domingo, 30 de septiembre de 2018

A mi quién me cura?

"Si nos hacemos un análisis, todos tenemos glifosato en sangre".




CAMILA BELLO
domingo, 30 septiembre 2018

Se acuerda muy bien del día en que se le volcó el glifosato. El líquido cayó por el pantalón y la camisa, y enseguida le manchó la piel. En ese momento Julio De los Santos no se sintió mal, aunque bien sabía que esa sustancia era peligrosa. Le pidió al capataz para ir a su casa a cambiarse y seguir trabajando con ropa limpia. El jefe se enojó, no le dio permiso para salir y le dijo que si quería conservar el empleo, debía aguantarse el uniforme empapado. Un año y medio después empezó a sentir los efectos de los agroquímicos en los pulmones, el páncreas, las articulaciones y el corazón.
A los 43 años, a De los Santos se le vino el mundo abajo. Ahora espera que Arrozal 33 —la empresa para la que trabajó durante cinco años— le compense por sus problemas de salud. Él dice no recordar el monto que reclama y su abogado, Justino Moraes, solo aclara que es una cifra "millonaria". La Justicia es la que tendrá la última palabra. El Ministerio de Vivienda, en tanto, le otorgó una casa para que pueda mudarse del lugar donde vivía en el mismo predio de la arrocera.
El periplo empezó en 2013, cuando entró como soldador en la empresa arrocera que está ubicada en Treinta y Tres. No tenía contacto directo con agroquímicos, pero a veces le tocaba trabajar con los tanques de metal en los que se guardan los tóxicos. Afirma que la compañía utilizaba los envases que sobraban para armar desagües en el campo y él debía soldarlos. También arreglaba camionetas, tractores y mosquitos que habían llevado el producto antes, pero no habían sido lavados con precaución. El día que se manchó con glifosato estaba trabajando con un tractor, que tuvo una pérdida y le empapó la ropa.
Comenzó con un dolor en la espalda y consultó en la mutualista. También notaba que se quedaba sin aire, que le costaba respirar. El panorama se agravó, estuvo internado en el CTI y fue derivado al Banco de Seguros del Estado (BSE) porque los especialistas de Treinta y Tres consideraban que se trataba de una enfermedad profesional. "Todo esto es por los agrotóxicos", le decían.
Las sospechas no se podían confirmar, pero el diagnóstico del BSE acabó con las dudas: "neumonitis por hipersensibilidad vinculada a exposición a contaminantes químicos". Los médicos aseguraban que los tóxicos le habían dañado los pulmones.
Pero De los Santos tiene otras enfermedades que también asocia a los pesticidas. Desarrolló una diabetes tipo 2 y se inyecta insulina todos los días; padece un grado alto de reuma, que le impide caminar con normalidad y le hace doler las articulaciones; los médicos descubrieron que se le agrandó el corazón y debe evitar agitarse, ya que el riesgo de infarto es importante; y los pulmones se le llenaron de pequeñas piedritas, por lo que duerme conectado a un tanque de oxígeno. La caja en donde guarda los medicamentos es de tres pisos.
Sin embargo, el juicio está complicado. El litigio comenzó en junio y varios testigos ya pasaron por un juzgado laboral en Montevideo. Este jueves fue la segunda audiencia y la jueza María del Rosario Berro, que está a cargo del caso, prohibió el ingreso a El País. Aunque las audiencias son públicas, la magistrada argumentó que no dejaría entrar a la prensa ya que la parte demandada no estaba de acuerdo.
Berro salió de la sala y dijo que el caso "no es lo que parece". Sostuvo que De los Santos era un "fumador empedernido" antes de empezar a tener problemas respiratorios, por lo que sugirió que su enfermedad tiene que ver con el tabaquismo y no con los agroquímicos. A su vez, opinó que el abogado de Arrozal 33 "es brillante", ya que presentó pruebas que demuestran, por ejemplo, que la compañía fue la primera en el campo en tener un técnico prevencionista.
Aseguró que los empleados cuentan con todos los implementos de seguridad necesarios para trabajar, a la vez que señaló que el problema de De los Santos es porque tiene "predisposición" a tener afecciones respiratorias.
Claro que Álvaro Platero está de acuerdo con la visión de la magistrada: es el gerente de la empresa arrocera. "Julio está enfermo, eso es real y es demostrable. Su estadía de trabajo creo que fue de un año y medio, porque de los cinco que estuvo tres los vivió fuera de combate (ya que estaba certificado)", agrega. Dice que la compañía tiene 80 años y que es la primera vez que alguien sufre problemas de salud vinculados a los pesticidas.


Enseguida, más enfático, afirma que De los Santos miente. Explica que las sustancias tóxicas ahora vienen envasadas en plástico, por lo que resulta "imposible" que haya soldado tanques de metal para construir desagües. "Es todo una confabulación de cosas para tener un resarcimiento económico, porque es un juicio millonario. Nos exprimen", señala. Entonces asegura que las manchas que el demandante denuncia "seguro fueron de agua", porque los vehículos se lavan antes de entrar al taller. "Donde él trabajaba es el sector que menos contacto puede tener con un agroquímico", dice.
Platero reconoce que en Arrozal 33 usan glifosato, pero aclara que no es "tan malo" como parece: "Está entre los elementos cancerígenos como el mate, el café y las carnes rojas. Pero la gente asocia glifosato, Monsanto, cáncer".
Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud clasifica al glifosato en la segunda lista de productos cancerígenos, mientras que el café está en la tercera. Esto quiere decir que los expertos consideran que el químico es más peligroso.
Mientras tanto, De los Santos se abasteció de fotos y videos con los que busca darle peso a su versión. Una de las imágenes, que pretende utilizar como prueba, muestra a un avión fumigando por encima de una persona.
Otro caso como el suyo se hizo público en el mundo. El jardinero Dewayne Johnson, de 42 años, aplicaba herbicidas en una escuela al norte de San Francisco. Un médico le diagnóstico en 2014 un linfoma de Hodgkin, un cáncer terminal que afecta a los linfocitos que están en la sangre. El hombre resolvió demandar a la multinacional Monsanto —que produce estos productos— un año más tarde y una jueza falló en agosto a su favor, por lo que condenó a la compañía a pagarle US$ 39 millones en compensación y US$ 250 millones en daños. "Nunca hubiera rociado ese producto en la escuela o alrededor de las personas de haber sabido que les haría daño", dijo el hombre cuando conoció la sentencia.
Dewayne Johnson, a miles de kilómetros de De los Santos, dejó marcada la cancha a su favor.


Mudanza obligada.

El BSE entendió que el cuadro de De los Santos era grave. Tan grave que recomendó que la familia se mudara del predio de Arrozal 33, donde les habían dado una casa. Las viviendas de la empresa están linderas a las plantaciones de arroz, si bien el gerente asegura que respetan los 500 metros de distancia pautados por el Ministerio de Ganadería (MGAP) cuando fumigan. No obstante, el denunciante afirma que los mosquitos se cargan en los mismos pozos de agua de los que sacan para tomar. La contaminación, según él, está en todos lados.
Para que la familia se fuera, la esposa de De los Santos, que también trabajaba en la arrocera, debía renunciar a su empleo. Él estaba —y aún está— en trámites de jubilación por enfermedad. Cobraba —y aún cobra— solo $ 11.500 de parte del Banco de Previsión Social (BPS), que corresponden a una licencia por enfermedad y equivalen al 75% de su sueldo. Pero el matrimonio tiene dos hijas menores y no había forma de mudarse, pagar un alquiler, costear los servicios y comer todos los días. Necesitaban ayuda.
Su esposa empezó a sentirse mal. Tenía miedo de que le pasara lo mismo que a su marido, por lo que enseguida fue a consultar a la emergencia. Los médicos le diagnosticaron problemas de baja presión y descubrieron que había tenido casos de lipotimia, una pérdida repentina del conocimiento que se produce por falta de riego sanguíneo en el cerebro. "Tiene pendiente valoración del equipo del BSE, por tratarse de una patología —de acuerdo con el relato— por exposición a agrotóxicos", dice el diagnóstico.
La hija mayor también empezó con problemas respiratorios. La adolescente, que estaba terminando el liceo, recorría 70 kilómetros todos los días para ir a estudiar. De los Santos cuenta que el ómnibus cruza las plantaciones de arroz y los aviones "cargados de químicos" fumigan por encima de los caminos. La joven también está siendo estudiada por médicos.
Sin embargo, el gerente de la empresa niega esa versión. Dice que "bajo ningún concepto" tirarían pesticidas en zonas pobladas, sobre todo porque allí reside su familia. "Vivo en el mismo pueblo donde vivía Julio, hace 40 años que vivo acá. Mis nueve hijos se criaron acá, fueron a la escuela acá. ¿Cómo vamos a permitir que eso suceda?", cuestiona.
La ayuda para De los Santos llegó del lugar menos pensado y de un organismo que ni siquiera sabía que existía. La Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) tomó contacto con su historia a través de la prensa y viajó a Treinta y Tres en diciembre de 2017 a conocerlos. Entonces empezaron a moverse tanto en la intendencia como en los ministerios para conseguirles una casa en San José, donde viven parientes de la esposa.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) fue con el primero que intentaron, pero no tuvieron suerte. "No hay viviendas disponibles actualmente en San José. La familia no reúne condiciones para ser derivada", contestaron los técnicos.
Así le llegó el turno al Ministerio de Vivienda, que advirtió que las características de la familia no se ajustaban para ser beneficiarios de un arrendamiento por emergencia social. No obstante, harían una excepción debido a la "emergencia sanitaria" que implicaba el caso.
Así, De los Santos se transformó en la primera persona a la que el Estado le pagó un alquiler debido a afecciones de salud vinculadas a agrotóxicos.
"La situación es grave y derivada de una falta de seguridad laboral, donde podría tener responsabilidad el Estado", sentencia el informe de la Inddhh.
La Agencia Nacional de Vivienda destina todos los meses $ 11.000 para que la familia viva en una casa en San José. Los $ 15.000 por gastos de inmobiliaria tuvo que pagarlos De los Santos, que logró que se los cobraran en cuotas. Asimismo, el Mides se encargó de pagar la mudanza.
La intendencia de Treinta y Tres nunca respondió las solicitudes de la institución.
La mayoría de los medicamentos que toma De los Santos los compra el BSE y se los manda por encomienda a San José. Sin embargo, hay cinco fármacos que debe costear la familia, que por el momento sobrevive con lo que recibe él de parte de BPS. Esperan ganar el juicio para mejorar su calidad de vida, que se deteriora cada vez más.


Intoxicados.

Entre los trabajadores rurales sienten preocupación por el uso de agrotóxicos. Marcelo Amaya, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (Sutaa), dice que hay otro caso "convalidado por especialistas" vinculado a la exposición a estas sustancias. "Uno es el de Julio y hay otro de un hombre que realizaba tareas de riego en otra empresa", cuenta.
A su vez, están organizando un viaje a Entre Ríos (Argentina) para que trabajadores del arroz que estén potencialmente afectados se realicen análisis que detecten la presencia o no de glifosato en sangre ,ya que Uruguay no cuenta con la tecnología para hacer los estudios. Julio, su esposa y 11 personas más tienen pensado viajar en los próximos meses.
Estos resultados podrían ser utilizados como pruebas durante los juicios. El abogado Juan Ceretta —encargado de uno de los consultorios jurídicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República— pretende presentarlos en un litigio más grande, que incluso podría ser contra Bayer, el laboratorio que compró Monsanto.
"El problema en los juicios está en la prueba. Es muy difícil demostrar que hay un nexo entre el daño y el origen del presunto problema, que es la exposición a estos productos. Los análisis en Argentina van a permitir que nos armemos con una prueba más contundente", sentencia el abogado.
También es difícil medir cuántos fueron afectados por la contaminación porque los números del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) están desactualizados. El último registro es de hace siete años y establece que entre 2002 y 2011 hubo 2.602 consultas por intoxicaciones asociadas a plaguicidas. Unas 900 ocurrieron en circunstancias laborales y la mayoría en Treinta y Tres, Soriano, Colonia y Salto. El principio activo más frecuente fue el glifosato.
Y si bien no hay números certeros, en el MGAP trabajan para evitar un aumento en las intoxicaciones. Federico Montes, director de Servicios Agrícolas de la cartera, anuncia que en octubre comenzará un plan piloto en Soriano que permitirá fiscalizar las aplicaciones de agroquímicos de forma satelital. El gobierno colocó una "torre de control" en Montevideo, desde donde observará en tiempo real de qué manera se está fumigando.
El sistema funcionará a través de internet y también tendrá información para los productores. En un mapa al que estos tendrán acceso estarán marcadas las "zonas sensibles", explica Montes, que implican escuelas, centros poblados y cursos de agua. Los mosquitos deberán evitar fumigar por encima de esos lugares. Este primer plan durará un año y luego, de acuerdo con su rendimiento, se extenderá al resto del país.
A pesar de los esfuerzos del ministerio, el jerarca reconoce que todavía falta "mucho por hacer". Agrega que no terminan de estar conformes con la fiscalización, sobre todo porque algunas situaciones "se escapan".
"No vamos a controlar empresa por empresa. Puede existir una responsabilidad de un productor al no dar un equipo de protección, o que el operario no lo use porque no quiere. Son combinaciones que pueden pasar", agrega.
Y eso es lo que preocupa a Pedro Mondino. El director del departamento de Protección Agrícola de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República considera que los controles son escasos. Dice que el registro de pesticidas es "el principal debe", ya que hay cultivos menores —como el apio, el ciboulette o la rúcula— que no tienen plaguicidas asociados y los productores eligen qué usar y en qué dosis. En esa "improvisación", las cosechas pueden estar contaminadas con agrotóxicos sin que nadie se dé cuenta.
"No es solo un problema de los trabajadores", dice. "Si nos hacemos un análisis, todos tenemos glifosato en sangre".









sábado, 29 de septiembre de 2018

El plan Atlanta llegó a Uruguay

La colonización judicial en Uruguay


Una serie de golpes "juridicos" recorren en Brasil con la prisión de Lula, las valijas de los Kichner antes habia sido Lugo y después Sendic. Tal vez todos con serios motivos, pero que terminan siempre en régimenes de ultra derecha. Y ahora vemos el cangrejo bajo la piedra. No se pierdan esta nota.


El nuevo proceso penal acusatorio en Uruguay entró en vigencia en el año 2017 con la implementación de un nuevo código. Estados Unidos ha colaborado con la transición facilitando la llegada de especialistas y compartiendo los más de 200 años de experiencia que posee impartiendo justicia bajo este sistema.

Con el cambio en el proceso penal, Uruguay busca que sus procesos penales sean más ágiles, más eficientes y más garantistas. A pedido de las autoridades uruguayas, la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay facilitó la llegada en setiembre de dos especialistas estadounidenses, quienes impartieron el taller “Técnicas de Investigación Criminal”, en la Jefatura de Policía de Montevideo.
Esta actividad, organizada por el Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación con el apoyo del Ministerio del Interior, tuvo lugar entre el 24 y el 28 de setiembre y estuvo dirigida a fiscales e investigadores que estarán a cargo de las investigaciones.

El taller contó con la participación de Ian M. Hanna, Fiscal Federal de Estados Unidos y el agente especial Paul M. Peschka, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), del Departamento de Justicia.

El temario incluyó temas como: la relación fiscal – investigador, distintos conceptos de delitos, problemas comunes al recoger evidencia, crimen organizado, presentación de evidencia a la fiscalía y la preparación de un juicio oral, entre otros.

Las instancias tuvieron lugar entre el 24 y el 28 de setiembre y estuvieron dirigidas a fiscales e investigadores que estarán a cargo de las investigaciones.

Al inaugurar el taller, el Consejero de Asuntos Públicos de la Embajada de los Estados Unidos, Nicholas Sesnak agradeció al Director de la Jefatura de Policía, Ricardo Pérez, al Subdirector Hugo de León y al Fiscal de Corte Jorge Díaz, además de a todos los integrantes de ambas instituciones por el apoyo y el excelente vínculo existente con la embajada desde hace varios años.



“Uno de los pilares fundamentales de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay es el apoyo a la democracia y la justicia social. Una forma de apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas es colaborar con la reforma del proceso penal que está atravesando el sistema judicial uruguayo”, afirmó Sesnak.

Agente especial Paul M. Peschka, de la Oficina Federal de Investigaciones y Ian M. Hanna, Fiscal Federal de Estados Unidos.

“Uno de los pilares fundamentales de la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay es el apoyo a la democracia y la justicia social. Una forma de apoyar el fortalecimiento de las instituciones democráticas es colaborar con la reforma del proceso penal que está atravesando el sistema judicial uruguayo”, afirmó Sesnak.

En el proceso penal acusatorio, pequeños detalles pueden marcar la diferencia entre que un criminal sea procesado o quede libre. Las investigaciones y preparaciones de acusaciones son complejas y deben ser llevadas adelante por profesionales capacitados que conozcan y manejen con alto grado de eficiencia las distintas instancias del caso, antes de ser presentadas al Juez de cada causa.
“Esperamos que, al finalizar este taller, se sientan mejor preparados para enfrentar los desafíos que trae consigo un cambio tan importante como el que están atravesando”, dijo Sesnak a los participantes.

Por su parte, durante el cierre del curso, la directora del Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación, Mariella Saettone, aseguró que la actividad fue evaluada por los participantes como altamente positiva, interesante y útil en el momento del cambio del código de proceso penal.
“El hecho de que Fiscalía y Policía aborden juntos en un curso el tema de la investigación criminal es muy enriquecedor y muy bien valorado por ambas partes, ya que en ese ámbito de formación y discusión se puede entender mejor qué evidencias son necesarias para hacer valer en el juicio por parte de los fiscales como prueba”, destacó Saettone.

Ojo con la fiscalía de Jorge Díaz

En el país de la impunidad con los delitos de Lesa Humanidad la comenzaron con Sendic?



Yoquesé....

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Crearon-una-nueva-Fiscalia-de-Homicidios-ante-la-carga-de-trabajo-de-Juan-Gomez-uc696817



>>> Ver además
http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2014/11/colonizacion-juridica-en-uruguay.html
http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2014/11/colonizacion-juridica-en-uruguay.html




Democracia y revolución

La revolución perdida en la democracia




Boaventura de Sousa Santos es doctor en Sociología del derecho por la Universidad de Yale y catedrático, ya jubilado, de Sociología en la Universidad de Coímbra.​

















viernes, 28 de septiembre de 2018

Las sorpresas de UPM2




El 51% de la inversión total de la planta… estará a cargo de Uruguay

26 septiembre 2018

Entrevistado en Rompkbzas, el doctor William Yohai explicó los detalles de su análisis sobre todas las variables económicas del proyecto. “Cuanto más se sabe de este negocio, más claro resulta que será ruinoso para el interés nacional”.




El gobierno afirmó hace algunas semanas haber culminado la "segunda fase" de las negociaciones previstas en el acuerdo firmado con UPM para la eventual instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en el Uruguay.

Pero, cuando parecía que estaba todo dicho en torno al tema, las sorpresas continúan. Un completo análisis de todas las variables económicas del acuerdo demostró algo muy llamativo: el 51% de la inversión total prevista para que la planta pueda hacerse realidad........ estará a cargo del Estado uruguayo.

Así se desprende de un trabajo realizado por el doctor William Yohai. Ex integrante de la Red de Economistas de Izquierda, está vinculado hoy al Movimiento Uruguay Sustentable.

Entrevistado en Rompkbzas, explicó los detalles de su estudio.

El informe comienza puntalizando que contrato eléctrico le significa a UPM un subsidio por 1450 millones de dólares, dado que UTE se compromete a pagar 72,5 millones anuales por una energía que no va a necesitar. El ente utilizó en 2017 apenas el 4% de su capacidad de generación técnica. La demanda de energía eléctrica entre 2000 y 2017 creció, punta a punta un 20%. Es esperable, por tanto, que para 2037 haya crecido otro tanto.

Faltan, entonces, bastantes años para que UTE realmente necesite nuevas fuentes de energía, apunta Yohai. Sin embargo, la eventual instalación de UPM2 puede adelantar ese proceso. La cláusula del contrato que obliga a ROU a garantizar un flujo mínimo del Río Negro provocará una caída de la capacidad generadora de las represas sobre el mismo. Según expresó el senador Luis Lacalle en llamado a sala de noviembre del año pasado los servicios técnicos de UTE cuantifican esa pérdida entre 45 y 160 millones de dólares anuales. Lacalle afirmó también que el dragado del puerto de Montevideo costaría 30 millones de dólares. El viaducto sobre el acceso ferroviario al puerto, más el traslado del puerto pesquero a Capurro costarían otros 250 millones.

Según manifestaban un día sí y el otro también jerarcas oficiales el ferrocarril costaría 700 millones de dólares.

Basándose en el costo a valor actual más una tasa de interés del 4.5% del contrato eléctrico (943 millones), el viaducto y traslado del puerto pesquero y el ferrocarril, el doctor estimó que la inversión de Uruguay será de 1900 millones de dólares.

Si se agrega lo informado por Lacalle habría que agregar otros 45 a 160 millones por pérdida de generación de UTE y 30 millones anuales por el dragado.

Por otra parte, este mes se abrió el sobre de la única oferta en carrera para construir la obra ferroviaria. Los medios de prensa siguen informando que la obra tendrá un costo de 800 millones. Lo que no se aclara en forma suficiente es que ese sería el costo para la empresa contratista. Al Estado uruguayo la obra le costaría más de 2000 millones.

En efecto, como indicio valga el dato de que Diego Pini, representante de la empresa española ACCIONA que fue dejada fuera del proceso licitatorio, afirmó que su propuesta es 8.3% más barata que la del grupo ganador, liderado por SACEEM, y que ello representa unos 168 millones de dólares menos. Una sencilla regla de tres, dice Yohai, da que el costo para Uruguay sería de 2.024 millones.

A fin de hacer una cuenta lo más objetiva posible con la información disponible, Yohai descontó los pagos que, incluyendo el peso estimado de los trenes vacíos, UPM debería hacer a ROU por el uso de las vías a razón de 0,05 dólares por tonelada bruta kilómetro.

Esta cifra, alrededor de 2545 millones de dólares, representa más que los 2.000 millones de euros que promete invertir UPM.

De acuerdo a estos datos Uruguay estaría invirtiendo un 51% del de los 4948 millones de dólares que, se calcula, constará la inversión total.

Si los precios actuales de la celulosa se mantuvieran, la planta UPM2 generaría ganancias anuales por alrededor de 1.000 millones de dólares. La recuperación de la inversión tendría lugar en algo más de 2 años. Todo un récord a nivel internacional.

Uruguay, dice Yohai, recibiría una cifra ínfima de impuestos. Trabajarían unas 2.500 personas durante 2 años. Quedarían unos 500 puestos de trabajo permanentes.

“En suma: cuanto más se sabe de este negocio más clara resulta su condición de ruinoso para el interés nacional. Entiendo que hasta que no se firme el contrato con el consorcio para la construcción del ferrocarril hay tiempo para revertir todo esto. Después, probablemente será demasiado tarde”, concluyó Yohai en su trabajo.

>>>  Cuando parecía que todo estaba dicho

Autor: William Yohai
22 de setiembre 2018
Hace varias semanas parecía que nada nuevo iba a aparecer en torno al negocio que surge del contrato ROU-UPM.
Decíamos que el contrato eléctrico significaba un subsidio por 1,450 millones de dólares (mmdd) dado que UTE se comprometía a pagar 72.5 mmdd anuales por una energía que no iba a necesitar. Recordemos que durante 2017 UTE utilizó apenas un 4% de su capacidad de generación térmica.
La demanda de energía eléctrica entre 2000 y 2017 creció, punta a punta un 20%. Es esperable, por tanto, que para 2037 haya crecido otro tanto. Faltan, entonces, bastantes años para que UTE realmente necesite nuevas fuentes de energía. Sin embargo, la eventual instalación de UPM2 puede adelantar ese proceso. La cláusula del contrato que obliga a ROU a garantizar un flujo mínimo del Río Negro provocará una caída de la capacidad generadora de las represas sobre el mismo. Según expresó el senador Luis Lacalle en llamado a sala de noviembre del año pasado[1] los servicios técnicos de UTE cuantifican esa pérdida entre 45 y 160 millones de dólares anuales. Lacalle afirmó también que el dragado del puerto de Montevideo costaría 30 mmdd. El viaducto sobre el acceso ferroviario al puerto, más el traslado del puerto pesquero a Capurro costarían unos 250 mmdd.
Según manifestaban un día sí y el otro también jerarcas oficiales el ferrocarril costaría 700 mmdd.
Basándonos en el costo (a valor actual tasa de interés 4.5%) del contrato eléctrico (943 mmdd.), el viaducto y traslado del puerto pesquero y el ferrocarril estimábamos la inversión de Uruguay en el orden de 1900 mmdd.
Si agregamos lo informado por Lacalle habría que agregar otros 45-160 mmdd (perdida generación UTE) y 30 anuales por el dragado.
Faltan en esta cuenta obras viales, interconexión eléctrica, fortalecimiento de DINAMA, reforma educativa ad-hoc, etc.
El 4 del corriente se abrió el sobre de la única oferta en carrera para construir la obra ferroviaria. Los medios de prensa[2] siguen informando que la obra tendrá un costo de 800 mmdd. Lo que no aclaran  es que ese sería el costo para la empresa contratista. Al estado uruguayo la obra le costaría más de 2.000 mmdd. En efecto, como indicio valga  el dato de que Diego Pini, representante de la empresa española ACCIONA que fue dejada fuera del proceso licitatorio, afirmó que su propuesta es 8.3% más barata que la del grupo ganador, liderado por SACEEM, y que ello representa 168 mmdd. menos. Una sencilla regla de tres da que el costo para nosotros sería de 2.024 mmdd. Por lo que hemos podido investigar el plazo de pago de esta suma sería de 15 años, a razón de 134,940 mmdd. anuales. El valor actual a una tasa de 4.25% (utilizada como base en los informes que figuran en página del MEF al respecto) da 1.583 mmdd.
Una suma provisoria, con los elementos anteriores daría[3]:
INVERSION ROU PLANTA UPM2 (PARCIAL) MMDD
FERROCARRIL
1583
PAGOS UPM A ROU USO VIAS
-553
CONTRATO ELECTRICO
943
VIADUCTO P. PESQUERO
250
DRAGADO

322
TOTAL
2545
Como se observa, a fin de hacer una cuenta lo más objetiva posible con la información disponible, hemos descontado los pagos que, incluyendo el peso estimado de los trenes vacíos, UPM debería hacer a ROU por el uso de las vías a razón de 0,05 dólares por tonelada bruta kilómetro.
Esta cifra, alrededor de 2.545  mmdd. representa  más que los 2.000 millones de euros que promete invertir UPM. A título  ilustrativo damos  a conocer el cuadro de la inversión ROU sin descontar, o sea, sumando simplemente los desembolsos anuales.
INVERSION ROU (parcial) sin descontar
Ferrocarril
2024
Pagos UPM a ROU uso vías
-772
Contrato eléctrico
1450
Viaducto p. pesquero
250
Dragado

450
Total
3402
De acuerdo a estos datos Uruguay estaría invirtiendo un 51% del total (4.945) de la inversión.
Como frutilla de la torta:    utilizando los datos de[4] que informa las ventas de celulosa durante el primer semestre, elaboramos el cuadro de más abajo:
PRIMER SEMESTRE 2018
837,000,000
VOLUMEN

1,150,000
PRECIO IMPLICITO (tonelada)
728
COSTO

300
GANANCIA POR TONELADA
428
GANANCIA SEMESTRE
492,200,000
GANANCIA ANUAL (proyección)
984,400,000
UPM
492,200,000
Los números representan dólares de EEUU.
Si estos precios se mantuvieran la planta UPM2 generaría ganancias anuales por alrededor de 1.000 millones de dólares. La recuperación de la inversión tendría lugar en algo más de 2 años. Todo un récord a nivel internacional.
Uruguay recibiría una cifra ínfima de impuestos. Trabajarían unas 2.500 personas durante 2 años. Quedarían unos 500 puestos de trabajo permanentes[5]
La propaganda oficial trata de convencernos de que el ferrocarril que se planea a) estaba ya en los planes del gobierno, no se hace a exigencia y medida de UPM. b) Servirá para transportar la producción de grandes zonas del país al puerto de Montevideo.
Respecto al primer punto diremos que es una falsedad. Cuando el gobierno, al principio, mencionó sus planes inversión en infraestructura no lo mencionó. Respecto al segundo: si bien no se conocen públicamente los planos (hasta donde sabemos) de la construcción, no parece haberse previsto las obras complementarias para viabilizar ese transporte, nos referimos por ejemplo a ramales hasta las estaciones desde las plantas de silos. Además, el contrato es claro: UPM dispondrá del uso de las vías las 24 horas de los 365 días del año. No se puede descartar que las nuevas infraestructuras transporten algo más que la celulosa y los insumos que necesita UPM, además de los trenes vacíos. Es muy dudosa la entidad que alcance dicha utilización.
En suma: cuanto más se sabe de este negocio más clara resulta su condición de ruinoso para el interés nacional. Entiendo que hasta que no se firme el contrato con el consorcio para la construcción del ferrocarril hay tiempo para revertir todo esto. Después, probablemente será demasiado tarde.


[1]     https://www.youtube.com/watch?v=ncKy6yOaux4
[2]     Por ejeemplo: https://www.elobservador.com.uy/nota/se-abrio-la-oferta-para-el-ferrocarril-central-y-acciona-presento-recurso-contra-el-gobierno-201894135435
[3]     Se asume: a)La pérdida para UTE por flujo mínimo del Río Negro, promedio de las cifras manejadas por Lacalle daría entre 45 y 160 millones de dólares anuales. No la consideramos dado que mayoritariamente sería absorbida por la energía que la planta entregaría a UTE en el marco del contrato eléctrico.  b)Dragado: misma fuente.  c) viaducto y traslado puerto pesquero declaraciones del presidente del puerto de Montevideo.
[4]     Revista ARU Nº 193-Forestación Nº 3 /2018 página 14
[5]     Ver al respecto www.resonandoenfenix.blogspot.com UPM2 EL EMPLEO: Anatomía de la mentira.


>>> Charlas de ayer y lo que se viene



Por Marcelo Marchese

Gracias a los expositores y a todos los que fueron a nuestra primera charla en Montevideo. No quedó espacio para la intervención del público, pero su atención fue reconcentrada. Cada cual se habrá ido a su casa, presumo, con la certeza de que nos enfrentamos a un contrato al mismo tiempo, macabro, ridículo y funesto. Hay que felicitar a nuestro superior gobierno, y a sus jefes de UPM, por haber unido estas tres palabras en un sólo haz. Sea de esto lo que fuere, para evitar un nuevo desembarco, nos encontramos de nuevo el 11 de octubre a la hora 11 en Presidencia, presentando una nueva tanda peticiones. En la primera, entregamos 5000, ahora, debemos llegar a las 10000, reeditando la historia del creador del ajedrez. Cuando el inventor se lo presentó al rey, el rey le preguntó qué quería a cambio: “Un grano de arena en el primer casillero, pero duplicado en el segundo y así sucesivamente” El rey aceptó y a la postre, hubo de entregarle el reino y en ese asunto estamos nosotros, vamos a por el reino.

¡ARRIBA UPM2 NO!



>>> OTRO APORTE DE JOSE LUIS PERERA A LA REFLEXIÓN

y les seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo (Gabino Palomares)

La nueva planta de UPM (UPM2) en Uruguay, pasará sin dudas a la historia como una de las acciones más cipayas de gobierno alguno de este bendito país. De las iniciativas más vergonzosas e indignantes, tal vez solo comparable a aquella del primer gobierno del hoy presidente Vázquez, la búsqueda afanosa de un TLC con los Estados Unidos.
Es un negocio en el cual perdemos en un montón de rubros: en soberanía alimentaria (miles de hectáreas que dejan de producir alimentos para producir árboles que producirán pasta de celulosa); la empresa generará leyes laborales aplicables en todo el territorio; la empresa decidirá sobre temas de educación (hasta preparará los educadores que educarán según sus parámetros a nuestros hijos); en calidad ambiental (deterioro del ecosistema), en pérdida cultural y social (gente que sigue abandonando el campo y sus saberes para vivir en la capital), seguimos extranjerizando la tierra, principal medio de producción (hoy medio Uruguay pertenece a extranjeros, y los mayores latifundios pertenecen a empresas papeleras), modificamos el río para abastecer de agua a la empresa, que consumirá más agua que todos los uruguayos juntos.
Un acuerdo que por si fuera poco es tan transparente como un vidrio esmerilado. Por fuera de los controles del Parlamento y de la ciudadanía, con informes que divulga el gobierno pero que provienen de empresas privadas que trabajan para UPM, con licitaciones que comienzan turbias como la del ferrocarril de UPM (es un ferrocarril para uso privado que pagamos todos nosotros), con cifras que hoy son unas y mañana otras (se anunció con bombos y platillos que UPM invertiría 4 mil millones que al final resultaron 2.400), etc.
Aún aquellas cosas que suponen una ganancia para el país, para los uruguayos (pongamos por caso la generación de empleo), se pueden relativizar apenas uno las mira desde otra óptica, desde una más sensata. Digamos por ejemplo que hoy Río Negro (lugar en donde está instalada UPM) es el departamento con mayor desocupación, más allá de todos los versos. Digamos también que la mano de obra en la extracción (en los bosques) ha ido disminuyendo en los últimos diez años (sí, disminuyendo, a pesar de las pasteras). Nos queda el ferrocarril, nos dirán; sí, un ferrocarril que estará a disposición de UPM las 24 hs los 360 días del año (eso figura en el acuerdo firmado) durante 20 años. Se generarían por este emprendimiento unos 1.500 empleos permanentes en 20 años, nos dirán. Pero si los 2.600 millones de dólares que invertimos los uruguayos en esta obra, los invirtiéramos en vivienda, por ejemplo, se generarían 3.000 (el doble de empleos), más los inducidos (los que ya sabemos que mueve la construcción), a la vez que estaríamos solucionando un problema social.
En definitiva entonces, estamos ante un negocio fantástico y brutal (solo que no precisamente para los uruguayos):
- Nos hacemos socios de UPM
- ellos invierten el 49% y nosotros el 51%
- ellos recuperan la inversión en menos de dos años (record planetario en empresas de este porte), nosotros tal vez dentro de 20 años nos quedaremos con un ferrocarril.
- ellos obtienen una ganancia de 31mil millones de dólares en 20 años, nosotros...nada...cero peso. Tal vez tengamos pérdidas, si les compramos energía a un precio mayor del que nos cuesta producirla a nosotros mismos.
Pero si todo esto no fuese ya de por sí tremendamente ridículo y vergonzoso, hay algo todavía peor. Sí, peor que todo lo ya dicho: la empresa no vino a nuestro país a pedir para invertir, no, la fuimos a buscar, prácticamente a rogarles que vinieran a hacer dinero a costillas nuestra. Hace exactamente cuatro años, la prensa anunciaba: “El presidente de Uruguay, José Mujica, viaja hoy a Finlandia para una visita oficial que tiene como objetivos impulsar la instalación de una nueva gran papelera en el país”. Aquello que canta la canción maldición de Malinche: “nos siguen llegando rubios y les abrimos la puerta”, en este caso sería: ahora vamos a buscar a los rubios y los esperamos con la puerta abierta de par en par.







Como te digo una cosa...

Quiso ser claro y contundente


>>> Una declaración sobre Venezuela


 


  Vicecanciller Ariel Bergamino

“Uruguay no discute su política exterior por Twitter ni acepta emplazamientos”

Publicado: 20.07.2018

“El Uruguay no discute su política exterior por Twitter ni acepta emplazamientos, aunque estos puedan ser motivados por las mejores intenciones”, afirmó el ministro interino de Relaciones Exteriores, Ariel Bergamino. Agregó que, para “este Gobierno, el compromiso con los derechos humanos es irrenunciable”.

"Nadie de izquierda puede sentirse representado" por Maduro


“Uruguay reitera su preocupación por la situación en Venezuela y su disposición a ayudar en la medida de lo que le compete, sobre bases de pacificación y de diálogo franco y productivo de todas las partes”, afirmó Bergamino, en diálogo con la Secretaría de Comunicación Institucional.



Señaló que el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha emitido en los últimos días una serie de comunicados que instan a Uruguay a sumarse a la declaración del grupo de Lima sobre Venezuela.

Al respeto, señaló que esta “es una organización seria y prestigiosa, con la que el país tiene una trayectoria de diálogo y trabajo conjunto”. Sin embargo, sostuvo que “las manifestaciones en las que su representante emplaza a Uruguay vía redes sociales han sido desajustadas en su tono”.

“El Uruguay no discute su política exterior por Twitter ni acepta emplazamientos, aunque estos puedan ser motivados por las mejores intenciones”, enfatizó.

Destacó que en un comunicado emitido este viernes 20, se expresa: “Uruguay es miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos, presidió dicho órgano durante los años 2011 y 2012, y ha sido, es y será un activo participante en sus trabajos. Su compromiso con la protección internacional de los derechos humanos es unánimemente reconocido y valorado, y nadie, de buena fe, puede ponerlo en duda. Consecuentemente, la atribución de una voluntad complaciente de nuestro país ante violaciones graves de derechos humanos solo podría deberse a la desinformación o a un afán injustificable de desprestigiar el sólido y bien ganado reconocimiento del Uruguay en los foros internacionales de derechos humanos”.

También señaló que el mencionado texto agrega: “Uruguay tiene una política exterior independiente y soberana, fruto de los principios y valores que ha acuñado históricamente a lo largo de su participación en los foros regionales e internacionales. Esa política exterior, basada en convicciones profundas y no producto de coyunturas o intereses políticos circunstanciales, merece el mayor respeto”.











martes, 18 de septiembre de 2018

Estos seres despreciables




El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, habló de los abusos sexuales de los sacerdotes a menores en el programa La palabra de Julio Riacute que se emite por canal 10. Respecto al tema, Sturla dijo que en general, en Uruguay, no ha sido un tema con niños sino con adolescentes menores.
























lunes, 17 de septiembre de 2018

Tanta policía para un desalojo de un colono de 85 años?

Vinieron a darle plazo hasta el viernes.




El desalojo del colono José Demesio Da Luz de 85 años, quien ocupa un campo del Instituto Nacional de Colonización en la Colonia Eduardo Acevedo, en Bella Unión, Artigas.

Y tantos policías para sacar un pequeño productor rural .... Que posiblemente con todo esto ya sus hijos o nietos o sobrinos dependientes acaben en la pobreza en la ciudad.

Mas de 30 efectivos policiales, un dron, y siete móviles.
Por primera vez en su vida apareció tambien el jefe regional del Instituto Nacional de Colonización acompañado de dos funcionarios, y dos funcionarias del Poder Judicial tambien se embarraron los pies.



El miedo a UTAA?
El fracaso del Instituto Nacional de Colonización y la contra reforma agraria





- El actual presidente del Instituto Nacional de la Carne (INAC) aún no ha explicado públicamente si se pagaron o no las bolsas de arroz que el Instituto Nacional de Colonización le reclama a los aparceros.

- El Instituto Nacional de Colonización no le permitió a José Daluz utilizar la represa de agua que él mismo construyó y le concedió el riego al empresario brasileño Carlos Enrique Piegas Martini y se la negó a Da Luz

- En el año 2013 el Instituto Nacional de Colonización confirmó como colono al Empresario Carlos Enrique Piegas Martini, que vive en Uruguayana (Brasil)

>>> Álvaro Jaune y Noel Fernández
Están en predio de flia Da luz para acompañar en este momento tan difícil. Y hablan de la situación..



video de Mirtha Pereira

>>> UTAA por la tierra y con Sendic
El dirigente histórico de UTAA "Colacho" Estevez


>>> Apoyando a la familia da Luz


>>> y el gobierno se asustó 

vaya sacando la cuenta

No pregunte quién soy yo.

No se asuste, compañero,






19 septiembre 2018
>>> Respaldo a la flia da Luz en la puerta del INC

Negociación en mdeo de las organizaciones ... y con la policía en la puerta nos reciben nuestros funcionarios...