viernes, 27 de julio de 2018

Tortura y abuso sexual en Treinta y Tres







>>> Denuncia a torturadores del batallon NR10 en Treinta y tres

Denunciados e impunes

26 julio 2018

La madrugada del 30 de octubre de 2011 veinte hombres y mujeres viajaron al departamento de Treinta y Tres donde nacieron y vivieron su adolescencia para denunciar ante la justicia la detención ilegal y las torturas que sufrieron más de treinta años atrás cuando eran menores de edad.[1]Cuando bajaron de la camioneta frente al juzgado había gente del pueblo esperándolos para acompañarlos. Mezclados entre ella, dos hombres de civil, que luego se supo eran del Batallón de Infantería número 10, sacaban fotos a los presentes.Desde aquel día hasta hoy ninguno de los militares acusados por los denunciantes y citados a declarar compareció en el juzgado. Como parte de la política de obstrucción sistemática de la justicia que emplean los represores, sus abogados pidieron que se archive la causa. Siete años después de presentada la denuncia, las víctimas siguen esperando justicia.

Contra la Juventud Comunista

              En abril de 1975 el Ejército desplegó un amplio operativo con el objetivo de aniquilar al Partido Comunista en el departamento de Treinta y Tres. Entre el día 12 y el 15 detuvierona treinta y nueve militantes de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC), los torturaron y abusaron sexualmente en el cuartel del pueblo. Los menores tenían 13 años y los mayores recién habían cumplido 18.A la mayoría fueron a buscarlos a la casa o los detuvieron camino al liceo. A Mabel Fleitas, de 17 años, se la llevaron con la madre y las tres hermanas. Carmen tenía 18, Alicia 16, y Marisa, la menor, había cumplido 13. El caso no es el único de detención colectiva. “Hubofamilias que tuvieron dos, tres y hasta cinco hijos presos en ese momento, como las familias Fleitas, Pertuy Franco, Almeida, Fernández, Díaz, Figari, Olivera y Nacimiento”, dice Liliana Pertuy.[2]Como eran tantas las madres detenidas con sus hijos, para identificarlas, los militares les colgaron un cartel en el cuello: “Madre de las Pertuy”, “Madre de las Fleitas”.

              Los tuvieron encapuchados y de plantón, las manos atadas con alambre, los privaron de agua y comida, les aplicaron picana, submarino, los quemaron con cigarrillos, los colgaron, los golpearon y obligaron a montar sobre una barra de hierro. A José Nacimiento le quebaron el pie con el taco de la bota, y a otra detenidale fracturaron un brazo.Como uno de los presos pidióque lo atendiera un dentista, al día siguiente, en castigo,a muchos les extrajeron una pieza dental cualquiera, sin anestesia. “En las primeras noches de detención cuando el dormitorio era para todos el patio del cuartel, y el plantón constante, debemos de haber causado gran impresión a todas las presas del MLN que el Ejército mantenía allí porque ante el primer grito o llanto que lanzó alguna de las compañeras más pequeñas –de 13 años- llamando a su madre, le seguimos todos en coro y cuentan las presas que ellas pedían ‘¡por favor, tienen niños presos, tortúrennos a nostras, déjenlos a ellos!’; y en el infierno de los gritos clamando por nuestras madres, y el pedido de silencio que hacían los militares, aquello crecía, y llegó hasta la barriada que rodeaba el cuartel. Varios de los padres que vivían cerca, desesperados corrieron a la puerta del cuartel de donde fueron explusados”, dice la denuncia.[3]Los detenidos recuerdan al alférez Wellington Sarli como uno de los torturadores más crueles.Actuaba como si fuera el superior del cuartel y por eso lo apodaban el “jefe chico”. Se jactaba de interrogar a cara descubierta. Otro de los que causaba terror entre presos y presas era el también alférez Mohacir Leites.

              Los torturadores no se preocupaban en ocultar su identidad, lo que, además, era difícil, porque en la ciudad de Treinta y Tres todos se conocen. Los militares más jóvenes coincidían con los muchachos y las muchachas en los bailes del club, la hija del segundo jefe del Batallón, el teniente coronel José María Lete, era compañera de clase de Marisa Fleitas, una de las niñas detenidas, y el médico torturador Hugo Díaz Agrelo había sido profesor de biología de muchos de ellos en el único liceo público del pueblo. “En el interior el torturador era tu vecino, tu vecino de verdad. Es más sádico”, dice Liliana.[4]

              Recién el día 18 por primera vez les dieron café negro, un pan y los dejaron bañarse.Liliana no olvida la satisfacción de esa ducha helada: “sacarte todo lo que tenías pegado: excremento, orina, sangre y el olor del miedo, que nunca más lo sacás de la ropa”.Esa tarde el general Gregorio Álvarez llegó al Batallón para celebrar la fecha patria. Con él iba el capitán Pedro Buzó, un hombre que tenía larga trayectoria en el tormento a presos políticos. En la noche, mientras el cuartel preparaba una fiesta de homenaje al “Goyo”,Buzó empezaba la gran sesión de tortura colectiva. Todos de plantón esperando turno: “Cuando entrabas estaba Buzó, te sacaba la capucha para que lo vieras arremangado, todo sucio de sangre, con el pantalón para adentro de las botas. […] Buzó eran tan claro y preciso en su técnica de tortura que vos estabas entero y en un estado de histeria y de terror total”, continúa Liliana.A Ruben Olivera, le partió la boca en una sesión en la que estaba presente Álvarez: “Esa noche, en medio de la locura esa, en la penumbra, mientras el tipo que había venido a torturar me pegaba como un loco, ahí estaba el señor, el Goyo, observando todo. No hablaba. Y después lo corroboramos con la tropa”.[5]




               Inmorales y transgresoras

              Un día, sin que supieran la razón, obligaron a las muchachas a pasar por la enfermería. El testimonio de Liliana sobre el episodio vale también para el resto de las detenidas: “… me hacen sacarme la ropa, me suben a una camilla y estaba el doctor Díaz Agrelo y los otros médicos, y me realizan un tacto vaginal con los dedos, sin guantes ni nada. Haciendo chistes, decían: ‘mirá, tiene las marcas de la malla, se ve que va a la playa’, riéndose con los otros. Había por los menos cuatro hombres. Ahí estaba denuda”.[6]Sigue Mabel: “Después nos inocularon penicilina al barrer. Porque supuestamentetodas teníamos enfermedades venéreas. Lo armaron bien. Nos hicieron pasar a todas por el ginecólogo y este dictaminó la enfermedad y el tratamiento”.[7]

              No lo sabían pero la dictadura estaba montando una operación de propaganda para justificar la detención de tantos menores de edad. Como forma de privarlos de la empatía y compasión de los vecinos del pueblo yde mostrar que la subversión marxista era un agente de degradación moral, el Ejército inventó que la UJCorganizaba campamentos que eran a la vez de adoctrinamiento político y promiscuidad sexual. De ahí la farsa de las enfermedades venéreas que, por otro lado, habrían contraído solo las mujeres.

               El 30 de abril un comunicado del Comando General del Ejército informó que se había desarticulado una célula subversiva que entrenaba a menores de edad para cumplir las“tareas que el marxismo internacional determina a nivel nacional”. Campamentos, fiestas y guitarreadas formaban parte de las actividades que, según el comunicado, la organización promovía con el fin de reclutar adeptos, adoctrinarlos y lograr su “desarraigo” de la vida familiar y de las “normas morales propias del estilo de vida uruguayo”.Un ensayo de ese desarraigo planificado había tenido lugar en el balneario La Esmeralda donde se habían reunido muchachos y muchachas “en completa promiscuidad”, intercambiando parejas y rivalizando en competencias de resistencia sexual: “En tal ambiente donde se han rebasado largamente las barreras no solo de lo moral sino también de la más elemental higiene sexual, no resulta extraño que cinco jovencitas cuyas edades oscilan entre 14 y 17 años contrajeran enfermedades venéreas”, sentencia el comunicado.

               La inoculación de penicilina se hizo frente a la tropa con el propósito de que la mentira llegara a todo el vecindario: “Corrió como reguero de pólvora que éramos un grupo de gente infectada por enfermedades venéreas. Por esa infamia nunca reclamamos ante la justicia civil, por difamación e injurias. Nunca lo hicimos”. En aquel momento no tuvieron conciencia del alcance delembuste ni de la marca que iba a dejarles una vez que salieron en libertad.“Hoy el comunicado no hubiera caído como en aquella época –continúa Mabel.Pero en ese momento y en Treinta Tres, una sociedad de inmensa moralina, fue terrible.Quedamos marcadas. La mayoría de nosotras éramos vírgenes y ellos lo sabían porque nos hicieron tacto vaginal”.[8]El estigma no afectó por igual a mujeres y varones. El comunicado pone el acento en la inmoralidad de las “jovencitas”. Ellas sonlas que contrajeron enfermedades venéreas. Las inmorales y transgresoras.

              Operativo de Gregorio Álvarez

              En los primeros días de mayo comparecieron ante el juez militar. Aunque declararon que no habían tenido relaciones sexuales y que esa no era una costumbre de los campamentos como afirmaba el comunicado, el juez militar coronel Libio Campsno se interesó en esclarecer el asunto. Hacía unos cuántos días que la mentira del Comando General del Ejército se había convertido en verdad oficial. Algunos diarios, como El Día, lo publicaroncon titulares prudentes (“Movimiento clandestino reclutaba jóvenes y niños”) y otros, como El País, sumaron adjetivos propios al fraude militar: “Marxismo: única meta la destrucción moral […] Prostituían a más de 60 jóvenes”.

              El entonces jefe de la región militar número IV, general Gregorio Álvarez, fue el principal responsable de la acción represiva. En“Crónica de una infamia”, el periodista Mauricio Almada rastrea el origen del operativo que desembocó en el comunicado del Ejército. El expediente del Servicio de Información de Defensa (SID) contiene un Parte Especial de Informaciones (PEI 103/975) que proviene de la División de Ejército IV y está firmado por Álvarez.En él, el generalda cuenta del descubrimiento de las actividades subversivas de un grupo de jóvenes de Treinta y Tres yconsigna que están haciéndose “interrogatorios en profundidad” por lo que puede esperarse más información del caso.

               Cárcel y expulsión

              Losmayores de edad fueron procesados por la justicia militar yalgunos cumplieron condenas de hasta seis años en el Penal de Libertad y en la cárcel de Punta de Rieles. Según consta en el expediente militar, el traslado de los hombres del cuartel de Treinta y Tresal Penal de Libertad(y otros al Batallón de Caballería número 8)también fue ordenado por Álvarez, quien fundó la decisión en razones de “seguridad operacional”.[9]Losmuchachos y muchachas que tenían entre 13 y 15 años permanecieron un mes en el cuartel antes de que los liberaran. Al resto de los menores los mandaron a Montevideo donde quedaron retenidos por siete meses. Los varones en el Centro de Observaciones Álvarez Cortés y las mujeres en el Hogar Femenino de Menores, en la calle Yaguarón. Sus padres perdieron la patria potestad.

              La vuelta al pueblo fue muy dura.Como todas las personas liberadas en dictadura tuvieron que pagar las expensas carcelarias, es decir los gastos que le había ocasionado al Estado su estadía en prisión, y los embargaron hasta que no saldaran la deuda. A los estudiantes Si por alguna razón no lo ves, decime con tranquilidad. les impidieron seguir estudiando y a algunos, directamente, les dieron la orden de abandonar Treinta y Tres. Por otro lado, la mentira se había extendido en la comunidad y hasta fue aceptada por muchas familias de las víctimas por lo que padecieron el aislamiento social de amigos y conocidos. En el caso de Carmen Techera, el tormento continuó cuando salió en libertad. Díaz Agrelo la atendió en el Hospital de Treinta y Tres y dictaminó que seguía enferma de sífilis: “Me dio como 18 o 20 inyecciones. […] O sea me siguió torturando. Él me hacía ir con las prostitutas, porque ellas iban los martes de mañana y a mí me hacía ir con ellas”. [10]

              Sin justicia

El casode los estudiantes de Treinta y Tres es uno de los episodios más graves de la represión dictatorial por la magnitud de los derechos violados. A la tortura y el abuso sexual a menores de edad, se suma la prohibición de estudiar y la privación de la patria potestad a los padres. Pero el caso sigue impune. Tampoco fueron fáciles los caminos de la reparación. Después de largos trámites, en los que ellos mismos se vieron obligados a conseguir las pruebas de lo que les había sucedido, los entoncesmenores de edadlograron que se le reconociera su condición de presos políticos y accedieron a la Pensión Especial Reparatoria. También a pedido del grupo el 14 de agosto de 2017 se colocó una placa en el liceo departamental de Treinta y Tres en memoria de los estudiantes y docentes que resistieron la dictadura.

En octubre de 2011, patrocinados por la Comisión de Derechos Humanos del Frente Amplio, presentaron ladenuncia penal. Dice Mabel: “Desde 2011 no hubo avances. La jueza de Treinta y Tres nos tomó declaración pero después la sacaron. Desde ese momento la causa tuvo más de un juez. Por otro lado cuando se anuncia una audiencia, los acusados presentan un recurso, que es una chicana, para obstruir el proceso”.

Hoy la causa es patrocinada por el Observatorio Luz Ibarburu. A excepción de la ratificación de la denuncia, el juicio no ha tenido otras audiencias.El 8 de abril de 2013 la Suprema Corte de Justicia, con el voto discorde de Graciela Gatti y Felipe Hounie, aceptó el pedido de la defensa de Díaz Agrelode declarar inconstitucionales e inaplicables en el caso los artículos 1,2 y 3 de la ley 18.831. En junio de 2017 debían declarar tres militares pero la audiencia se suspendió a raíz de quelos indagados también presentaron un recurso de inconstitucionalidad.Finalmente, el 18 de marzo de 2018 la Suprema Corte de Justicia hizo lugar al pedido y también declaró que los artículos 2 y 3 de la ley 18.831 son inconstitucionales e inaplicables en el caso.

                        LOS NOMBRES DE LA IMPUNIDAD

              El teniente coronel José Nalter Cruz estaba al frente del Batallón de Infantería “Treinta y tres orientales” cuando fueron detenidos los militantes de la UJC.Murió sin haber sido juzgado. Su segundo era el mayor José María Lete. Está retirado y vive en Minas.El entonces teniente primero del S-2 Juan Luis Álvez tenía a su cargo a los presos y presas del cuartel. Pasó a retiro con el grado de coronel. En marzo de 2018 la comisión de la Cámara de Diputados nombrada para investigar el espionaje militar en democracia lo citó a declarar. Álvez se negó a comparecer con el argumento de que discrepaba con el enfoque que los legisladores daban al trabajo.

              Mohacier Leites fue electo en 2000 para integrar la directiva del Centro Militar en una lista cargada de nombres vinculados a la represión. Dos años más tarde el presidente Jorge Batlle lo designóJefe de Secretaría del Comando General del Ejército. Pasó a retiro con el grado de coronel.

              Wellington Sarli está denunciado en la causa que presentaron 28 ex presas políticas por torturas y violencia sexual. La justicia chilena lo condenó como cómplice en el secuestro del bioquímico y agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, asesinado por militares chilenos y uruguayos. En mayo de 2018 el fiscal Ricardo Perciballe pidió a Chile su extradición para juzgarlo en la causa por abuso sexual.

              Hugo Díaz Agrelo fue denunciado ante la Comisión de Ética Médica del Sindicato Médico del Uruguay y expulsado por sus pares. Siguió ejerciendo la profesión como presidente de la cooperativa médica Instituto de Asistencia Colectiva (IAC) de Treinta y Tres, donde se jubiló y murió en 2017.                 

         LA SUBVERSIÓN Y LOS JÓVENES

              Ante esta serie de sucesos que son lamentables pero que es nuestra obligación hacer conocer para evitar que se repitan en el futuro, se aprecia el trabajo intenso que realizan estos elementos para lograr el desarraigo de los niños y jóvenes de sus respectivas familias y de las elementales normas de moral propia del estilo de vida uruguayo, recurriéndose a tal fin a los más oscuros y retorcidos procedimientos.

              De tal manera merece ser recordado que el desarraigo al que se ha hecho referencia es el instrumento fundamental para que a una persona pueda encuadrársela como subversivo, desubicándolo de una determinada realidad particularmente en el concepto de la moral, cultura y otros. Logrado tal objetivo el marxismo será el motor ideológico que potencializará la concesión efectiva del desarraigo.

              No es con el poder de las armas que se salvará la juventud uruguaya, el más valioso patrimonio del potencial nacional. Padres, profesores y maestros tienen la palabra.

              Comando General del Ejército, 29 de abril de 1975.





[1]El periodista Mauricio Almada investigó el caso en “Crónica de una infamia El comunicado

 más vil de la dictadura” (Montevideo, Fin de siglo, 2015)
[2]Almada, p. 34.
[3]Denuncia penal presentada ante el juez letrado departamental de Primer Turno de Treinta y Tres, el 31 de octubre de 2011.
[4]Rumbo Sur, 26 de junio de 2006.
[5] Almada, p. 97.
[6] Almada, p. 53.
[7]Entrevista realizada por el Observatorio Luz Ibarburu, el 8 de junio de 2018.
[8]Entrevista OLI.
[9]Oficio 2176/975 del 4 de agosto de 1975, del jefe de la División Ejército IV general Gregorio Álvarez al juez militar de Instrucción de Tercer Turno. En AJPROJUMI.
[10]Almada, p. 112.

>>> Ver además

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2011/10/y-dale-con-los-viejitos-presosmonstruos.html

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2012/04/dolor-y-lucha-olimarena.html







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