jueves, 14 de marzo de 2019

El nuevo jefe

General del Ejército José Ariel González


>>> Gracias Tabaré Vazquez!
El FA no sólo mantuvo la impunidad y dejó intacto el aparato represivo, sino que puso al frente del Ejército a un defensor de la dictadura, pro Bolsonaro. Son incapaces de hacer frente al golpismo porque cogobernaron con ellos.

Ta seguro, compañero?


>>>El nuevo comandante en jefe integró el Tribunal de Honor que consideró que no había pruebas para culpar a Silveira, Gavazzo y Maurente




Walter Pernas / Fabián Werner / Sudestada 
14 marzo 2019


Nuevo jefe del Ejército integró tribunal militar que amparó conducta de represores

Vázquez destituyó a Manini Ríos, pero nombró a José A. González quien también niega que haya pruebas contra Gavazzo y Silveira, condenados por 28 asesinatos



El presidente de la República, Tabaré Vázquez, adoptó una resolución que pareció mostrar firmeza contra la conducta de un jefe del Ejército que desde hace tiempo coquetea con la política partidaria a fuerza de extralimitarse en sus declaraciones para cuestionar al gobierno frenteamplista. También lo ha hecho para marcar su perfil de derecha en defensa de la llamada “familia militar” asociada a la aquiescencia o respaldo de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en tiempos de terrorismo de Estado.

Pero si destituir a Guido Manini Ríos como comandante del Ejército pudo reposicionar al Poder Ejecutivo como autoridad política efectiva sobre las Fuerzas Armadas, sustituirlo con un general que mantiene la filosofía de amparo, salvaguarda administrativa, y en los hechos defensa de graves violadores a los derechos humanos, echa todo por la borda.



De acuerdo a la resolución D/1322 de Presidencia de la República / Ministerio de Defensa, fechada el 12 de marzo, el Tribunal de Honor que entendió en el expediente de los militares sobre los que pesa sentencia de condena firme por 28 casos de homicidio muy especialmente agravado
“consideró que los hechos por los que fueron condenados por la justicia penal ordinaria no están lo suficientemente aclarados y no hay elementos que fundamenten la convicción (de)
que los oficiales faltaron a los códigos de honor, de la Institución Militar, del Cuerpo de Oficiales y de los suyos propios”.


El órgano militar entendió –según el documento– que una de las razones para no sancionar, por los homicidios, a los sentenciados en la justicia penal es la
“imposibilidad de reconstruir situaciones que, según se dice, ocurrieron hace 42 años; que dieron lugar a un trámite judicial que en su momento juzgara hechos a 30 años de ocurridos”. El Tribunal de Honor decidió sancionar a Gavazzo y Silveira porque, como oficiales del Grupo de Artillería Nº 1, dependencia militar involucrada en la detención en 1973 de Roberto Gomensoro,
“no le comunicaron a la justicia penal ordinaria” que el coronel Juan Carlos Gómez (recluido tres años y medio en esta causa), era
“inocente” de ese asesinato.


Tanto el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º turno, como la Suprema Corte de Justicia (SCJ) consideraron que la prueba para condenar a estos militares por los 28 homicidios es
“francamente agobiante en su capacidad incriminatoria compartiéndose íntegramente la valoración efectuada, tanto por el Ministerio Público al acusar como por el señor juez al sentenciar”, y subrayaron que la
“participación y responsabilidad… siquiera aparecen empañadas por la menor sombra de dudas”.

El caso fue revisado en todas las instancias de alzada posibles de acuerdo al Derecho: sentencia de la sede de primera instancia, fallo del Tribunal Penal, y decisión de la SCJ. Al menos diez magistrados analizaron el expediente, valoraron la prueba, y en consecuencia dictaron condena. Pero los militares que integraron el Tribunal del Ejército –quiénes no tienen la formación jurídica que le permita juzgar técnicamente la prueba de un expediente penal– se despachan contra la apreciación de elementos probatorios y los fallos condenatorios del Poder Judicial.


Ese Tribunal militar está integrado –de acuerdo a la resolución del Ministerio de Defensa que obtuvo
Sudestada– por el ahora comandante en jefe del Ejército, José Ariel González.



Por resolución 71259 de 1 de setiembre de 2017, el Ministerio de Defensa resolvió
“integrar el Tribunal Especial de Honor para oficiales superiores del Ejército Nacional, a efectos de entender en el caso correspondiente a los señores coroneles en situación de retito don Jorge Silveira, don Ernesto Rama(s)
, don Gilberto Vázquez, don Luis Maurente y teniente coronel en situación de retiro don José Nino Gavazzo Pereira, con los señores oficiales generales que a continuación se mencionan: Titulares: generales don Gustavo Fajardo, don José A. González y don Alfredo Erramún”, señala el documento.




Desde el Ministerio de Defensa se confirmó a
Sudestada que, efectivamente, el nuevo comandante en jefe del Ejército, actuó en el Tribunal de Honor, así como el nuevo jefe del Estado Mayor, Alfredo Erramún (quien apenas fue designado por el Poder Ejecutivo reveló su intención de
promover una amnistía al estilo sudafricano para los represores uruguayos).


El Poder Ejecutivo / Ministerio de Defensa tiene, naturalmente, la potestad de cesar en la función a quienes cometan errores inexcusables en la aplicación del Derecho, de las leyes que regulan los procedimientos sancionatorios para los militares.


No se trata de una simple mirada diversa sobre un asunto, sino que a todas luces se esgrimen las omisiones –más por intención deliberada que por negligencia o ineptitud– en la aplicación de las reglas de la sana crítica, por las cuales si bien existe cierto margen de variabilidad en la apreciación de una prueba, la valoración no puede ser manifiestamente equivocada, arbitraria, absurda o irracional.


Resulta anacrónico que a 34 años del final de la dictadura, el poder político permita que los tribunales militares tomen decisiones por “libre convicción”, yendo contra un cúmulo innegable de pruebas incriminatorias.


Es un hecho que en estas tres décadas el Frente Amplio no ha logrado modificar la filosofía reinante en las Fuerzas Armadas, que se opone abiertamente a que se haga justicia y se sancione al personal superior y subalterno de las tres armas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos bajo Terrorismo de Estado.


Posturas como las de este Tribunal de honor integrado por el actual comandante en jefe del Ejército, no solo dañan la imagen institucional de las Fuerzas Armadas –las que luego reclaman mayor empatía con la sociedad– y del Ministerio de Defensa (de todo el gobierno), sino que muestran sin ambages que los nuevos jerarcas militares –aunque no hayan actuado, por razones de edad, durante la dictadura– están dispuestos a perpetuar la negación de la barbarie, de la ignominia que representan los responsables de las torturas, asesinatos, desapariciones forzadas.








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