Datos del INE sobre pobreza en discusión
CAMILA BELLO
16 junio 2018
La sección del Instituto Nacional de Estadística que velaba por la calidad del índice de pobreza no funciona hace un año. Sin boletos ni teléfonos pagos, y expuestos a mordeduras, los encuestadores alertan que los resultados podrían fallar. Las autoridades insisten: la precisión está intacta.
Uruguay
alcanzó el mínimo histórico de pobreza en 2017: el 7,9% de las personas
no tiene los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
El dato fue celebrado por el presidente Tabaré Vázquez, quien enseguida
lo atribuyó a las medidas implementadas por los tres gobiernos del
Frente Amplio: "Ahí está el resultado de las políticas públicas llevadas
adelante para atender a la población más necesitada", dijo. Al igual
que todos los años, el informe fue elaborado por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE) y no recibió el mínimo cuestionamiento, hasta que
tres delegados de la Asociación de Empleados de Estadística y Censos
fueron en mayo a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y
activaron las alarmas. ¿La calidad de los números presentados podría
estar en riesgo?
La celebración de Vazquez
Los trabajadores denunciaron carencias que afectan su rendimiento. Por ejemplo, afirmaron que no cuentan con un espantador de perros que les permita evitar las mordeduras frecuentes. Pero una reivindicación llamó un poco más la atención de los legisladores y tendió un manto de duda sobre los datos obtenidos a partir de la Encuesta Continua de Hogares, de la que se desprende el índice de pobreza. Los funcionarios informaron que la sección que monitoreaba la calidad de ese estudio no funciona hace más de un año, por lo que sus integrantes fueron reubicados en otras áreas: "Eso nos preocupa porque está vinculado con la calidad de los índices que emite el instituto", dijo uno de ellos.
La
división había sido creada en 2008 y fue cerrada en 2016. Su principal
tarea era volver a entrevistar al 10% de la muestra de hogares
seleccionada, con la intención de chequear los datos obtenidos en
primera instancia por los encuestadores. Ante la consulta de El País, un
grupo de técnicos del INE contestó, por escrito, que la sección fue
clausurada a raíz de los avances tecnológicos, que hicieron que "algunos
procedimientos (que utilizaban) quedaran obsoletos". A su vez,
entendieron que "no era apropiado visitar nuevamente los hogares" ya que
generaba "molestia y agotamiento" en los entrevistados. Si bien
aseguraron que la calidad de los datos presentados en 2017 no estuvo en
peligro, informaron que un nuevo departamento de calidad empezará a
funcionar a principios del próximo año.
La
Encuesta Continua de Hogares se realiza desde hace 50 años y calcula,
entre otros índices, los de pobreza e indigencia. El método se basa en
elaborar una Canasta Básica Total, que contiene ciertos bienes y
servicios (alimentos, vivienda, salud y educación) que se entienden
elementales para garantizar un mínimo de bienestar. La línea de pobreza
es el umbral que determina el ingreso necesario para adquirir esa
canasta, que se actualiza mes a mes por el Índice de Precios al Consumo
(IPC). Según cifras de abril de 2018, las personas que perciben más de $
13.019 en Montevideo, más de $ 8.524 en el interior urbano y más de $
5.701 en el interior rural están por encima de esa línea. El 7,9% de
los uruguayos que no logran alcanzarla son considerados pobres.
Por otra
parte, el instituto elabora también una Canasta Básica Alimentaria, que
incluye los productos que cumplen los requerimientos nutricionales
para satisfacer las necesidades calóricas de una persona. Según cifras
de abril de 2018, aquellos que perciben menos de $ 3.264 en Montevideo,
menos de $ 3.009 en el interior urbano y menos de $ 2.720 en el interior
rural están bajo la línea de la indigencia. El 0,1% de la población se
encuentra en esta situación.
Los
datos presentados en abril son certeros, según los técnicos del INE, ya
que la precisión de la Encuesta Continua de Hogares se sigue evaluando.
Una forma de suplir la división calidad fue incorporar dispositivos
electrónicos que permiten chequear y cruzar la información en tiempo
real. Esta tecnología se usa en casi todo el país, salvo en zonas de
extrema inseguridad a las que llevan los cuestionarios en papel. Los
nuevos aparatos se pusieron en práctica en 2015, tienen el tamaño de un
celular y cuentan con "reglas de crítica". Esta herramienta habilita a
los técnicos a controlar los datos mientras hacen la encuesta, ya que
encuentra las inconsistencias que puedan responder los entrevistados:
por ejemplo, notifica cuando a un niño de escuela se le atribuyen 18
años de educación.
Antes de
que el Estado adquiriera los dispositivos, los encuestadores debían
prestar todavía más atención a las respuestas. Si notaban errores en los
relatos, estaban obligados a repetir la parte afectada del
cuestionario, algo que insumía no solo el tiempo, sino también la
paciencia del encuestado. A veces no lograban darse cuenta en el momento
y tenían que volver otro día para rehacer las preguntas. Los datos se
escribían en papel y recién se cargaban al sistema cuando llegaban a la
oficina del instituto, por lo que había riesgo de perderlos en el
camino. El uso de la tecnología les ahorró tiempo, dinero y errores en
las encuestas.
Hoy los
datos publicados sortean siete controles distintos. El primero tiene
lugar en la sección relevamiento, que elige los barrios a encuestar y
elabora las preguntas. Esa información se carga a los dispositivos
móviles, que luego llevan los trabajadores de campo a los hogares
seleccionados. Los datos recabados vuelven a relevamiento, que los
revisa antes de entregárselos a la división crítica, que chequea una vez
más la coherencia de la información y elabora un listado de encuestas
en las que se declararon ingresos por fuera de lo esperable para las
condiciones observadas. Esos hogares vuelven a ser entrevistados con el
objetivo de controlar las respuestas originales. Un equipo técnico
recibe la base de datos elaborada a partir de todos los cuestionarios y
genera los índices, que deben ser aprobados por la dirección del
instituto. Finalmente, el departamento de normalización y difusión arma
el comunicado en el que se publican los hallazgos.
Entonces,
¿por qué el INE quiere una nueva división calidad si ya hace tantos
controles? Los técnicos informaron que esa sección de la Encuesta
Continua de Hogares "se está repensando" para ajustarla a la realidad
actual, por lo que planean incorporarle más tecnología para chequear los
datos. Los nuevos controles que esperan poner en práctica serán
distintos a los que se utilizaban y no volverán a entrevistar el 10% de
los hogares seleccionados, como se hacía antes. Los funcionarios no
precisaron en su respuesta qué métodos de monitoreo utilizarán una vez
que reestructuren esa área.
La
directora del Instituto, Laura Nalbarte, dijo semanas atrás en el
Parlamento que reabrir la sección de calidad "es importante". La jerarca
afirmó que la reestructura de la división está en manos de la
dirección de la Encuesta Continua de Hogares: "La idea es que en unos
meses me hagan una propuesta cerrada de trabajo y mi objetivo es que
para principios del año que viene ya esté funcionado con los nuevos
estándares. Hay que tener en cuenta que así como estamos repensando
esto, las oficinas de estadística nos tenemos que estar repensando
continuamente con este uso de la tecnología", agregó.
La otra campana.
En el
sindicato del INE consideran que las condiciones laborales "deberían
estar en el centro de la discusión" vinculada a la calidad de los datos.
Consultados por El País, los dirigentes reconocieron que fueron a la
Comisión de Legislación Laboral de Diputados porque los problemas que
afectan el instituto se resuelven "con más presupuesto y voluntad de
negociación". El gremio mantuvo reuniones con la dirección del
instituto, pero terminó recurriendo a principios de mes a la Dirección
General del Trabajo (Dinatra) al no conseguir los cambios que reclamaba.
Una de
sus principales reivindicaciones tiene que ver con que deben sacar de su
sueldo el dinero para trasladarse por trabajo. Según cifras del
sindicato, un cuarto de su salario es utilizado para pagar los boletos.
Uno de los dirigentes, Nicolás Sánchez, explicó que los encuestadores
tienen que ir "varias veces" a los hogares para encontrar a los
encuestados, por lo que un solo cuestionario puede insumir hasta ocho
boletos de ómnibus. "Para declarar una encuesta desierta tenemos que ir
cuatro veces y una de esas veces tiene que ser en fin de semana.
Imaginate eso en zonas rurales de Montevideo como Punta Espinillo, o en
el interior rural. Son miles de pesos al mes para trabajar", agregó.
El INE
tampoco paga la cuenta de celular de los trabajadores de campo, que de
forma constante deben comunicarse con los hogares o con el instituto si
tienen algún problema. En 2011 les entregaron unos dispositivos móviles
que servían para llamarse entre ellos, pero se rompieron al poco tiempo y
no fueron repuestos. Al no tener líneas telefónicas institucionales,
los funcionarios terminan dejando una carta con su número personal
cuando no encuentran a un encuestado. Sánchez comentó que hubo
compañeras suyas que fueron acosadas por teléfono por este motivo.
También
hay reclamos salariales. Si bien la mayoría de los empleados del INE
están presupuestados, los encuestadores cobran a destajo: su ingreso
depende de cuántos cuestionarios hagan por mes. Esta forma de pago
determina que los trabajadores de campo del interior, que se desempeñan
en zonas rurales y por ende realizan pocas encuestas, cobren poco. El
instituto paga $ 408 por cada formulario elaborado en áreas urbanas,
mientras que en el ámbito rural cobran $ 612. El salario supeditado a la
productividad, según el sindicato, genera inequidades entre los
funcionarios, ya que no todos acceden a los mismos beneficios. Las
garantías de alquiler a través de la Contaduría General de la Nación
(CGN), por ejemplo, no están disponibles para todos, ya que muchos de
los encuestadores no logran un ingreso suficiente a partir de los
cuestionarios que les encomienda el INE.
La
dirección del instituto explicó que el pago a destajo tiene que ver
"con la naturaleza del trabajo" de los encuestadores. Las autoridades
aseguraron que "la asociación de destajo y precariedad no es correcta",
sobre todo porque hace 10 años los trabajadores de campo tenían
contratos eventuales de pocos meses de duración. Los expertos
consideraron que todos los funcionarios del INE "gozan de los
mismos derechos" que los demás empleados públicos.
El
gremio reivindica que hay trabajadores sobrecargados, ya que algunas
vacantes que se generaron a partir de jubilaciones o renuncias no fueron
cubiertas. Al respecto, los técnicos del INE argumentaron que estas
situaciones se dan "debido a procesos administrativos propios del
Estado", por lo que "no es posible" reemplazarlas de inmediato. "El
instituto está tratando de cubrirlas en la medida de lo posible, siempre
en el marco de la reglamentación vigente, con las limitaciones que esto
implica", respondieron.
Los
robos, los perros y los accidentes de tránsito también preocupan al
sindicato. A su vez, no cuentan con la indumentaria necesaria para las
jornadas frías de invierno o de lluvia. Recién en 2011 se incorporó un
seguro que les paga US$ 7 por día a los trabajadores cuando están
certificados ya que al no realizar cuestionarios, no tienen ingresos.
Esa póliza incluye una cláusula que les da US$ 10 mil a la familia si el
funcionario muere durante un accidente de trabajo. La directora del INE
dijo en el Parlamento que harán un "esfuerzo presupuestal" y empezarán a
otorgar un seguro contra todo riesgo en los próximos meses.
El
gremio está convencido de que la "precariedad laboral" genera impacto en
los datos que se publican. No obstante, el dirigente Sánchez sostuvo
que la calidad de la información no debería ser puesta en duda porque
los trabajadores "asumen la carga" y se sobreexigen para que no se note.
Pero ese estrés al que están expuestos, sumado a "los sueldos
sumergidos", terminará pasando factura en algún momento, vaticinó.
"Esto
es así: uno hace lo mejor que puede con lo que tiene. No es lo mismo
tener un chalequito y un morral, como tenemos ahora, a tener los
implementos que necesitamos: una campera abrigada, un espantador de
perros, los boletos pagos...", concluyó. "Hacemos lo que podemos".
Ser pobre en Montevideo no es igual al interior
El ingreso necesario para estar por encima de la línea de la pobreza es muy distinto dependiendo del lugar donde viva la persona. En Montevideo, alguien que percibe más de $ 13.019 ya no es considerado pobre, mientras que en el interior rural la cifra desciende a $ 5.701. ¿Por qué tanta diferencia? En el INE explicaron que la Canasta Básica Total se ajusta de acuerdo con los precios vigentes en cada región. Los bienes y servicios son más caros en la capital, lo que genera aumentos en el ingreso a percibir para tener las necesidades básicas satisfechas. Lo mismo ocurre con la línea de indigencia. A su vez, en el interior rural no se tiene en cuenta el costo de la vivienda para hacer el cálculo, ya que hay trabajos que la tienen incluida.
Trabajadores del INE se manifestaron en reclamo por atrasos de pagos, deudas y condiciones laborales y de seguridad
Movilización de trabajadores del Instituto de Estadística y Censo, en la Torre Ejecutiva
Ayer fue el primer día de concentración de los sindicalistas en
la puerta del edificio del Instituto Nacional de Estadística (INE) en
la Torre Ejecutiva Norte. Los trabajadores del INE encargados de relevar
y procesar los datos de las estadísticas oficiales resolvieron por
unanimidad en una asamblea, el martes 10, declararse en preconflicto
teniendo en cuenta las “múltiples” situaciones a las que se consideran
expuestos y por las que no han obtenido respuesta del directorio de la
institución.
Entre otras, se refieren al atraso y las deudas en los pagos, “inequidades horarias y salariales” al interior de la plantilla, los “pedidos no respondidos” de investigación administrativa, la falta de respuesta de la directiva ante el proyecto presentado sobre un protocolo de seguridad y salud para los trabajadores que hacen trabajo de campo, así como “necesidades presupuestales” tanto de los trabajadores como del instituto en sí.
Los sindicalistas afiliados a la Asociación de Empleados de Estadística y Censo defienden su rol en un comunicado de prensa en el que expresan que su trabajo “no sólo es un insumo fundamental para la elaboración e instrumentación de las políticas públicas, sino que también es utilizado tanto en el ámbito científico y académico de nuestro país e internacional, así como para las estadísticas comparadas a nivel mundial”. “Este producto es construido a partir del compromiso y el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores del INE –alrededor de un tercio destajistas–, quienes no siempre contamos con el apoyo institucional necesario y suficiente para realizarlo”, agregan.
También declaran haberles planteado la situación “repetidas veces” a las autoridades de la institución en un ámbito bipartito, pero sostienen que las situaciones descriptas “vuelven a repetirse”.
Esas situaciones, dicen, han ocurrido “frecuentemente”, algo que “no es justificable bajo ningún concepto”, menos aun cuando “se nos exigen parámetros de calidad y plazos que cumplimos en condiciones laborales que distan de ser las deseables y que implican un sobresfuerzo por parte de los trabajadores y trabajadoras, no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también económico”.
Bajo este entendido y habiendo solicitado una audiencia a la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pretenden seguir concentrando todos los martes, de 9.00 a 10.00, y los jueves, de 16.00 a 17.00, al menos hasta que se oficialice el pago adeudado del módulo turismo interno de la Encuesta Continua de Hogares.
Los trabajadores agrupados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado del PIT-CNT decidieron no hacer declaraciones a la prensa, salvo las comunicaciones institucionales que difunden por correo electrónico. Por otro lado, la directora del instituto, Laura Nalbarte, por intermedio de la secretaría, dijo que no hará declaraciones por el momento.
Entre otras, se refieren al atraso y las deudas en los pagos, “inequidades horarias y salariales” al interior de la plantilla, los “pedidos no respondidos” de investigación administrativa, la falta de respuesta de la directiva ante el proyecto presentado sobre un protocolo de seguridad y salud para los trabajadores que hacen trabajo de campo, así como “necesidades presupuestales” tanto de los trabajadores como del instituto en sí.
Los sindicalistas afiliados a la Asociación de Empleados de Estadística y Censo defienden su rol en un comunicado de prensa en el que expresan que su trabajo “no sólo es un insumo fundamental para la elaboración e instrumentación de las políticas públicas, sino que también es utilizado tanto en el ámbito científico y académico de nuestro país e internacional, así como para las estadísticas comparadas a nivel mundial”. “Este producto es construido a partir del compromiso y el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores del INE –alrededor de un tercio destajistas–, quienes no siempre contamos con el apoyo institucional necesario y suficiente para realizarlo”, agregan.
También declaran haberles planteado la situación “repetidas veces” a las autoridades de la institución en un ámbito bipartito, pero sostienen que las situaciones descriptas “vuelven a repetirse”.
Esas situaciones, dicen, han ocurrido “frecuentemente”, algo que “no es justificable bajo ningún concepto”, menos aun cuando “se nos exigen parámetros de calidad y plazos que cumplimos en condiciones laborales que distan de ser las deseables y que implican un sobresfuerzo por parte de los trabajadores y trabajadoras, no sólo desde el punto de vista de la salud, sino también económico”.
Bajo este entendido y habiendo solicitado una audiencia a la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pretenden seguir concentrando todos los martes, de 9.00 a 10.00, y los jueves, de 16.00 a 17.00, al menos hasta que se oficialice el pago adeudado del módulo turismo interno de la Encuesta Continua de Hogares.
Los trabajadores agrupados en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado del PIT-CNT decidieron no hacer declaraciones a la prensa, salvo las comunicaciones institucionales que difunden por correo electrónico. Por otro lado, la directora del instituto, Laura Nalbarte, por intermedio de la secretaría, dijo que no hará declaraciones por el momento.
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