jueves, 11 de enero de 2018

El Guardián llegó tarde





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Los narcos eluden las escuchas telefónicas con aplicaciones como Whatsapp y afectan las investigaciones policiales; “El Guardián llegó tarde”
“El Guardián llegó tarde”, dijo Mario Layera, en referencia al polémico software para interceptar llamadas
Es “ropa”, “jaboncitos”, “escama”. “Alita” si es descarte y “especial” si viene cortada. Si es “pura”, es pura. Los códigos se refieren a una sola cosa: droga. Cuando se comunican por teléfono, los narcotraficantes son precavidos. Usan seudónimos, palabras en clave, referencias ambiguas. Saben que puede haber alguien más escuchando sus conversaciones.
Sin embargo, hoy tienen mejores alternativas para eludir el espionaje de la Policía: las aplicaciones como Whatsapp o Telegram, que aseguran el encriptado de los mensajes y las llamadas. Esto impide, tanto a gobiernos y agencias de seguridad como a las propias compañías, acceder al contenido de las comunicaciones, lo que permite a los delincuentes hablar sin temor a ser escuchados.
El asunto preocupa a países en todo el mundo. En Brasil, la Justicia llegó a ordenar el bloqueo de Whatsapp porque la compañía se negó a colaborar con la Policía en investigaciones criminales. A mediados del año pasado, el Ministerio del Interior alemán anunció el desarrollo de un nuevo software que le permitiría sortear el encriptado hackeando los propios teléfonos. En Francia, el uso de mensajería cifrada para coordinar los atentados en París avivó el debate sobre la protección que las nuevas tecnologías dan a los criminales, y en Estados Unidos el exdirector del FBI, James Comey, admitió el año pasado que el encriptado de Whatsapp estaba afectando de “gran forma” las investigaciones.
Uruguay no es la excepción. La Policía y la Justicia especializada en Crimen Organizado observan con preocupación —y resignación— cómo las escuchas telefónicas perdieron efectividad frente a las nuevas aplicaciones de mensajería. El problema no es menor: las interceptaciones eran la principal herramienta para investigar a los criminales organizados, en especial aquellos que se dedican al tráfico de drogas, dijeron varias fuentes consultadas por Búsqueda.
Era una técnica relativamente sencilla — aunque debe ser autorizada por un juez— y muy eficaz. Moniterando los diálogos de los involucrados, la Policía conseguía enterarse del día y la hora de una “entrega” e interceptarla, y detener a los involucrados in fraganti. Además, servían para determinar quiénes eran los pesos pesados que estaban detrás de las operaciones.
“Es un tema que nos preocupa mucho”, dijo a Búsqueda el jefe de la Policía Nacional, Mario Layera. “En cierta manera nos desprotege mucho, nos vulnera mucho y no solo en el narcotráfico. Hay que pensar también en las posibles amenazas terroristas”, afirmó.
Layera sostuvo que tiempo atrás las interceptaciones fueron “fundamentales” para investigar el crimen organizado. En la década del 2000, cuando se adquirieron sistemas i nformáticos para “pinchar” teléfonos, “avanzamos muchísimo y eso nos permitió tener éxito sobre organizaciones de narcotráfico que actuaban en la región”, señaló.
Sin embargo, “el advenimiento de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería encriptadas” provocaron una disminución significativa de la información que la Policía recoleta con las interceptaciones, explicó. “Por supuesto que se redujo, porque todo el mundo usa esas redes para las comunicaciones”.
La jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, también expresó preocupación por el tema. “La disminución de operativos de incautación de drogas, a partir de la popularización de Whatsapp, es bastante notoria”, dijo a Búsqueda. “Desde que estoy en este juzgado (asumió a mediados de 2016) no tuvimos operativos importantes”, añadió. Es que aunque había varias interceptaciones telefónicas dispuestas, estas no arrojaron información relevante. “Era el principal elemento de investigación y se cayó”.
Cuando el fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue juez de Crimen Organizado (entre 2009 y 2012), prácticamente todos los procedimientos estaban apoyados en escuchas telefónicas. “Era una herramienta fundamental”, dijo a Búsqueda. “Es cierto que ahora el uso de aplicaciones ha complicado el trabajo”, evaluó. “Obviamente es un problema, pero no solo para nosotros, sino a nivel internacional”.
Para Mónica Ferrero, fiscal especializada en Estupefacientes, el panorama no es tan negativo. Aunque los narcotraficantes “siempre van tres pasos adelante”, la Justicia sigue teniendo buenas técnicas de investigación para perseguirlos, sostuvo. Su fiscalía, creada a partir del nuevo Código del Proceso Penal que comenzó a funcionar el 1º de noviembre, viene “trabajando a buen ritmo” y ha “desbaratado varias bocas de drogas” en los primeros dos meses de trabajo.
“Es cierto que la interceptación telefónica, como técnica probatoria, se ha debilitado. Pero no es la única, la investigación es una suma de varias”, afirmó.
“Llegó tarde”. Mientras el Ministerio del Interior alemán desarrollaba una tecnología capaz de burlar el encriptado de Whatsapp, el ministerio local ponía en funcionamento El Guardián, el más reciente software adquirido para interceptar llamadas realizadas a la vieja usanza. La tecnología, que mejoró considerablemente el antiguo y “más artesanal” sistema de escuchas, generó una gran polémica debido a la preocupación de organizaciones civiles sobre la creciente capacidad del ministerio para invadir la privacidad de las personas.
Sin embargo, el debate hoy parece caduco. “El Guardián llegó tarde”, admitió Layera. Y aunque en el mundo se estén desarrollando sistemas para interceptar las nuevas tecnologías, “cuando lleguen a Uruguay ya se habrá inventado otra cosa”, dijo.
La pérdida de eficiencia de las escuchas afecta particularmente a Policías con menos recursos y despliegue tecnológico como la uruguaya, evaluó Layera, ya que cuentan con menos posibilidades de investigar con otros métodos, como es la infiltración y el reclutamiento de fuentes. “Las fuentes humanas resultan más difíciles para nosotros, porque generalmente tienen un interés económico para trabajar y nosotros no tenemos ese presupuesto. Entonces, usamos fuentes cuando interviene otro factor: venganza, competencia, despecho o esas cosas”, explicó.
También mencionó co- mo dificultad que en Uruguay se trabaja bajo lo que se denomina “interceptación legal”, es decir, que las escuchas están controladas por la Justicia. En otros países eso no es así, explicó. “Los ingleses, por ejemplo, te pinchan, te detienen y no importa cómo obtuvieron la información. Acá nosotros tenemos que contar a los jueces cómo obtuvimos la información. Entonces, el propio sistema te obliga a jugar con determinadas reglas,que no te permiten desviarte a otros caminos más rápidos”, afirmó. “Ese es uno de los grandes problemas que estamos teniendo”.
Para Layera, es necesario estudiar si, mediante normas jurídicas, es posible encontrar mecanismos para controlar las aplicaciones de mensajería. Mencionó a países como China y Estados Unidos, que tienen un mayor control sobre las comunicaciones, o las discusiones que se están dando en Brasil en torno a Whatsapp. De todas formas, dijo, Uruguay “tiene un sistema democrático de libertades individuales distinto”, por lo cual sistemas restrictivos, como el chino, “no son viables”.
Por el momento, informó, se está trabajando en ajustar las normas de control sobre los celulares, para que se cumpla “estrictamente” la identificación de quién usa el teléfono. “Si bien no podemos i nterceptar l as comunicaciones, en un examen posterior forense podemos acceder a la información. Pero debemos buscar que cada aparato esté identificado con cada dueño”, explicó.

>>> Entonces a quién vigilan
 Operaciones de escucha

Para identificar a las más de 130 personas que integran grupos radicales en Uruguay, la unidad de inteligencia policial no dudó en colocar "observadores" estratégicamente ubicados, que pueden ser agentes vestidos de particular, o incluso, falsos vendedores de garrapiñada, quienes aprovechando la seguridad de su disfraz pueden tomar fotos o filmar a personas, según contó una fuente a El Observador.

Además esa dependencia prepara informes cada vez que algunas de estas organizaciones convocan a una marcha, y según lo admitió el Ministerio del Interior en un comunicado publicado en 2013.

Y aunque autoridades del Ministerio del Interior han negado la existencia de policías encubiertos, ésta es una práctica vigente en Uruguay, según lo confirmaron tres fuentes de inteligencia.

De hecho, un proyecto de ley que fue presentado en enero de este año por el Poder Ejecutivo, y que establece la creación del Sistema Nacional de Inteligencia, dará un marco regulatorio que le permitirá a agentes encubiertos ocultar su identidad oficial e incluso utilizar documentos con nombres falsos.











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