La presentación del informe número 30 sobre derechos humanos del Servicio de Paz y Justicia de Uruguay (Serpaj), ayer de mañana, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, empezó con un recuerdo a Luisa Cuesta. Madelón Aguerre, coordinadora del servicio, destacó que la activista condensaba la “ética que todos deberíamos de tener” y que lleva tras de sí “muchísimos nombres de otras madres que han partido”. “Era una mujer que además, en su increíble austeridad, hacía cada vez más fuerte su legitimidad en el reclamo. La ética de Luisa iba aumentado año a año y en una exacta polarización iba la respuesta antiética por parte de quienes deben decirle a Luisa y a todas las madres dónde están sus hijos y sus nietos”, señaló la coordinadora de Serpaj. Además, subrayó que el tema del pasado reciente y de la impunidad no es algo que tengan que resolver ellos, sino que son los encargados de plantearlo y exigirlo para que lo resuelvan “quienes deben hacerlo”.
“Es una ausencia bastante grande de respuestas. Luisa lleva en su nombre que la cuesta que ella subió fue un Aconcagua, y a su vez la paradoja nos demuestra cuánto nos cuesta a nosotros seguirles pidiendo a quienes tienen que decir la verdad que lo hagan, y cuánto les cuesta a los que dicen entender y sentir que eso debe ser hecho, pero no lo hacen. Hace dos años que el silencio de la marcha es cada vez más ensordecedor, y a su vez hace cada vez más inmoral el silencio de quienes tendrían que decir algo”, agregó Aguerre. Especificó que hoy el reclamo no sólo es hacia el Estado, sino también a “actores del gobierno”.
Luego vino el discurso de Jair Krischke, activista brasileño por los derechos humanos, quien señaló que su país vive un “problema gravísimo de seguridad” y, refiriéndose al proyecto de reforma constitucional del senador blanco Jorge Larrañaga, dijo que en Uruguay “se quiere crear una policía militar”. Subrayó que en Brasil existe ese tipo de fuerza y que “policía militar” es una “antinomia”. “Es una incompatibilidad insuperable entre dos palabras, por la sencilla razón de que ‘policía’ viene del griego polis, ‘ciudadanía’. Entonces, la policía es un aparato de Estado destinado a dar seguridad al ciudadano. Y ‘militar’ es una palabra que viene de latín ‘milis’, de las milicias romanas. Y con mucha sabiduría, lo senadores de Roma no permitían que cruzaran los muros, se quedaban afuera”, sostuvo el activista. Agregó que el militar está preparado para “enfrentar al enemigo, vencerlo y someterlo a su voluntad”, por eso “es incompatible con la seguridad pública”.
Krischke aseguró que la policía militar de Brasil es la policía “que más mata en el mundo”. Dijo que en 2016 asesinó a 4.222 personas, y en 2017 a 5.144. Además, subrayó que en su país tienen la tercera población carcelaria más grande del mundo. “Entonces, tenemos la policía que más mata, la tercera población carcelaria más grande del mundo, y no tenemos seguridad; algo está mal, algo está equivocado. Y acá en Uruguay también se debe discutir esto. Ayer en el noticiero vi que Larrañaga estaba muy contento diciendo que va a haber un plebiscito sobre el tema seguridad. En Uruguay se quiere copiar esto y sería un desastre, les aseguro”, señaló el activista.
Krischke también criticó a Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil. Dijo que habla mucho de su condición de haber sido capitán del Ejército pero esa fuerza “lo expulsó como capitán”, y además, si bien fue diputado durante 28 años, en Brasil la Cámara de Representantes cuenta con 533 miembros, de los cuales cerca de 30 son los que “importan políticamente”, ya que los demás son “bajo clero”. “Este señor fue miembro del bajo clero. Hace cuatro años se candidateó a la presidencia de la Cámara de Diputados y sacó cuatro votos, este señor que el 1º de enero será presidente de la nación”, dijo Krischke.
El activista también desplegó críticas al Partido de los Trabajadores. Dijo que cometió “un tremendo error” mientras estaba en el gobierno, ya que “cooptó los liderazgos de las organizaciones sociales” y transformó a sus miembros “en empleados públicos”. “Cuando un partido no entiende que tiene que estar a disposición de la sociedad civil organizada, y no cooptarla para hacer lo que quiere, pasa lo que pasó en Brasil. Acá el PIT-CNT siempre trató de apoyar al gobierno pero con una posición critica. En Brasil las principales centrales de trabajadores se trasformaron en seguimiento del gobierno. Esto es muy complicado y así es como se termina la cosa, porque la sociedad se siente abandonada”, indicó.
Al cierre, Krischke sostuvo que la posición como militante de los derechos humanos “siempre es muy desagradable para los gobiernos”, porque “los grandes violadores de los derechos humanos son los gobiernos”. “Porque faltan con la educación, la salud pública, los cuidados de la infancia y la vejez. Entonces, la medida en que somos efectivos en nuestras tareas de defensores de derechos humanos es la medida en que los gobiernos se enojan con nosotros”, finalizó.