martes, 29 de mayo de 2018

Prohibido el piquete






Tabaré Vázquez firmó un decreto que prohíbe los piquetes en calles y rutas

El decreto faculta al Ministerio del Interior a tomar las medidas necesarias frente a los casos en que se obstaculicen las rutas, calles o caminos.



La noticia fue anunciada por presidencia de la República y plantea que “resulta fundamental establecer una normativa que ampare aquellas situaciones donde se vulnera el libre tránsito de las personas”.
Con esta medida en realidad se está restringiendo uno de los pocos medios que tienen los sectores populares para efectuar reclamos e intentar ser oídos. Las dificultades en el tránsito que pueden ocasionar los cortes y piquetes son consecuencia en todo caso de la falta de respuesta de las autoridades cuando se trata de reclamos ante el Estado o de la intransigencia patronal cuando se trata de conflictos con empresarios.
Se trata de la misma medida que está intentando instalar en Argentina el gobierno de Macri, y de Rodriguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, a medida que aumentan las protestas en las calles por el creciente descontento social, y las movilizaciones de los docentes en lucha.
Con este tipo de decretos el gobierno del Frente Amplio se prepara para enfrentar posibles movilizaciones y conflictos cuando lleguen momentos de crisis y quieran descargar mayores ajustes contra los trabajadores.

Un conjunto de distintos actores políticos proclamaron de diversas maneras sus aspiraciones a avanzar en el camino represivo y autoritario; este arco va desde el sistema político de partidos (gobierno y oposición) hasta autoridades de los aparatos armados del Estado.
Las fuerzas represivas se meten en política
Casi simultáneamente el jefe del Ejército y el jefe de la policía salieron a opinar acerca de la intervención de sus respectivos aparatos en la esfera interna del país.
Por otra parte casi todo el sistema político y los medios de comunicación guardaron silencio cómplice con estas auto atribuciones que se dan los respectivos jefes de los principales aparatos armados del Estado uruguayo, en su mayor parte impunes de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura.
En la misma semana el comandante del Ejército Guido Manini Ríos, con la bendición y complicidad de la iglesia católica reivindicó el rol del ejército en la represión interna en su discurso del día del Ejército. Anteriormente Manini había incursionado en la vida política opinando desbocadamente sobre los ni ni.
Casi al mismo tiempo el director nacional de policía Mario Layera hacia declaraciones comparando la situación de Uruguay con países como El Salvador o Guatemala y pidiendo que las fuerzas represivas cuenten con información del Mides como forma de aumentar el control social.
Como lo denunciamos desde estas páginas, Manini Ríos hizo sus declaraciones en la propia cara de Tabaré Vázquez, quien fue incapaz de dar una señal de mínima desaprobación ante el peligroso reclamo de que el ejército tenga un mayor rol en la seguridad interna. Por el contrario, el propio gobierno había delegado hace pocas semanas, junto con la oposición blanqui-colorada, tareas de represión para las fuerzas armadas en las zonas de frontera.
Las declaraciones de Layera, una crítica a la política de seguridad de un miembro del propio gobierno, culminaron con los anuncios del presidente tomando la propuesta del funcionario policial.
Las medidas del gobierno
En el consejo de ministros realizada en el balneario San Luís Vázquez hizo pública su intención de que las fuerzas represivas cuenten con distintos datos de la población que tiene el MIDES y de paso informó que 500 policías se incorporarán a las fuerzas represivas en el norte del país.
El martes pasado se convocó a una reunión para tratar el tema de la seguridad pública con la participación del propio presidente, y los ministros del Interior y Desarrollo Social, el prosecretario de gobierno, el fiscal general de la Nación y autoridades de la educación y el Banco de Previsión Social.
En este encuentro se ampliaron las propuestas realizadas en el Balneario San Luís con el anuncio de la creación de un organismo que contará con la información que surge de los organismos que llevan adelante las políticas sociales y educativas para el mejoramiento de la política represiva.
El encuentro quiso mostrar a un gobierno que toma la “seguridad pública” con un encare represivo como forma de enfrentar los problemas sociales. Además anunció demoler los llamados “palomares” en el popular barrio Casavalle argumentando que la actual estructura arquitectónica dificulta el “trabajo” policial. Vázquez además volvió a señalar que en la próxima rendición de cuentas la seguridad será una prioridad.
El sindicato del Mides ya anunció que se opone al uso por parte de las fuerzas represivas de datos que surgen de la implementación de las políticas sociales, un aumento de control social que avanza en la criminalización de la pobreza.
La derecha y la profundización de la represión
También en estos días se conoció la propuesta del candidato blanco Jorge Larrañaga. El líder de Alianza Nacional inició una campaña de firmas para convocar a un plebiscito. La propuesta es incluir en la Constitución que los jueces puedan ordenar allanamientos nocturnos en caso de actividades delictivas, la reclusión permanente para delitos graves, el cumplimiento efectivo de las penas y crear una Guardia Nacional con efectivos de las Fuerzas Armadas.
El otro candidato blanco, Luís Lacalle Pou, declaró que no firmará, pero solo por una cuestión de tiempos; “si hoy se está incendiando una casa no podemos llamar a los bomberos para dentro de dos años” señaló, agregando que si asumen el gobierno le harán saber a la delincuencia que “se les terminó el recreo”.
El ex presidente José Mujica, se mostró de acuerdo con parte de la propuesta de Larrañaga, en lo referido a los allanamientos nocturnos en caso de sospecha de narcotráfico. “A las presuntas bocas de venta de pasta base hay que entrarles de noche, de madrugada o a cualquier hora”
Este es otro viento de cola
El contexto regional va en sintonía con estas medidas y propuestas que surgen desde le régimen uruguayo en su conjunto. Las políticas de endurecimiento están en sintonía con la coyuntura internacional, donde en los países periféricos se impone una política de ajuste contra los trabajadores y sectores populares (en general bajo gobiernos de derecha o golpistas).
La ocupación militar de Río de Janeiro del gobierno golpista de Temer en Brasil que ya cuenta con casos de varios asesinatos políticos es la expresión más palpable de esto. En Argentina el gobierno de Macri ha aumentado la represión y ya ha habido casos de asesinatos y abusos policiales contra manifestantes, además del intento desde los medios de introducir la discusión de la intervención de las FFAA en la represión interna.
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Es contra los trabajadores
Tanto en Uruguay, como en la región, los gobiernos progresistas o post neoliberales terminaron tomando la agenda tradicional de la derecha.
Con matices y diferencias en los tiempos, los principales partidos políticos se esfuerzan por mostrar a la represión y la seguridad como una prioridad. Todos coinciden en un el aumento del presupuesto y destinar más recursos humanos y económicos, así como en el aumento y endurecimiento de penas.
En realidad las bandas delictivas o el tráfico de armas y drogas son parte de los “negocios” del sistema capitalista, en el que están involucrados sectores estatales como la justicia o la policía y altos sectores de la economía como el capital financiero.
Para atacar la inseguridad hay que atacar a los grandes narcotraficantes y cortar con la connivencia policial; los mismos que dejan zonas liberadas para el accionar de bandas delictivas.
Aunque el “argumento” de la escalada represiva pasa por el supuesto combate a la delincuencia y la “inseguridad”, la profundización de la política de control social es también preventiva.
Más allá de la paz social garantizada por la burocracia sindical la lucha de clases puede ofrecer escenarios de conflictos más duros a futuro, y este endurecimiento del régimen que apunta en primer lugar a los pobres (en su mayoría trabajadores) también apunta preventivamente contra la clase trabajadora en su conjunto.










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