver primero como se procede ante un nuevo caso de piquete".




Construir la resistencia es la tarea



Por Ruben Bouvier

La izquierda desapareció. El progresismo también. Crece la derecha dentro del llamado grupo político Frente Amplio.
Ya no es necesario desde el FA tener actitudes y tomar decisiones que contemplen el pensamiento del pueblo. La gran mayoría del pueblo no tiene pensamiento. No lo puede tener. Le quitaron todos los insumos que pueden llevar a que un pueblo tome conciencia de lo que está pasando.
Bloqueado, anestesiado y chapaleando en el consumismo de años de crecimiento de la economía, el pueblo uruguayo no puede tomar conciencia de lo que se está gestando.
Hoy ya no existen programas y partidos políticos que se diferencien en su proyecto o modelo ideológico y de construcción de un país.






Hoy todo es igual. Si antes estaba en la derecha, hoy puedo dar un pequeño paso y pasarme a la llamada “izquierda” o “progresismo” . Estaré en el mismo espacio de pensamiento y acción de sus líderes.
Construir la resistencia es la tarea. Dura y titánica tarea contra un monstruo que no para de crecer en base a la utilización de todo lo mediático y lo económico.
Implantar un modelo de entrega, de fortalecimiento del aparato represivo, de vigilancia de toda la población, desinformando, dando asistencialismo para que sobrevivan en la pobreza sin salir jamás de la pobreza, una educación que lleve indefectiblemente al abandono y que arroje a esos cientos de miles de uruguayos a no poder reflexionar y tener pensamiento propio.
“Los milicos nos adoran” dijo Huidobro y “nunca estuvieron mejor que ahora”. Huidobro tenia razón.
El presupuesto para el Min. de Defensa creció como nunca y “los milicos votaron al nuevo FA”, a la nueva derecha “agiornada”, para que todos se sienten a “su mesa”.
El más sutil, grosero y generoso “clientelismo político” para familiares, amigos y correligionarios que vienen desde el Partido Colorado y del Partido Nacional. Bienvenidos !!!!! a la nueva fuerza, a la Nueva Derecha.




Los nuevos tiempos en el Uruguay marcan la aparición majestuosa de esta nueva fuerza sin escrúpulos, hipócrita, impune, dominante, aliada con la dirigencia sindical y que muto su ideología convirtiéndose en el receptáculo de la masa inerme y sin pensamiento crítico.
El nuevo FA licuo y diluyo las diferencias ideológicas o de partidos y construyo un espacio nuevo y atractivo para dar cabida a gran parte de la “antigua derecha”








En deuda con la justicia





Falta de voluntad política, un Poder Judicial conservador, militares defensores de la dictadura que ascendieron en democracia: trabas para que avancen los procesos judiciales que describen el abogado Pablo Chargoñia y la ex fiscal Mirtha Guianze.

Por Adrián Pérez


En su segundo arribo al Palacio Estévez, Tabaré Vázquez, saludó el 1 de marzo de 2015 con fervor a Uruguay por los 30 años ininterrumpidos de democracia: en ese período, el presidente José Mujica reconoció la responsabilidad en los crímenes de la dictadura de un Estado que no supo, no pudo o no quiso encarar un proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Una conquista, la democracia, golpeada por las amenazas del Comando Barneix a defensores de derechos humanos, intimidaciones que salpicaron al ministro de Defensa uruguayo, Jorge Menéndez, y al fiscal de Corte, Jorge Díaz. PáginaI12 visitó a la ex fiscal Mirtha Guianze y al abogado Pablo Chargoñia, dos de las 13 personas que figuran en la lista del Comando, para conversar sobre el avance de las causas judiciales y la situación de los derechos humanos al otro lado del Río de la Plata.
En el Observatorio Luz Ibarburu, una red de organizaciones sociales que monitorea los procesos de justicia relacionados con el terrorismo de Estado en Uruguay, Pablo Chargoñia –coordinador del equipo jurídico del organismo y patrocinante de 50 denuncias penales por graves violaciones a los derechos humanos– conversa con este diario. De entrada, señala que el perfil conservador del Poder Judicial uruguayo se observa en su resistencia a la aplicación del derecho internacional. Afirma que dos ministros de la Suprema Corte desconocen el valor de la sentencia Gelman al negarse a considerar que aquellos crímenes son de lesa humanidad, por una observación acerca del principio de legalidad y de no retroactividad. “Es un abordaje que revela un escaso conocimiento del derecho internacional en función de los derechos humanos o un escaso afán de analizar adecuadamente en qué consisten los crímenes del aparato estatal y cómo se debe responder judicialmente”, considera el abogado, para quien los vínculos entre militares, la derecha y los poderes fácticos dentro de la justicia obstaculizan los avances. “Si cotejamos con el desarrollo judicial de Chile o Argentina, estamos atrasados”, evalúa.
Y advierte que la Corte está dividida: dos miembros tienen una postura más conservadora; dos definieron a los delitos de la dictadura como crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles, inamnistiables; y recientemente se nombró a un quinto ministro, Eduardo Turrell, de quien no se sabe qué posición adoptará respecto a las causas de derechos humanos.    
En el plano político, Chargoñia dice que en su discurso del 1º de marzo, Tabaré Vázquez no mencionó una palabra sobre derechos humanos porque, probablemente, no tenía nada para decir. “La política de derechos humanos vinculada al pasado reciente sigue radicándose en los buenos discursos o en las buenas intenciones, pero no en la voluntad política y el compromiso institucional estatal”, examina el abogado. Las líneas de investigación son sugeridas muchas veces por los denunciantes, afirma. En su opinión, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia creado en 2015 por Tabaré está integrado por personas muy honorables, pero sin personal adecuado para analizar la desclasificación de archivos militares y policiales. “Son gente con escaso peso político y con cometidos tan amplios que encontramos que no los están cumpliendo”, indica.
Entre esas deudas, el abogado dice que no ve capacidad de trabajo que contribuya al hallazgo e identificación de desaparecidos. “Por lo que sabemos, están buscando en dos lugares, sin resultados por el momento. Hace años que no se encuentran restos de desaparecidos”, dice. Por ahora se ubicó a Ubagesner Chaves Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco.
Mirtha Guianze dirige la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, emplazada en el mismo lugar donde en dictadura funcionó el Servicio de Información de Defensa y un centro clandestino al que fueron trasladados detenidos en Automotores Orletti. La ex fiscal recibe a PáginaI12 en Bulevar Artigas 1532 y anuncia que el edificio será señalizado como sitio de memoria. “En esta habitación donde estamos estuvo Macarena Gelman con la mamá, hasta que las separaron”, comenta la funcionaria.
En octubre de 2008 presentó un recurso contra la Ley de Caducidad. Un año después la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley que permitía excluir a policías y militares de procesos judiciales vinculados a la dictadura. Guianze pidió el procesamiento de Miguel Dalmao por el asesinato de la militante del Partido Comunista Nibia Sabalsagaray. El 8 de noviembre de 2010, Dalmao se convirtió en el primer militar en actividad acusado por un delito cometido por el terrorismo de Estado. A pedido de la fiscal, fue procesado con prisión por el juez Rolando Vomero. La jueza Dolores Sánchez lo condenó a 28 años de cárcel por el homicidio muy especialmente agravado de Sabalsagaray. Cuando fue sentenciado, Dalmao revistaba como comandante de la División IV del Ejército, en la ciudad de Minas.
En 2011, el presidente José Mujica fue a verlo a la cárcel. “Fue lo que peor me cayó. No podía entender que el presidente visitara a un militar detenido por ese delito”, señala la ex fiscal. Dalmao falleció en 2014 en el Hospital Militar. Por esa muerte, el general Wile Purtscher amenazó a Guianze y a Vomero. “Ahora soy yo el que quiero venganza. Mi amigo ahora descansa, pero aquellos que fueron contra él, que no duerman en paz”, escribió el militar en el semanario Búsqueda. Para la funcionaria, “ellos están siempre ahí”. “Tienen ese no reconocimiento del terrorismo de Estado, piensan que actuaron bien, y ahora salió una nueva amenaza de ese Comando Barneix, que no sabemos quiénes son”, dice. “Los militares ascendieron en democracia, no hubo limpieza de los que apoyaron la dictadura”, afirma.
A Guianze le robaron una computadora en su casa de Las Piedras. Luego le sustrajeron otra de su casa de veraneo, la misma noche que preparaba la acusación contra Gregorio Alvarez, militar retirado que encabezó el último tramo de la dictadura uruguaya y que en 2009 fue sentenciado a 25 años de cárcel por el asesinato especialmente agravado de 37 personas. En varias oportunidades, autos blancos con matrícula de Punta del Este se pararon frente a su casa de descanso.
En una ocasión viajaba con su marido. Pasando Rocha, rumbo a Montevideo, un vehículo oscuro los interceptó en la ruta. “Nos pechó y nos tiró a la banquina. Mi marido dio un volantazo e impidió que el auto volcara”, reconstruye Guianze. Un espejo retrovisor rompió el parabrisas y le pegó en la frente. “No vimos aparecer ni desaparecer el vehículo. Casualidad fue que detrás nuestro, después del choque, paró una camioneta de la policía. Los policías no tuvieron ni la delicadeza de anotar algo”, recuerda la ex fiscal.







lunes, 27 de marzo de 2017

¿Infiltración y espionaje?





Lunes 27 de marzo |
Circula en estos momentos una noticia que da cuenta del accionar de un infiltrado en la organización de DDHH Plenaria Memoria y Justicia. De confirmarse esta información estamos ante un hecho muy grave que da cuenta de la impunidad con que los organismos del Estado vigilan e infiltran organizaciones sociales.

Se conoció en el día de hoy una noticia divulgada por Radio Sarandí y luego levantada por Telenoche on line con el relato de un supuesto infiltrado de los organismos de seguridad en la organización Plenaria y Justicia.
Si se confirma la información estamos ante un caso muy grave, ya que en su relato el infiltrado dice que el objetivo es “identificar gente con nombre, apellido y foto para que la Policía no trabaje a ciegas” lo cual constituye una clara ilegalidad incompatible con la democracia.
En el audio la persona afirma, entre otras cosas, que desde 2011 se infiltra en Plenaria y que en el suceso de la Suprema Corte de Justicia de 2013 estuvo en primera fila, y pedía a los policías que le peguen. Este suceso se dió en el interior de la SCJ, mientras afuera estaban personalidades como Galeano y Viglietti y finalmente terminó con varios procesados.
Más allá de lo terrible del relato es también muy grave la naturalidad con que los medios de comunicación toman la noticia, naturalizando algo que parece propio de dictadura, sin ninguna crítica ni denuncia ante un accionar claramente ilegal producto también de la impunidad que existe en la sociedad con respecto a los crímenes del periodo militar y que permite que este tipo de cosas sean contadas como si nada.
Los hechos relatados dan cuenta también de que todo esto sucede en los gobiernos del Frente Amplio, ya que se refiere a hechos ocurridos durante el gobierno de Mujica.
¿Quien garantiza que algo así no está sucediendo también con el PIT-CNT o Familiares? ¿Que sucedería si nos enteráramos que el gobierno del Frente Amplio infiltra otras organizaciones populares? Acá no se trata solo de la Plenaria, esto puede pasar con cualquiera por lo cual tiene que haber un repudio unánime y generalizado acorde a la gravedad de lo que sucede.
Plenaria está analizando la información y posiblemente emita un comunicado público próximamente.



Un efectivo policial que estuvo infiltrado en Plenaria, Memoria y Justicia durante dos años relató a Radio Sarandí cómo operan los grupos radicales.
Aseguró que le costó tres meses entrar, que ellos tienen sus propios sistemas de inteligencia y que el principal logro de su trabajo fue identificar gente con nombre,  apellido y foto para que la Policía no trabaje a ciegas. Reconoció que la tarea lo volvió paranoico y que es difícil tener familia.
“Entrar no es tan fácil Ellos tienen sus propios sistemas de inteligencia. Lo vienen utilizando hace años, no te olvides que Irma Leites era tupamara, se lo enseñaron los tupas. Vos te pensas que el que vende diario en la esquina de la sede del Frente Amplio, es un vendedor cualquiera, no, ese es el que pasa los datos”, indicó.
El primer contacto que tuvo con los grupos radicales fue en una marcha de los estudiantes. “Ellos tenían fotos de tiras, policías. Tenían identificado a gente. Había gurises de 16 hasta 20 años”, contó.
El hombre hacía informes por semana o después de cada movilización. Contó que el día de la asonada a la Suprema Corte de Justicia en 2013, él estuvo en primera fila y que hasta le pidió a un Coracero que le pegara.
Afirmó que Irma Leites recibe plata desde el exterior y que lo que quiere es un nuevo mártir. “¿Quién la banca? ¿Alguien se tomó la molestia de ver de dónde recibe plata? Ella recibe plata de Argentina y Suecia (…) Ellos provocan y siempre dicen si se complica vamos a agitar nosotros. Les enseñan a cómo irse y a quienes son los primeros que agarran”.

http://lascosas.sarandi690.com.uy/InfiltradoPlenariaCrudo.mp3







Mas gente sin trabajo La Spezia





El País    27 mar 2017
La tradicional fábrica de pastas "La Spezia", con 79 años de trayectoria, dejó de producir el pasado 18 de marzo y sus propietarios pidieron concurso
De las 120 personas que trabajan en la empresa, solamente lo sigue haciendo menos de una decena en la parte administrativa. Un grupo de trabajadores se manifestó ayer frente a la casa de uno de los propietarios y frente al local de la empresa en Libertad y Bulevar España.
Leonardo Saldías, uno de los trabajadores, dijo a El País que la empresa ya anunció que difícilmente pague los salarios de marzo, y adeuda aguinaldos y las licencias de los años 2015 y 2016. Los trabajadores no han sido enviados todavía al seguro de paro. Según Saldías, la sindicatura del concurso quiso vender la marca por separado por una cifra que hubiese cubierto solamente el 10% de la deuda que ronda unos $ 70 millones. Según Saldías, al sindicato le interesa mantener la unidad productiva intacta, pero la empresa trasladó los bienes inmuebles de la firma a otra sociedad anónima (entre ellos está la maquinaria utilizada para fabricar pasta) por lo que no podrían ser embargables.
Según Saldías, la empresa llegó a la actual situación como consecuencia de una administración deficiente. La empresa es propiedad de inversionistas nacionales que en los últimos años intentaron, sin éxito, buscar socios extranjeros. Un restaurante del mismo grupo económico, cerró hace años.
Está prevista, en principio, la realización de una junta de acreedores el próximo día 30. La decisión final sobre su realización será del Poder Judicial.
La empresa contaba con 20 puntos de venta en Montevideo y Maldonado y en las cadenas Disco y Devoto. Aunque la competencia en el sector es intensa, tenía un reconocimiento por su larga trayectoria, señaló Saldías. Los trabajadores ya pusieron al tanto de la situación al Pit-Cnt y al sindicato del sector de los molinos que ha realizado movilizaciones de apoyo. Los trabajadores creen que "La Spezia" es viable, dijo Saldías.


| Lunes 27 • Marzo • 2017

Cerró La Spezia: le debe más de 40 millones de pesos al BPS

El 18 de marzo La Spezia cerró su fábrica y principal local de ventas -ubicado en Libertad y Bulevar España-, la sucursal de Maldonado y los 21 puntos de venta que tenía en las cadenas de supermercados Disco y Devoto. Los trabajadores se movilizaron ayer, poco antes del mediodía, en las puertas de la fábrica y entregaron volantes a quienes pasaban por el lugar. Gran parte de la suerte ya está echada; la empresa está en concurso judicial y el jueves 30 habrá una junta de acreedores. Aunque tienen prioridad, seguramente los trabajadores no cobren todo lo que se les debe, porque la empresa adeuda mucho más que lo que puede pagar.
La firma tiene 120 trabajadores que, además de quedar sin trabajo, por ahora no cobrarán el sueldo de marzo, ni los impagos anteriores, como licencias, salarios vacacionales y aguinaldos. La gran mayoría, 90%, son mujeres, y varias de ellas son madres jefas de hogar, explicó a la diaria una integrante del sindicato de trabajadores de La Spezia.
La empresa pasó a concurso en agosto de 2016, y en setiembre el Juzgado de Concurso de Segundo Turno designó como síndico a Mario Soca. Soca fue quien determinó, el 18 de marzo, el cierre de la empresa.
Según los trabajadores, hacía tres años que la empresa no aportaba al Banco de Previsión Social (BPS), al que le debe 47 millones de pesos; a la Dirección General Impositiva le debía 15 millones de pesos, y tiene deudas con casi todos los bancos, salvo el Banco República, dijeron los trabajadores, que estiman una deuda total de la empresa de 3.000.000 de dólares.
En diálogo con la diaria, Soca confirmó que el BPS es el mayor acreedor y, si bien dijo no recordar de memoria la cifra, señaló que son más de 40 millones de pesos. El jueves 30 será la junta de acreedores, que analizará la propuesta de convenio hecha por la empresa. Soca detalló que si es aceptada se buscará el pago de la fórmula convenida, pero que “en caso contrario, comienza un nuevo proceso de liquidación, proceso que implica un llamado a la venta en bloque”. Pero no hay plata para todos. “Los bienes que tiene la empresa son muy inferiores al monto del pasivo. Aproximadamente hay una relación de casi tres a uno: tres de pasivo a uno de activo”, dijo el síndico. En cuanto a las deudas con los trabajadores, Soca señaló que son los primeros que aparecen; al preguntarle si podrán cobrar la totalidad, respondió que “algo van a cobrar”, pero advirtió que “sin saber el destino definitivo [del concurso] son especulaciones que hacemos, pero parece difícil que cobren el 100%”.
Los inmuebles de la empresa no están a nombre de Cinque Terre SA (razón social de La Spezia), pero el síndico comentó que los administradores de la empresa presentaron un escrito en el expediente en el que mencionan acciones en una sociedad anónima que sería propietaria de un inmueble, algo que se analizará.
Gestión en cuestión
Los trabajadores aseguran que la empresa quebró por la mala administración de sus dueños. Fue fundada en 1938, la hizo célebre Roberto Speranza y luego el negocio fue continuado por sus hijos Ismael y Juan Pablo (ex presidente de la Cámara Industrial de Alimentos). La vocera del sindicato, Mariana Pereira, aseguró que la empresa “llegó al punto que llegó por una mala administración; ellos nunca asumieron ninguna culpa, siempre le echan la culpa al país, a las crisis, al sindicato”. “En el sindicato no estábamos tomando medidas, pasamos a un diálogo junto con la Federación [de Obreros y Empleados Molineros y Afines], hubo mucho diálogo con los dueños. Pero ni siquiera estábamos al tanto de la deuda, desde 2012 que no hacían nuestros aportes al BPS”, explicó. Otro de los errores, según los trabajadores, fue pedir préstamos “para hacer inversiones que eran inviables” e “iban a los bancos y pedían préstamos, pero nunca lo invirtieron en ningún proyecto, ni siquiera en maquinaria”. La trabajadora comentó que en el concurso sobrestimaron el valor de la maquinaria y los camiones, y que había años en que no invertían en nada. Además, denuncian los sueldos astronómicos. Había vendedoras en puntos de venta en los supermercados, pero había también supervisoras y un gerente de supervisoras que ganaba alrededor de 100.000 pesos, cuando una vendedora o una cajera cobraba 16.000 pesos en la mano (presentismo incluido) por 44 horas semanales. Estiman que entre gerente general de la planta, gerente de supervisores y supervisoras de puntos de venta se iban 500.000 pesos mensuales.
Hace cuatro meses el síndico mandó a seguro de desempleo a nueve trabajadores de producción, que quedó con cinco personas. “Estábamos produciendo con cinco personas, con un sacrificio enorme. Nunca hicimos movilización ni medidas de paro. La peleamos y seguimos trabajando y produciendo. Las chiquilinas de las cajas iban a hacer producción para que la empresa llegara activa al llamado [a concurso], ahora está totalmente desmembrada”, explicó Pereira.
El 29 los trabajadores volverán a la Dirección Nacional de Trabajo. Están desconformes porque el síndico envió a concurso el salario de marzo, y ellos no podrán cobrar en abril. Por otra parte, dudan de si contarán con seguro de paro en abril, puesto que para eso tendría que haberlos enviado antes del 10 de marzo; Soca aseguró que podrán tener el seguro en abril.
Consultado sobre la responsabilidad que les cabe a los empresarios, Soca respondió que cuando finalice la junta de acreedores la ley de concurso establece un expediente de calificación en la que el juez analizará si el propietario de la empresa “es casual o culpable” del concurso. En el hipotético caso de que fuera declarado culpable se analiza la conducta de los administradores y pueden ser pasibles de algunas responsabilidades”.











La gusanera celeste



>>> Uruguay y otros 13 países le dan ultimatum a Venezuela




Lunes 27 • Marzo • 2017

Carta crítica con Venezuela firmada por Uruguay y otros 13 países recoge apoyos y rechazos


Un comunicado de 14 países, que no descarta la posibilidad de suspender a Venezuela como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo amplia repercusión en el espectro político nacional. El diputado del Partido Socialista Roberto Chiazzaro dijo a la diaria que está en total desacuerdo con el contenido de la nota y con que Uruguay haya acompañado el pedido de aplicar la Carta Democrática Interamericana. “Entiendo que la cancillería está cometiendo, por lo menos, una equivocación, ya que el compañero [presidente] Tabaré Vázquez dijo claramente que Venezuela era una democracia donde existe separación de poderes, un presidente electo como corresponde, y una Asamblea Constituyente gobernada por una mayoría de la oposición. Además, se sale de la línea que Uruguay mantenía con Venezuela”, dijo el representante nacional. Chiazzaro afirmó que el secretario de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, por razones que él desconoce, quiere derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Se está actuando con una injerencia que no tiene ninguna concordancia con el derecho internacional”, afirmó. Chiazzaro es miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados; consultado sobre si se tratará el asunto en la comisión, dijo que él no lo presentará, pero afirmó que es posible que el Partido Nacional lo haga. “No me extrañaría nada que el diputado [Jaime] Trobo se una a esta campaña, de la que ha sido un directo animador durante mucho tiempo. Trobo apoya a la derecha en Venezuela, así como ha apoyado a la ‘gusanera’ de Miami”, concluyó.
Del otro lado de la vereda
Senadores de la oposición apoyaron el comunicado de los 14 países. El nacionalista Jorge Larrañaga y el independiente Pablo Mieres concordaron con lo expuesto en la nota suscrita por la cancillería uruguaya. En declaraciones a Radio Uruguay, Larrañaga dijo que Venezuela es una dictadura en la que los poderes Judicial y Legislativo son “pisoteados” por el Ejecutivo. “Tendríamos que echarlos del Mercosur”, dijo, y agregó que es una “vergüenza para la izquierda latinoamericana”. Mieres aseguró que está de acuerdo con la posición adoptada por el Ejecutivo. “El gobierno da un paso que era ineludible hacia una posición fuerte”, dijo.
Después de conocer el apoyo de los 14 países, Almagro respaldó “el trabajo de evaluación crítica realizado por los países firmantes” y alentó “a la unidad de los gobiernos de la región a continuar y profundizar el esfuerzo colectivo para volver a contar con una Venezuela democrática en la OEA”.
La carta
Uruguay, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un comunicado el viernes en el que aseguran que “están profundamente preocupados por “la situación por la que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela”. El texto asegura que la suspensión del país, “como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso”, y antes “deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable”. Los firmantes hacen un llamado para que se cumplan los acuerdos alcanzados y avanzar en las acciones para garantizar “la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas”. Consideran prioritario la liberación de los presos políticos, que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y que se establezca un calendario electoral.
Comunicados varios
El sábado, el PIT-CNT emitió un comunicado en el que dice que “mientras exista democracia, ningún gobierno de otro país puede interferir en sus asuntos internos, y menos aun, exigir un calendario electoral cuando el mismo está previsto en la Constitución”. Lamentan que la cancillería uruguaya “se deje llevar por trascendidos” y quede alineada con países que buscan una “contraofensiva imperialista”.
El Partido Comunista del Uruguay es contundente. “Esta declaración no puede tomarse como un hecho aislado. En primer lugar, porque estamos en pleno desarrollo de la contraofensiva del imperialismo yanqui y las derechas nacionales en nuestro continente para impulsar la restauración conservadora y garantizar un ajuste y la disposición de todos los recursos de nuestros países al servicio del gran capital. En segundo lugar, porque se produce en medio de la campaña obsesiva y militante de Luis Almagro, ex canciller de nuestro país y ahora operador desembozado del imperialismo yanqui desde la Secretaría General de la OEA, contra Venezuela y su gobierno legítimamente electo. Almagro ha presentado informes falsos, sustentados en campañas de agencias de Estados Unidos y financiadas desde Miami. Por si faltaba algo más, se ha prestado, con niveles de servilismo raramente vistos, a una provocación contra Cuba. Sus acciones son muy claras: ataca donde el imperialismo ordena y calla lo que le ordenan callar”.
Otras organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, entre otras, aseguran que no existe ningún argumento jurídico para la aplicación de la Carta Democrática “si no se llama a elecciones generales, ya que la misma se aplicaría si en un país se pone en riesgo el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder por elección popular o la separación de poderes públicos, entre otros”. Sobre Almagro señalan que “desde que llegó a la OEA, se ha ensañado con el proceso revolucionario venezolano buscando cualquier excusa para arremeter contra el gobierno democráticamente electo por su pueblo”.


>>> Preocupados en el PIT CNT



>>> Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay manifestaron su apoyo a Venezuela

comunicado oficial:
Montevideo, 15 de marzo del 2016
Desde la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay seguimos con especial atención los distintos procesos políticos e institucionales que se desarrollan a nivel mundial y particularmente en nuestro continente americano. En este sentido, y con respecto a la situación del hermano pueblo venezolano en particular, vemos hace ya algún tiempo con preocupación algunas operaciones de desestabilización política e institucional promovida por el imperialismo norteamericano y la derecha local, que tuvieron su punto de mayor exposición en los hechos de violencia ocurridos hace pocos años conocidos como las guarimbas, que buscan a través de la violencia y apoyándose en operativos mediáticos de dimensiones internacionales generar la caída del gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro y a su vez el aislamiento y la no respuesta de la comunidad internacional.
Esta situación descripta de forma simplificada vuelve a tomar rumbos preocupantes en estas últimas semanas donde la derecha venezolana, tras la obtención de mayorías en el poder legislativo en las últimas elecciones parlamentarias, busca aprobar un proyecto de ley auto nominado como de amnistía y reconciliación nacional. Vasta estudiar dicho proyecto de Ley con un mínimo de detenimiento y atención para entender que es un proyecto que busca consagrar la impunidad y absolución de aquellas personas que promovieron y llevaron adelante, no solo delitos que a la luz de la propia Constitución venezolana se tipifican como de terrorismo, sino incluso se incluyen artículos que actuarían sobre personas imputadas por delitos comunes como narcotráfico, utilización de menores para acciones delictivas, robo, etc.
La aprobación de dicho proyecto y el éxito de la campaña de impunidad y desmemoria promovida por la derecha venezolana, no solo tendría repercusiones nefastas con respecto a la justicia en las situaciones particulares a las que dicho proyecto refiere, sino que abriría para el pueblo venezolano y su historia un camino signado por la impunidad con repercusiones sociales de largo aliento en los más diversos aspectos de la vida de los venezolanos, el pueblo uruguayo conoce los efectos que tiene el cubrir a un pueblo con el manto de la impunidad y el olvido.
Desde la FEUU queremos manifestar nuestro apoyo al movimiento encabezado por organizaciones locales de DD. HH. en rechazo a dicha ley así como nuestra solidaridad con las organizaciones de víctimas y familiares de víctimas de estos episodios violentos de carácter terrorista y desestabilizador.
Por todo lo que nos une, Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.
ASCEEP – FEUU.

"Venezuela rechaza categóricamente el plan intervencionista que una facción minoritaria de países dentro de la OEA pretende acometer contra nuestra patria", recalcó la Cancillería del país caribeño.

El Gobierno venezolano solicitó suspender la sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocada para este martes, al considerar que vulnera las normas del organismo regional.
Por medio de un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, se aseguró que "hay en curso un acoso contra la República Bolivariana dirigido por Estados Unidos" de la mano del secretario general de la OEA, Luis Almagro, "y un grupo de países que han conformado una facción minoritaria".

>>> Activistas de DDHH increpan en la OEA a Almagro y éste se retira de la sala, molesto